El día de ayer se aprobó la Iniciativa Popular en Tlaxcala para que se reconozca el delito de trata de personas en el Código Penal, pero aún falta que se remita al Ejecutivo local para que la sancione y publique.
La aprobación «fue un gran logro», dicen las organizaciones que enviaron la iniciativa, pero se encuentran a la expectativa porque el Gobernador ha minimizado en diversas ocasiones el problema, dijo a Cimacnoticias la directora del Centro Fray Julián Garcés, Liz Sánchez Reyes.
Aseguró que el Ejecutivo aún puede hacer observaciones a esta iniciativa, presentada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y regresarla al Congreso local. Como consecuencia, no se contaría con la tipificación del delito en el Código Penal de este estado.
Pero de ser sancionada y publicada dicha iniciativa, entonces se podría dar curso a las denuncias de las mujeres víctimas de trata, explicó Sánchez Reyes.
Esta Iniciativa, explicó, fue una propuesta exclusivamente hecha para el Código Penal estatal, específicamente para el reconocimiento del delito de trata de personas en Tlaxcala.
Para su aprobación hubo resistencia por parte de los tres poderes tlaxcaltecas, pues el Ejecutivo, e incluso la Procuraduría estatal, a la cual le toca dar seguimiento a los casos de trata, han minimización el problema.
Y aunque puede haber reticencias para perseguirlo, aseguró que ya tipificado el delito puede haber «un mayor empuje para que se sanciones también a quien está tratando».
NO BASTA
No obstante, señaló que aún falta que el gobierno se comprometa a realizar políticas públicas, pues actualmente el único delito que se encuentra tipificado en el Código Penal es el de lenocinio, por lo que la Procuraduría instaló desde el año pasado una mesa para hacer las denuncias correspondientes.
Por lo anterior, apuntó Sánchez Reyes, las organizaciones esperan que la Procuraduría estatal le dé también importancia al delito de trata personas y por lo tanto dé curso a las denuncias al respecto.
Además, explicó que se encuentra pendiente la creación de políticas públicas por parte del Instituto Estatal de la Mujer, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de otras instituciones a las que les corresponde abordar la problemática.
Por su parte, subrayó, las organizaciones civiles a cargo de la Iniciativa entregaron desde el año pasado propuestas de políticas públicas por parte de la ciudadanía a la oficina del gobernador, sin embargo «no se ha hecho ninguna modificación en las instituciones para que atiendan el delito».
Por ello, dijo, «se está trabajando en una ley para poder integrar en ella la cuestión de las políticas públicas en relación a este delito».
Para Sánchez Reyna, el reconocimiento de la trata en Tlaxcala «es un avance» que puede sentar un precedente para otros estados e incluso a nivel federal, donde la iniciativa de ley de trata se encuentra actualmente en el Senado.
Esta iniciativa federal, explicó, plantea que se reconozca el delito de trata de personas en el Código Penal Federal, así como la cuestión de políticas públicas, por lo cual, de agilizarse su aprobación, podría favorecer a otras entidades.
REDES EN TLAXCALA
La tipificación del delito es necesaria en el estado de Tlaxcala, donde la trata es un delito que se comete frecuentemente. Según Sánchez Reyes, en la zona sur del estado hay instaladas redes de trata y aunque no siempre se explotan ahí a las personas, subrayó que existen casas de seguridad donde se concentra a las mujeres y las trasladan al Norte del país o a Estados Unidos.
En ese contexto, la fuerte presión ciudadana y de las organizaciones civiles, como el Centro Fray Julián Garcés que entregaron al Congreso 25 mil firmas y más de 300 cartas de apoyo, dieron pie a la aprobación de la Iniciativa, de acuerdo con Sánchez Reyes.
No obstante, la aprobación por unanimidad fue una sorpresa, ya que el pasado 15 de mayo, cuando se votó por primera vez el dictamen, «hubo mucho problema, mucha discusión y fue una sesión larguísima, ahora ya tenían un acuerdo establecido para dar curso a la tipificación de la trata».
En ese sentido, aseguró que al ser la trata un delito reconocido, permitirá que se denuncie no sólo la explotación sexual de las personas sino también a quienes están implicados en el trasladado.
Pero si el Ejecutivo regresa la Iniciativa al Congreso estaríamos viendo claramente que hay muchos intereses de por medio», puntualizó.
Sánchez Reyes explicó que el Congreso local es el encargado de enviar la Iniciativa al Ejecutivo y éste tiene ocho días para hacer las observaciones o para sancionarla y publicarla.
A partir de ahora, las organizaciones estarán al pendiente del día en que el Congreso haya enviado dicha Iniciativa al Ejecutivo con lo que comenzará la cuenta regresiva para saber si se publicará o se encajonará nuevamente en el Congreso, ya que, de ser de vuelta, el proceso de reconocimiento del delito se detendría, porque el Congreso estatal no tiene los tiempos determinados para abordar las observaciones y volverlas a mandar al Ejecutivo.
07/HVR/GG
