El Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, no recibió ayer a las 65 viudas de los mineros de Pasta de Conchos, quienes están desde anoche en plantón frente a las oficinas de la dependencia para exigir que el funcionario entregue el dictamen de la situación actual de la mina y poder así reanudar el rescate.
Ante la negativa de Lozano para recibirlas, las mujeres, que perdieron a sus parejas en la tragedia de la mina ocurrida hace 572 días, dijeron que hay condiciones para el rescate, por lo cual no se moverán del lugar, a pesar de que el Secretario declaró a la prensa que no habrá dictamen hasta el próximo 5 de octubre.
«No queremos más mentiras, muchas madres y esposas ya están enfermas y no nos vamos a mover de la Secretaría, sabemos que hay condiciones para rescatarlos», dijo Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros.
Lozano argumentó que no recibiría a las señoras porque venían «personas extrañas» con ellas, refiriéndose a Francisco Linares, poblador de Rosita que las acompañó para filmar las actividades de las viudas en el Distrito Federal.
HABÍA VIDA
Las mujeres, que arribaron ayer a la Ciudad de México Provenientes de Saltillo, Coahuila, reiteraron hoy frente a las oficinas de Industrial Minera México, SA (IMMSA) su exigencia para que se reanude la búsqueda de los restos de los mineros y que los gobiernos castiguen a los verdaderos culpables de la tragedia, que cambió la vida de 65 familias y dejó más de 100 niñas y niños huérfanos.
Encabezadas por Elvira Martínez Espinoza, la única viuda que se ha negado a recibir la ayuda de IMMSA, las viudas se apostaron en Campos Elíseos número 7400 y, como todos los días 19 de cada mes, realizaron con familiares y amigos una vigilia religiosa para recordar los 572 días de la tragedia.
Insistieron también en que se retire la concesión a la empresa y se reconozca el encubrimiento, que ahora está bajo la responsabilidad de la administración de Felipe Calderón.
En el acto estuvo presente el señor Lázaro Delgado, contratado por General de Hulla para los trabajos de rescate de los mineros, quien narró que él estuvo ahí 6 meses, que logaron (los rescatistas) caminar hasta la diagonal 18 y dentro «había vida y aire» (había condiciones de vida).
«No había gas, había vida, (pero) como se iba a descubrir los barrenos de metal, no quisieron decir para que no quedara claro que ellos fueron los responsables del derrumbe y de la explosión, y por razones que no nos explicaron nos ordenaron detener los trabajos el 4 de abril».
Lázaro aseguró que no había gas y que muchos de sus compañeros pudieron caminar hasta el crucero 24, lo que quiere decir que muchos de los 65 mineros no estaban en la primera parte de la mina y que en lugar de morir por la explosión murieron de asfixia. Hasta el día de hoy siguen trabajando los abanicos y los abaniqueros (mineros que los cuidan).
Durante la misa de cada mes en el lugar, el padre Raúl Vera, obispo de Saltillo, afirmó que «no es solamente Pasta de Conchos sino que hay muchos problemas en todo el país. Hoy que es necesario reconstruir el Estado de derecho, un ejemplo más de lo que está sucediendo es lo de Celedonia, el pueblo donde explotó el camión».
Y añadió, «en cualquier parte del país se puede ilustrar que estamos viviendo muchas cosas por el desprecio a la vida, por la forma corrupta de administrar el país. Pero la verdad, apoyada en las enseñanzas de Cristo, saldrá a la luz».
Como todos los meses agradeció la fuerza con la que se conducen familiares y viudas para seguir adelante. Muy dolido se refirió a los 28 muertos de Celedonia –en el accidente del camión que llevaba explosivos por una carretera de Coahuila– y explicó que además de los más de 200 heridos muchas personas han quedado lisiadas, sin piernas, sin brazos, sordos.
«Esto es el mejor ejemplo de que quien administra nuestro país no le da valor a la vida humana y vive en el desprecio permanente hacia los derechos fundamentales, urge recuperar en la sociedad el respeto la vida, al trabajo digno, al salario digno».
Lázaro Delgado, dijo Vera refiriéndose al rescatista, es un testigo de cómo se ha pretendido ocultar la verdad, pero ésta no se puede ocultar todo el tiempo.
Reiteró Vera que es evidente que los hombres no murieron por la explosión, sino de asfixia, estando a 100 metros de la bocamina.
Mencionó también la situación de todos lo pueblos de la cuenca carbonífera de Coahuila, históricamente explotados por las empresas sin protección a los trabajadores.
Por su parte, Cristina Aurebach anunció que 28 mujeres, encabezadas por Elvira Martínez, se quedarán por tiempo indefinido en el plantón.
EN LA CÁMARA
Ayer por la tarde las viudas y familiares de los mineros se reunieron con la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, quien entregó a los familiares el documento del informe del Congreso donde la Comisión Especial pide se retire la concesión a IMMSA, se finquen responsabilidades y se cumpla con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La copia, se supo, fue entregada a la entonces presidenta de la Cámara, María Elena Álvarez, los primeros días de enero de este año, quien la entregó a Felipe Calderón hasta el 12 de julio, fecha desde la cual no ha habido ninguna respuesta o posición de él.
La investigación civil de los sucesos de la mina 8 de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 trabajadores, demostró que hubo complicidad al más alto nivel, funcionarios del gobierno federal que otorgaron 437 títulos de concesión a la empresa, IMMSA, después de la explosión, que tenían y tienen intereses económicos y familiares; que han orquestado la persecución de los trabajadores y no responden ante la desgracia de los pueblos del carbón en Coahuila, al norte de México.
El gobernador, Humberto Moreira optó por el silencio, cuando acordó con Felipe Calderón los recursos para su gobierno y ahora también es cómplice, según esa investigación que se dio a conocer, con detalle, en un conocido centro cultural.
Esta situación deja en claro por qué, a más de 500 días de la explosión, cuya responsabilidad fue de la empresa, no hay ningún culpable y todo se hace, inclusive la intimidación de defensores y apoyadores de las 65 viudas, sus hijos y familiares, para que se eche tierra a la tragedia que constituye claramente un crimen industrial.
07/GT/CV/GG
