28 septiembre
Sin perspectiva de género llevan a cabo audiencia contra agresor de integrante de colectiva feminista, durante el 28s en Guadalajara
Jalisco, Gua. Sin un enfoque en Derechos Humanos y perspectiva de género, se llevó a cabo la audiencia de control para determinar la responsabilidad del presunto agresor de una de las integrantes de la colectiva feminista «Me Cuidan Mis Amigas GDL. El sujeto fue detenido el día lunes tras la agresión y es acusado por el delito de lesiones; delitos contra la dignidad de las personas; y daños en las cosas, denunciaron las integrantes de la colectiva.
Tras permanecer 48 horas detenido, este miércoles 30 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de control para determinar la responsabilidad de Luis Fernando “N”, fotógrafo agresor de una joven integrante de la colectiva feminista «Me Cuidan Mis Amigas GDL», el pasado 28 de septiembre durante las manifestaciones por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, realizadas en el centro histórico de Guadalajara.
Según señaló la colectiva feminista, la fecha de la audiencia fue modificada de último momento, situación que impidió a la joven acceder a una debida defensa, con la presencia de una representante legal acorde a sus necesidades y con el acompañamiento de personal de Derechos Humanos.
Aunado a ello, lamentaron que el juez haya concedido al señalado 144 horas para reunir pruebas y no prisión preventiva; y es que, a decir de la autoridad judicial, dada la naturaleza de los hechos acontecidos en la “vía pública” no existe el riesgo de que vuelvan a repetirse.
El pasado lunes 28 de septiembre, durante la jornada por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro en Guadalajara, una integrante de la colectiva feminista «Me Cuidan Mis Amigas GDL» fue agredida por el fotógrafo, Luis Fernando “N”, quien con el lente de su cámara golpeó de manera contundente la cara de la joven, mientras ésta le señalaba que no grabara y fotografiara los rostros de las mujeres que se manifestaban.
Habrá que señalar, que el llamado de las organizaciones de mujeres fue a realizar una movilización separatista, donde se solicitó a los diversos medios de comunicación que enviaran reporteras y fotógrafas a realizar la cobertura del acto. Además, al hombre ya se le había advertido en múltiples ocasiones que se retirara del evento.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de uno de los andadores de Plaza de Armas, a un costado de la Catedral de Guadalajara, mientras grupos antiderechos confrontaban a las feministas que protestaban para exigir al Congreso de Jalisco la despenalización del aborto en el estado.
Las agresiones que quedaron documentadas en video dejan evidencia el golpe que le ocasionó a la joven varias lesiones, entre ellas: un esguince cervical de segundo grado, desvío leve de tabique, lesiones en el ojo derecho, tres lesiones en la nariz, contusión en pecho y hombros, además del daño que sufrieron sus lentes.
A decir de la colectiva feminista, si bien el hombre fue detenido tras la agresión, en el proceso han existido irregularidades que entorpecen y limitan el acceso a la justicia de la joven. Desde personal médico que revictimizó y justificó las agresiones, hasta el nulo acceso a radiografías y estudios médicos que funjan como elementos de prueba dentro de las audiencias.
“Desde que detuvieron a este profesor de la UdeG me trasladaron a la Cruz Roja donde no me hicieron los estudios porque no había personal porque era día del servidor público. Después, me trasladaron a la Cruz Verde donde estaba el detenido. Sin seguir ningún protocolo me pusieron frente a mi agresor mientras realizaban el parte médico, incluso, a él le hicieron primero el parte médico. Luego, cuanto me ve el doctor me dijo que no podía hacerme las radiografías porque no había personal, que si quería viniera al día siguiente”.
Sin embargo, narró que esta posibilidad se vio limitada porque los hospitales a donde la han remitido son espacios destinados para pacientes con COVID-19 y por lo tanto el acceso ha sido restringido. Hasta ahora sólo cuenta con el parte médico emitido por la Cruz Verde.
Con ello, las feministas denunciaron públicamente que la audiencia de control para el agresor se había previsto para el jueves 1 de octubre -de acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público-; sin embargo, dos horas antes, la joven fue notificada que ésta se desarrollaría el mismo miércoles 30 de agosto a las 7:00 p.m. lo que impidió que pudiera tener acceso a una representación legal adecuada, así como, al acompañamiento de personal de derechos humanos.
