La justicia mexicana será puesta de nuevo en tela de juicio el próximo 20 de octubre cuando tenga lugar una nueva audiencia sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (370 según un reporte de Amnistía Internacional), mientras continúa –sin resultados- el trabajo hormiga de varias comisiones, mesas o fiscalías para el caso.
El trabajo de ocho grupos continúa con resultados dispares o nulos. Las llamadas mesas, comisiones o fiscalías, y más recientemente un comisionado o comisionada especial, cargo anunciado el pasado uno de septiembre por el presidente Vicente Fox durante su Tercer Informe de Gobierno.
La candidata más sonada para tal puesto es Clara Torres, actualmente asignada por la Secretaría de Gobernación (Segob) para hacer un acompañamiento a las familias de algunas de las asesinadas y las cuatro mil desaparecidas, esta última cifra de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La designación de Clara Torres, nacida en Ciudad Juárez y activista en diversas organizaciones de apoyo a la comunidad de esa ciudad, fronteriza con Estados Unidos, aún no está confirmada por la Segob, pero tampoco está desmentida.
Para Marisela Ortiz, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien en numerosas ocasiones ha sido atacada verbalmente y hostigada por el gobierno del estado de Chihuahua, existe una buena colaboración con Clara Torres en algunas gestiones ante instituciones oficiales para las familias de las víctimas.
Por otra parte, 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) arribaron el pasado miércoles para iniciar la segunda fase del Programa Integral de Seguridad Pública anunciado el 22 de julio de este año y que, de acuerdo con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, ha reducido ya la delincuencia general en 14 por ciento.
De acuerdo con datos de la prensa de Chihuahua, con la llegada de los 700 elementos, suman en la ciudad dos mil 574 integrantes de cuerpos de seguridad, entre agentes federales, municipales y oficiales de Tránsito.
Pero más allá de las cifras citadas por Creel en todos los eventos y conferencias de prensa desde mediados de agosto, la Segob ha incumplido el compromiso de informar mes con mes sobre los avances del Programa Integral de Seguridad Pública, lanzado con bombo y platillo en Ciudad Juárez y seguimos oyendo el famoso 14 por ciento menos de criminalidad.
EDUCANDO A LAS AUTORIDADES
En tanto, como parte del Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevó al cabo del 25 al 30 de septiembre un seminario sobre derechos humanos en la Fiscalía Mixta de Homicidios de Mujeres en dicha localidad.
Mientras tanto, trabaja sin mayores avances la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer y la Familia, impulsada desde noviembre del 2001 por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las policías y procuradurías federales y locales, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el Parlamento mexicano y la sociedad civil.
Para Patricia Espinosa Torrres, presidenta del Inmujeres, que pidió desde el principio la atracción de los casos por la Procuraduría General de la República (PGR), es necesario esperar los primeros resultados. Al momento la PGR analiza 14 expedientes que podrían vincular al tráfico de órganos.
La Mesa de Diálogo Técnico Jurídica, medida emergente para las familias de las víctimas desde hace un año –cuando se abrió el 23 de septiembre del 2002–, no ha podido lograr la apertura de expedientes, según los informes de activistas y funcionarios que participan en ella.
De su lado, la Mesa Interinstitucional de Derechos Humanos –dependiente de la Segob, en la que se reúnen todas las secretarías y las organizaciones civiles—a la fecha no ha hecho pronunciamientos sobre el caso.
En Ciudad Juárez, el nuevo Instituto de la Mujer de Chihuahua, con Victoria Caraveo a la cabeza, se ha abocado a destinar apoyos económicos para algunas de las madres de las víctimas.
Sin embargo, hay que señalar que esta institución no reconoce como víctimas –y por tanto sujetos de apoyo y justicia—más que a los 92 asesinatos seriales con violencia sexual reconocidos por el gobierno de Chihuahua y deja de lado a los familiares de cuatro mil desaparecidas y el resto de las asesinadas.
Para la abogada feminista Isabel Vericat, quien desde la organización Epikeia ha dado seguimiento y apoyo a las familias, «el gobierno de Chihuahua trabaja con más empeño en coptar a las madres que luchan» que de hacer justicia.
PRESION A LOS FAMILIARES
En entrevista, Marisela Ortiz enlistó a Cimacnoticias tres nuevas agresiones a las familias de las víctimas, así como campañas permanentes de hostigamiento mediante presencia policial al frente de sus domicilios. Todo ello además de las acusaciones del gobierno de Chihuahua a Nuestras Hijas de Regreso a Casa por supuestos desvíos de fondos.
Sobre todo lo anterior tendrá que informar una delegación de los gobiernos federal y estatal de Chihuahua el próximo 20 de octubre ante la CIDH, que ha tomado el caso como un paradigma de la violencia de género.
2003/MR/MEL
