Un mes después del sismo, las personas damnificadas continúan en el mismo lugar donde se refugiaron el 7 de septiembre: albergues o casas improvisadas bajo lonas. A ellos no ha llegado ninguna notificación sobre los tiempos de la reconstrucción y el destino de sus viviendas. Apenas unas despensas han recibido.
Las autoridades, entre ellas el presidente Peña Nieto, anunciaron el inicio de la etapa de reconstrucción, ha enumerado una serie de medidas que se supone están encaminadas a disminuir el impacto de los daños que afectan a casi 243 mil personas directamente afectadas principalmente por la pérdida de sus viviendas.
Se dijo que en una semana se iban a demoler las viviendas que quedaron inhabitables para empezar a construir las nuevas, dijo que se iba a adelantar los recursos de los programas sociales como el Prospera y el que se entrega a adultos mayores para paliar de alguna manera los gastos que han tenido que enfrentar.
Que se iban a entregar tarjetas para que las personas pudieran hacerse de los recursos que les iban a depositar para la reconstrucción e incluso que el Ejército iba a llevar hasta las comunidades cajeros para que no tuvieran que gastar en el traslado a las ciudades. Pero la realidad en cientos de comunidades es distinta.
Para las personas damnificadas, estos son sólo anuncios, casi rumores, porque miles continúan viviendo una situación exactamente igual que hace un mes.
La incertidumbre que les acompaña es también por la falta de escrupulosidad con la que se levantaron los censos de daños. En el proceso hubo francas diferencias entre instituciones de gobierno sobre la cuantificación de daños, sobre la forma en que se evaluaron las afectaciones y los criterios que se utilizaron.
El pasado sábado por fin dieron a conocer una cifra que detalla, a modo de “estimación”. Informaron que hay 243 mil personas damnificadas, que más de 58 mil 300 tuvieron afectaciones a su vivienda, y que a ellas se les iba a dar entre 30 mil y 120 mil pesos, según el daño.
Pero hubo un evidente descuido en este proceso y la consecuencia concreta es que en miles de casos las personas damnificadas sólo tienen de garantía de que recibirán algún subsidio para reconstruir sus viviendas, un pedazo de papel con nombres a medias.
Y, literalmente, hay algunos comprobantes de censos donde viene sólo un nombre, sin apellido ni nada, solo un nombre y una vaga referencia de dónde se encuentra ubicada la vivienda dañada.
Las y los damnificados consideran que eso no es garantía de nada, y viven, además de en lugares improvisados, con el estrés y angustia que les genera esa incertidumbre sobre su futuro. Esa es la situación que se vive en Chiapas a un mes del sismo.
17/AM/LGL
