Este 5 de junio de 2023 se cumplen 14 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. A más de una década de los hechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó un informe según el cual ha habido avances en la reparación de los daños a las víctimas directas e indirectas y en la detención de los presuntos responsables. No obstante, madres y padres de las víctimas continúan exigiendo medidas que garanticen la no repetición de estos hechos provocados por la corrupción de las autoridades.
Madres y padres de los 49 niños y niñas fallecidos por el incendio de 2009 realizaron una vigilia que se extendió desde la noche del domingo 4 de junio hasta la mañana de este lunes 5. Con veladoras, fotografías y cruces colocadas en las inmediaciones del edificio destruido, los padres de familia reclamaron justicia y exigieron la aplicación eficaz de la llamada “Ley 5 de junio” para la protección de todas las infancias a nivel nacional.
La Ley 5 de junio (también conocida como Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil) es una iniciativa ciudadana impulsada por madres y padres de los menores fallecidos y lesionados durante el incendio de la Guardería ABC. A grandes rasgos, dicha iniciativa —publicada el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación— agrupa una serie de requisitos que las guarderías y estancias infantiles deben cumplir en materia de protección civil.
De igual forma, dicha ley propone mecanismos para que estos lugares de cuidado infantil estén regulados y funcionen de manera eficaz, todo ello con el objetivo de salvaguardar la integridad de niñas, niños y personas trabajadoras. Aunque la ley entró en vigor desde 2011, apenas este 2022, madres y padres impulsores de la medida denunciaron que ésta no está siendo aplicada como debería.
Según aseguraron en ese entonces, por lo menos en Sonora, el gobierno no cuenta con la cantidad suficiente de inspectores de Protección Civil para verificar el estado de los centros educativos, lo que ha provocado que diversas instituciones sigan funcionando con condiciones inseguras para las infancias. Y las exigencias de justicia de madres y padres este 2023 parecen indicar que las cosas no se han transformado mucho desde entonces.
Gobierno de AMLO presume avances pese a impunidad de altos rangos
Durante la conferencia matutina de este 5 de junio, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció un informe sobre los avances en el caso de la Guardería ABC. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Encinas aseguró que se ha hecho lo posible por atender a las 936 víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2019. Entre estas víctimas se encuentran tanto niñas y niños como personas trabajadoras y madres y padres de familia.
El subsecretario también detalló que el gobierno se está centrando en la reparación integral del daño para las víctimas a través de diversas instancias, entre las que se encuentran la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el gobierno de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, del cual dependía la Guardería ABC). De acuerdo con Encinas, se han erogado recursos para reparación del daño de 142 personas, entre quienes destacan niñas y niños fallecidos y lesionados, así como adultos lesionados.
Igualmente, destacó que se han obtenido 327 resoluciones a favor de 144 víctimas directas. Además, a estos y otros afectados se les está ofreciendo servicios de psicología, atención médica y asistencia por parte de trabajadores sociales. Por otra parte, el gobierno de Sonora ha otorgado estímulos educativos a 285 jóvenes como parte de la reparación del daño. Además, el IMSS también ha ofrecido becas para educación, medidas vitalicias para las víctimas, pago de consumo de energía eléctrica, seguro médico para familias y medidas equivalentes a una pensión garantizada.
De acuerdo con Alejandro Encinas, se espera que este 2023 se termine con las reparaciones integrales a las víctimas directas e indirectas del incendio en la Guardería ABC. Mientras tanto, según detalló el titular del IMSS Zoé Robledo Aburto, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones por una denuncia presentada el 12 de febrero de 2020 debido al incidente.
Como resultado de esta denuncia hay dos personas detenidas: Sergio N. y Karla N., quienes se desempeñaban como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora nacional de Guarderías en el IMSS respectivamente. Además de estos dos individuos, hasta febrero de 2022 había 19 personas más detenidas por el incendio. Sin embargo, hay otras personas implicadas que continúan bajo el cobijo de la impunidad.
Dos de estas personas son el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo. Madres y padres hacen responsable al primero de ellos por haber aceptado un esquema de subrogación de guarderías del IMSS que no garantizaba las condiciones seguras de estas instancias. Su esposa, por su parte, está relacionada familiarmente con Marcia Altagracia Gómez del Campo, integrante del grupo de la sociedad civil que dirigía la Guardería ABC al momento del incendio.
A Marcia Altagracia —prima de Margarita Zavala— la absolvieron de todo cargo en 2012. A Felipe Calderón no se le ha procesado por esta o alguna otra responsabilidad en su gobierno, y Margarita Zavala se desempeña como diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN).
Otra de las implicadas, Claudia Pavlovich (quien como diputada local defendió a los copropietarios de la Guardería ABC) actualmente ejerce el cargo de cónsul de México en Barcelona. Padres y madres de familia aseguran que, además, cuando fue gobernadora de Sonora entre 2015 y 2021, reservó hasta 2026 la información sobre el caso.
Así, a 14 años del incendio que arrebató la vida de 49 niñas y niños, la impunidad no permite que haya una justicia completa para sus familiares. Y, por otro lado, el incumplimiento de las leyes no están garantizando que actos como el de la Guardería ABC vuelvan a repetirse.
El Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de los 49 niños y niñas fallecidas a causa del incendio ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009, tragedia que sacudió al país y que constituye uno de los casos más emblemáticos de lucha por la protección de los derechos de la niñez mexicana.
Desde los hechos ocurridos, las familias de las niñas y los niños han emprendido una lucha incansable por la verdad, la justicia y la no repetición. Han señalado que el incendio en la Guardería ABC no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues dicho sistema convirtió el cuidado de las niñas y los niños en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias. Por otro lado, las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio.
Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible. Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.
Este litigio interamericano es un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana. Las acciones necesarias en este sentido incluyen la plena y efectiva aplicación a nivel nacional de la Ley 5 de Junio -fruto de la lucha de las familias del caso ABC– y el reconocimiento de que el cuidado de los niños y las niñas no puede ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y de las familias.