Sin una ruta de denuncia ni sanciones claras, la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (SLP), Yolanda Pedroza Reyes, espera saber qué sucederá con la denuncia que presentó por violencia política de género, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que fue víctima de discriminación por parte sus pares varones.
Ante la misoginia y el hecho de que no se le convocó a la sesión en la que se elegiría al magistrado presidente del Tribunal de SLP, el 2 de noviembre de 2015 Pedroza Reyes presentó un juicio ante la Sala Superior del TEPJF para impugnar la designación del magistrado presidente, Rigoberto Garza de Lira, y que se anulen los actos administrativos aprobados en sesiones a las que ella no fue convocada.
A un par de meses de entrar en funciones, en enero de 2015, la magistrada se dio cuenta de que el presidente del Tribunal Electoral estatal toma determinaciones por cuenta propia, pese a que deberían ser decisiones de los tres integrantes, incluyendo al magistrado Oskar Kalixto Sánchez, actos que fueron subiendo de tono, según narró en entrevista con Cimacnoticias.
“A raíz de que empecé a solicitar por escrito, formalmente, que se me informara sobre cuestiones que se estaban llevando en el Tribunal, de las que a mí no me estaban dando cuenta, hubo una actitud por parte de mis compañeros de rechazo hacia las peticiones, y empezaron a tomar medidas para bloquearme la información, no permitirme el acceso a cuestiones administrativas y de orden interno”, explicó.
En un ánimo de respeto y colaboración, dijo la magistrada, tuvo varias reuniones con Garza de Lira en las que le comentó que algunos temas debían ser resueltos en el pleno, una postura que no le agradó, pues decidió realizar encuentros con todo el personal para hacerles saber que él, como presidente, tomaba las determinaciones.
Al resolver el juicio, el pasado 30 de marzo, la Sala Superior del TEPJF determinó que no podía anular la elección del magistrado, ya que la demanda fue extemporánea, y que no podía anular los actos administrativos porque no eran materia electoral, sin embargo resolvió a su favor al acreditar que sus pares le impidieron y obstaculizaron su labor jurisdiccional.
Debido a que en México no existe el tipo penal de violencia política de género, a pesar de que académicas, mujeres políticas y activistas insisten en la necesidad de incluirlo en la ley, el TEPJF analizó el caso a la luz de otras legislaciones, tratados internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la SCJN, existe acoso laboral (“mobbing”) cuando se presentan conductas en el entorno laboral, que tienen por objeto intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad del hostigador.
El TEPJF remitió el caso a la Contraloría interna del Tribunal de SLP y al Senado, toda vez que en octubre de 2014 la Cámara alta eligió a Pedroza Reyes, Garza de Lira y Kalixto Sánchez como magistrados estatales, y por tanto es la autoridad competente para realizar una investigación y en su caso determinar las sanciones correspondientes.
Al respecto, la magistrada dijo a esta agencia que la situación laboral era “insostenible”, pero no sabía a dónde acudir hasta que asistió a un encuentro sobre violencia política de género, así que decidió presentar un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el TEPJF, aunque ello le trajo más problemas, lamentó.
Al día siguiente de presentar la denuncia, un agente del Ministerio Público se presentó en su oficina y le puso sellos de clausura para que no pudiera ingresar porque, según le explicó, recibió una llamada del presidente del Tribunal de SLP denunciando probables delitos cometidos por la magistrada, y es que en un expediente de análisis que ella y su equipo integraron había una hoja suelta, es decir una “actuación desprendida”, que podría ser indicio de un delito, de acuerdo con el MP.
“Cerraron la oficina, clausuraron las puertas para llevar a cabo una investigación por el MP para deslindar quién había cometido el delito penal, pero no había una denuncia. (En ese momento) no se me informó la razón de por qué estaba el MP. Era una situación tensa, me sentí agredida”, relató y es que ella fue rodeada por varios hombres –entre personal judicial e integrantes del Tribunal de SLP– y aceptó sentirse amedrentada.
“Por supuesto que mis compañeros están molestos conmigo, porque se llegó a una determinación federal; tengo que estar muy cuidadosa y vigilante de que no se cometan actos en mi contra o de mi familia; el jueves hubo una sesión, un día después de que se resolvió la sentencia, no hubo ningún comentario”, recordó.
En el Senado han pasado por lo menos tres iniciativas para incluir la violencia política de género en la ley, pero las propuestas no han sido exitosas.
En 2013 la priista Lucero Saldaña propuso definir este término en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes electorales, la cual fue aprobada y enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación, pero quedó “congelada”.
Con la reforma político-electoral de 2014 y la expedición de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, las senadoras de distintos partidos volvieron a presentar propuestas en el mismo sentido, pero no han sido aprobadas.
Es así que las autoridades electorales, el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con otros organismos, impulsaron la creación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que enuncia ocho instancias de gobierno a donde denunciar la violencia, ya sea por delitos penales, electorales o infracciones electorales, aunque aún está en construcción la ruta de atención.
El Tribunal Electoral de SLP ya recibió la sentencia de la autoridad federal, y ayer hubo una reunión del pleno para remitir el caso a la Contraloría interna, sin embargo el organismo no cuenta con contralor, por lo que se prevé se envíe una comunicación al TEPJF para informar que no pueden actuar, pues no hay quien revise el caso, contó la magistrada.
Yolanda Pedroza Reyes dijo no tener conocimiento de si el Senado ya conoce el caso, o si hará una investigación para determinar sanciones o la remoción de los integrantes del Tribunal estatal, por lo que está a la espera de saber cómo se resolverá este que es el primer caso de violencia política de género que se analiza en tribunales electorales.
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