2021 es un año en el que los retos siguen pendientes. La pandemia que llegó para quedarse nos recuerda, todos los días, que la desigualdad es una de las pestes que la humanidad ha construido y mantenido por años.
La mitad de la humanidad sabemos de los gravísimos daños que genera estas desigualdades y, por eso, cada año uno de los propósitos es dar un paso más a la igualdad. Una de estas esferas es la de participación política; la paridad es el gran reto que enfrentaremos directamente este 2021.
A punto estuvo de tener un gran descalabro al cerrar el año viejo, la paridad en gobernaturas se mantuvo al filo de la navaja, lo que es sin duda un paso histórico no solo para México sino para el mundo.
Para miles de niñas y niños esta historia irá construyendo en sus imaginarios la normalización de la igualdad.
La posibilidad de ver a mujeres y hombres competir en el mundo público por la aceptación de la población, el escuchar las propuestas de unas y otros, el mirar desarrollarse como políticas y políticos, genera en la infancia aprendizajes fundamentales que lleva a otros mundos posibles.
Será normal para ellas y ellos saberse en las mismas posibilidades. Si se mira se puede imaginar, dicen las expertas.
El regalo
Por otro lado tenemos ya el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que ejercen violencia política por razones de género, que cuenta con los dos primeros casos, uno de Querétaro y otro de Campeche. Este registro llegó como un regalo adelantado de las Reinas Magas, quienes otorgan a la democracia un instrumento más para seguir fortaleciéndose.
Este Registro Nacional que vio la luz pública el último mes del año 2020, gracias a la tenacidad de muchas demócratas que empujaron para que se cuente con instrumentos institucionales, evidencia la violencia política contra las mujeres que limita y obstruye el ejercicio pleno de su derecho a participar en la vida pública del país.
Es probable que se pregunten para qué nos sirve tener el registro de los agresores. Tengo algunas respuestas al respecto: en primer lugar, para saber quiénes son y qué hicieron, ya que el registro cuenta no sólo con los nombres de los agresores, sino también el puesto que ocupan, el municipio donde ocurrió y por supuesto la agresión.
En segundo lugar, nos sirve como instrumento educativo, ya que además se incluyen los alegatos que surgen de las sentencias, los cuales están construyendo un proceso pedagógico para la ciudadanía, los partidos, los candidatos, los medios de comunicación, las autoridades electorales y las candidatas.
Por ejemplo, en el caso de Querétaro, concretamente del municipio de Colón, se analiza la frase pública dicha por el entonces presidente municipal sobre una diputada local. El análisis de la sentencia desmenuza el razonamiento que lleva a la autoridad judicial electoral a determinar en qué caso sí considera que ocurre la violencia política por razones de género y sus argumentos, y en cuales no y sus porqués.
En el caso de Campeche no solo se desmenuza sino que se muestra la línea del tiempo de la violencia política y los instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos políticos de la síndica.
El tercer elemento es que está basada precisamente en sentencias, lo cual da vida al sistema de justicia electoral y construye jurisprudencia, que permite, sin lugar a dudas, robustecer los criterios judiciales electorales con perspectiva de género para los próximos casos, que sin duda este año tendrá mucho trabajo.
Por otro lado, señala que parte de la sanción del agresor del estado de Querétaro es estar cuatro años en el Registro Nacional de Agresores, lo que no es cosa menor si se liga con la resolución del mismo INE para evitar que los agresores de mujeres sean candidatos.
Desde Campeche, la síndica de Calakmul nos da una lección de ciudadanía al haber iniciado un juicio por violencia política contra el Presidente Municipal, por todos los actos violentos que se ejercieron en su contra y que obstaculizaron el poder ejercer sus funciones. A diferencia del caso de Querétaro, como parte de la sanción es integrar al agresor al Registro Nacional por cuatro meses; desde mi razonamiento, cuatro años de registro estaría muy bien pues la agresión a la sindica es de por lo menos tres años.
Es decir, el Registro Nacional permitirá tener público a los agresores que estarán impedidos para ser considerados como hombres candidatos, lo cual abona indudablemente a que se acelere la transformación de las masculinidades violentas hacia las demócratas modernas.
Cuando estamos frente al proceso electoral más interesante que tendremos en nuestro país por la paridad en TODO, incluido gubernaturas, contar con este registro, insisto, no sólo evidencia a los agresores, sus hechos y sus sanciones, sino da la posibilidad de que quienes están acostumbrado a ejercer violencia machista sean sancionados con el impedimento de contar con una representación popular.
Representar a la población es un privilegio que debe ser honrado con las mejores prácticas políticas que son la igualdad y la no discriminación.
Así iniciamos este 2021, bienvenido sea.
21/LLH/AJSE