Las amenazas, detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de las que son objeto las y los defensores de los derechos humanos y periodistas en México, agravaron en los últimos años la situación de grupos y personas que promueven la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, por lo que organismos civiles hicieron un llamado urgente a promover mecanismos jurídicos y a fortalecer las redes de apoyo.
Así lo señalaron defensores de derechos humanos durante el Seminario Internacional «El Derecho a Defender los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión», convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y organizaciones civiles.
Las y los especialistas en el tema coincidieron en que es urgente fortalecer las redes de protección que les garanticen su libertad e integridad personal y psicológica en el desempeño de su función.
Soraya Long Saborío, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Mesoamérica, organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano con estatus consultivo ante la OEA y la ONU, señaló que una constante en el mundo son las amenazas, intimidación, hostigamiento e inseguridad que viven quienes defienden y promueven los derechos humanos.
La abogada señaló que entre las principales dificultades a que se enfrentan estos activistas es el no reconocimiento de sus organizaciones ni a la personalidad jurídica de éstas, a la desvaloración de su trabajo y a la actitud hostil de los gobiernos.
Datos de la organización civil Incide Social sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México revelan que los casos registrados de afectaciones directas a la libertad de expresión durante el sexenio de Vicente Fox se presentaron con mayores índices en el Distrito Federal con el 21 por ciento, Tamaulipas con el 11 por ciento y Oaxaca con el 10 por ciento.
Para la politóloga Denise Dresser, un claro ejemplo de la amenaza a la libertad de expresión lo constituye la llamada «Ley Televisa» que de ninguna manera representa un avance para fomentar esta libertad, ni de la libre competencia y que puede tener costos para la democracia, la ciudadanía y la libertad de expresión «porque los sistemas cerrados» como los que prevalecen en México, impiden el debate.
Cifras de la CDHDF señalan que en lo que va de 2007, han sido asesinados 12 periodistas, mientras que el reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras enfatiza que México arrastra el peor balance del continente, colocándose detrás de Irak por el número de reporteros asesinados en 2006.
Por eso, Amnistía Internacional ya ha incluido el tema en su agenda global.
07/LGL/GG/CV
