Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres

REPORTAJE
POLÍTICA
   Faltan herramientas que garanticen sus derechos políticos
   
En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Cabildean para incluirlo en periodo extraordinario
Urge ley contra violencia política de género antes de 2018: senadoras
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017
Para conseguir que en México más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, es necesario definir la violencia política de género en la ley, tema pendiente en la Cámara de Diputados que podría aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en junio próximo.    
 
Después de cinco años de propuestas y análisis y luego de que en 2013 el Senado aprobó una primera propuesta para definir este término –misma que no fue ratificada en la Cámara de Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para incluir la violencia política por razones de género en cinco Leyes Generales.    
 
Como en la primera ocasión, el reciente dictamen aprobado en la Cámara alta fue enviado a la Cámara baja para su aval. Las reformas fueron analizadas en la Comisión de Igualdad de Género y en la Comisión de Gobernación pero sólo fue ratificado por las y los diputados de la segunda por lo que no pasó al pleno para su votación.  
 
Al hacer un recuento sobre este proceso legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien participó en la dictaminarían de la iniciativa de 2013 y 2017, expone que de cara a las elecciones de 2018 las senadoras están solicitando que sea un tema a tratar en un eventual periodo extraordinario de sesiones.  
 
La senadora adelantó que ya habló con el presidente de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del Congreso, el senador Pablo Escudero, a quien le propuso que el tema de legislar la violencia política se discuta y apruebe en el periodo extraordinario que podría citarse en junio próximo; sin embargo todavía se está cabildeando este compromiso.  
 
LEY SOBRE VIOLENCIA GARANTIZARÁ PARIDAD
 
De acuerdo con Gastélum Bajo, en 2014 se logró la paridad –es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres el 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección–, un avance valioso que no puede cumplir su objetivo a cabalidad si no se blinda y si no se para, contiene y sanciona la violencia política en razón de género.  
 
Sobre la reciente reforma aprobada en el Senado, la legisladora dijo que fue una minuta muy exitosa porque se reforman cinco Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En opinión de Gastélum Bajo, para la elección presidencial de 2018, cuando también se renovarán 500 diputaciones federales y 128 senadurías, existirá la obligación de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a todos los cargos, pero no debe faltar la garantía de que las mujeres puedan participar sin que sean violentadas.   
 
“Ya pasamos de la cantidad, de que un partido salga a decir 'somos 50-50', a la garantía de una participación real de las mujeres, que les permita ganar, estar en la toma de decisiones; de eso se trata y lo vamos a hacer”, aseguró.  
 
Desde 2012, cuando se presentó la primera propuesta en el Senado, las legisladoras señalaron que las mujeres que desean participar en política como candidatas para ser parlamentarias, gobernadoras o integrantes de los ayuntamientos, son difamadas, agredidas y amenazadas por opositores y compañeros de partido que no quieren que incursionen en este terreno.  
 
RESISTENCIAS PARTIDISTAS
 
Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012 presentó la primera propuesta para reconocer la violencia política de género, destaca en entrevista que el proceso ha sido largo debido a múltiples factores porque han tenido que explicar el concepto y hacer conciencia.  
 
La senadora señaló que siguió el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, por ello se comunicó con la también priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo, Laura Plascencia Pacheco, quien en su momento le dijo que se iba a tratar de aprobar en Comisiones para después pasarla al pleno.  
 
Sin embargo la propuesta no se discutió en la Comisión presidida por Plascencia Pacheco y tampoco se trabajó en Conferencia, es decir en coordinación entre senadoras y diputadas. “Me habían dicho que sí, pero ya no se pudieron reunir y algunos, de varios partidos, señalan que fue la fracción priista (la que detuvo la reforma), sin embargo, las mujeres, la mayoría, todas, querían el tema porque lo han vivido, lo han sentido”, dijo.  
 
La senadora acotó que no tiene idea de las razones o si sólo fue falta de tiempo para no avalar la propuesta en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, pero acotó que hay resistencias de todos los partidos porque incluso avanzó más rápido la propuesta del Senado de aprobar el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja.  
 
Como la propuesta de reconocer la violencia política en la ley no se aprobó, no se podrá invocar como tal. Sin embargo, cabe mencionar que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, mantiene una denuncia ante el Instituto Electoral estatal con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016. 
 
17/AGM/GG
 
 







ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Campañas mentirosas en Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/04/2017

Cada vez más la ciudadanía y en especial las mujeres nos cansamos de los discursos que lucran con el dolor. Hoy en el Estado de México el feminicidio se volvió el tema político más lucrativo de las campañas.
 
