Legítima defensa

NACIONAL
VIOLENCIA
   Víctima de violación, actuó en defensa propia: OSC
   
Exigen a PGJDF deje de perseguir a Itzel, sobreviviente de feminicidio
Genaro Navarro y María de la Luz Hernández, padres de Itzel en conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2017

La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) inició una investigación por homicidio en contra de Itzel, adolescente de 15 años de edad, quien al defenderse del agresor que la violó sexualmente lo hirió de muerte, según denunció el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) y los familiares de la víctima.
 
Las agresiones contra Itzel ocurrieron el pasado 1 de junio de 2017, en las inmediaciones del metro Tasqueña, en la delegación Coyoacán, cuando la adolescente salió de la escuela para encontrarse con su padre, para lo cual tenía que abordar el transporte público, como relata en un video que circula en redes sociales.
 
Rumbo al paradero, Miguel Pérez Alvarado la detuvo, amenazándola con un cuchillo y la llevó debajo de un puente, donde la privó de su libertad por más de dos horas, la violó e intentó asesinarla.  
 
En el video Itzel denuncia el desinterés de automovilistas y transeúntes, a pesar de que observaron cuando era amenazada y atacada sexualmente en la vía pública donde el criminal la expuso, sin que nadie interviniera. Cuando Miguel Pérez le dijo que la asesinaría “porque lo merecía”, comenzaron a forcejear con el cuchillo que él intentó enterrarle pero este salió herido en el pecho.
 
La menor de edad logró escapar y pidió ayuda. Al lugar llegó la policía de la Secretaría de Seguridad Pública y fue trasladada al Ministerio de Público (MP) en Coyoacán,  sitio en el que no había  una médica especializada para atender a víctimas de violencia sexual, por lo cual fue trasladada a otra unidad ministerial en la colonia Vallejo, al norte de la ciudad.
 
En Vallejo, las autoridades del MP le dijeron que no podían atenderla y la enviaron a la colonia San Jerónimo, donde nuevamente se negaron a darle el servicio. Hasta que fue trasladada y atendida en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de las instalaciones de la PGJDF, en la delegación Cuauhtémoc. Para ese momento ya habían pasado más de 24 horas desde que Itzel fue víctima de violación.
 
PGJDF PERSIGUE A LA VÍCTIMA
 
Los familiares de Itzel y representantes legales del caso, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez, señalaron en conferencia de prensa que el futuro de la joven de 15 años está por definirse, pues dos días después de la agresión le notificaron que el criminal había muerto, por lo que la PGJDF abrió una denuncia en contra de la niña.
 
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Hasta esta mañana los  abogados dijeron no tener acceso a la carpeta de investigación por homicidio doloso (con número CI-FLI/COY-2/01/000968/06-2017). Sin embargo, horas después del pronunciamiento de la familia, la Procuraduría capitalina informó en un comunicado que derivado de la investigación determinó que la menor de edad “queda libre de toda responsabilidad“.
 
Previo al anuncio de la autoridad, la abogada especializada en perspectiva de género, Karla Micheel Salas, explicó que no hay posibilidades de castigo por el delito de violación sexual ante la muerte del agresor y además dijo que cuando se cerró esta investigación, que contiene los peritajes y la mecánica de lesiones, también se debió cerrar la indagatoria por el delito de homicidio doloso.
 
Sin embargo, la defensa legal de Itzel señaló su preocupación por que hasta esta mañana la PGJDF aún no cerraba la investigación donde se inculpa a la joven; por el contrario, este martes personal de la dependencia les informó que se conformó un grupo especializado para investigar el supuesto homicidio del criminal, por lo que la Procuraduría podría llevar a proceso a Itzel.
 
“El cierre de esta investigación tuvo que ser en menos de 48 horas”, denunció la abogada Micheel Salas, ya que insistió en que la autoridad contaba con todos los elementos de prueba y dictámenes para confirmar el ataque sexual del que fue víctima la menor de edad. En caso de que la investigación por homicidio continúe, dijo, será responsabilidad del Poder Judicial determinar si procede o no la denuncia.
 