Una audiencia sin perspectiva de género
Luego de permanecer más de tres horas montando guardia a las afueras del Centro de Justicia para las Mujeres, integrantes de la colectiva feminista «Me Cuidan Mis Amigas GDL» recibieron a su compañera con un abrazo sororo. Con un collarín y con las marcas de las agresiones aun en el rostro, la joven narró que durante esta primera audiencia fue evidente la nula existencia de una perspectiva de género por parte del juez que se encarga de llevar el caso.
Para muestra, relató, fueron concedidas al agresor 144 horas para presentar pruebas y no fue remitido a prisión preventiva ya que de acuerdo con el juez, “no existe riesgo de que el sujeto vuelva a agredir a la joven”, pues los hechos “presuntamente” sucedieron en la calle y en un evento público. Aunado a lo anterior, el juez no consideró relevante que pudiera huir, dado que su domicilio se encuentra a pocos kilómetros del Centro de Justicia.
“Puede salirse del país, puede cambiarse de domicilio. De hecho, usaron como prueba a favor que vive cerca y que por lo tanto no se puede fugar”.
Advirtieron además que el sujeto tampoco presentó la cámara con la que la golpeó, un elemento de prueba fundamental para sustentar las lesiones provocadas durante la agresión; de acuerdo con él, ésta se “la entregó a una compañera” y desconoce hasta ahora su paradero.
Por ahora, el sujeto está siendo señalado por el delito de lesiones, delitos contra la dignidad de las personas y daños en las cosas; mientras, sólo existe una orden de protección para evitar que el hombre se acerque a la víctima y a sus testigos, de ser así podría ser detenido y enviado a prisión preventiva.
Reconociéndose decepcionada del proceso y de las autoridades, la joven señaló que lo único que busca es que se le pueda ofrecer una reparación del daño físico, psicológico y material del que es víctima.
A través de un comunicado, la colectiva «Me Cuidan Mis Amigas GDL» informó que Luis Fernando “N” es un fotógrafo colaborador de la revista Replicante, así como, profesor de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD).
*Este texto fue publicado en ZonaDocs
20/DSL/LGL
#28S: la vigencia de la lucha por la autodeterminación de las mujeres en México
El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuya declaración se remonta al año de 1990, en el marco del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe llevado a cabo en Argentina. La decisión de instaurarlo, formó parte de un esfuerzo sostenido para posicionar el tema de la alta mortalidad femenina a causa del aborto inseguro en la agenda pública de la región. Años más tarde, la iniciativa fue acogida por mujeres de todo el mundo, en aras de vincular la lucha por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y por el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Desde entonces, el aborto se mantiene como un eje de reflexión-acción que articula a muy diversas vertientes del feminismo. En el caso concreto de América Latina, esta vigencia responde al reconocimiento de que la autodeterminación de las mujeres se encuentra seriamente en entredicho, situación que ha actualizado el entendimiento del cuerpo como la primera escala en la que debe llevarse a cabo la lucha por la autonomía y en la que no se puede desestimar que generalmente son las más empobrecidas y las racializadas a quienes se les niega esta posibilidad.
Estas consideraciones se derivan de una perspectiva situada que también visibiliza la colonialidad del género en la prohibición del aborto, mostrando que el control sobre el cuerpo de las mujeres se mantiene estratégicamente en el sur global, lo que evidencia las tácticas biopolíticas que opera el capitalismo heteropatriarcal y la escala corporal que sus procedimientos extractivos han alcanzado (recordemos que en los mismos territorios donde se penaliza la interrupción del embarazo, se impulsan legislaciones que permitan el alquiler de vientres de mujeres para beneficio de terceros, reificando el proceso de gestación y la vida misma a su conveniencia).
En este contexto, la Marea Verde que inunda las calles del continente desde 2018, ha materializado la máxima feminista “lo personal es político”, activando alianzas transnacionales que impulsan una agenda común que puede sintetizarse en la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. Esto significa que, aunque garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras es urgente para evitar más muertes por abortos mal practicados, existe una serie de derechos sexuales y reproductivos que se demandan de acuerdo a las necesidades específicas de las mujeres de cada país.
Si nos situamos en la República Mexicana, tenemos el siguiente panorama: desde 2007, en la Ciudad de México se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación, lo que se ha traducido en cero muertes maternas por esta causa en los servicios públicos de salud desde su implementación; a partir de 2019, el Congreso de Oaxaca despenalizó el aborto en la entidad hasta la semana 12 del embarazo, convirtiéndose en el segundo estado del país en garantizarlo en la letra, sin embargo, se ha denunciado resistencia por parte de las instancias correspondientes para llevar a cabo el procedimiento.
