Desapariciones forzadas, torturas, amenazas, homicidios y otros delitos rodean hoy a la trata mundial de niñas y mujeres destinadas al mercado sexual, que involucra cada año a más de un millón de ellas, revela un reporte especial de Prensa Latina Mujer.
A pesar de las alertas al respecto, las redes de reclutamiento se expanden de forma ascendente con la complicidad e incluso participación directa de agentes de seguridad, policías, políticos y autoridades de poderes estatales locales.
En reiteradas ocasiones, en 2006, diarios, televisoras, emisoras radiales y otros medios de comunicación reportaron de manera indistinta cientos de casos de esta naturaleza.
Sin embargo, en la mayor parte, tales informaciones aparecieron camufladas como simples noticias enlazadas a otros problemas relacionados con la ambigua temática de la inseguridad ciudadana.
Con ese sello, autoridades y reporteros cómplices de sus estrategias de dominación tergiversaron o minimizaron el significado de estos hechos y poco o nada abundaron en sus causas reales.
Mientras, defensores de los derechos de las mujeres alertaron que la inclusión de millones de niñas y mujeres en este circuito y la desaparición forzada de miles de éstas se corresponde con una cuestión en boga: la violencia hacia este sector.
Más allá de los golpes, propinados en más de la mitad de los casos por las parejas o familiares, las mujeres están sujetas a la acción de los tratantes y proxenetas en casi todo el planeta.
Los relatos de niñas o mujeres escapadas de la explotación sexual son comparados por algunos con las experiencias de quienes sobrevivieron al apresamiento en el ámbito de las dictaduras militares de los años 70 y 80 en Latinoamérica.
Pese a las denuncias formuladas por algunas de estas víctimas ante autoridades locales e internacionales, sigue pendiente la adopción de políticas estatales efectivas para frenar las operaciones de los tratantes y empresarios.
Las posibles candidatas son evaluadas por estos delincuentes para determinar su potencialidad en ese sentido o por pedido de otros entes involucrados en el mercado sexual.
Luego son capturadas, introducidas por la fuerza en un auto, amordazadas y golpeadas y, en ocasiones, dopadas, para trasladarlas a prostíbulos o casas alquiladas con tal de guardarlas de forma transitoria.
Durante ese cautiverio inicial, son además sometidas de forma violenta a numerosas transformaciones: se las obliga a adoptar una nueva identidad, a cambiar el color del pelo, del peinado, y hasta el estilo de la vestimenta.
Estos castigos sicológicos son acompañados de maltratos físicos que van desde golpes de manos, con objetos duros o filosos, y hasta balazos que redundan en el fallecimiento de alguna de estas niñas o mujeres.
Algunos testimonios dan cuenta a su vez de abortos practicados de forma compulsiva, sin ningún tipo de control ni asepsia, a quienes resultaron embarazadas de las frecuentes violaciones que sufrieron en ese contexto.
Las víctimas de esta problemática son abusadas y vejadas por tratantes, proxenetas, dueños de negocios y clientes dispuestos a pagar por hacer de esos cuerpos cuanto gusten en el tiempo que determinen los controladores.
A esto se suma la obligatoriedad de pagar cuanto consumen de comida, peluquería, vestuario u otros, y de hacer las labores de aseo en las casas de los proxenetas.
La trata y explotación sexual de niñas y mujeres reporta ganancias anuales estimadas en 12 mil millones de dólares, según investigaciones de organizaciones civiles.
Este delito ocupa el tercer lugar a escala global, incluso por encima del siempre mencionado trasiego de drogas y su tendencia al alza es motivo de alarma.
Estudios realizados al respecto evidenciaron que resulta común la captura de las víctimas en un país y su traslado a un segundo como destino final o de tránsito hacia un tercero.
De ese modo, los tratantes de personas logran borrar el rastro de las atrapadas por sus redes y sumergirlas en la ilegalidad.
Mientras las implicadas son reducidas a condiciones de servidumbre total por los captores, los dueños de los prostíbulos, discotecas y espectáculos eróticos, entre otros, captan anualmente millonarias sumas de dinero por cada una de ellas.
Investigaciones practicadas demuestran que el 90 por ciento de las niñas y mujeres reclutadas por los tratantes o mercaderes sexuales son originarias de América Latina, Caribe, Asia, África y Europa del Este.
Casi la totalidad de ellas también pertenecen a los sectores más empobrecidos de sus países, contemplados entre los del denominado Tercer Mundo.
En lo que concierne a Sudamérica, la incidencia mayor de estas redes se localiza en las fronteras de Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otras.
También en la región central del subcontinente, donde existen fuertes evidencias de la trata de personas destinadas a la explotación sexual, en particular, infantes de ambos sexos.
La impunidad con la cual actúan en estas áreas tratantes y proxenetas emparentados con el comercio sexual responde a la desatención de las autoridades gubernamentales a estos temas y a la corrupción expandida entre sus representantes, concluye el informe de Prensa Latina Mujer.
06/PL/GG/CV
