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Urgen liberación inmediata de indígena presa por abortar

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Por falta de pruebas para mantenerla en reclusión, organizaciones civiles exigieron a las autoridades federales y del estado de Guerrero la liberación inmediata de Virginia, indígena náhuatl presa desde hace más de tres años acusada de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo.

Verónica Cruz, directora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que postergar “todavía más” el acceso a la justicia para la originaria del municipio de Huamuxtitlan, motiva la posibilidad de que eventualmente su caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La activista, cuya organización lleva el caso de Virginia junto con la clínica jurídica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que no hay elementos para que la indígena náhuatl esté en la cárcel, pero su liberación “se está complicando” por el “retraso” en el proceso judicial emprendido por las autoridades locales y federales en su contra.

Virginia lleva tres años encarcelada sin recibir sentencia. Fue detenida en febrero de 2009 y ha afrontado un juicio violatorio de sus Derechos Humanos (DH), como por ejemplo la falta de un traductor o un abogado que hable en su lengua.

En enero pasado, luego de que un juez federal ordenó la reposición del proceso, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huamuxtitlan le volvió a dictar auto de formal prisión a la indígena, a pesar de que no había pruebas para su encarcelamiento, ya que al producto no se le realizó la necropsia para verificar la causa de su muerte.

PROCESO ANÓMALO

Verónica Cruz recalcó que el caso no tiene sostén jurídico pues el único elemento con el que se ha mantenido presa a Virginia es el testimonio “manipulado” de uno de sus hijos (que en ese entonces tenía cuatro años de edad), según el cual la indígena privó de la vida al producto.

Las organizaciones civiles solicitaron al juzgado federal su intervención para que la guerrerense sea liberada. Hasta el momento ni los jueces federal y local han dado respuesta.

La postergación en la impartición de justicia para Virginia, además de sumarse a la violación de sus DH, “da más motivos para que la SCJN atraiga el caso, es una posibilidad”, destacó la directora de Las Libres.

La activista recordó que a finales del mes pasado la SCJN atrajo el caso de la indígena náhuatl Adriana, quien fue sentenciada a 22 años de prisión acusada también por homicidio en razón de parentesco, luego de que las autoridades del municipio guerrerense de Ayutla de los Libres “legitimó” las acusaciones de esa comunidad, que en asamblea determinó que ella era culpable, sin realizar la investigación correspondiente

“Podría pasar lo mismo que en el caso de Adriana; el caso de Virginia por estar ya en un juzgado federal puede ser atraído por la Corte. A nosotras nos parece una posibilidad porque atrajo el de Adriana y son casos muy similares”, destacó Cruz.

Refirió que la principal coincidencia consiste en que en ninguno de los casos hay un peritaje científico probatorio de que las indígenas estuvieran en periodo de gestación de término, de que los productos nacieran vivos, y de que ellas los hayan privado de la vida, por lo que “no se cumplen los requisitos para que se pruebe el delito”, insistió.

Verónica Cruz apuntó que la “apuesta” de las organizaciones en este momento se centra en que el juez de Huamuxtitlan resuelva de inmediato la liberación de Virginia.

La activista concluyó que el encarcelamiento de las dos mujeres se debe a la triple discriminación que padecen las habitantes de Guerrero, por ser de sexo femenino, pobres y de un grupo étnico, para quienes pareciera que la justicia se retrasa también de forma triple, lamentó.

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