A nivel nacional, el aborto está garantizado en todos los Códigos Penales estatales cuando el embarazo es producto de una violación y, salvo Guanajuato y Querétaro, el resto de entidades lo permite si se pone en riesgo la vida de la mujer, aunque tan sólo 13 lo contemplan cuando existe daño o malformación fetal. No obstante, la campaña permanente de criminalización contra las que deciden realizárselo, llevada a cabo por grupos ultraconservadores, la objeción de conciencia por parte del personal médico que debería efectuarlo y la opacidad con que se maneja la información oficial, limitan su acceso.
Si bien en el último año se presentaron iniciativas por la despenalización en estados como San Luis Potosí, Guanajuato y Veracruz, no se han conseguido resultados favorables hasta el momento. Lo que sí avanzó fue la reforma para “proteger la vida desde la concepción” hasta la muerte natural en Nuevo León.
Asimismo, se sigue privando de su libertad a mujeres y adolescentes que abortan, como ocurrió con Fátima, la joven de 15 años detenida en Morelos apenas el mes pasado. Estos hechos y las promesas, hasta ahora incumplidas, de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, han generado una deuda política con el movimiento feminista.
Éste, en lugar de desandar su historia de apoyo mutuo entre mujeres, ha constelado en redes locales, nacionales y globales que acompañan la interrupción del embarazo desde casa, a través de una organización que implica recaudación de recursos monetarios o en especie, sincronización de tiempos y/o espacios, guía puntual y en tiempo real del procedimiento y contención emocional previa y posterior. Este tejido de afecto y mutuocuidado se basa en una ética feminista que antepone el entre nosotras sin necesitar la preexistencia de un vínculo, contentándose con atender la necesidad vital de la otra.
Pero el acompañamiento no sustituye la urgencia de mantener visibles las demandas históricas que no terminan de ser satisfechas, sobre todo en medio del escenario que se abre con la nueva normalidad, mismo que parece relegar a un segundo o tercer plano la pandemia que acecha a las mujeres desde hace mucho tiempo: la muerte por abortos inseguros.
En ese sentido, colectivas feministas de todo el país lanzaron un comunicado que exige: 1) tratar el aborto como lo que es, un problema de salud pública que debe ser atendido puntualmente en los congresos locales y el nacional, no sólo para despenalizarlo, sino para garantizar que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo esté amparado por la ley; 2) sancionar a los partidos ultraconservadores que con recursos públicos abonan a la criminalización del aborto y al perjuicio moral contra las mujeres que lo realizan; 3) asegurar la implementación de la NOM 046 en todo el país, la cual señala que en caso de violación el aborto no es punible y se vuelve un derecho; 4) impedir que los hospitales y clínicas ILE en el país se declaren objetores de conciencia, pues en tanto instituciones de salud pública al menos parte del personal médico debe realizar el procedimiento.
Este pliego petitorio también sirvió para convocar a las diferentes acciones que se llevaron a cabo el pasado 28 de septiembre a lo largo y ancho del país. En las marchas, pañuelazos, tendederos, conferencias y actividades artísticas de muy diversa índole, un colectivo grande de mujeres acuerpó la iniciativa para lanzar un mensaje fuerte y claro: legalizar no es obligar, penalizar sí condena a muchas mujeres a morir por un aborto practicado en condiciones inseguras. Así, entre mareas que suben y bajan, aquella primera consigna no pierde su vigencia: ¡educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
* Doctoranda en Estudios Culturales en la línea de investigación Género, sexualidad y poder por El Colegio de la Frontera Norte, maestra en Comunicación y Política y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana.
20/MA-E/LGL
Ciudad de México. Como parte del 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en las entidades de México las mujeres salieron a las calles pese a las restricciones por la pandemia de la COVID-19, para exigir su derecho a decidir sobre su cuerpo.
En algunos estados, las manifestaciones estuvieron caracterizadas por la presencia de elementos de seguridad que intentaron obstaculizar el derecho de manifestación de las mujeres, asimismo, en otros estado se impulsaron acciones para garantizar que puedan acceder al aborto de forma voluntaria, legal y segura.
