Cerca de las 4:30 p.m., salió el primer contingente del Monumento de la Independencia. Este contingente está encabezado por familiares y amigxs de Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, la joven de 18 años de edad que perdió la vida el pasado 7 de enero en un accidente en la Línea 3 del Metro. Precisamente, fue a raíz de este incidente que la jefa de gobierno tomó la decisión de desplegar a la Guardia Nacional en este transporte.
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Libres de violencia
Avances y retrocesos en el empoderamiento de las mujeres en la región de AL y el Caribe
Por La Redacción
Escrito por La Redacción
Ciudad de México. Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres nos referimos a fortalecer el ejercicio de sus Derechos Humanos en todos los espacios de la vida, este es el tema que conversamos en Latiendo Libres con la experta del Ecuador del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), Gloria Camacho.
Latiendo Libres es un programa conjunto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y Violeta Radio 106.1 FM.
22/RED
Admiten amparo en Guerrero por omisión en atención a niñas víctimas de trata
Por La Redacción
Escrito por La Redacción
Ciudad de México. Esta mañana el Juzgado Cuarto de Distrito de Guerrero, admitió una demanda de amparo, la cual reclama que la Fiscalía General del estado de Guerrero y la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Persona (Fevimtra), han sido omisas para iniciar una carpeta de investigación e implementar medidas de protección para las niñas víctimas de trata de personas o matrimonios forzados en la entidad.
En un comunicado, integrantes del «Movimiento Unión Mujer»! y la asociación civil «Seamos Héroes», explicaron que promovieron la demanda de amparo hace unos días con el fin de que las autoridades federales y locales iniciaran una investigación sobre el delito de trata de personas contra niñas, y desarrollaran medidas de protección a la vida, dignidad y libertad de las menores de edad para así eliminar esta problemática, que fue aún más evidente, luego de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a esta entidad.
Es necesario recordar que en octubre de 2021, en una conferencia de prensa en Guerrero, López Obrador aseguró que “iban a combatir la venta de niñas, pero eso es la excepción, no la regla” y que “esta problemática no era una cuestión importante en su administración”, a pesar de que ésta produzca más violencia contra las menores de edad, como los embarazos no deseados, actualmente se registraron más de 10 mil embarazos en menores de 15 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Frente a este panorama, las y los integrantes de las organizaciones detallaron que esta demanda de amparo pretende presionar a las autoridades para que empiecen a prestar atención hacia esta problemática que mundialmente afecta a 12 millones de niñas y adolescentes. Derivado del documento presentado, agregaron, el Juzgado Cuarto de Distrito de Guerrero solicitó bajo el expediente 1148/2021 a la FGR y a la Fevimtra que rindan un informe en el que describan las acciones que han desarrollado para atender la trata de niñas en este estado.
Por su parte, el abogado de la firma “Cuatrecasas”, Miguel Ángel Ortíz, destacó que este hecho es un precedente en la historia de Guerrero porque busca proteger el derecho a la vida, la libertad, y la dignidad de las niñas y adolescentes que han sido obligadas a contraer matrimonio con hombres que les doblan o triplican la edad. Además de ello, esto permite sensibilizar a la población respecto a que este delito no puede considerarse como una “práctica cultural”.
“La Ley General para Prevenir, Sancionar, y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos, establece la obligación de las autoridades de iniciar de oficio la carpeta de investigación correspondiente, así como de implementar medidas de protección a las víctimas, acciones que no se han iniciado ni menos difundido a fin de que la sociedad civil participe de forma corresponsable”, agregó el abogado.
Asimismo, la coordinadora nacional de «Movimiento Unión Mujer», Paulina Amozurrutia informó que la demanda de amparo promovido tiene como finalidad mostrar la problemática de las niñas de diversas comunidades de Guerrero, llevar a cabo los censos e identificación de víctimas; y que el estado de Guerrero y la población, de forma corresponsable, sumen esfuerzos para asegurar la libertad y dignidad de las menores de edad en esta entidad.
De acuerdo con el UNFPA si los matrimonios forzados en menores de edad no son erradicados más de 150 millones de niñas y adolescentes se habrán unido para 2030, en particular México es uno de los países que en 25 años no ha avanzado hacia la eliminación de esta problemática. Organizaciones civiles han alertado que las menores de edad que son forzadas a contraer matrimonio sufren de violencia sexual, lo que las coloca en un riesgo de perder la vida durante o antes del parto.
21/AEG/LGL
En casos de acoso y hostigamiento sexual, 98 por ciento no se denuncia afirman expertas
Escrito por Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México. Más de 8 mil mujeres han sufrido incidentes de acoso u hostigamiento sexual de enero a octubre de 2021, sin embargo 98 por ciento de los hechos no son denunciados o no llegan a concretar un proceso legal, debido a las dificultades que se presentan en el sistema de justicia, coincidieron expertas en violencia de género.
Durante la conferencia “Claves para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en los espacios públicos y crear posibilidades”, la directora de la organización Casa Gaviota, Dolores Blancas Rueda, comentó que el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres repercute en su vida de manera grave, pues les quita su tranquilidad, las hace cuestionarse de sus acciones o sentirse responsables del hecho, por ello sólo cuatro casos llegan a ser denunciados.
