Inicio Un reto, que militares violadores de DH se remitan a ley civil

Un reto, que militares violadores de DH se remitan a ley civil

Por Soledad Jarquín Edgar

La abogada para México de Human Right Watch (HWR), Tamara Taraciuk, consideró que uno de los desafíos más importantes que tiene México es asegurar que los militares que cometen abusos a los derechos humanos durante sus tareas asignadas deben rendir cuentas ante autoridades civiles.

En entrevista telefónica, la abogada señaló que cualquier autoridad que realice tareas de seguridad pública, llámese policía local, estatal, federal o del Ejército, tiene la obligación de hacerlo bajo ciertos parámetros que respeten los derechos humanos de las personas, cuando no lo hacen, “si se les va la mano”, todos tienen que ser investigados y los responsables sancionados.

Pero, advirtió, creemos que las investigaciones deben ser de forma independiente. En el caso del Ejército mexicano “hemos visto que las violaciones a derechos humanos que son enviados al fuero militar, habitualmente ahí quedan, por eso uno de los desafíos más importantes que tiene México es asegurar que los soldados cuando cometen abusos rindan cuentas”.

A la pregunta sobre la situación que vive México por la permanente presencia de elementos del Ejército en el combate al crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico, Tamara Taraciuk responde que en México ha habido casos muy serios de violaciones a los derechos humanos “por parte de miembros del Ejército”.

“.. y como digo, quien quiera que realice estas actividades de seguridad, incluso el Ejército, tiene que hacerlo dentro de ciertos parámetros, si cometen abusos tienen que ser investigados, y en su caso, sancionados”, reitera la entrevistada.

— ¿Cuáles son los casos delicados?

La abogada para México de HRW, responde de manera categórica:

— Todos los casos son delicados, algunos han salido a la opinión pública, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho recomendaciones en 2007 y 2008, que no dejan duda que este es un problema generalizado en el país y que ha habido violaciones sexuales, ejecuciones, tortura, el menú es bastante amplio.

Luego añade que, sin embargo, varios actores están viendo cómo se desenvuelven estos casos en México, incluido el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, que a través de la iniciativa Mérida ha propuesto una serie de requerimientos en materia de derechos humanos, como el que sean autoridades civiles las que investiguen a militares cuando cometan abusos.

El punto, agrega Tamara Taraciuk, fue propuesto por congresistas demócratas de aquel país, como una condición del paquete de asistencia al Gobierno federal mexicano, para dotarlo de 400 millones de dólares para colaborar en las acciones contra el narcotráfico.

La abogada de HRW sostuvo que en México la reforma constitucional en materia de justicia que se aprobó este año “es para nosotros un paso muy importante que podría permitir cambios estructurales para un sistema deficiente que los necesita”.

Tamara Taraciuk considera que uno de esos cambios es que las leyes puedan ser reescritas desde la perspectiva de género, por lo que la reforma y las reformas que habrán de hacerse en cada uno de los estados que componen la República mexicana, puedan reescribirse incluyendo a las mujeres.

En cuanto a las reservas que HRW tendría con la reforma constitucional en materia de justicia, destaca el plazo para arraigar a alguien por hasta 80 días, lo que es extremadamente largo desde el punto de vista comparativo con el resto de los países democráticos, donde el promedio es de siete días.

Otro problema –añadió– es que hay una serie de delitos para los cuales la prisión preventiva es obligatoria, según el derecho internacional, hace falta que los jueces tengan discreción para determinar si en cada caso el acusado va a enfrentar su juicio en prisión preventiva o libertad condicional. Al no permitir a los jueces esta discreción sobre la base de criterios como el peligro de fuga esta reforma contraria estándares internacionales.

Y el otro tema de la reforma es que los gobiernos tienen hasta ocho años para implementarlo y hay que ver cómo se hace y cuáles son las leyes de implementación que permitan poner en marcha esta reforma estructural.

“Diríamos que están las bases para una buena reforma, tiene cosas positivas, el hecho de incluir la presunción de inocencia en la Constitución no es cosa menor. La Constitución es una guía para modificar las leyes, el desafío hoy día es ese”, plantea la abogada para México de HRW.

EL INFORME 2008

En enero de este año, Human Rights Watch presentó su Informe Mundial 2008 en el que documenta abusos de parte de militares, como el cometido en 2007 en el estado de Michoacán, donde soldados detuvieron a 65 personas, algunas de las cuales fueron mantenidas incomunicadas en una base militar. Los soldados golpearon a muchos de los detenidos y violaron a cuatro menores de edad. Mientras que en Sinaloa, en junio, soldados abrieronfuego contra un camión, causando la muerte de cinco personas, incluidos tres niños y dejando heridas a otras tres.

08/SJE/GG

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