Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Apoya que se investigue y enjuicie a responsables
   
PEN Internacional condena espionaje a periodistas, defensoras de DH y activistas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/06/2017

En respuesta a la revelación que hizo el New York Times sobre el espionaje descubierto por Citizen Lab contra periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y activistas de México, el PEN Internacional condenó el hecho y pidió al gobierno garantizar la libertad de expresión.

En un comunicado, la organización PEN Internacional, promotora de la literatura y la libertad de expresión, solicito la protección de las autoridades mexicanas para las víctimas del espionaje cibernético, que, según el diario estadounidense y el grupo de investigación de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, habrían sido intervenidas en sus sistemas de comunicación con un malware altamente sofisticado exclusivamente comercializado a los gobiernos.

El malware fue concretamente utilizado para espiar usando los  teléfonos de sus objetivos, para registrar información personal y de trabajo, aunque este tipo de malware solamente debe de estar usado para investigar criminales y terroristas, dice el New York Times.

Dado que este tipo de malware no deja rastros de sus orígenes, es difícil saber con certeza quién lo utilizó, pero es probable que fue utilizado por el Gobierno mexicano porque el malware sólo se comercializa a los gobiernos.

Uno de los casos identificados en la investigación de Citizen Lab incluye a la comunicadora Carmen Aristegui, quien dijo en conferencia de prensa: “¿Qué pensaba hacer el presidente de la República con estos temas? [...], ¿dónde está esa información?, ¿qué hicieron con ella?”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México es Estado Parte, en su Artículo 17, define que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Igualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos defiende la privacidad y la protección de datos en su Artículo 16, señala el comunicado de PEN Internacional.

Este caso de espionaje cibernético es importante para PEN Internacional porque la asociación, líder mundial de escritores, trabajan para defender la literatura y promover la libertad de expresión en todo el mundo.

Por tanto, PEN afirma que:
1. Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente a través de los medios digitales sin temor a sufrir represalias o ser perseguidos.
2. Todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información a través de los medios digitales.
3. Todas las personas tienen derecho a que los medios digitales estén libres de vigilancia por parte del gobierno.
4. El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas están obligados por el derecho a la libertad de expresión y los Derechos Humanos.

Es por esta razón que PEN Internacional apoya la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una investigación en comunicaciones privadas y enjuiciar a los responsables de esta violación a la libertad de expresión en México.

17/EA/GG








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Con sacerdote y solo una mujer
Poder Judicial yucateco prevé acto del 8 de Marzo contrario al Estado laico
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Mérida, Yuc .- 02/03/2017

El Poder Judicial del Estado de Yucatán organizó y anunció un acto para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, que atenta contra el principio constitucional de Estado Laico, al incluir a un representante de la Iglesia en un panel de discusión y sólo a una mujer como moderadora, lo que constituye un acto discriminatorio, señalan organizaciones de la sociedad civil y feministas de Yucatán, así como de otras entidades del país, a través de un comunicado.
 
Afirman que, de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones que realiza el Estado, incluido el Poder Judicial, deben estar completamente desvinculadas de cualquier ideología religiosa para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos. Esto incluye los eventos que el Estado organiza y las voces que impulsa.
 
Además, dice, “nos parece reprobable que un Tribunal Superior de Justicia conmemore el Día Internacional de la Mujer, sin mujeres”, ya que en la mesa participarán cuatro varones y sólo una mujer como moderadora, “hecho que consideramos gravemente discriminatorio”, ya que ese día “está diseñado para reflexionar sobre los avances y los obstáculos que aún existen para el ejercicio de los derechos de las mujeres” y “es condenable que las voces de las mujeres queden fuera de este tipo de reflexiones”.
 
El panel de discusión, programado para las 13:00 horas, en el auditorio “Víctor Manuel Cervera” del Tribunal Superior de Justicia, incluye como ponentes a Marcos Alejandro Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Luis Jorge Parra, del Consejo de la Judicatura; el presbítero Raymundo Pérez; y Armando Aldana, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Ligia Cortés, fungirá como moderadora.
 
DEBEN REPLANTEAR EL PANEL
 
Un acto como el programado, agregan, “pone de manifiesto el desconocimiento de su personal sobre perspectiva de género, así como sobre los orígenes y el significado de una fecha tan relevante para las luchas históricas de las mujeres”. “Resulta igual de grave que el panel se anuncie como parte de la campaña “He for she”, lanzada por ONU Mujeres a nivel mundial”.
 