“Desde niñas nos están educando para poder prevenir y cuidarse. Cómo una niña tiene que aprender a cuidarse del acoso. El acoso hace que nos preguntemos: ¿por qué me vestí así? o ¿por qué me puse esa ropa? entonces empezamos a cuestionarnos nuestras propias acciones. El acoso tiene un impacto negativo en la vida de las mujeres, nos afecta a todas. Situaciones que tenemos que detener, detalló Rueda.
Rueda enfatizó que las mujeres empiezan a ser acosadas desde los cuatro y ocho años de edad en cualquier espacio donde habiten, esto visibiliza la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el país.
Para la antropóloga y creadora de Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV), Marcela Lagarde y de los Ríos el acoso y hostigamiento sexual son resultado de una construcción social en la que se les enseña a los hombres que los cuerpos de las mujeres son “objetos de consumo o de su propiedad” a los que pueden hacer insinuaciones, tocamientos, miradas, entre otras agresiones sexuales, a pesar de que ellas no lo deseen o permitan.
Con la pandemia, agregó Lagarde, las agresiones contra mujeres aumentaron, por ello es importante que el gobierno considera la seguridad urbana dentro de sus prioridades y en la agenda de desarrollo económico, pues este sitio es donde más mexicanas son acosadas u hostigadas, prueba de ello es que 9 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso en sus recorridos cotidianos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“El transporte colectivo es nodal porque son espacios de tránsito para millones de personas, como el metro. Se debe activar todo lo que se dejó en la pandemia, si no hay avances en ello, se van a poner más obstáculos. Hace un año, el 8 de marzo, todavía en muchos países, los movimientos de mujeres y las colectivas convocaron al 8 de marzo para trabajar el tema del acoso y la agresión sexual hacia las mujeres”, agregó la también feminista.
Lagarde resaltó que el movimiento del #MeToo fue un hecho que demostró la gravedad con que las mujeres son violentadas en la calles, en el transporte público, en sus trabajos y en los medios de comunicación. Las mujeres inundaron 2017, 2018 y 2019, las redes sociales con los nombres de sus agresores, señalaron las injusticias que padecieron y cómo en vez encontrar ayuda, fueron señaladas, agredidas y despedidas, en algunos casos.
Cabe recordar que el #MeToo surgió en 2006, gracias al activismo de la estadounidense, Tarana Burke a fin de denunciar las agresiones sexuales que sufrieron comunidades marginadas en Estados Unidos. El hashtag fue retomado en distintos países hasta llegar a México en 2017, cuando actrices y más tarde escritoras comenzaron a denunciar los actos de violencia sexual que tuvieron que vivir cuando desarrollaban su labor.
Este activismo social trajo como consecuencia que la Fiscalía General de la República de México creara la plataforma web “Me Too” para interponer quejas por agresiones sexuales contra mujeres, sin embargo para que los hechos fueran investigados, la denuncia debe ser ratificada en el Ministerio Público correspondiente, y la Secretaría de la Función Pública presentó el portal web “Alertadores de la corrupción”, donde se puede informar de manera confidencial casos de hostigamiento o acoso sexual que involucren a servidores públicos federales.
Es necesario recordar que abogadas expertas en violencia contra las mujeres declararon a Cimacnoticias que las mujeres que enfrentan violencia sexual en sus centros de trabajo pueden denunciar por tres vías: la administrativa ante Recursos Humanos del lugar de trabajo, la penal ante un MP y en el centro laboral y luego ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, no obstante, no es común que se presenten denuncias ante esta última instancia, ya sea por desconocimiento, los casos no son resueltos o se desiste en el proceso.
El acoso y hostigamiento sexual están tan normalizados en el entorno laboral que 5 millones 463 mil 521 de mujeres afirman haber enfrentado violencia en su lugar de trabajo, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016. Este panorama, concluyó Lagarde, muestra que es necesario que en los “16 Días de activismo” el acoso u hostigamiento sexual sea una problemática retomada en las demandas de las mujeres.
Los“16 Días de activismo contra la violencia de género”, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es una campaña internacional que empieza el 25 de noviembre, el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y sigue hasta el 10 de diciembre, el “Día de los Derechos Humanos”. Esta campaña la pusieron en marcha defensoras en el inauguración del Women ‘s Global Leadership Institute en 1991 y organizaciones de todo el mundo las usan desde entonces.
21/AEG/LGL
Menores de edad víctimas de feminicidio en México, invisibles para el Estado
Escrito por Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México. De enero a septiembre de 2021, se cometieron 736 casos de feminicidio, lo que lo posiciona como el delito con más incidencia delictiva en México, el cual ha cobrado la vida de diversas menores de edad, sin embargo las autoridades desempeñan un abordaje “incorrecto” sobre estos crímenes, pese a que son capacitadas, existen sentencias internacionales sobre esta problemática e instituciones enfocadas en prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida.
De los 736 casos de feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional, los cometidos contra menores de edad fueron llevados a cabo en su mayoría en los meses de abril, mayo y junio aún en el contexto de la pandemia. Estos hechos fueron registrados en particular en el Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Todas estas entidades tienen declaradas Alertas de Violencia de Género, ya sea por el alto número de asesinatos o desapariciones de mujeres.
Al participar en el conversatorio “Ante el aumento de la violencia feminicida en México” en el contexto del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este 25 de noviembre, especialistas en los derechos de las mujeres detallaron que es complicado vislumbrar cómo afecta la violencia feminicida a las menores de edad porque los datos oficiales nunca son desglosados por edades, sin embargo existen 12 casos de este tipo que demuestran los riesgos que padece la infancia en este país.
