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Violencia contra las hondureñas: otra cara del golpe de Estado

Por Kerstin Bognar

En el marco del golpe de Estado en Honduras se han registrado más de 400 violaciones a los derechos humanos de las mujeres, entre las cuales se encuentran agresiones físicas y síquicas como golpes con toletes, patadas, insultos con connotaciones sexuales, amenazas de muerte, manoseos y abuso sexual.

A esto se suman ataques con gas tóxico que han causado la muerte de dos mujeres, más nueve personas de la población gay, lésbica, transgénero y travesti asesinadas con armas de fuego, algunas de ellas con señales de tortura.

Estos datos fueron presentados por las Feministas en Resistencia de Honduras y el Observatorio de la Transgresión Feminista, el pasado lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC, con el objetivo de complementar la información que obtuvo la comisión durante una visita a Honduras en agosto, y visibilizar de manera especial las violaciones específicas de los derechos humanos de las mujeres.

Las mujeres más afectadas por las agresiones ejercidas por las fuerzas policiales y militares del gobierno de facto son las que participaron o participan en marchas y manifestaciones públicas organizadas por la resistencia, “ya sean mujeres jóvenes, mujeres de la tercera edad e incluso mujeres menores de edad”, señaló Soraya Long, del Observatorio de la Transgresión Feminista.

VIOLENCIA SEXUAL

“Entre las formas de represión más crueles hacia las mujeres está la violencia sexual, que tiene como intención amedrentarlas e intimidarlas para que no salgan de sus casas”, dijo Long, y añadió que las organizaciones feministas llegaron a esta conclusión por medio de varios testimonios de mujeres afectadas. Según esta información, las fuerzas policiales y militares han expresado ante ellas que “lo que quieren es que las violemos para que no vuelvan a andar en estas cosas”.

Las feministas afirmaron que han estado presentes en las 39 manifestaciones pacíficas que ha habido desde el 28 de junio, y que casi todas fueron reprimidas con una violencia específica hacia las mujeres.

Jessica Sánchez, de Feministas en Resistencia, destacó que, en el contexto del golpe de Estado, “tener cuerpo de mujer se ha convertido en un campo de batalla”, ya que sobresale la violencia sexual contra las mujeres por parte de policías y militares, con golpes en las partes del cuerpo que definen el sexo, como las caderas, el busto, la vulva y los glúteos.

Según las Feministas en Resistencia, 23 mujeres fueron víctimas de manoseos y golpes en los senos y la vagina, así como de insultos con connotaciones sexuales violentas, informó Sánchez. De ellas, siete fueron violadas por varios miembros de las fuerzas policiales después de haber participado en manifestaciones o de haber salido a la calle durante el toque de queda.

De estas siete mujeres violentadas, sólo una ha presentado una denuncia formal ante las fiscalías, lo que según Sánchez se debe, principalmente, a la desconfianza de las mujeres hacia el sistema judicial, debilitado por el golpe de Estado, y al hecho de que la denuncia tiene que pasar por investigación policial, la cual queda en manos del mismo cuerpo represivo que las ha violentado. Las policías incluso se niegan a tomar la denuncia, como sucedió con una mujer de 17 años de edad violada el 22 de septiembre en Tegucigalpa junto con otra mujer.

AUMENTO DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Las Feministas en Resistencia también informaron que, en el contexto del golpe, se ha incrementado el feminicidio. En 2008, el promedio de mujeres asesinadas en el país era de 26 por mes, cifra que desde el golpe de Estado aumentó a 31, con 51 casos de violencia feminicida sólo en el mes de julio.

También se reporta un descenso en las cifras oficiales de violencia familiar, lo que según las feministas se debe a que las mujeres han desistido a recurrir a las autoridades por falta de confianza y por el toque de queda. Con base en varias entrevistas con mujeres víctimas, las feministas calculan que la violencia familiar ha aumentado desde el 28 de junio, ya que las instituciones creadas para la defensa de los derechos de las mujeres han sido debilitadas después del golpe.

Tras el regreso del presidente Zelaya al país el 29 de septiembre, y por la aprobación del decreto que suspendió las garantías constitucionales durante 45 días, las manifestaciones pacíficas se trasladaron de las calles centrales a los barrios y las colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, gases lacrimógenos, tubos de metal y palos.

Ello afectó especialmente a las mujeres, ya que muchas tuvieron que huir con sus hijas e hijos de sus casas para salvaguardarse. Varias han sido víctimas de disparos con las armas de fuego que las fuerzas policiales y militares utilizan para vigilar y controlar los barrios durante la noche.

Jessica Sánchez también mencionó las detenciones ilegales de varias mujeres, que duraron entre tres horas y varios días, y durante las cuales las mujeres quedaron incomunicadas y privadas de alimentos, bebidas y medicamentos. Destaca la profesora Agustina Flores, quien estuvo presa durante 30 días y fue liberada gracias a una campaña de presión internacional y a una fianza de aproximadamente 5 mil dólares.

RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Adelay Carías, de Feministas en Resistencia, enfatizó el significado del golpe de Estado para los derechos humanos de las hondureñas y la equidad de género en el país. “Si aun antes del golpe la situación era difícil, después del golpe los avances logrados para los derechos de las mujeres se ven en un serio peligro”, dijo, y agregó que el Estado había aprobado varias políticas de equidad de género que no fueron seguidas después del golpe.

Así, el gobierno de facto ha debilitado al Instituto Nacional de la Mujer (Inam), cuya creación fue uno de los grandes logros de las organizaciones de las mujeres. Desde el golpe se ha despedido a 19 personas, 12 de ellas mujeres, que trabajaban para el instituto. Además, se han roto los lazos entre las instituciones gubernamentales y el Inam, el cual estaba a cargo del implemento de las políticas a favor de las mujeres y la equidad de género.

El 29 de junio, un día después del golpe, el gobierno de facto prohibió el uso y la distribución de las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE). “Esto es una muestra de cómo la clase política ultraconservadora, junto con los grupos religiosos fundamentalistas, se han unido para revertir los cambios sociales y legales logrados en favor de los derechos conquistados por las mujeres”, opinó Carias.

Las Feministas en Resistencia disponen de información que confirma que el contenido del segundo plan de igualdad y equidad de género 2008-2015 ha sido modificado por la ministra de facto y no incluye las demandas de las mujeres tal y como fueron planteadas en el proceso de consulta, sobre todo en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.

“En conclusión, el golpe de Estado ha significado un retroceso incalculable para nosotras”, afirmó Carias.

La CIDH publicará la información adquirida en la audiencia en un informe acerca de las violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.

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