Guanajuato.- El gobierno de Guanajuato dejó desprotegido a un defensor de los derechos humanos, quien ha señalado a diversas autoridades como agresores. Y es que ni dicho gobierno ni el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) han realizado las mesas de trabajo prometidas para investigar su caso.
A raíz de esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 189/2022. De acuerdo con dicha recomendación, estos actos constituyen violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad por falta a la debida diligencia. Además, se está incumpliendo el deber de cuidado y de acceso a la información en agravio de la víctima.
Esta recomendación está dirigida a Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo Nacional (CEN) del MPPDDHP. También al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Mecanismo y gobierno prometieron mesas de trabajo, pero no cumplieron
El 2 de julio de 2021, la CNDH recibió una queja de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En ella, el defensor agredido afirmó ser beneficiario del MPPDDHP desde el 2020.
Dentro de su plan de protección, se estableció una mesa de trabajo con diversas autoridades del estado de Guanajuato para analizar las medidas de protección pertinentes; también la problemática respecto al hostigamiento e intimidación que la víctima ha recibido por parte de algunas autoridades a quienes ha señalado como sus agresores. Sin embargo, la mesa de trabajo nunca se realizó. De acuerdo con la CNDH, esto dejó a la víctima en estado de indefensión, pues ahora siente temor para desarrollar su labor de defensor de derechos humanos en la entidad.
El 30 de marzo de 2021, la víctima tuvo una reunión con el Mecanismo de Protección, en la que se acordó que se tendría una respuesta a dicha mesa de trabajo, la cual no había sucedido cuando la CNDH recibió la queja.
Tras recibir dicha queja, la CNDH acreditó que el desempeño de las personas servidoras públicas adscritas a la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) fue negligente. Esto vulneró los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad del defensor afectado. De igual forma, hubo un ejercicio indebido del servicio público, pues al tener conocimiento de la situación de peligro en que se encontraba la víctima debieron implementar la medida de protección.
Además de esto, la CNDH documentó que la integración del expediente del MPPDDHP fue deficiente, ya que diversas constancias agregadas no corresponden al caso. Asimismo, la Comisión verificó que dicho mecanismo sí solicitó un enlace con el estado de Guanajuato, el cual se agendó para el mes de septiembre de 2021. Con esto se daría cumplimiento al acuerdo entre ambos organismos y se establecería una reunión de trabajo.
No obstante, el Mecanismo de protección no dio seguimiento alguno a dicho oficio. Tampoco haya constancia de respuesta por parte del Enlace del Gobierno de Guanajuato.
CNDH pide a Irazoque y al gobierno guanajuatense cumplir con sus obligaciones
Frente a estos hechos, la CNDH pide a las autoridades señaladas colaborar en la presentación y seguimiento de las denuncias administrativas ante las autoridades competentes. Unido a esto, aclara deben cumplir con la investigación respectiva y resolver lo que proceda conforme a derecho.
De igual forma, solicita que cada una de las autoridades diseñen e impartan cursos integrales de capacitación dirigidos a las personas servidoras públicas involucradas. Éstos deben ser efectivos para así prevenir hechos similares. Quienes impartan dichos cursos deben ser personal calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos.
Además se deberá emitir una circular en la que se instruya a generar acciones de prevención inmediata y se adopten medidas efectivas de prevención. Ambos factores deben garantizar que la construcción de expedientes y el otorgamiento, implementación y seguimiento de las medidas preventivas, de protección y de urgente protección se encuentren debidamente integrados.