Cabe recordar que algunos de estos casos fueron: el de Lupita, a quien se revictimizó en los medios como “calcetitas rojas”, quien fue golpeada, agredida sexualmente, y su cuerpo fue abandonado por sus agresores en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, en 2017. En ese mismo año, Valeria de 11 años abordó una combi en Nezahualcóyotl, pero nunca llegó a casa. Las investigaciones revelaron que su agresor, el chofer del transporte, la había agredido sexualmente, le rompió el cuello y dejó su cuerpo dentro del vehículo.
Similares a estos casos se encuentra el de Valeria Moreno de 12 años, quien en 2018 salió a la tienda, pero fue interceptada por su agresor, el cual abusó de ella y la asesinó; Angela de 18 meses de edad, quien fue asesinada a golpes y agredida sexualmente, su cuerpo fue encontrado en una una maleta en 2015, en la colonia Juárez de la CDMX; Dayana Esmeralda Fierro de cinco años, secuestrada y asesinada, en 2017 en Sinaloa; entre otros casos más, que visibilizan que la violencia feminicida siempre ha atacado a las mujeres sin importar su edad.
Esta violencia feminicida, dijeron las expertas, conlleva a que las menores de edad padezcan otro tipo de agresiones, como ser desaparecidas. De las 94 mil víctimas desaparecidas en México hasta el día de hoy, 16 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes. De este porcentaje, 8 mil 639 son niñas y adolescentes, es decir 55 por ciento.
“Lo que vemos es una tendencia preocupante en el país ante el aumento de las mujeres desaparecidas, que se concentra entre los 15 y 19 años de edad. Estas niñas y adolescentes deben tener un marco protector que haga que ellas puedan desarrollar vidas libres de violencia, al paso que vamos en las cifras, es posible que la cifra incremente aún más”, agregó la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Chica.
Frente a este panorama, la Comisionada Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que es necesario poner en el centro a las menores de edad dentro de la problemática del feminicidio para así disminuir la normalización de esta grave violencia contra ellas, definir estrategias enfocadas en ello, y combatir los entornos que propician que sean agredidas de diversas formas.
“Las construcciones estructurales de México, pobreza, discriminación, explotación sexual, iniquidades, desapariciones, migración, entre otras, genera que las menores sean víctimas de violencia debido a su género. Se tiene que visibilizar esto enfocado en las niñas, pues son los antecedentes a un feminicidio. La impunidad es altísima en México, esto debemos pensarlo como desafío”, detalló Arosemena.
Enfatizó que las autoridades mexicanas tienen como obligación aplicar los estándares internacionales y nacionales de protección hacia menores de edad, utilizar la perspectiva de género en los asesinatos de niñas y adolescentes, reconocerlas en su condición como personas, respetar sus Derechos Humanos, y permitir su acceso a la justicia a fin de que su capacidad de opinar sobre su vida sea escuchada. “A las niñas hay que empoderarlas para que asuman ese papel protagónico”.
Arosemena agregó que para fortalecer su participación en la sociedad es importante que las menores de edad tengan acceso a la información, intervengan en la toma de decisiones, defiendan sus derechos y formen parte del debate. “Cuando todas hablamos de la importancia de tener acceso a la justicia antes de un feminicidio hablamos de que el Estado debe tener un sistema de justicia con los estándares que acabamos de decir muy claros en sus cuerpos normativos y en la capacitación de sus autoridades”, finalizó.
Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, resaltó que los asesinatos violentos contra menores de edad se caracterizan de patrones, ya que en muchos casos primero son desaparecidas, y después halladas asesinadas, como es el caso de Fátima de 15 años, quien fue privada de la libertad y violentada sexualmente en 2017, en la entonces delegación Gustavo A. Madero y encontrada sin vida en el Estado de México más tarde.
A este hecho, dijo Estrada, se le suma el de Fátima de siete años, la cual fue secuestrada y asesinada en Tláhuac en 2020 o el de Renata, asesinada en 2020. “Estos casos muestran patrones, como que las niñas que abordaron un transporte público fueron desaparecidas, que sufrieron violencia sexual y padecieron actos brutales para ser sometidas, sin embargo sólo algunos estados tipifican agravantes en el delito de feminicidio si la víctima es menor de edad”, agregó.
Las autoridades siguen sin reconocer, comentó Estrada, los asesinatos violentos de menores de edad como un feminicidio porque prefieren investigar estos casos bajo otras figuras jurídicas, minimizan los hechos o no generan las medidas de protección, a pesar a pesar de que sus agresores casi siempre son familiares cercanos a ellas, lo que resulta en la invisibilización de la problemática del feminicidio hacia este sector de la población.
Estrada resaltó que “las autoridades piensan que la edad excluye el factor de género, sin que exista ningún tipo de interseccionalidad entre ambos, lo que provoca que este tipo de feminicidio sean clasificados como otros delitos y provoca que la investigación se omisa en verificar si existen razones de género en el momento en el que sucedieron los hechos, ocasionando investigaciones negligentes y con resultados de impunidad”.
