La violación de 13 mujeres a manos de los integrantes de la sexta Zona Militar de Múzquiz, Coahuila, en un país crispado, semimilitarizado no parece estar lejos de una situación nacional intolerable, donde la violencia crece en espiral y las mujeres se convierten en blanco.
Todavía estamos dolidas por los abusos de la policía militarizada que actuó en San Salvador Atenco, y violó inopinadamente a un número no determinado aún de mujeres, algunas extranjeras. Y todavía no podemos afirmar que ahí, como en otros casos, podamos hablar de tortura sexual.
Los hechos se repiten, en junio de 1994 en el retén militar de Altamirano, Chiapas, 3 indígenas tzeltales fueron víctimas de una violación planeada y tumultaria, donde yo, que investigué los hechos sé que hubo tortura, persecución, abuso, planeación, impunidad. En marzo de 2002 integrantes del 41 batallón del ejército apostado en Barranca Tenaui, en la Sierra Tlapaneca de Guerrero, violaron a dos mujeres.
Premeditación y engaño a la luz del día. En los dos casos intervinieron las mujeres organizadas, las comisiones de derechos humanos, organismos internacionales de Derechos Humanos como Anmistía Internacional.
Para el caso de las tztzales se documentó la denuncia y fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a la tenacidad de nuestra utopía. Porque a pesar de los años, la Procuraduría de Justicia Militar encubre a sus delincuentes, diluye las investigaciones y alega extraterritorialidad.
No se puede juzgar a los militares en la justicia civil. Por lo visto tampoco a los policías antimotines y cuya labor indicada y precisa es la represión.
Las procuradurías de justicia, estatales y la federal, son omisas, indiferentes o simplemente incapaces de enfrentar al Ejército.
A pesar de esta tragedia en Castaños, Coahuila, donde 13 mujeres fueron arteramente atacadas por un grupo de militares prepotentes; a pesar de la pronta intervención de la diocésis que encabeza el obispo Vera, y la difusión en los medios masivos, me temo, que sin movilización de la gente. De la gente que somos usted, yo y todas las demás personas, se repetirá la impunidad.
Además según la información publicada por Cimacnoticias, Jesús Torres Charles, procurador de justicia de Coahuila está lento, no responde y menos atraerá el expediente para su investigación. Me recuerda a la procuraduría en Chiapas en aquel aciago año de 1994 y a la indiferencia de la procuraduría de Guerrero.
¿No será lo mismo que todos los días en todas las procuradurías del país, donde las denuncias de violación se vuelven una estadística?… me pregunto.
No sabemos si el caso llegó ya a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República que preside la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y si ella, frente a los poderosos militares puede hacer algo, intervenir, seguir el caso, abrir un expediente e impedir la impunidad.
Este ejemplo repetido de abuso de los militares, en Chiapas al amparo de la campaña, entonces contra el EZLN, en Guerrero encubiertos por el clima de hostilidad generalizado contra los indígenas muertos de hambre que viven en zona minada por la guerrilla y el narcotráfico.
Y ¿en Coahuila, que se pondrá como pretexto? Los mineros organizados, o los que quedaron bajo los escombros en Pasta de Conchos o el recuento electoral.
¿Quién será este militar? Lucio Arizmendi, ¿qué importante misión federal estará haciendo?, ¿será que cuidaba las urnas electorales y se alegará que estaba muy nervioso?, ¿y los 20 que lo acompañaron en su fechoría?
Además, seguro una mirada misógina dirá que bueno, eran mujeres sin mérito, puesto que trabajaban de noche y en un lugar de diversión, por supuesto, diversión masculina. No atino a imaginar los titulares de los diarios locales, ni los artículos de doble moral en algunos de ellos.
Unas, las de la sierra y las de Altamirano, eran indias. Se dirá, ninguna de ellas es importante.
No es tolerable que con toda impunidad en un país donde los políticos echan palomas de la paz al aire y se localizan en la lucha electoral los peligros para México, no se vea que es la autoridad constituida para garantizar el estado de paz nacional, precisamente donde en forma reiterada, constante, se ahí donde se hallan delincuentes.
Duele la indiferencia de las autoridades civiles, la ausencia de gobernabilidad, la incapacidad política y social para mantener el reclamo y la emoción social ante hechos tan lacerantes, tan parecidos a un estado de salvajismo con el que no nos queremos comparar y nos ofende. Los golpes de estado militares parece que no han desaparecido de América Latina.
* Periodista mexicana con una trayectoria de 30 años como reportera en diarios nacionales: El Día, unomásuno, La Jornada. Directora fundadora de CIMAC. Nominada a 100 mujeres por el Nobel de la Paz.
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