UN AMPARO PARA CONOCER EXPEDIENTE
 
En la conferencia de prensa, el abogado David Peña dijo que esperaban que la PGJDF se pronunciara para informar el cierre de la investigación por homicidio, en tanto, la defensoría interpuso recurso de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal para conocer el estatus de la carpeta de investigación por homicidio.
 
Además, los abogados del Gadh presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por el caso, por la actuación de la Procuraduría local y la atención que da a las víctimas de delitos sexuales. “Lo que nos urge ante el contexto de hostigamiento de la Procuraduría, es resolver la situación jurídica de Itzel”, señaló David Peña.
 
Asimismo también se buscaría medidas de protección para Itzel y su familia, ya que han recibido amenazas por parte de amigos y familiares de Miguel Pérez Alvarado. Esto ha ocasionado que  la menor de edad deje de  asistir a la escuela y mantiene en “zozobra a la familia”, dijo la madre de Itzel, María de la Luz Hernández.
 
“Mi hija estaba defendiendo su derecho a la vida y ahora la Procuraduría está diciendo que es culpable”, señaló.  
 
PGJDF INCUMPLE CON PROTOCOLO DE ATENCIÓN
 
Luz Hernández también denunció los malos tratos a los que fue sometida su hija al presentar la denuncia. En la Agencia Especializada en Delitos Sexuales del llamado “bunker”, no le brindaron la atención médica y psicológica inmediata, que incluye la administración de anticonceptivos de emergencia y antirretrovirales, así como la contención emocional, tal como lo indica la normativa de actuación de la PGJDF (acuerdo A/002/2005).
 
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Por el contrario, le dijeron que primero tenía que hacer la declaración, luego podrían proceder a la atención médica. Sin embargo, en esta unidad especializada no contaban con anticonceptivos de emergencia por lo que ellos fueron los encargados de comprarlos, denunció la familia.
 
“El área de atención a víctimas no está cumpliendo con los protocolos ni con la ley”, indicó Karla Micheel, “tenemos un marco jurídico que debe proteger a las víctimas de violencia sexual, donde indica en su protocolo que deben ser trasladada al médico y dar contención emocional”, nada de esto le fue brindado a Itzel.
 
Las negligencias continuaron en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) donde ayer se presentó Itzel. Ahí, la psicóloga que la atendió le dijo que era mentira que su agresor estaba muerto y que “se pusiera hacer algo, que no fuera floja”, relató la madre.
 
Estos malos tratos y la falta de personal capacitado para atender a víctimas de violación sexual en las instancias de la PGJDF, como las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y el Centro de Terapia (CTA) han sido constatados por Cimacnoticias a través de una investigación especial.  
 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN EN LA CDMX: CASO YAKIRI
 
Las acusaciones contra Itzel, pese a ser la víctima, presentan similitud con otro caso reciente dentro del sistema de justicia capitalino: el de Yakiri Rubí Rubio Aupartuna joven de 20 años de edad, quien se defendió para evitar ser asesinada después de ser víctima de violación en diciembre de 2013.
 
La PGJDF acusó a la joven  de “homicidio por exceso de legítima defensa”, por lo que fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, y después en Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Un año después, salió libre por las exigencias y la defensa jurídica de organizaciones civiles y su familia.
 
El padre de Yakiri, José Luis Rubio, quien a raíz de la vivencia con su hija ahora acompaña a víctimas de violencia sexual, ahora incluida Itzel, destacó en la conferencia de prensa sobre este último caso que lo sucedido con su hija tuvo que ser el paradigma para que la PGJDF no volviera a perseguir a víctimas de violación que actúan en defensa propia.
 
Esto, dijo, lo estableció el CDHDF, quien en escrito jurídico determinó que, en el caso de Yakiri, la Procuraduría ignoró tratados internacionales y violentado los Derechos Humanos (DH) al acusarla del homicidio de su agresor.
 
Cabe destacar que la Ciudad de México se inician, en promedio, al día dos carpetas de investigación por violación sexual. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) tan sólo de 2014 a febrero de 2017, en la capital se abrieron mil 872 investigaciones por violación.
 
17/HZM/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Familias y OSC luchan por revertir fallas y misoginia de autoridad
   
PGJDF y su perversa práctica contra víctimas de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG








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