Para la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, las autoridades tienen que considerar el contexto en el que se genera la violencia contra las menores de edad para garantizar su seguridad, detener las agresiones y evitar los casos de feminicidio, por ejemplo, las menores de edad en situación de pobreza o migración se encuentran en mayor riesgo de ser víctima de este tipo de delito.
Actualmente 40 por ciento de las y los menores de edad, detalló Hernández, viven en la pobreza; 9.3 en pobreza extrema; una de cada tres niñas adolescentes no ha podido asistir a la escuela ni una sola vez; y 62 por ciento no tienen acceso a seguridad social. Esta crisis económica aunado a la pandemia, implicó que cerca de 1.3 millones personas cayeran por debajo de la línea de la pobreza, lo que ha afectado en específico a las menores de edad.
“Estos riesgos que van derivando de la situación de pobreza hacen que a su corta edad hay una falta de garantía por parte del Estado a tener un entorno que pueda mantenerlas libres de cualquier tipo de violencia. Muchos riesgos que enfrentan las niñas y adolescentes tienen que ver con esa necesidad de encontrar trabajo así como de acompañar al trabajo de sus hogares o en el campo. Estos datos nos dan cuenta de la pirámide existente en el país”, declaró Hernández.
Para las expertas algunos pasos a seguir es promover una cultura de la no violencia, verificar que las autoridades estén capacitadas, impulsar el ejercicio de los Derechos Humanos, informar acerca de esta problemática, generar datos desglosados por edad y sexo, crear redes de apoyo, fortalecer el actuar de las organizaciones civiles y homologar el delito de feminicidio con agravantes en caso de que las víctimas sean menores de edad, en todos los Códigos Penales del país.
21/AEG/LGL
Organizaciones piden alto a detenciones de niñas y niños migrantes
Por La Redacción
Escrito por La Redacción
Ciudad de México. Organizaciones internacionales y nacionales defensoras de Derechos Humanos llamaron a poner un alto a las detenciones ilegales de la niñez migrante y proteger y respetar sus derechos, ya que de enero a septiembre de 2021 se registraron 39 mil 76 detenciones de menores de edad migrantes, según datos de la Secretaría de Gobernación.
En un comunicado, organizaciones como Asylum Access México, International Detention Coalition (IDC), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Kids in Need of Defense (KIND) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) detallaron que, sin importar la situación migratoria de las y los niños, es necesario proporcionarles seguridad y reivindicar su voz como personas sujetas de Derechos Humanos.
Desde las reformas sobre niñez migrante de 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración reconocen que niñas y niños no deben ser detenidos ni alejados de sus familias. Sin embargo, la violencia hacia esta población ha incrementado, lo que a decir de las organizaciones demuestra que el camino por recorrer aún es extenso.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de enero a septiembre de 2021 se registraron 39 mil 076 eventos de detención de niñez y adolescencia, 21 por ciento del total de detenciones, mientras que, en el mismo periodo, pero de 2020, fueron 8 mil 185.
Las organizaciones expusieron que es importante que se reconozca el interés superior de la niñez, el contexto en que viven y la situación en la que se encuentran, para así identificar sus necesidades y que las autoridades les brinden un futuro próspero, con acceso a educación y salud, y donde su vida no corra peligro. Agregaron que las deportaciones ilegales no son las solución para frenar el flujo migratorio.
“Bajo ninguna circunstancia garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes se debe entender como deportación inmediata a su país. En un año ha habido grandes avances, sin embargo las cifras de niñas, niños y adolescentes migrantes continúan en aumento, por lo que el compromiso y trabajo conjunto debe ser la constante, exigiendo que se cumplan las leyes, se brinde apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y se generen estrategias que garantice la protección de esta población”.
De enero a septiembre de 2020 alrededor de 8 mil 185 menores de edad fueron detenidos y deportados a sus países de origen, cifra que evidencian que los gobiernos deben construir un modelos de atención migratoria efectivo, en el que los Derechos Humanos y la perspectiva de género estén al centro y se fortalezca el actuar de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los equipos multidisciplinarios.
Las organizaciones concluyeron que estos y otros cambios, como que exista un mayor compromiso por parte de las instituciones gubernamentales, trabajo continuo con las organizaciones de la sociedad civil, participación del poder legislativo y demás instancias en favor de los derechos de la niñez, así como optimizar los protocolos de protección, son indispensables para garantizar un mejor trato para la niñez migrante.
Cabe recordar que desde agosto de 2020, diversas caravanas de personas migrantes han salido de países centroamericanos para ir a Estados Unidos. En su camino para buscar mejores oportunidades para sus hijas e hijos quedan varados en México, debido a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha dado respuesta a sus solicitudes de refugios, resultado de la falta de personal y presupuesto con el que cuenta este organismo.
En consecuencia, las y los migrantes han caminado con los pocos artículos que pueden portar y en su recorrido han sido violentados por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes , de acuerdo con organizaciones civiles, ejercen fuerza excesiva y violencia sexual y obligan a las personas migrantes a abordar el transporte para ser deportados hacia Guatemala y Honduras, sin notificar a sus consulados.
En los últimos meses, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras, han denunciado antes medios de comunicación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias el mal actuar del INM y de la Guardia Nacional. No obstante, no se ha sancionado a ninguna persona responsable de las agresiones.
En contraste, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en una de sus mañanera que en “su administración sí se respetan los derechos de las y los migrantes”, mientras en octubre de 2020 las organizaciones denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el “país se encuentra en una crisis migratoria que se agravó por la violencia y la pandemia”.
