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Violencia institucional del Estado mexicano frente a sentencia de CoIDH

Por Anayeli García Martínez

Después de haber sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por violencia sexual y de género, el Estado mexicano continúa ejerciendo violencia, ahora institucional

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminan o tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

En el caso de la resolución emitida por la CoIDH hecha pública el 10 de diciembre de 2009, por el homicidio de tres de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como Campo Algodonero, el Estado mexicano ha incurrido en dilación en su cumplimiento y es un ejemplo de cómo los tres órdenes de gobierno no han cumplido a cabalidad su obligación de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño ocasionado a las víctimas.

Lo anterior, lo sostuvo Andrea Medina Rosas, una de las abogadas de este caso, quien agregó que México se excusa de no tener la capacidad para investigar, detener y sancionar a quienes son responsables de las desapariciones y homicidios de mujeres.

El próximo mes se cumplirá un año de que se emitió esta sentencia y sólo se han ejecutado dos acciones: la publicación de la misma en diferentes medios de comunicación y la creación de una página Web con datos de mujeres desaparecidas.

Para Medina Rosas, existe toda una simulación del Estado mexicano para decir ante instancias internacionales que cumple con la resolución, y a pesar de que ha recibido apoyos internacionales para cumplir con la sentencia, sigue sin tener la capacidad de prevenir ni atender el feminicidio.

Tan sólo durante el primer semestre de este año, 207 mujeres fueron asesinadas en Chihuahua, según datos de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, mientras que el número de desaparecidas se ubica en lo que va de este año, en 26, de acuerdo con datos de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

VIOLENCIA SEXUAL

Un pronunciamiento similar hizo la CoIDH en dos sentencias más, las referentes a la violación sexual ejercida por militares contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fallos que fueron dados a conocer el pasado primero de octubre.

Por tratarse de casos de violación sexual, en ambos, el tribunal también se refirió a violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Si bien los avances de ambas condenas no se han evaluado porque sólo han transcurrido menos de dos meses desde su publicación, el Estado mexicano ha dejado en claro a través de sus funcionarios que el cumplimiento de las sentencias que emanen del sistema interamericano, dependerá de “la buena voluntad” e interés gubernamentales.

Así lo expresó José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) durante una reunión con diputadas de la Comisión Especial del feminicidio realizada en meses pasados.

En esa ocasión, el funcionario subrayó que “en el país no existe un fondo para el cumplimiento de sentencias…hace falta una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano, ya que actualmente trabajamos en base a la buena fe, y del compromiso político de los diferentes niveles de gobierno para dar cumplimiento a las sentencias”.

Aunque en los tres casos la CoIDH consideró las sentencias en sí como una reparación, urgió al Estado a tomar medidas concretas para resarcir el daño; no obstante el incumplimiento de tales medidas se traduce en una nueva forma de violencia.

LEY GENERAL Y SENTENCIAS

La LGAMVLV está vigente desde 2007 y de acuerdo con una de sus principales impulsoras, la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos, contiene una política para que el Estado asuma sus responsabilidades en los tres niveles de gobierno y reconozca a las mujeres como sujetas de derechos.

Plantea una política preventiva de la violencia contra las mujeres y mandata la atención a las y los familiares de las víctimas de hoy, a las de hace un año, a las de hace cinco o a las de hace 15 años, es decir a todas las víctimas de asesinatos de mujeres y niñas.

Por ello hizo un llamado a las mujeres, a las feministas, académicas y a la sociedad en general, a rescatar la Ley y no sólo las sentencias de la Corte Interamericana, a utilizar todos los recursos que el movimiento feminista ha ido construyendo “para apuntalar la construcción de los derechos humanos de las mujeres”.

Instancias involucradas en sentencia Campo Algodonero

Instancias involucradas en el cumplimiento a la sentencia de Tlapanecas

* Secretaría de Gobernación
* Secretaría de Relaciones Exteriores
* Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim)
* Gobierno del estado de Chihuahua
* Gobierno de Ciudad Juárez
* Procuraduría General de la República
* Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua
* Instituto Nacional de las Mujeres
* Instituto Estatal de la Mujer de Chihuahua

* Secretarías de salud, federal y estatal
* Secretaría de la Defensa Nacional
* Gobierno del estado de Guerrero
* Procuraduría General de la República
*Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero

10/AGM/LR/LGL

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