Para evitar la simulación del Estado Mexicano, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio en Campo Algodonero, organizaciones civiles de Ciudad Juárez junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) vigilarán cada una de sus acciones.
En especial, las relacionadas con la ejecución de programas estatales para la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, dijo Imelda Marrufo Nava, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Organizaciones como «Nuestras Hijas de Regreso a Casa» y «Justicia para Nuestras Hijas» documentarán el funcionamiento del Protocolo «Alba», mecanismo de alerta vigente en la entidad desde mayo de 2005, que involucra a los tres niveles de gobierno para que realicen investigaciones rápidas, cabales e imparciales en los casos de desaparición y asesinato de mujeres, niñas y niños.
Informó que desde la semana pasada autoridades locales se comenzaron a reunir para definir la construcción de un monumento que mandata la sentencia, como una medida de reparación para las víctimas, y que reconoce la violencia de género en la entidad.
En la sentencia de la Corte reconoció que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres. Hasta 2005 se tiene el registro de al menos 379 víctimas y que este tipo de crímenes obedecen a una cultura de discriminación contra las mujeres.
Destaca que las respuestas ineficientes e indiferentes de las autoridades, permitieron que se perpetrara la violencia de género en Chihuahua, pues hasta 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos en un ambiente de impunidad.
CASO EN LA SCJN
El próximo 10 de febrero se llevará a cabo una mesa redonda, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para discutir la sentencia de Campo Algodonero con la participación de Rosa María Álvarez Lara, jueza Ad hoc ante la CoIDH y Andrea Medina, abogada de una de las víctimas de los casos ante la Corte, e integrante de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
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