21/AEG/AGM
Amenazas y difusión de información personal, violencia digital más frecuente: Luchadoras
Escrito por Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México.- Las plataformas de internet deben mejorar sus respuestas y políticas de uso, además de brindar a todas las mujeres información, herramientas y alternativas para atender la violencia que experimentan en el ámbito digital, señaló el colectivo feminista «Luchadoras».
La colectiva feminista, Luchadoras, presentó este 17 de noviembre su informe “Frente al amor tóxico virtual. Un año de la Línea de Apoyo contra la violencia digital”, cuyo fin es contribuir a que las mujeres identifiquen la violencia digital y busquen ayuda para salir de esos espacios.
Durante la presentación virtual, las integrantes de Luchadoras explicaron que este informe presenta los hallazgos tras un año de implementar una Línea de Apoyo para mujeres que viven violencia digital. De acuerdo con la colectiva, las agresiones en el espacio virtual tienen sus bases en la violencia de género y tienen impactos profundos en la vida de las víctimas, desde limitar su desarrollo en su escuela o trabajo, hasta orillarlas al suicidio.
Para las defensoras Alicia Reynoso y Mariel Dominguez, ambas de Luchadoras, la violencia en línea tiene como fin la vigilancia, el control, la coerción o la manipulación para así hacer daño. En particular, señalaron, este tipo de agresiones contra mujeres se dirigen a ejercer una violencia sexual digital, esto incrementa las desigualdades de poder y genera nuevos riesgos. “Lo que es virtual es tan real como cualquier otra forma de violencia”, expresó Mariel Domínguez.
Reynoso y Domínguez dijeron que la “Línea de Apoyo” inició sus actividades en 2020, a través de seis canales: valoración del caso y sus necesidades; orientación o información sobre posibles rutas de actuación; acompañamiento de emergencia y contención emocional; acompañamiento en el reporte de contenidos en redes sociales; vinculación o canalización con organizaciones o instancias públicas; y escalamiento de casos específicos con plataformas de redes sociales a fin de dar un servicio personal y cálido a las víctimas.
De enero a diciembre de 2020, señalaron, recibieron 470 solicitudes de apoyo por violencia digital, de las cuales 424 fueron de mujeres, la mayoría de ellas jóvenes y algunas de más de 40 años de edad. Del total de casos, 85 por ciento ocurrieron en México y el resto en países como Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Chile. De acuerdo con Luchadoras, las víctimas no suelen buscar ayuda, por lo que existe una subregistro sobre esta problemática.
Reynoso y Domínguez precisaron que las 424 solicitudes de apoyo que recibieron por parte de mujeres, 30 por ciento fueron por amenazas, 29 por ciento por difusión de información personal o íntima, 12 por ciento por acoso, 7 por ciento por acceso o control no autorizado, 6 por ciento por extorsión, 4 por ciento por control y manipulación de la información, 3 por ciento por suplantación y robo de identidad, 2 por ciento por expresiones discriminatorias, 2 por ciento por desprestigio, y uno por ciento por monitoreo y acecho.
Estas agresiones, añadieron, son prueba del recrudecimiento de la violencia de género contra las mujeres durante el confinamiento por la Covid-19. En este contexto y ante la ausencia de asesoría en las instituciones de justicia, las víctimas optaron por cerrar sus perfiles en las plataformas como estrategia de protección. Por esto, 31 por ciento de las solicitudes recibidas a la línea de ayuda fueron requeridas por una amiga de la víctima, 17 por ciento por un familiar, 14 por ciento por alguien conocido, y 6 por ciento por un novio o novia.
Las expertas en derechos de las mujeres señalaron que 50 por ciento de los agresores usaban apodos, perfiles falsos o el anonimato, 32.7 por ciento fueron las exparejas, 36.4 por ciento fueron personas conocidas e identificadas por la víctima, 13.6 por ciento fue alguien desconocido y 4 por ciento fueron compañeros de trabajo o de estudios.
“Esto quiere decir que una de las consecuencias inmediatas de la violencia digital es que aumenta directamente la brecha de acceso y participación de las mujeres en las tecnologías, por lo tanto las redes de confianza representan una oportunidad de ayuda”, agregó Mariel Domínguez.
Con la llegada de la pandemia en todo el mundo, dijo Luchadoras, la comunicación, los encuentros personales, familiares y sociales, el trabajo y otras situaciones se trasladaron al espacio digital, lo que permitió que la violencia en este ámbito creciera, en específico la violencia sexual contra mujeres ejercida por hombres durante videollamadas, por quienes tomaron el control de la función video para mostrar contenido pornográfico no solicitado o para llevar acabo escenas sexuales en vivo como masturbación.
De acuerdo con datos del informe, 65 por ciento de la violencia ocurre en Facebook, 13.2 por ciento en Whatsapp, 9.28 por ciento en Instagram, 6 por ciento en Twitter, 2.5 por ciento en correo electrónico, 7 por ciento en Telegram, 2.8 por ciento en sitios pornográficos, y 3 por ciento en Apps de citas. En estas plataformas se concentran las amenazas de difusión de contenido íntimo, intervención de comunicación para la obtención de contenido y suplantación de identidad o perfiles falsos.