En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida libre de violencia para las mujeres. Lejos está de hacer honor a la Ley que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política contra una candidata.
 
Lo escrito por el ex mandatario el pasado martes en su cuenta de Twitter, en donde se burla de la candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, al poner en duda la capacidad de esta política para tomar sus propias decisiones, retrata la violencia política que sigue imperando en la era de la paridad, razón por la cual se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
 
De acuerdo con el protocolo, se entiende por violencia política “todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Negarle a cualquier candidata el albedrío y reducirla a una marioneta, como aseguraban de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, es menoscabar su derecho político a participar en la vida pública; es poner en tela de juicio la capacidad de las mujeres para estar en la política.
 
En 2007, cuando anunció la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV)   Calderón aseguró  que “eliminar la violencia contra la mujer (sic) es una condición indispensable para su participación en la vida pública”, ¿será que una vez que dejó Los Pinos dejó de creer en lo que dijo?
 
MÁGICAS PROMESAS
 
De esos discursos “políticamente correctos” están llenas las campañas electorales en el Estado de México. El feminicidio se volvió el tema electoral, sin importarles el dolor de cientos de familias. No hay candidatura en Edomex que no asegure que, de ganar, terminarán con el feminicidio, así de mágico.
 
Por ejemplo el candidato priista, Alfredo del Mazo, dice que erradicará el feminicidio ¡cuando su partido ha gobernado el Estado de México durante 84 años! y durante los dos últimos sexenios se recrudeció la violencia contra las mujeres, se niega el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y, en su momento, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se defendieron con uñas y dientes para no decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
La misma entidad en donde las madres de víctimas de feminicidio, ante la falta de justicia, se han visto orilladas a ser defensoras del derecho a la vida de las mujeres, cuando una de las madres emblemática, doña Irinea Buendía, tiene que vivir protegida por las amenazas recibidas por su exigencia de justicia para su hija y todas las víctimas del odio misógino.
 
¿Cómo creerle  a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, cuando su compañero de partido y ex mandatario violenta a otra mujer y ella guarda silencio? ¿cómo creerle si cuando su partido tuvo el poder de la Presidencia no se avanzó en la erradicación de la Violencia Feminicida que hoy, dice ella, sí desterrará del Edomex?
 
Es difícil creer que toman en serio la desigualdad que viven las mujeres de Estado de México cuando escuchamos propuestas como "salarios Rosa". ¿Por qué no simplemente se comprometen a cumplir con la ley que prohíbe la desigualdad? y señala que a trabajo igual salario igual.
 
¿Cómo creerles, cuando durante 18 años ningún partido ha garantizado los recursos necesarios  para aplicar a cabalidad la Norma 046 para la atención y prevención de la violencia en el entorno familiar y de violencia sexual?
 
Creerán que las mujeres votantes, las ciudadanas, son tontas y que  frases y colores las convencerán...
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Se debe tipificar esa violencia
Acciones de los opositores a la paridad ponen en riesgo a candidatas
Imagen de saeso.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) alertó que la paridad de género ha implicado para muchas mujeres una respuesta adversa de quienes se oponen a la medida y que pone en  riesgo su dignidad, su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, por lo que pidió al Congreso de la Unión definir y tipificar la violencia política de género.
 
A propósito del Día Internacional de la Mujer, la AMCEE difundió un pronunciamiento donde señaló que en casos extremos la paridad ha implicado poner en peligro la integridad física y psicológica de las mujeres que quieren participar en política, quienes incluso pueden sufrir actos de violencia política por razones de género
 
La Asociación dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, ha registrado 156 casos de violencia política contra postulantes, candidatas, funcionarias y políticas electas en todo el país, tan sólo entre 2012 y 2016.
 
La paridad como un derecho constitucional, dicen estas autoridades electorales, ha propiciado un aumento en la participación política de las mujeres en los procesos para renovar cargos de elección popular, principalmente en las senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y planillas de ayuntamientos.
 
Si bien este avance ha permitido una mayor representatividad democrática en los ámbitos federal y local, la AMCEE rechazo la violencia política de género que generan quienes están en desacuerdo con dicho avance por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de todas las entidades federativas, para que la violencia política contra las mujeres se defina y tipifique como un delito.
 
Destacaron que las mexicanas tienen derecho a una vida libre de violencia, tal y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
 
Con base en estos instrumentos legales, las mujeres dijeron que es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para suprimir toda discriminación, así como garantizar medidas de protección, seguridad y justicia a las mujeres contra cualquier tipo de violencia en la familia, el trabajo, en cualquier ámbito de la vida social y en el ámbito político-electoral.
 
