La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí investigará los hechos de Atenco, luego de que siete de los 11 ministros votaran en contra del proyecto presentado por el ministro José de Jesús Aguirre Anguiano, el cual consideraba que los hechos ya estaban investigados por las instancias «correspondientes».
Luego de una intensa discusión entre las y los ministros sobre qué se considera una violación grave a las garantías individuales y por qué el Máximo Tribunal del país debe ejercer su facultad de investigación consagrada en el Artículo 97 constitucional, se determinó que se integrará una comisión para investigar los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Con esto, en menos de 15 días, la SCJN ha determinado su injerencia en la investigación de dos hechos: el pasado 25 de enero, cuando decidió indagar sobre las violaciones a garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, y hoy, cuando anuncia que una comisión investigará sobre Atenco.
Al fijar sus posturas, la ministra Olga Sánchez Cordero hizo alusión a la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura (suscrita por el Estado Mexicano) y a un documento del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra, quien hizo una relatoría de los hechos de Atenco.
Previamente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) había entregado una exhortación a la ministra Sánchez Cordero para que apoyara la investigación en Atenco.
«En mi opinión-sostuvo la ministra en su intervención- justificaría la intervención de la Suprema Corte para que investigue».
Esta postura causó molestia al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien dijo que ni el Alto Comisionado ni el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, tenían «facultades» para hacerle tal petición al Máximo Tribunal de la Nación, luego de leer las «atribuciones» que éste último tiene en el país y de calificar como un «fracaso» la investigación que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto, el ministro Sergio Valls Hernández se pronunció por no hacer «ordinarias» las facultades de investigación de la SCJN que, dijo, sólo investiga y hace un informe que no tiene más alcances que informar, pues la Corte «no tipifica delitos ni sanciona a los culpables».
Al respecto, Mariano Azuela Güitrón aseguró que si se sigue en ese tenor la Corte terminaría investigando los hechos acontecidos en los eventos deportivos donde hubiera hechos violentos e intervinieran las fuerzas policíacas.
Finalmente, los ministros Sergio Aguirre Anguiano, Sergio Valls Hernández, José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela se pronunciaron por no investigar, mientras otros siete ministros votaron a favor de realizar la investigación.
Esta indagación estará a cargo de una comisión, formada por los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo, con adscripción en Toluca, y Sergio Alejandro González Bernabé, quien se encuentra actualmente en Oaxaca, misma que iniciará sus trabajos «hasta que esté redactado y aprobado el engrose».
EL PRODH, VIGILANTE
Al término de la sesión, el PRODH emitió un boletín donde se congratula de la decisión de la SCJN, que reconoció las «graves violaciones a derechos fundamentales» ocurridas en Atenco, «como lo son detenciones masivas y arbitrarias, tratos crueles inhumanos y/o degradantes, tortura, faltas al debido proceso y violación a la presunción de inocencia, todas ellas derivadas de un uso excesivo e ilegal de la fuerza pública».
El PRODH se pronunció porque «las víctimas en Atenco de graves atentados contra la dignidad humana puedan acceder a la justicia integral» y dijo, espera que los hechos sean esclarecidos, los responsables sancionados y se repare el daño a las víctimas.
«Estaremos atentos a que en el informe que derive de su investigación la Suprema Corte de Justicia pueda fijar criterios sobre la protección y alcance de los derechos fundamentales frente al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública; tema que, en el contexto actual, resulta de la mayor relevancia y actualidad dado el creciente endurecimiento de las políticas de seguridad pública», concluye el comunicado.
07/LGL/GG