En opinión de ambas defensoras, este panorama evidencia la falta respuesta pronta y alternativas por parte de las instituciones de justicia y de las plataformas para hacerle frente a la violencia digital, pues la tecnología no brinda todas las respuestas y la atención automatizada no es precisa. Ejemplo de ello es que en 2020 registraron múltiples complicaciones, desde recibir solicitudes en idiomas extranjeros, errores en los enlaces de reporte, variaciones de los procedimientos, entre otros.
A fin de resolver estos obstáculos, dijeron, es necesario que las plataformas de internet mejoren sus respuestas y políticas de uso, además, se brinde a todas las mujeres información, herramientas y alternativas para atender la violencia digital que puede afectarles, pues las situaciones en lo digital pueden escalar a la vida personal.
21/AEG/ AJSE
Cada 34 horas es agredida una periodista en México en total impunidad
Escrito por Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México. En México cada 34 horas una mujer periodista es agredida, desde persecuciones estatales, criminalización, estigmatización, uso de poder o fuerza pública, hasta violencia física o digital, debido a su labor periodística o a su condición de género, sin embargo, la mayoría de estas agresiones queda en la impunidad ante el desinterés histórico de los gobiernos para atacar esta problemática.
Durante 2020, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó 251 casos de violencia contra mujeres periodistas mexicanas. El aumento de agresiones hacia ellas fue de un 53 por ciento de 2019 a 2020, es decir cada 34 horas una periodista fue agredida por realizar su labor informativa y 2 de cada 10 periodistas fueron sujetas a algún tipo de violencia, en particular en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Veracruz.
Al participar en el conversatorio “Voces de resistencia: por la eliminación de las violencia contra las mujeres y las mujeres periodistas”, la directora CIMAC, la periodista Lucía Lagunes Huerta, dijo que éste es el panorama que la administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador no quiere reconocer, ni trabajar, a pesar de que las cifras muestren que la violencia contra mujeres periodistas va en aumento y que existe un Mecanismo de Protección para Defensoras y Periodistas, que en 2022 cumplirá una década operando en el país.
Ejemplo de ello es la represión que vivieron periodistas que cubrieron temas relacionados con la Covid-19, las marchas feministas del 8 de marzo y el 25 de Noviembre, quienes fueron agredidas por cuestionar la gestión y declaraciones del presidente López Obrador hacia esos temas, en especifico las reporteras de la fuente de sociedad y política fueron víctimas de bloqueos de información, campañas de desprestigio, hostigamiento, entre otras violencias.
Lagunes Huerta enfatizó que el Mecanismo es necesario en el país porque durante años las mujeres periodistas no han podido realizar su labor sin el temor de ser amenazadas, intimidadas, violentadas, ya sea física, y ahora digital. Los agresores de estas acciones son diversos: jefes, compañeros de trabajo, autoridades, quienes “se sienten con el derecho de hacer insinuaciones sexuales sin que se las pidamos”, agregó.
La violencia digital contra mujeres periodistas, de acuerdo con lo documentado por CIMAC, ocurre en 3 de cada 10 casos, de los cuales 51 por ciento sucede por medio de Twitter, sin embargo, la violencia institucional es el espacio en donde más acontecen las agresiones, con un 43 por ciento, mientras que la violencia comunitaria ocurre en un 28 por ciento de los casos. Los ataques provienen un 26 por ciento de la población civil, un 5 por ciento de funcionarios federales, un 22 por ciento de funcionarios estatales y un 18 por ciento por funcionarios municipales.
En opinión de Lagunes Huerta, aunque estas cifras visibilizan un poco cómo, dónde, y quién violenta a las mujeres periodistas, aún hay una cifra negra sobre ello, ya que no todas las comunicadoras cuentan con apoyo o una red que las sostenga y respalde para denunciar, o la violencia está tan normalizada que no es perceptible, no obstante, el camino a seguir es tratar de poner esta problemática en la luz.
Por su parte, la editora de “la Cadera de Eva”, Diana Juárez Torres, comentó que el documental “No callarán nuestras voces” de Yennué Zárate Valderrama, muestra que la violencia hacia periodistas en México es “descarnada”, pero las mujeres lo viven doblemente “desgarrador” por estar en el periodismo y por ser mujeres, en un sistema patriarcal, donde los medios de comunicación representan una herramienta para administrar el poder de los hombres sobre las mujeres.
“En este documental me llamó mucho la atención los comentarios, sobre todo el de la directora de la “Agencia Fronteriza de Noticias”, Dora Elena Cortés. Ella contaba que en un inicio nadie valoraba su trabajo, que no sería capaz de llevar a cabo su profesión. Hasta hace poco comenzamos a registrar este tipo de violencia contra las periodistas, pero antes no, porque se había normalizado”, detalló Juárez Torres.
Lagunes Huerta reiteró que antes era más común que las “periodistas silenciaran las violencias que estaban viviendo porque no querían ser estigmatizadas como las que se quejan de todo, todo el tiempo, esto les dio una carga enorme porque estaban viviendo la violencia de una soledad sin poder decirle a nadie ni siquiera a sus familias, por eso empezamos a hablar de lo importante que era romper el silencio”.
Ambas especialistas en el tema coincidieron que es importante nombrar y registrar la violencia que viven las mujeres periodistas para así evidenciar esta problemática al mundo y entre ellas mismas tejer redes de apoyo, de comunicación, de protección y espacios para que su labor sea reconocida y difundida a fin de posicionar su voz en el contenido de la información.
