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Uruguay no puede ante auge de explotación sexual infantil

Por Diana Cariboni

Karina Núñez Rodríguez tenía solo 12 años cuando se vio empujada a la prostitución. Ahora con medio siglo de vida y seis hijos, es una de las voces más elocuentes contra la explotación sexual de niñas y adolescentes en Uruguay, un país reacio a reconocer esta creciente lacra.
 
Su apellido materno, Rodríguez, “tiene todo que ver con lo que hago y con lo que soy”, dice a Cimacnoticias/IPS al explicar por qué quiere figurar con ambos esta mujer que, pese a sus múltiples aportes, no tiene otros ingresos.
 
Tal como su abuela, su madre también fue una niña explotada. Ahora ella se enorgullece de haber quebrado este círculo familiar de servidumbre y marca una fecha simbólica: cuando su hija menor cumplió 12 años siendo una niña alegre y pronta para ingresar a la escuela secundaria.
 
En Uruguay, una gran cantidad de menores de edad, la gran mayoría niñas, son arrancados de su infancia y ofrecidos como mercancía a cambio de pagos variables: un paquete de cigarrillos, una dosis de drogas, una tarjeta de celular, comida, vestimenta, refugio o dinero. Los explotan miembros de sus familias, vecinos o redes criminales, pequeñas o más articuladas.
 
La dueña de un negocio alimentario organiza bailes en su tienda los días de paga de los peones rurales del lugar, e invita a niñas de 12 años de su vecindario. Ellas pasan sus noches bebiendo, bailando y manteniendo relaciones sexuales en las instalaciones exteriores de una capilla cercana.
 
El propietario, de 74 años, de un hotel en una zona turística paga el viaje de una quinceañera, que vive a cientos de kilómetros, para tener sexo con ella. Después, le envía dinero a sus explotadores, pero elude ser procesado alegando que ignoraba que la adolescente era menor de 18 años.
 
Un alto funcionario de un departamento (estado) organiza una fiesta con adolescentes, alcohol y cocaína en un edificio gubernamental y es hallado en flagrancia cuando, ya borracho, se va en su automóvil con una de las jóvenes.
 
Una red, conformada por camioneros y los padres de dos de las víctimas, obliga a varias niñas a tener relaciones sexuales con conductores de camiones en tres pueblos diferentes.
 
Casos como estos son noticia cada semana en Uruguay. En 2010, el gobierno declaró el 7 de diciembre como Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero todavía no puede medir los alcances del crimen, penado con hasta 12 años de prisión por una ley de 2004. La prostitución adulta es legal en el país sudamericano y está regulada por el Estado.
 
Al menos 1.8 millones de menores de edad son explotados en la prostitución o la pornografía en el mundo, según Ecpat, una red mundial de organizaciones civiles dedicadas a combatir estos delitos. Casi 80 por ciento de la trata de personas es para la explotación sexual, y más de 20 por ciento de las víctimas son niñas y niños.
 
Desde 2010 hasta septiembre de 2014, la justicia procesó 79 casos que involucraron a 127 acusados. Sólo 43 de ellos recibieron condena, según un informe publicado por el Poder Judicial.
 
Pero las denuncias policiales van en aumento. En 2007 fueron 20, en 2011 llegaron a 40, en 2013 fueron 70, y en los 10 primeros meses de 2014 superaron las 80.
 
“Cada caso no afecta sólo a una niña o un niño. Puede implicar a cuatro o cinco”, dice a Cimacnoticias/IPS el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Conapees), Luis Purtscher.
 
Además, los perpetradores superan en número a las víctimas. “En una sola noche, una joven puede tener cinco o 10 relaciones”, agrega.
 
En los últimos cinco años, Conapees entrenó a mil 500 empleados públicos, incluyendo educadores, trabajadores sociales, agentes policiales y fiscales. “Tenemos tres mil ojos y oídos más, con algún grado de entrenamiento para detectar y denunciar”, añade, como otra razón por la que los casos aumentaron.
 
FLAGELO QUE SE EXTIENDE
 
La violencia de género juega también un papel relevante. En una lista de 12 países latinoamericanos, más España y Portugal, Uruguay tiene la tasa más alta de mujeres asesinadas por sus parejas actuales o pasadas por cada 100 mil habitantes, según un informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
 
Dentro de una campaña de sensibilización, el Conapees publicó un aviso en la prensa escrita: “Chicas, muy chicas”, seguido de un número de teléfono que recibió 100 llamadas el primer día y 500 el primer fin de semana.
 
Núñez Rodríguez se convirtió en activista tras presenciar el sufrimiento de adolescentes sometidas al “proceso de ablande” en las “whiskerías” (prostíbulos y expendios de alcohol): “Torturas, penetraciones forzadas y colectivas, golpizas”, destinadas a crear “tal lazo de temor entre la víctima y el explotador que la joven se pueda quedar toda la noche parada en una esquina en cualquier parte sin siquiera pensar en ir a la policía”, describe.
 
Ella cuenta como un logro haber presentado 27 denuncias a las autoridades. De esos casos, “participé en nueve procesamientos y tengo el honor de que la gente confía en mí y me aporta más y más pruebas certeras”, sostiene. Revisa personalmente los datos y se apoya en una red de ocho amigas y colegas en distintas ciudades del país. “Gracias a Dios, tenemos WhatsApp”, sonríe.
 
En 2009, poco después de denunciar en una comisaría de una pequeña ciudad del interior que dos adolescentes iban a ser traficadas, un supuesto cliente la invitó a su auto. Viajaron 20 kilómetros hacia las afueras. “Nueve tipos me dieron una paliza. Estuve 11 días en cuidados intensivos y tres meses sin poder caminar”, relata.
 
Cuando se recuperó, “volví a denunciar el mismo delito”, asegura. Ha sufrido amenazas de muerte y asume que alguna puede materializarse.
 
Al oeste de Montevideo –capital del país–, terminales de autobús, parques, autopistas, cantinas e incluso viviendas particulares son los sitios en los que se perpetran crímenes sexuales contra niñas y niños, señala el informe “Un secreto a voces”, escrito por Purtscher y otros siete especialistas que entrevistaron a más de 50 personas.
 
El área está atrayendo grandes inversiones y mano de obra masculina, que podrían agravar la situación, pero carece de mecanismos para asistir a las víctimas, según varias fuentes. Tampoco los tiene el país. Un programa gubernamental de asistencia creado en 2013 carece de recursos y cuenta sólo con dos equipos propios.
 
Esta lenta respuesta oficial exaspera a Karina Núñez Rodríguez. “Cuando un niño es explotado, no se puede esperar”, dice.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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