Un estudio realizado sobre violencia contra las mujeres en 2003 demostró que entre las usuarias de los servicios de salud pública el 17 por ciento reportó haber sido alguna vez en su vida víctima de violencia sexual, de las cuales el 8 por ciento la vivió antes de los 15 años, de acuerdo con el documento México: Addressing Family and sexual Violence through public Policy.
El texto, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que frecuentemente, el perpetrador de estas agresiones es el padre, padrastro o algún miembro de la familia. La encuesta también reveló que la violencia suele ser de niveles altos cuando es causada por alguien involucrado emocionalmente con la víctima.
Por ello, el cuarto Programa de País que están desarrollando desde 2002 el UNFPA y el Consejo Nacional de Población (Conapo), con miras a finalizar este año, tiene como uno de sus principales objetivos la prevención de la violencia sexual, y el desarrollo de campañas de información y comunicación en salud sexual y reproductiva, según el documento.
Para ello, uno de los proyectos implementados en México es el «Implementing a Strategy for Comprehensive Care for Survivors of Sexual Violence in Latin America: Linking Health Services, Legal Services and Community-based Initiatives.»
Según el texto, este proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso de las mujeres y adolescentes a los servicios de prevención, detección, tratamiento y recuperación de violencia sexual.
Y una de las principales aportaciones que dio UNFPA al proyecto fue el desarrollo de la guía «A Practical Approach to Gender-based Violence: A Programme Guide for Health Care Providers And Managers», cuyo objetivo es que pueda servir como el principal eje de una red multisectorial que provea a las víctimas de violencia sexual de cuidados amplios, incluido el psicológico y los servicios legales.
Con la implementación de este proyecto, dice el documento, se definieron como objetivos básicos la detección de las necesidades de las víctimas, enfatizar el empoderamiento de las mujeres, usar el sector salud como el punto de inicio de acciones relacionadas con la detección y prevención de la violencia y proveer a la víctima de servicios para su tratamiento y rehabilitación.
Originalmente, el proyecto fue trabajado en hospitales y centros de salud local en 3 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en tres municipios rurales de Michoacán, de acuerdo con el documento.
Sin embargo la demanda de servicios de esta índole resultaron en la expansión de las actividades del proyecto a los siguientes estados: Chihuahua, Baja California Sur, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Yucatán y Guerrero.
Además, se desarrolló un modelo de integración de la atención a víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, el cual fue institucionalizado a través del Secretario de Salud. Este modelo esta siendo actualmente implementado en 12 estados y el Distrito Federal y ha influido en políticas públicas como la propuesta de una nueva norma oficial mexicana sobre Violencia Familiar, basada principalmente en la violencia sexual, dice el texto.
Asimismo, subraya, más de 5 mil 400 personas del sector salud y judicial están siendo capacitadas en el tema: las y los profesionales de la salud son instruidos sobre los derechos y responsabilidades que tienen sobre las víctimas de violencia sexual; y trabajadoras y trabajadores sociales en siete estados asistieron a talleres encaminados a detectar, aconsejar y conocer sobre temas legales al respecto.
Por su parte, ginecólogos y obstetras en siete estados fueron capacitados en aspectos teóricos y protocolos técnicos para la detección y tratamiento de mujeres víctimas de violencia.
Mientras que en seis estados fue realizado un diagnóstico de las necesidades a nivel justicia, por lo que jueces y empleados judiciales tuvieron que asistir a un curso de derechos humanos dirigido especialmente a ellos, mientras que algunos elementos de la policía fueron llevados a Ecuador para intercambiar experiencias a nivel regional.
Para llevar a cabo este proyecto, explica el documento, se levantó un estudio entre mujeres usuarias de los servicios de salud en el Distrito Federal y el Estado de México, para así poder determinar la percepción de las mujeres sobre la violencia sexual.
El estudio fue acompañado por un diagnóstico de la ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia y una evaluación de los servicios que recibieron. Igualmente, se realizó un análisis a 25 instituciones que cuentan con prevención y capacidad de respuesta en violencia sexual. Dicho análisis identificó las dificultades del sector salud para proveer servicios a las víctimas.
Basado en esta información, se desarrolló un modelo que busca dirigirse a diferentes dimensiones del problema, como las consecuencias de la violencia sexual en la salud física de las mujeres, su estado emocional y su vida social, así como las ramificaciones legales de este tipo de abuso, indica el texto.
El modelo fue entonces probado en hospitales y centros de salud. Una vez considerado útil y práctico por un gran número de doctoras y doctores, enfermeras, trabajadoras y trabajadores sociales, el modelo fue adoptado a nivel nacional por la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el documento, dentro de este modelo fueron integrados los siguientes objetivos: desnaturalización de la violencia contra las mujeres, aumento de la visibilidad de la violencia sexual, prevención, detección, cuidado de las sobrevivientes, definir el rol del sector legal y concientizar sobre los derechos de las mujeres y el trabajo en comunidad.
Y entre las experiencias aprendidas a lo largo de este proyecto, el UNFPA señala que el trabajo de los grupos de mujeres y otras organizaciones es clave para desnaturalizar la violencia contra la población femenina y que incrementar la economía de ésta es una de las llaves para romper el ciclo de la violencia.
Asimismo, explica el texto, fortalecer el sector judicial es fundamental para una efectiva respuesta de éste; cambiar la actitud de los proveedores de salud es un importante paso para desarrollar una red de servicios para las mujeres sobrevivientes de la violencia; y es necesario, además avanzar en el área de prevención, reforzar la participación de toda la comunidad.
07/HVR/GG