En Morelos las mujeres marcharon al Congreso estatal para presentar junto con la Comisión de Derechos Humanos local una iniciativa de reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El proyecto propone modificar el Código Penal del estado en cinco artículos, del 115 al 119; mientras que en la Ley de Salud de Morelos proponen modificar los artículos 3, 74 , 75 y 79.
Las movilizaciones de colectivas feministas en Guadalajara, Jalisco estuvieron marcadas por la presencia de más de trescientas agentes de seguridad municipal, estatal y antimotines. Durante la acción, la Marea Verde exigió al Congreso del estado de Jalisco la despenalización del aborto y amnistía para mujeres que han sido encarceladas por abortar.
La Marea Verde también invadió las calles de Pachuca, Hidalgo, para exigir al Estado que garantice la vida digna de las mujeres. En lo que va de este año, las acompañantes de aborto señalaron que han registrado un total de 270 mujeres hidalguenses que decidieron abortar; el rango de edad es de los 15 a 38 años de edad con un promedio de edad de 23 y las edades más frecuentes fueron de 24 y 22 años.
Los pañuelos verdes, que simbolizan la lucha por el aborto legal, les sirvieron a muchas mujeres que marcharon la tarde de este lunes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como cubrebocas. La pandemia no detuvo la Marea Verde que salió a exigir que sea despenalizado el aborto.
La marcha partió del Parque Bicentenario, al poniente de la ciudad, al Congreso del estado, en donde las mujeres, en su mayoría jóvenes, pidieron a las y los legisladores que sea discutido el proyecto de iniciativa para que en la entidad sea despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El Observatorio de Violencia Contra Las Mujeres del estado de Guerrero (OBVIO Guerrero), lanzó una campaña por la exigencia del cumplimiento de 13 medidas dentro de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado, que busca difundir con la mayor precisión y claridad las medidas que la entidad no ha cumplido, lo que impide el acceso a las mujeres a la justicia y el ejercicio libre de sus derechos reproductivos.
En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito en todo el país, OBVIO Guerrero, que solicitó la segunda AVG por las constantes negaciones del sistema de salud de la entidad para practicar una interrupción legal del embarazo a mujeres y adolescentes embarazadas producto de violación, aseguró en conferencia de prensa que sigue existiendo desinformación por parte de las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica del deber, que tienen de practicar abortos en casos de violación.
Actualmente sólo la Ciudad de México y Oaxaca permiten el acceso al aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, en el resto del país de permite por la causal de violación a través de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), y por el riesgo de salud de las mujeres, entre otras razones.
20/EP/DS/SSC/RR/SR
Con mega pañuelo neolonesas reclaman su derecho a un aborto seguro
Ciudad de México. Defensoras y organizaciones de mujeres construyeron un mega pañuelo frente al Palacio del Gobierno del estado de Nuevo León como un símbolo de su derecho a decidir sobre su cuerpo y demandaron que su gobierno garantice el acceso de las mujeres a un aborto seguro, si ellas así lo desean.
En entrevista con la vocera de “Hablemos de Aborto”, Ana González, explicó que desde hace dos años han mantenido una lucha porque las leyes del Nuevo León sean modificadas, ya que éstas son contrarias a los derechos de las mujeres, “defienden la vida desde la concepción” y el personal de salud puede adjudicarse a la objeción de conciencia sin importar la gravedad del embarazo.
En palabras de An,a las mujeres son revictimizadas, pues de querer interrumpir su embarazo son obligadas a cumplir con procesos engorrosos y tardados que no les asegura la interrupción segura de su embarazo, incluso -resaltó- las solicitudes por la causal de violación no son atendidas.
Por tal motivo, dijo que no existe una estadística fidedigna que visibilice el número de muertes de mujeres por abortos inseguros. “Parte de nuestro trabajo es acompañar e informar a las mujeres cómo realizar un aborto seguro en casa de acuerdo con los protocolos aprobados”, explicó.
La intervención del mega pañuelo, añadió, es una forma creativa y pública de hacerles saber a las neolonesas que existen compañeras que las pueden ayudar sin ser juzgadas ni discriminadas y lugares donde pueden recibir información de todo tipo sobre sexualidad y demás.
Gonzales resaltó que en su estado existen grupos de la sociedad civil que agreden de diversas formas a toda mujer que apoye el aborto legal, desde insultos como “asesina” hasta golpes o acoso. “Existe un fuerte estigma hacia el aborto como un delito, a través de estas acciones queremos eliminarlo”, agregó.
