La cultura del encubrimiento y la complicidad en México debe cambiar por la de la denuncia, a fin de castigar los delitos sexuales con todo el rigor de la ley, consideró la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER).
En un comunicado, la organización civil se pronunció porque la Iglesia Católica no cuente con ningún fuero ni privilegio especial, pues la ley es igual para todos en este país y los sacerdotes son tan humanos como cualquier otro individuo.
Resulta inaplazable darle visibilidad y evidenciar que México tiene serios problemas de abuso sexual infantil, trata de personas para fines sexuales, violencia sexual contra las mujeres, y las autoridades deben actuar en consecuencia. Por la salud integral de las nuevas generaciones, abunda.
En ese sentido, hacemos pública nuestra «inconformidad ante el sistema social y jurídico que en México desampara a las víctimas de delitos sexuales y encubre a los delincuentes».
Los casos más recientes y visibles de pederastia, son los que involucran a empresarios como Kamel Nacif y Jean Sucar Kuri, protegidos con cinismo por gobernantes y legisladores, y el caso en el que se ve involucrado el cardenal Norberto Rivera Carrera, señalado de proteger al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar y que dan cuenta de una serie de injusticias e impunidades vergonzosas.
El caso de las niñas abusadas por Jean Sucar Kuri, en Quintana Roo, ha sido denunciado desde hace mucho tiempo. Las víctimas han sido amenazadas, se ha puesto en duda su palabra y no han contado con protección jurídica del mismo nivel que los abusadores.
En el colmo de la ironía, los principales representantes de la Iglesia Católica y los grupos conservadores se oponen a que la niñez reciba información científica y verídica sobre temas sexuales, que les permita un desarrollo saludable y sea herramienta para poder denunciar las agresiones sexuales que suelen sufrir de parte de algunos sacerdotes, políticos y empresarios.
Si se trata de hablar sobre moral, en esta situación la jerarquía de la Iglesia Católica es la menos indicada para erigirse en autoridad en la materia, pues su doble discurso es cada vez más evidente y menos creíble.
El caso de Norberto Rivera resulta muy grave, ya que el cardenal estaba enterado de que el sacerdote Nicolás Aguilar estaba acusado de pederastia, y el niño abusado denunció desde 1995, pero nunca obtuvo justicia en México. Si se hubiera actuado con responsabilidad, se hubiera impedido la violación de 90 niños.
«Nos parece muy grave que la jerarquía católica, por un lado se dice preocupada por la educación de la niñez y bajo ese argumento les niega el derecho de conocer la sexualidad con información científicamente probada», como la que se publica en los libros de Biología de secundaria.
Ante las acusaciones mencionadas, en cualquier país donde se respete el estado de derecho Nacif estaría bajo medidas precautorias; el legislador, suspendido; los gobernadores desaforados, el cardenal, sin poder ejercer el sacerdocio, y todos ellos investigados y procesados si son culpables.
Pero aquí en México, el país de la impunidad, sucede lo contrario, pues se hostiga a las y los denunciantes, a las víctimas, precisa el comunicado.
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