Exigimos al Poder Judicial, dicen las organizaciones, y a cualquier entidad pública, abstenerse de organizar eventos donde los hombres hablan por las mujeres”. También deben “replantear el panel del 8 de marzo para que se escuchen las voces de las mujeres yucatecas”.
 
Finalmente, reiteran, “exigimos al Poder Judicial y al cualquier entidad pública, respetar, proteger y garantizar el principio de laicidad del Estado”.
 
Firman el pronunciamiento las organizaciones AsiLegal, Centro de Apoyo solidario, Documentación y Estudios AC, Comité Conmemorativo del Primer Congreso Feminista, Ddeser, Kókay, LesVisibles, Maya sin Fronteras AC, Un una Más AC Yucatán, Yucatán Feminicida, Observatorio de Violencia Social y de Género, Unasse, Red Péeperio’ob, Red de Feministas Peninsulares y Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva AC, Estereotipas, Ala Izquierda, Equis, Gire e ILSB Género, Innovación, Liderazgo.  
 
17/RED/GG
 








ZONA DE REFLEXIÓN
DERECHOS HUMANOS
   ZONA DE REFLEXIÓN
Los guardianes del patriarcado
Imagen retomada de www.gob.mx
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2017

En agosto del año pasado, Enrique Peña Nieto advirtió que para lograr una nación más democrática, de mayores libertades, de oportunidades y realización personal, era determinante la participación e involucramiento de las mujeres.
 
Cinco meses después de su dicho, excluye por completo a las mujeres en la conmemoración de nuestra Constitución.
 
Las palabras fueron dichas, y rescatadas por los medios de comunicación, al encabezar la primera sesión pública del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿dónde quedó la congruencia del mandatario?

Imagen retomada del portal www.cdmx.gob.mx

En 2014, Miguel Ángel Mancera, al conmemorar el aniversario 61 del sufragio femenino, refrendó su compromiso político de impulsar la paridad de las mujeres en las labores de gobierno y en todos los sectores de la CDMX, donde las capitalinas actúan, dijo, como un factor de cambio determinante para el desarrollo, ¿Por qué entonces al presentar la primera constitución de la CDMX, en la que la mitad de las constituyentes fueron mujeres, no respetó su compromiso?
 
Ha transcurrido un siglo de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lapso en el cual se han realizado 699 reformas, muchas de ellas impulsadas por las mujeres para garantizar la igualdad y la no discriminación. 
 
Pese a los logros obtenidos, los guardianes del patriarcado siguen construyendo muros para impedir que la igualdad sustantiva sea una realidad y una lógica democrática. Cuándo las palabras no se honran con los hechos se cae en demagogia, la cual suelen rechazar los señores cuando vienen de otros, pero no cuando lo hacen con sus ciudadanas, las cuales están hartas de las palabrerías, de los discursos políticamente correctos, las ciudadanas exigen el respeto de sus derechos, de todos sus derechos y todo el tiempo.
 
El mayoriteo masculino excluyó al 52 por ciento de la población mexicana, a las 47 mujeres que construyeron la Constituyente de la CDMX; a las cuatro funcionarias capitalinas y a las tres funcionarias federales, a las 159 diputadas federales, a las 48 senadoras, a la presidenta en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las 284 presidentas municipales, entre otras.
 
No hay argumento que valga en la exclusión de las mujeres, la incongruencia no puede seguir siendo la lógica masculina de gobernar. Existe un compromiso en nuestras leyes con la igualdad y la no discriminación que debe ser cumplido. Las mujeres estamos en todos los espacios y no queremos ser excluidas.
 
Es probables que para los guardianes del patriarcado estos hechos no tengan mayor relevancia y que el próximo 8 de marzo volvamos a escuchar los discursos que ensalcen la presencia de las mujeres, reconozcan sus aportes y existan compromisos como los mencionados anteriormente, para ellos puede ser lo mismo, pero para nosotras no.
 
Las mujeres no podemos permitir que la demagogia masculina siga adelante, lo ganado nos ha costado mucho y tenemos que hacerlo valer.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Al ejercer su derecho expresarían problemas que enfrentan en prisión
Mujeres en reclusión sin derecho al voto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/01/2017

Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.
 
La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.
 
En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.
 
Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario  enfrentan violencia específica.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.
 
Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.
 
A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.
 
Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.
 
Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.
 
La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio.
 
Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.
 
Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.
 
La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.
 
Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.
 
Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.
 
Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.
 
17/HZM/KVR
 








Subscribe to RSS - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos