Son mujeres una cuarta parte de las y los detenidos la noche del sábado 25 de noviembre, luego de un enfrentamiento entre elementos de Policía Federal Preventiva (PFP) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego del enfrentamiento fueron detenidas un total de 149 personas, de las cuales 38 son mujeres y varios niñas y niños, quienes son señalados como presuntos responsables de la comisión de ataques a las vías de comunicación, robo de vehículo, robo calificado con violencia, robo, asociación delictuosa, sedición, daños por incendio, daños en propiedad ajena, lesiones y los que se configuren.
Las y los detenidos que inicialmente fueron trasladados a penales de Miahuatlán y Tlacolula, como señala el comunicado de prensa, fueron llevados en avión a un penal en el estado de Nayarit, trascendió hoy, en tanto organismos no gubernamentales intensificaron la búsqueda de las personas para poder informar a sus familiares.
Este domingo, Jessica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, y Sara Méndez, de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, demandaron en conferencia de prensa se respete la integridad física, psíquica y sexual de las detenidas.
Hasta la noche del domingo, la Limeddh informó que no habían tenido acceso a verificar la condición de las y los detenidos y se desconocía su situación legal.
Este mismo lunes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que 141 personas fueron remitidas al penal de San José del Rincón, en Nayarit, y señaló que el traslado fue solicitado por la Secretaría de Protección Ciudadana, quien argumentó «alta peligrosidad», de 107 hombres y 34 mujeres.
Cabe señalar que las detenciones son resultado del más violento de los enfrentamientos ocurrido el pasado sábado 25 de noviembre, entre appistas y elementos de la PFP desde el 29 de octubre, fecha en que esta fuerza policial federal ocupó la capital oaxaqueña.
La refriega dejó más de tres docenas de personas heridas, entre ellas el corresponsal de El Financiero, Abundio Núñez, quien recibió nueve puntadas para cerrar una herida derivada de un fuerte golpe en la cabeza que le asestaron los elementos de la PFP, así como otros dos corresponsales de prensa.
Los hechos que iniciaron después de la séptima megamarcha que demandó la salida del gobernador Ulises Ruiz, terminó con la persecución y balaceras en instituciones educativas como la Facultad de Medicina de la UABJO, el parque Conzatti y las calles de Reforma y Av. Juárez, donde simpatizantes de la APPO fueron perseguidos por policías federales y elementos de la Policía Preventiva Estatal.
Los appistas fueron responsabilizados de la quema de los edificios del Tribunal Superior de Justicia, cuyo reporte de daños es total; del Poder Judicial Federal y de las oficinas de la Secretaría de Turismo, así como daños al recién inaugurado Teatro Juárez, una mueblería, un restaurante Vips y otro localizado en la avenida Héroes de Chapultepec, donde también se ubica la terminal de autobuses de primera clase, donde rompieron vidrios y muebles.
Uno de los voceros de la APPO desmintió de inmediato la responsabilidad de los simpatizantes de este movimiento en los hechos vandálicos ocurridos el pasado sábado por la tarde noche. En tanto las autoridades estatales advirtieron que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables de estos hechos.
En conferencia de prensa la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a reconsiderar su postura respecto al conflicto político social oaxaqueño, debido a que las medidas dictadas son insuficientes ante el uso excesivo de la fuerza
El órgano acusó a que los gobiernos federal y estatal «apuestan por una salida violenta a la solución para el conflicto oaxaqueño».
Sara Méndez, secretaría técnica, aseguró tener pruebas de que los hechos violentos ocurridos el sábado fueron provocados por grupos armados dispuestos en varios puntos de la ciudad, uno de ellos, ocurrió en la Facultad de Medicina donde se registró una balacera.
Mientras Radio Ciudadana, vocera de los seguidores del gobernador Ulises Ruiz, alentó a quemar inmuebles, detener personas y cometer todo tipo de arbitrariedades, incluso a denunciar la dirección de las casas del senador Gabino Cué y de otras personas a quienes se les considera vinculadas a la APPO.
Consideró que esta situación dejó suspendidas las garantías individuales a los capitalinos, «al ejecutarse detenciones arbitrarias en contra de quien pudiera parecer sospechoso para la policía».
A su vez, Sánchez Maya, presidenta de la Limeddh agregó que el Estado mexicano debe de asumirse como el garante de la seguridad de las y los mexicanos, y no desentenderse con argumentos de que «se trata de asuntos exclusivos del estado de Oaxaca»
La dirigencia de la APPO había anunciado que esta mañana recuperaría la explanada del zócalo, lugar que les fue arrebatado durante el enfrentamiento del pasado sábado, pero ante la situación que vive la ciudad han cancelado la idea.
06/SJ y JC/GG/CV
