Ley General en materia de Delitos Electorales

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POLÍTICA
   Necesario modificar Ley General en Materia de Delitos Electorales
Violencia política de género impide igualdad en elecciones
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017
Es necesario modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Lorena Vázquez Correa.
 
En una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la especialista señaló que es necesario legislar la violencia política de género para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones con los varones en el ámbito político-electoral.
 
De acuerdo con el estudio, la ley en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades perseguir y sancionar estas conductas, esto llevo a que los organismos crearan el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer en 2016.
 
Al presentar el documento en el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) que se realizó en agosto en la Ciudad de México, Vázquez Correa destacó que en el Senado se han presentado 6 iniciativas en la materia y el pasado 9 de marzo se aprobó una minuta que no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.
 
Para atender los casos de violencia contra candidatas o mujeres electas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha catalogado como violencia política contra las mujeres aquellos delitos electorales en los cuales la víctima del hecho sea una mujer o cuando ellas sean afectadas de forma desproporcionada.
 
La FEPADE detectó entre 2013 y 2016, 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016; y entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia, señala la investigación.
 
Entre los casos detectados por la autoridad destacan tres en contra de los derechos político-electorales de la comunidad lésbico gay; 45 casos de violencia contra mujeres electas que estaban en funciones; y 10 casos de hechos que afectaban los derechos políticos de indígenas. 
 
17/AGM







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   Dictamen pasaría hoy al Pleno
Violencia política de género se incluirá en 5 leyes generales
Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para incluir en diversas leyes el concepto de violencia política de género | Imagen del twitter de Hortensia Aragón.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó que se defina la violencia política por razones de género en las siguientes leyes generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
De cara a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz  y a las elecciones de 2018, que podrían generar actos de violencia hacia las candidatas, esta mañana las y los diputados aprobaron sin modificaciones la minuta enviada por el Senado, pero aún falta que la Comisión de Igualdad apruebe el dictamen para que las reformas suban al Pleno de San Lázaro para ser ratificadas.
 
Con esto se avanzaría en la definición de la violencia política por razones de género, que en el dictamen quedó como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
COYUNTURA OBLIGA
 
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Gobernación, las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Roció Nahle García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron a favor de aprobar las reformas sin hacer modificaciones, pero señalaron que aún falta tipificar este delito en el Código Penal Federal por lo que dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro.
 
En su intervención, la diputada Aragón Castillo dijo que la coyuntura obliga a hacer estas reformas y hay ejemplos sobre la urgencia de legislar la violencia política. Por tanto, aseguró que para no demorar la aprobación de la minuta, sería avalada sin cambios y se dejarían fuera del debate otras iniciativas presentadas en la Cámara baja.
 
“En el PRD entendemos que sería un error meternos a la discusión y entrar a un proceso de dictaminación largo que implicaría varias consultas, que esta Comisión no estaría en condiciones de asegurar que estuviese este instrumento”, dijo la diputada perredista.
 
UN PASO MÁS
 
Con este paso, se da seguimiento a la propuesta presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012, presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir la violencia política de género.
 
La iniciativa de la senadora priista fue aprobada en el Senado, pero no fue ratificada en la Cámara de Diputados. Más tarde, con la reforma político electoral de 2014 y la derogación del Cofipe, varias senadoras y diputadas de todos los partidos políticos presentaron propuestas de reforma en el mismo sentido que la de 2012.
 
Entre los argumentos de las legisladoras para incluir este término en la ley están los casos de violencia en procesos electorales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Republica, documentó 232 casos de violencia hacia las mujeres políticas en el proceso electoral del 2014-2015.
 
Algunos de estos casos fueron el de Chiapas, donde la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada; en el Estado de México la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que tuvo un intento de secuestro.
 
En Guerrero, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue  asesinada y hallada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; otro caso fue en Sonora, cuando en abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.
 
Estos casos hicieron que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fepade elaboraran el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en marzo de 2016.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
De acuerdo con el dictamen, constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género acciones como imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función; y proporcionar información o documentación incompleta o errónea.
 
Asimismo la violencia política de género es ocultar información o documentación a una funcionaria o candidata; impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; o impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, entre otros.
 
La Comisión de Igualdad de Género se declaró en sesión permanente, por lo que se prevé que este día voten el dictamen para que sea enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.
 
17/AGM/GG








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