En un comunicado, la organización “Hablemos del Aborto” junto con muchas otras de este estado responsabilizaron al gobierno neolonés de no brindar a las mujeres una educación sexual, de negarles el acceso a los servicios y productos públicos de salud y de no reconocerlas como seres autónomos con Derechos Humanos.
Las integrantes declararon reconocer el trabajo de los organismos de la salud y seguridad pública con el fin de controlar la pandemia, pero en este proceso -reiteraron- se han olvidado de sus necesidades.
Recordaron que la lucha por el derecho a decidir seguirá en pie sin importar los obstáculos. “Hoy como siempre unidas a pesar de las circunstancias, garantizamos que las mujeres ejerzan sus derechos de forma segura y libre, sin culpas o miedos”, declararon.
20/AEG/LGL
Con gas lacrimógeno, gas pimienta y golpes, policías agredieron, en diversos estados del país, a jóvenes que salieron a marchar
Ciudad de México. Colectivas feministas, periodistas y sociedad civil de diversos estados del país, denunciaron haber sido agredidas con golpes y detenidas de manera arbitraria por parte de policías de la Cuidad de México, Veracruz y Tijuana, durante las marchas que realizaron con motivo al Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La tarde de ayer en la CDMX, manifestantes partieron del Monumento de la Revolución rumbo al Zócalo capitalino. Con pancartas y carteles, exigían legalizar el aborto en todo México, pero a pocos metros de haber iniciado la marcha, fueron encapsuladas frente a la Torre del Caballito, en Reforma, por policías de seguridad pública sin ninguna razón.
La estudiante Luna platicó en entrevista con Cimacnoticias que los policías comenzaron a rodearlas y fue ahí donde el panorama se vislumbró incierto. “Eran el triple de policías en comparación con las manifestantes. Nos mantuvieron así dos horas mientras nos aventaban gas lacrimógeno, gas pimienta y nos rociaron con extintores”.
Luna consideró a esta marcha como una de las más fuertes en las que ha estado debido a la magnitud de la represión, incluso dijo que los policías no consideraron la diversidad de personas que acuden a las marchas, esto luego de que una de las jóvenes que participó y que tiene padecimientos respiratorios sufrió un ataque de asma como resultado del gas pimienta y fue trasladada al hospital.
“El gas pimienta picaba los ojos. A mi me sacó de onda que hicieran eso porque no había una razón”, añadió. A pesar de ello, Luna y sus amigas se mantuvieron de pie a un paso lento, pero al llegar a Bellas Artes de nuevo la policía las encapsuló y a los gases se le sumaron los petardos y golpes.
Pasadas las siete de la noche lo único que se podía respirar era gas, por lo que Luna entró en pánico como muchas otras, pues los policías no las dejaban retirarse. Su única salida surgió cuando por una esquina de la línea humana que las cubría se abrió un espacio, y por ahí, los policías les permitieron irse una a una, luego de revisar sus pertenencias.
A través de redes sociales las organizaciones denunciaron que los actos realizados por la policía fueron contrarios a su protocolo de actuación en contexto de manifestaciones, y destacaron que debe respetarse una distancia entre la seguridad pública y las manifestantes de más de un metro con el fin de garantizar la libertad de protesta.
Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México (RNDDHM) demandó que el gobierno mexicano garantice el ejercicio de la libre manifestación e hizo responsable a las autoridades de la integridad de las manifestantes tanto en esta entidad como en Veracruz, donde también se suscitaron agresiones.
La organización explicó que el encapsulamiento o “Ketting” representa tácticas represivas que ponen en riesgo la vida de las personas y vulnera su derecho a libertad de reunión y expresión, además de “ser una experiencia traumática para quienes se quedan atrapadas dentro”, aclaró.
“El plan era acorralarnos”
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, las mujeres también se dieron cita en punto de las 12 del día en el Parque central, en el viaducto de Juárez, con el fin de que más asistentes pudieran reunirse, al ser un lugar espacioso y así partir del Teatro del estado «Gral. Ignacio de la Llave» rumbo a la avenida principal de la ciudad.
Ahí esperaron por dos horas. De pronto, granaderos se acercaron a ellas, las rodearon con una valla humana y les cerraron cualquier espacio de salida en menos de 10 minutos. Si querían retirarse, los policías les exigían mostrar una identificación y revisar sus pertenencias.
