Académicas y ONG criticaron las deficiencias de la política pública, que ha centrado su atención en la violencia familiar, dejando de lado los otros tipos y modalidades de violencia, así como la ausencia de políticas integrales que permitan hacerle frente.
Reunidas en el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS) en el foro Mujeres, violencia e impunidad, Aída Hernández, de esa institución, señaló que es urgente que la academia se sume a la presión política y a la creación de conciencia social ante lo que calificó como «la crisis del sistema de justicia».
Casos como los de Atenco, Oaxaca, las indígenas que han sido violadas por militares en sus comunidades y el más reciente, de la periodista Lydia Cacho hace evidente la falta de aplicación de las leyes en México y de la impunidad prevaleciente, cuando se trata de mujeres quienes –por el simple hecho de serlo– terminan siendo abusadas y asesinadas por el mismo Estado.
Martha Castañeda, del Centro de Estudios en Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó la falta de presupuestos con perspectiva de género que destinen recursos a políticas integrales no sólo de atención, sino de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
La académica, que participó en la investigación especial sobre feminicidio que realizó la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, destacó los vacíos legales que impiden a las mujeres acceder a la justicia y la reticencia de las autoridades en todos los niveles para reconocer que existe un fenómeno de violencia específica contra las mujeres por su condición de género, que tiene como objetivo matarlas y que la comisión denominó feminicidio.
Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y Nadxieli Carranco Lechuga, del Comité contra los Feminicidios en Morelos, coincidieron en que el Estado debe garantizar la vida y seguridad de las mujeres.
Y explicaron que se le «acusa» de tener responsabilidad directa en los casos de violencia contra las mujeres, no sólo por ser omiso y negligente sino porque quienes la perpetran son militares y fuerzas de seguridad pública que están al servicio de él.
Las integrantes de la mesa reconocieron los avances que se han dado sobre el tema, como la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que aún no está reglamentada.
No obstante, señalaron que hay que estar vigilantes de que estas leyes, acuerdos, tratados y los mismos códigos penales y civiles se cumplan.
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