Centenares de mujeres demandaron ante las puertas del Ministerio público, seguridad y justicia porque «el machismo mata» y ellas viven una situación de abandono por parte del Estado y el gobierno del presidente, Daniel Ortega.
Hasta el 19 de agosto, 54 mujeres de distintas edades fueron asesinadas de forma atroz y los autores son personas cercanas al entorno social o afectivo de ellas, lo que se traduce en una falta de control de parte de la Policía Nacional.
Denunciaron que el feminicidio deja al descubierto que para el Estado la vida de las mujeres no constituye una prioridad y ello se refleja mucho más en el bajo presupuesto y de personal con que se cuenta para prevenir esta epidemia que, cada día, enluta a los hogares nicaragüenses.
En un pronunciamiento de las líderes de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), que forman parte de la campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres de Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Salvador y México, indican es urgente una revisión a profundidad del código penal y procesal.
Especialmente en las excesivas garantías proteccionistas a favor de los agresores, violadores y autores de asesinatos de mujeres.
Fátima Millon, coordinadora de la RMCV, exigió garantías para las mujeres y el debido acceso real y equitativo a la justicia. Pidió que apliquen, con todo rigor, máximas penas a los violadores y abusadores de mujeres y niñas.
También que la Policía, el Ministerio Mi Familia, el Ministerio Público y Medicina Legal, igual que el Instituto de la Mujer, desarrollen acciones de prevención y sensibilización en coordinación con las organizaciones civiles.
De igual modo, llamó a la Primera Comisionada, Aminta Granera, a que investigue y se apliquen las sanciones contra los funcionarios de la Policía Nacional que se nieguen a actuar, de forma beligerante, ante las situaciones de violencia que las mujeres logren denunciar.
Que se pongan en práctica las convenciones internacionales, como la referida a la eliminación de todas las formas de discriminación y la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, enfatizó.
María Eugenia Delgadillo, de la Asociación de Mujeres de Masaya, coincidió con la Red, al expresar que en esa ciudad hay denuncias contra siete taxistas, en la Comisaría de la Mujer, por violencia sexual.
«Las mujeres tenemos que buscar alternativas para protegernos y resguardar nuestra vida», expresó Delgadillo.
A las puertas del Ministerio Público también acudió la señora Aída González Carrión, llevaba un cartel con la foto de su hija Diana, quien fue asesinada por su ex marido Juan Carlos Siles en abril de este año. El presunto responsable permanece libre por supuestas influencias en la Policía Nacional.
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