“El plan era acorralarnos. Un vehículo de la fuerza civil se estacionó. Era sorprendente la cantidad de policías que había. Su torre se encuentra a media cuadra del Viaducto, pero nunca había visto que las autoridades se movilizaran y accionaran tan rápido y a esa magnitud”, declaró una defensora, que decidió omitir su nombre, en entrevista con Cimacnoticias.
Acto seguido, contó que los policías comenzaron a empujarlas para llevarlas hacia el Viaducto, pero calles adelante, la violencia se convirtió en física y el gas pimienta hizo presencia. “Nosotras sólo queríamos transitar lo restante para seguir con el trayecto habitual”, añadió la manifestante.
Recordó que hace un año un hombre la acosó en el parque Juárez, pero al intentar denunciar este acto con un policía de los caminante, como allá los llaman, no encontró a uno, por ello les tomó por sorpresa la presencia de la policía y más que las superaran en número.
Colectivas y organizaciones pidieron a todas las mujeres que hayan sido heridas o rociadas con gases, estar al pendiente de síntomas como mareo, irritación de nariz, arritmia cardiaca, entre otros, y de presentarlos, recomendaron acudir con un médico.
Detenidas sin razón
En la noche del 28S, manifestantes de Tijuana declararon que policías detuvieron de manera forzada y sin razón alguna, a diversas manifestantes, entre ellas menores de edad que participaron en la marcha, ya que la movilización se desarrollaba de manera pacífica.
Evidenciaron que los vehículos de la policía no tenían placas y hasta la mañana de hoy muchas de esas mujeres aún se desconoce su paradero y otras -aseguraron colectivas- fueron encontradas en distintos Ministerios Públicos.
En redes sociales, las colectivas compartieron una lista de nombres que inició con cinco, a estos se sumaron 12, y luego más, por lo que pidieron dar difusión pronta sobre la situación de sus compañeras y familiares.
Ante ello, declararon que hacen responsables al gobierno de Tijuana por la integridad de las mujeres y exigieron: ¡Sanas se las llevan, sanas las queremos!
20/AEG/LGL
Ciudad de México. En el contexto del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones veracruzanas que defienden los derechos de las mujeres exigieron una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligue a las autoridades del estado de Veracruz a cumplir con el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción del embarazo.
En un comunicado, solicitaron que el congreso del estado de Veracruz amplíe las causales del aborto legal y que éstas se apeguen a la Segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado, que sí las considera como personas aptas a decidir sobre su cuerpo.
Este mecanismo de emergencia demanda permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, eliminar el plazo de 90 días en caso de violación, adicionar la causal sobre la salud de la mujer y revisar con perspectiva de género los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto.
Las defensoras señalaron que también deben modificarse los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local, que criminalizan a las mujeres y no cumplen con lo estipulado en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
De acuerdo con el Código Penal quien interrumpa un embarazo en cualquiera de sus etapas comete “delito de aborto” y puede recibir una sentencia de seis meses a cuatro años en prisión con una multa de 50 días de salario mínimo, y la mujer será sometida a tomar clases de salud.
Recordaron que penalizar la decisión de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado es violencia que deriva en complicaciones como un aborto inseguro, primera causa de mortalidad de mujeres en muchos estados y enfatizaron que decidir sobre su cuerpo es un Derecho Humano básico.
Las organizaciones que firmaron este comunicado son Marea Verde Altas Montañas, Marea Verde- Boca del Río, Marea Verde Totonacapan, Red de Mujeres Feministas de Veracruz, Encuentro Intergeneracional Feminista de Veracruz y Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, la vocera de la Marea Verde-Boca del Río, Nayeli Torres denunció que en diversos hospitales a las mujeres no se les garantiza el acceso a un aborto seguro, sino que son perseguidas, estigmatizadas y agredidas, lo que las aleja aún más de ejercer su libertad y sexualidad.
Por tal motivo, explicó que su organización como muchas otras, da acompañamiento a mujeres que desean interrumpir su embarazo para asegurar que no enfrenten trabas burocráticas. Torres dijo que al día, atienden alrededor de ocho solicitudes de mujeres de entre 16 y 30 años.
Agregó que una acción importante son las pintas reales y virtuales que se editaron sobre el Pico de Orizaba, el congreso del estado y otros espacios considerados como emblemáticos, ya que no pudieron marchar debido al repunte de casos de COVID-19.
