Cifras, análisis, testimonios y opiniones de expertas desmienten el dicho del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quien aseguró que el asesinato de Erika Kassandra Bravo, enfermera de 19 años de edad, es un “hecho aislado” y no una muestra de que las michoacanas son víctimas de una creciente violencia.
Desde el pasado 3 de diciembre, cuando Erika fue desaparecida en Uruapan, Michoacán, el repudio y reclamo social se hicieron presentes en la entidad. La exigencia de justicia creció cuando el cuerpo de la joven fue encontrado tres días después (6 de diciembre) a la orilla de una carretera, con el rostro desollado y lesiones de arma blanca en el pecho, además de que presentaba huellas de violación y maltrato.
Después de que la joven fue localizada sin vida, cientos de personas salieron a las calles para exigir justicia por su asesinato y al mismo tiempo señalar que en la entidad la violencia contra las mujeres va en incremento.
Ante la creciente presión social, el mandatario local sostuvo que el asesinato era un “hecho aislado”, y ante los medios pidió “no promover la psicosis, porque si uno hace ruido las cosas se pueden salir de control”.
Este lunes, al poner en marcha diversos Centros para el Desarrollo de las Mujeres, el gobernador agregó que se intentó “lucrar” económica y políticamente con el asesinato de la joven, y anunció que el caso se esclarecería en breve.
Hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hizo pública su versión oficial en la que afirmó que el asesino es el padrastro de Erika, a quien se identifica como Daniel Mendieta Sáenz.
De acuerdo con la autoridad local, la joven no fue torturada ni violada sexualmente, y las marcas de violencia que presentaba en el cuerpo se deben a que su cuerpo permaneció mucho tiempo a la intemperie y fue atacado por animales.
Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas Sin Violencia, dijo a Cimacnoticias que lo asegurado por la Procuraduría no corresponde a los brutales actos que se cometieron contra Erika, y aseveró que durante todo el tiempo que la organización ha trabajado en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres “nunca habíamos visto un hecho así”.
De acuerdo con la activista, este delito de ninguna manera corresponde a un hecho aislado y recordó que por años las michoacanas han padecido un contexto de violencia que no ha sido reconocido por las autoridades.
Incluso recordó que las medidas de seguridad emprendidas en la entidad para controlar a las bandas delincuenciales –que motivaron la aparición de grupos de autodefensa– carecieron de una perspectiva de género, y las mujeres de la entidad se encuentran en medio del fuego cruzado entre grupos armados.
En enero pasado Cimacnoticias reportó que mujeres de la comunidad de Aquila, en Michoacán, denunciaron la manera en que eran raptadas por grupos del crimen organizado ante la complicidad de las autoridades locales, y cómo fueron ignoradas sus necesidades específicas en las acciones de seguridad emprendidas (Cimacnoticias 17/01/2014).
López Riofrío señaló que incluso la misma autoridad ha dado a conocer cifras –mediante el recurso de transparencia– que dan cuenta del alto índice de delitos en contra de las michoacanas.
De acuerdo con la información proporcionada, en el estado se han presentado más de 600 delitos sexuales contra las mujeres, de enero a septiembre de 2014.
Se han asesinado a 342 mujeres, ya sea por homicidios dolosos y culposos en ese mismo periodo. La mayoría de ellas a balazos, navajazos o incluso lapidadas. De 2008 a septiembre de 2014 fueron asesinadas 623 mujeres, pero la PGJE sólo reconoce ocho casos como feminicidio.
El Congreso local tipificó el delito de feminicidio con la incorporación del artículo 280 al Código Penal de Michoacán en diciembre de 2013.
En su más reciente informe, “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2012 y 2013”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió que el tipo penal carece de autonomía e invisibiliza las razones de género como uno de los principales elementos del delito.
Además –agregó– cuando se tipificó el feminicidio no se aprobó la creación de protocolos especializados para investigar los casos.
Cabe destacar que el OCNF no pudo analizar la manera en la que el tipo penal del feminicido estaba siendo implementado, ya que las autoridades correspondientes no brindaron la información completa que la organización solicitó vía transparencia.
Se debe agregar que la violencia feminicida y sexual no es el único tipo de violencia que enfrentan las michoacanas. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, 44.61por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrieron algún tipo de violencia durante su última relación de pareja y el 26 por ciento sufre de violencia comunitaria.
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