21/AEG/LGL
Falta de control sobre uso de armas de fuego propicia incremento de asesinatos de mujeres
Escrito por Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México. Los asesinatos violentos de mujeres con armas de fuego pasó de tres de cada 10 en 2016 a seis de cada 10 en 2020 en México debido a que no existe un control o registro sobre cuántas armas extranjeras son importadas a este país de manera ilegal, las políticas públicas enfocadas en ello son ineficientes, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no informa en qué, cómo o dónde son utilizados los dispositivos adquiridos legalmente.
Estas irregularidades, comentaron especialistas en el tema durante el programa “Análisis Feminista” de Radio Violeta, conllevan a que exista un vacío de información que no permite desarrollar estrategias efectivas, impulsa a que los asesinatos de mujeres con armas vayan en aumento y permite que estos crímenes queden en la impunidad porque no se puede identificar si los dispositivos son o no ilegales o quiénes los usan.
Enfatizaron que se estima que nueve de cada 10 armas no están registradas ante la Sedena y aunque la adquisición de armas está controlada en México ( las personas deben ser mayores de 18 años y cumplir con ciertos requisitos), no hay un seguimiento de qué forma son empleadas, en qué lugares, si ha salido del domicilio registrado, si tiene o no municiones o porqué los permisos son o no renovados, por lo que estos dispositivos se han convertido en el medio para asesinar mujeres en la vía pública y dentro de los hogares.
“En las escenas de los crímenes en México, muchas de las armas que se han resguardado provienen de Estados Unidos y no estaban registradas. Esto es un grave problema porque no hay una certeza de cifras sobre este tema, por ejemplo, en Guanajuato más del 85 por ciento de los asesinatos contra mujeres son con armas de fuego, entonces, es algo que se tienen que abordar sí o sí”, declaró la coordinadora del área de datos de Intersecta, Adriana E. Ortega.
En promedio, 10 mexicanas son asesinadas al día, seis de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, pero en Colima y Guanajuato son casi ocho de cada 10, esto se debe a la intensificación de la militarización de México, que comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, y a la creciente disponibilidad de armas, pues se estima que hay 15 millones circulando en el país, de acuerdo con datos de la investigación “Violencia de género con armas de fuego en México” de Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos.
Esta investigación evidencia que México es el sexto país con más armas de fuego en el mundo y que los asesinatos de mujeres con armas eran realizados en la vía pública hasta el año 2000, mientras que para 2007 ocurrieron dentro de los hogares. Hoy en día, las cifras se reparten en estos dos sitios y las víctimas son mujeres jóvenes que van de los 16 a los 25 años de edad.
Asimismo, la abogada de «México Unido Contra la Delincuencia», Cristina Reyes Ortíz, detalló que la militarización ha sido la estrategia de las distintas administraciones del gobierno por más de 12 años para combatir el crimen organizado sin importar los daños que se causen a terceras personas o el dinero que se gaste en ello, por ejemplo, 40.9 por ciento de las mujeres sufrieron violencia durante su detención por parte de la Marina y 20.9 por ciento por parte del Ejército, entre más militarización exista, más violaciones a los derechos hay.
Con base en su experiencia, resaltó Reyes Ortiz, cada peso que se transfiere a las fuerzas armadas para aumentar aún más su poder y el control, es un peso menos que se le invierte a medidas de protección para las mujeres, a refugios para víctimas de violencia familiar, a fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras más, y en resultado las brechas de desigualdad aumentan.
Para enfrentar este panorama, mencionó Reyes Ortiz, es necesario crear redes de apoyo para las mujeres y así ellas encuentren seguridad en estos espacios, ya que acudir con las autoridades es sinónimo de ser más violentadas, además, el gobierno debe enfocarse en trabajar la seguridad y la justicia de manera descentralizada para así atacar el uso descontrolado de armas según el contexto de cada estado.
Por su parte, Adriana E. Ortega dijo que es importante supervisar cómo funcionan las Fiscalías de los estados, ya que existen casos donde se negó la atención a las mujeres porque habían sido amenazadas o agredidas con un arma de fuego, lo que las deja aún más desprotegidas, por ello desean crear mesas de diálogo con las instituciones de gobierno para abordar esta problemática.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 24 mil 264 mujeres reportaron haber sido lastimadas con un arma de fuego en 2015. En esa misma fecha, poco más de un millón fue agredida con armas en su comunidad, 102 mil 424 mujeres en su ámbito familiar (los agresores fueron padre o hermanos), 12 mil 032 en el espacio escolar y 42 mil 4874 en el entorno laboral.
Nueve años sin justicia por feminicidio de Karla Pontigo
Durante la segunda parte del programa se abordó el feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto ocurrido en San Luis Potosí. En entrevista, la abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y quien lleva el caso, Yesenia Valdez Flores, explicó que están en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación conforme a los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, en el amparo en revisión 1284/2015.
Este amparo, explicó, justifica la intervención de la FGR toda vez que ésta es integrante del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres, esto con el fin de que el caso pueda ser resuelto, acceda a la justicia, los culpables sean castigados y se realice una investigación con perspectiva de género, ya que en 9 años no ha habido avances con las autoridades de San Luis Potosí.