En algunas pintas se lee “Todas Unidas por Nuestros Derechos”, “Todas las mujeres, todos los derechos” y “la mujeres deciden, el Estado garantiza”. A la vez, las organizaciones estarán compartiendo videos en su canal “Todas Unidas Veracruz” con el fin de quitar el estigma en el tema del aborto.
“No vamos a desistir. Esta lucha lleva muchos años. Seguiremos luchando porque se garantice los derechos de las mujeres”, finalizó Torres.
Los estados se pintan de verde
Organizaciones de mujeres chihuahuenses suspendieron su llamado a marchar este día así como la intervención de algunos monumentos ya que temen que la policía de su estado las violente.
Por tal motivo, las integrantes de diversas colectivas decidieron pegar carteles informativos en las colonias con el propósito de que más mujeres conozcan que existen espacios donde ellas serán respetadas y apoyadas si desean interrumpir su embarazo.
En entrevista con la integrante de la Marea Verde Chihuahua, Abril Martínez, dijo que al día reciben 4 solicitudes de acompañamiento de interrupción del embarazo debido a que en los hospitales el aborto es un delito y se defiende la vida desde la concepción, por lo que las mujeres son agredidas todo el tiempo y más si el embarazo fue el resultado de una violación.
“Es una lucha constante, el 28S es una fecha significativa. Naturalmente lo que nosotras buscamos es hacer acciones más llamativas, en este sentido, que se visibilice los derechos de las mujeres. El panorama de COVID no nos da paraa mucho espacio, pero siempre que haya una morra que necesite acompañamiento vamos a estar ahí”, declaró.
En redes sociales, defensoras de los derechos de las mujeres de diversos estados se han manifestado con fotos a través de los hashtag #AbortoLegal2020, #28Sep y #AbortoLegalYa, tapizando puentes, muros y recintos de los gobiernos locales, con carteles y pancartas en las que plasman sus exigencias.
En tanto, en la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Colima, las mujeres convocaron a marchar, compartir sus historias de aborto en tendederos virtuales, compartir sus fotos con su pañuelo verde y estar al pendiente de los conversatorios virtuales que se realizarán este día.
20/AEG/LGL
Pide Amnistía Internacional eliminar barreras que impiden aborto
Ciudad de México. En el contexto del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Amnistía Internacional publicó hoy su nueva política sobre el aborto, en la que demanda que los estados despenalicen la interrupción del embarazo y generen espacios donde las mujeres y niñas pueden decidir de manera autónoma sobre su embarazo.
En el documento se explica que todas las personas tienen derecho a interrumpir su embarazo sin tener que sufrir violencia, discriminación o exclusión social y mucho menos ser castigadas con una sanción legal por sufrir un aborto espontáneo.
En ese sentido, resalta que es obligación de los Estados eliminar las barreras que rodean al aborto y que las leyes garanticen la provisión de productos y servicios integrales de salud sexual y reproductiva antes, durante y después de la práctica de un aborto a todas las mujeres.
Además, reitera que todas las personas tienen la capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad, y su reproducción, lo que conlleva a crear una sociedad justa e igualitaria.
Esclarece que cada punto clave en este documento es resultado de años de investigación e interacción con niñas y mujeres, quienes evidenciaron con sus historias los obstáculos a los que se enfrentan.
Los cinco los puntos clave enumerados por AI son:
- el derecho de las mujeres y niñas a decidir
- atención, servicios y confidencialidad en la interrupción de un embarazo
- entornos seguros para la toma de decisiones
- eliminar todas las leyes y políticas que obstaculicen el acceso a un aborto seguro
- evaluar, con la participación de las mujeres, todos los marcos jurídicos, políticos y normativos del aborto con el objetivo de que ellas aprueben y den seguimiento en asuntos que afectan sus vidas.
Con esta nueva política, la organización internacional dijo -en un comunicado- que emprenderá un trabajo de campaña con incidencia más sólida y buscará apoyar a los movimientos locales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.
“Unas 47 mil mujeres mueren cada año tras practicarse abortos en condiciones de riesgo. Esta tragedia mundial sólo acabará cuando el aborto se despenalicen totalmente y sea accesible y asequible para todas las personas”, afirmó el director general de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional, Rajat Khosla.
Puedes leer el comento en la siguientes liga: https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2020/09/POLICY-ABORTO-SEPTIEMBRE.pdf
20/AEG/LGL