Amnistía Internacional (AI) urgió al Estado mexicano a cumplir cabalmente con la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) le impuso por el feminicidio en Campo Algodonero, así como asumir la responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de la victimas y sus familiares en los términos estipulados por el organismo.
Al hacer pública su sentencia el pasado 10 de diciembre, la CoIDH condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de tres de las ocho víctimas asesinadas en Ciudad Juárez, en 2001, y lo obligó a reconocer la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres de esta entidad, así como a investigar y sancionar a los funcionarios señalados como responsables del feminicidio, con lo que éste se convierte en el primer caso donde el máximo tribunal de justicia habla de perspectiva de género y declara violaciones directas a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
En el caso conocido como «González y otras, Campo Algodonero contra México» se condenó el secuestro y asesinato de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez, y Esmeralda Herrera Monreal, de 20, 17 y 15 años respectivamente, cuyos cuerpos fueron encontrados junto a otras cinco víctimas en un campo algodonero en Ciudad Juárez, en 2001.
De acuerdo con AI, los responsables por estos crímenes nunca han sido llevados ante la justicia debido a la negligencia de las investigaciones realizadas por las autoridades, no obstante los familiares no han dejado de luchar por la justicia y el reconocimiento de la falta de debida diligencia del Estado.
«Es hora de garantizar la justicia en estos casos y de tantos otros de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 1993. La sentencia evidencia que las acciones por parte del Estado no han sido suficientes para cumplir con su obligación relativa a la no discriminación contra las mujeres y las niñas y de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como de conducir una investigación eficaz» señala AI en un comunicado.
La organización internacional en México se une a otras asociaciones defensoras de los derechos humanos al declarar que vigilará las acciones que el Estado implemente para cumplir con esta sentencia -que se dio el 16 de noviembre pasado y que fue dada a conocer públicamente este 10 de diciembre- la cual sienta un precedente en el tema de feminicidio en la región de Latinoamérica y Centroamérica al ser la primera que reconoce la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres.
AI afirma que la sentencia de la Corte determina la responsabilidad del Estado de no haber investigado debidamente y por lo tanto de haber violado la obligación de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de las tres víctimas.
Además especifica que la Corte concluyó que el Estado violó el derecho al acceso a la justicia, la protección judicial e integridad personal de los familiares afectados y violó el deber de la no discriminación en la garantía de los derechos afectados.
Por ello, la CoIDH ordenó una serie de acciones para reparar el daño. Estas incluyen una investigación eficaz de los asesinatos de las tres mujeres -cuyos resultados deben ser publicados- la investigación de los funcionarios responsables por las deficiencias en las investigaciones anteriores, la investigación del hostigamiento contra los familiares; la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, la indemnización a los familiares y una serie de acciones para mejorar la prevención e investigación de la desaparición y asesinato de mujeres y niñas.
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