Aún cuando el trabajo doméstico, desempeñado en su mayoría por mujeres, esta reconocido dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT), ésta actividad continúa siendo un empleo informal, que no contempla incapacidad por maternidad, una jornada laboral conforme a la ley, un salario mínimo profesional, vacaciones, aguinaldos, derecho al pago de enfermedad, riesgo y/o accidente de trabajo y cesantía o vejez.
Así lo señaló ayer Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), durante la mesa de trabajo titulada «Por la revalorización del Trabajo Doméstico».
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2005 la población dedicada al trabajo doméstico remunerado era de un millón 783 mil 722 personas, de las cuales el 91.4 por cientoeran mujeres, es decir, un millón 630 mil 185. De estas mujeres una de cada cuatroera jefa de familia, indicó Micher Camarena.
Este sector, continuó, está compuesto por mujeres entre los ocho y 70 años de edad.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que 8 de cada 10 reciben un ingreso de hasta 2 salarios mínimos, mientras que el 16 por ciento tiene de dos a tres salarios mínimos y sólo el 5 por ciento ganan 3 salarios mínimos; en promedio las trabajadoras del hogar ganan al mes 2 mil 112 pesos.
Lo que significa que perciben 70.40 pesos al día, es decir, casi 8 pesos la hora es lo que gana en promedio una mujer que se dedica al trabajo doméstico, subrayó.
A decir de Álvarez Icaza, aún cuando se reconoce como una labor sustantiva, en lo económico y social hay un castigo pues el 96 por ciento de las personas ocupadas no pueden acceder a servicios de salud, aún cuando muchos de los accidentes que sufren son de trabajo.
Álvarez Icaza destacó que 8 de cada 10 mujeres en esta labor carecen de prestaciones sociales como vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidad y no cuentan con servicios de guardería, pues ninguna institución pública como el Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reconoce su condición de empleada.
Para Álvarez Icaza el trabajo doméstico no es una actividad productiva en sí misma y las empleadas que la desarrollan tienen una constante: todas enfrentan marginación y desigualdad, así como situaciones de violencia y abuso, que suceden debido a que muchas son jóvenes o de origen indígena y no hablan español, además de que no tienen niveles educativos mas allá de la primaria y sus ingresos son insuficientes.
Es así como se enfrentan a la violencia sexual, al ser «víctimas de acoso por parte de los hijos de las y los empleadores, y la sanción cuando quedan embarazadas es el despedido, en lugar de recibir justicia», subrayó.
EN LA CAPITAL DEL PAÍS
Y en el Distrito Federal, la situación no es muy diferente, según Mary Goldsmith Connelly, profesora titular del área de investigación Mujer, Identidad y Poder, de la Universidad AutónomaMetropolitana (UAM), plantel Xochimilco.
Goldsmith señaló que el DF tienen el mayor número de trabajadoras domésticas remuneradas: 173 mil 754, es decir, una de cada 9 trabajadoras se dedica a esta actividad, que continúa siendo una de las principales ocupaciones entre las mujeres de esta entidad federativa.
En ese sentido, Ricardo Bucio, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que las mujeres del DF encuentran muchos inconvenientes en términos de discriminación, causada en gran medida por la migración y el desconocimiento de la lengua. Y aún cuando esta actividad es considerada como empleo informal no cuenta con las mismas ventajas que éste.
Se enfrentan en primera instancia a que su salario representa la mitad del de otras y otros trabajadores informales. También a situaciones de abusos y violencia que no tienen otro tipo de grupos determinados como informales. Además las redes de apoyo de estas trabajadoras son muy débiles.
«Hay una discriminación tal que en la recientemente aprobada Ley para prevenir y erradicar la discriminación hay una serie de grupos que son mayormente discriminados en la ciudad, donde las trabajadoras domésticas no aparecen», aseguró.
Por su parte, Patricia Hernández Méndez, directora ejecutiva de Atabal, organización de trabajadoras del hogar, aseguró que el principal problema que enfrentan estas mujeres es que la ley no obliga a las y los patrones a incluirlas en el régimen de Seguro Social y como consecuencia tampoco tienen derecho a una vivienda digna como el resto de las y los trabajadores.
Y aunque actualmente se pueden afiliar de manera voluntaria al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tienen derecho a guardería ni a pensión, debiendo pagar al Seguro una parte de su salario, ya de por sí precario.
UNA INICIATIVA DE LEY
Es por ello que la diputada federal perredista Rosario Ortiz retomó la iniciativa de reforma al Capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo, proyecto presentado durante la LIX legislatura por la ex diputada Marcela Lagarde, con el fin de lograr la valorización jurídica del trabajo del hogar mediante el respeto a su lenguaje, vivienda y alimentación digna, así como un salario mínimo para esta actividad.
Entre los derechos que se busca para estas trabajadoras está proporcionarles seguridad social, particularmente en cuatro rubros: guardería, servicios de maternidad, salud y el acceso a la AFORE para que puedan ahorrar y cuando lleguen a los 60 años tengan una pensión, dijo durante su participación Rosario Ortiz.
En entrevista, Ortiz Magallón señaló que actualmente esta iniciativa se ha presentado de manera independiente a diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Convergencia y Alternativa, para contar con su firma de aprobación y así llevarla ante el pleno de la Cámara Baja durante la primera sesión de septiembre.
La también feminista explicó que se estaría buscando hasta el último el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN).
La iniciativa, que ha sido trabajada con 6 organizaciones como el Centro de Atención y Capacitación de Empleadas del Hogar y Atabal, entre otras, podría amparar a las trabajadoras del hogar del DF a las que no se les respeten sus derechos, pues es una ley federal, entonces cualquier trabajadora se puede amparar con esta ley las veces que sea necesaria.
Le da la tutela de sus derechos de manera permanente y, si tuviese un problema con sus patronas en cada relación laboral, tiene la posibilidad de recurrir a la conciliación de la Procuraduría Federal de Trabajo o en la local, o en su defecto, interponer su demanda en la Junta Federal o local del trabajo, concluyó.
07/HVR/GG/CV