En este sentido, como asociación civil se comprometieron a difundir y aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, con la finalidad de desarrollar acciones para impulsar la sanción y eliminar los obstáculos que enfrentan en el acceso a los espacios político-electorales y en el desempeño de los cargos públicos.
 
Asimismo, dijeron que continuarán impulsando la creación de Observatorios de Participación Política de las Mujeres; promoverán seminarios de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y a darán seguimiento a los casos en los que las consejeras electorales hayan sido víctimas de violencia política.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   E investigar misoginia de magistrado
Senado solicita información sobre violencia política de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/02/2017

Ante la falta de estadísticas sobre violencia política de género, el Senado solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un informe sobre esta violencia en todo el país.
 
Este martes, el pleno del Senado de la República aprobó dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, uno para solicitar un informe sobre esta violencia, y otro para investigar al presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Manuel Sánchez Macías, por los comentarios misóginos que hizo el año pasado.
 
El dictamen aprobado indica que, de acuerdo con medios de comunicación, la FEPADE ha señalado que en las elecciones del pasado 5 de junio de 2016 se documentaron  429 asuntos relacionados con delitos electorales en 14 estados del país; se iniciaron 357 números de atención, 53 carpetas de investigación y 19 actas circunstanciadas.
 
Según esta información Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezaron la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras fueron amenazadas para que dejaran su cargo.
 
Al debatir estas iniciativas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, expuso que las políticas para erradicar la violencia política no están funcionando porque sólo las mujeres trabajan por las mujeres, así que propuso que las Comisiones legislativas se integren por 50 por ciento de mujeres y varones y que ellos también acudan a los talleres de violencia de género.
 
“No está funcionando esta estrategia pública de género en el que sólo las mujeres luchamos por las mujeres, porque ya siendo paridad siguen estando ellos en la foto, ellos en las negociaciones, ellos en las candidaturas ganadores, ellos en las presidencias de las comisiones fundamentales”, dijo.
 
La también ex candidata a gobernadora de Michoacán reclamó que cuando ellas compiten por un puesto sus compañeros las dejan solas.
 
“En nuestras campañas nuestra gente bajó los brazos, cerraron la llave, no nos acompañaron, nos pusieron a disposición y lo hicieron nuestros compañeros que están en las cúpulas de las tomas de decisiones, los que salen en la foto, y esa violencia no se ve, no se ve en nosotros, pero existe, no se ve en el trabajo cotidiano de la toma de decisiones de los que al final salen en la foto”.
 
La senadora dijo que los hombres son políticamente correctos pero en la realidad violan la paridad, por lo que invitó a sus homólogos legisladores a presentar una iniciativa de reforma que busque evitar que las mujeres sean violentadas.
 
Por su parte la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y originaria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la violencia de género provoca que mujeres con trayectoria desistan de sus actividades políticas, lo que vulnera su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.
 
En tanto que la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Itzel Ríos de la Mora, comentó que uno de los grandes pendientes que tiene la sociedad mexicana es prevenir la violencia política que afecta a las militantes en los partidos políticos y aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular.
 
LA MISOGINIA DEL MAGISTRADO
 
En otro dictamen se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del TEPJF a iniciar una investigación para determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas que el 7 de noviembre de 2016 hizo el magistrado Manuel Sánchez Macías son faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos de las mujeres y, en su caso, ameritan sanción.
 
El año pasado al participar en un foro sobre paridad de género en Tabasco, el magistrado Sánchez Macías expresó: "Yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas".
                            
Las legisladoras señalaron que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado el año pasado por organismos electorales, esta violencia comprende todas las acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
   Coahuila, Veracruz, Nayarit y Edomex
Estados, unidos para prevenir violencia política contra candidatas
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/02/2017

Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los organismos informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para abordar los casos de  violencia política contra las mujeres, en donde los organismos ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas puedan ejercer el cargo.

La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.

“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y  desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.

Sin embargo, “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”.

La consejera electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.

“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.

En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.

Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales”, señaló.

Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.

El público objetivo, dijo la magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.  

Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento, respectivamente. 

A la reunión también asistieron el titular de la Fepade, Santiago Nieto; la presidenta de la AMCEE, Gabriela Williams; la directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Soto;  representantes de la CEAV y de la Conavim así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.

17/AGM/GGQ








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