“Las autoridades manipularon el caso, en particular los funcionarios que tomaron primero la investigación, esto para beneficiar a una o varias personas, y no hicieron su trabajo, en lugar de ello hicieron notar ante un juez que el feminicidio de Karla era un accidente. Durante todo este tiempo se ha denunciado que había irregularidades en el caso, pero, se tipificó como un homicidio culposo”, detalló Valdez Flores.
En su opinión, este actuar de las autoridades impulsa a que más mujeres sean asesinadas porque (las autoridades) no cumplen con su deber de eliminar, prevenir ni detener la violencia contra ellas, en cambio, ayudan a que los agresores queden en libertad y contaminan el sistema de justicia. “Me parece que estamos en un punto importante para exigir que se deje de manipular los casos de feminicidio en el país”, añadió.
Por su parte, la madre de Karla, María Esperanza Lucciotto, señaló que “es muy importante para nosotros que la FGR atraiga el caso porque aquí en San Luis Potosí hay muchos conflictos de intereses, por lo que no puede ser que un fiscal pueda ser juez y parte. Entonces, no nada más para el caso de Karla, sino para todas las mujeres”.
Valdez Flores comentó que aunque no hay un plazo establecido para que la FGR atraiga el caso, deberá realizar una investigación expedita y con perspectiva de género para que la familia pueda acceder a la justicia después de nueve años.
21/AEG/LGL
Venta de niñas debe considerarse un tema urgente en agenda del gobierno, afirma experta
Escrito por Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México. Es necesario que la práctica de “venta de niñas” deje ser normalizada en todo México porque aumenta el riesgo de que sean víctimas de trata de personas, renta de vientres de alquiler, explotación sexual, y promueve la visión que su cuerpo es una “mercancía”, lo que repercute en que no puedan ejercer sus Derechos Humanos, tener un desarrollo personal, autonomía económica o oportunidades laborales, reflexionó la directora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las mujeres en Guerrero, Viridiana Gutiérrez Otelo.
Al participar en el programa de radio “Análisis Feminista” de Radio Violeta, Gutiérrez Otelo detalló que la “venta de niñas” no es una problemática que sólo suceda en Guerrero, sino que lamentablemente ocurre en todas las esferas sociales y lugares, por ello es importante que sea considerada en la agenda del gobierno y atacarse de manera eficaz, pues la “venta de la menor” es sólo el inicio de una cadena de violencia a la que se va enfrentar de por vida, que puede ir desde la esclavitud hasta el no poder decidir por ellas mismas.
“Hemos visto muchos discursos oficiales que la esclavitud y la discriminación ha disminuido, pero me parece que están más presentes que nunca. Recuerdo que mi abuela fue pedida a ojo, es decir, le gustas a esta persona sin importar su edad y hace un acuerdo con tu familia. Los usos y costumbres se han manipulado para violar Derechos Humanos, pues de quienes estamos en mayor desventaja por supuesto, que somos las mujeres y las niñas”, señaló Gutiérrez Otelo.
En su opinión, las declaraciones recientes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no son completamente correctas porque la “venta de niñas” debería ser considerado un tema vital en la generación de políticas públicas y que los usos y costumbres no deberían transgredir los derechos de las mujeres ni de las menores de edad.
Asimismo, la conductora del programa “Análisis Feminista” y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la periodista Lucía Lagunes Huerta enfatizó que 1994 en el marco del levantamiento zapatista en Chiapas, cuando se da a conocer la “Ley Revolucionario de las Mujeres Indígenas”, se estipula que los usos y costumbres que se mantengan no pueden ir en contra de los derechos de las mujeres y que ellas tienen el derecho a elegir con quien contraer matrimonio.
Cabe recordar que el pasado 26 de octubre, López Obrador aseguró durante su “Mañanera” que “el tema de la venta de niñas en regiones de Guerrero no es un problema general para el estado y es una excepción”. Además justificó que esta problemática no estuvo en la agenda de su gira en Guerrero debido a que “es que estoy atendiendo lo general, lo que estoy atendiendo es fortalecer lo comunitario, el que se reconozca la importancia de los pueblos indígenas”.
Después de lo sucedido, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró en medios de comunicación locales que el “matrimonio infantil” en Guerrero es una práctica que se ha convertido en abusos contra las menores de edad que son opacos bajo “costumbres” en una entidad que cuenta con dos Alertas de Violencia de Género, una por feminicidio para ocho municipios en 2017 y otra por agravio comparado contra los derechos de las mujeres en 2020.
Ante este panorama, Gutiérrez Otelo expresó que en la “venta de niñas” están relacionadas autoridades y negocian con los gobiernos para que esta prevalezca, por ello consideró que un primer paso hacia una solución sería que el presidente de México fuera firme en que esta práctica y la trata de mujeres y niñas sean eliminadas en todo el país.
Para ella es urgente un cambio cultural sobre esto para entender que “este uso y costumbre” agudiza las violencias contra ellas, y dar mayor importancia y espacio a la voz de las indígenas. De acuerdo con la organización internacional “Save The Children”, las menores de edad de entre 12 y 17 años que están casadas tienen al menos un hijo y había alrededor de 75 mil 466 adolescente casadas en 2015.
Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNICEF) estimó que una de cada cuatro niñas que se casaban siendo niñas hace 10 años continúa en ese matrimonio. Dijo que esta práctica que es generalizada, busca erradicarse para 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
21/AEG/LGL