La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Fortunato Prisciliano Sierra, indígena me´phaa (tlapaneco), amenazado, hostigado y agredido por soldados, debido a que denunciará ante el organismo la violación cometida por militares contra su esposa.
Las agresiones contra Fortunato fueron hechas por personas al servicio del 48 Batallón del Ejército Mexicano, dice la CIDH en un comunicado, «en el contexto de las audiencias que se desarrollarán en la ciudad de Washintong DC, en el transcurso del mes de octubre de este año ante ese organismo».
La violación sexual que habrían cometido los militares contra la esposa del indígena ocurrió en marzo del 2002, en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres en la región de la Costa Chica de Guerrero.
La petición de medidas cautelares para Prisciliano, su esposa y sus tres hijos fue hecha el pasado 27 de agosto de este año, por la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaá y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Existe un riesgo fundado e inminente por las agresiones y amenazas que ha recibido Prisciliano «por parte del Ejército Mexicano y el gobierno», acciones con las que buscan intimidarlo para impedir o inhibir su búsqueda de justicia ante la CIDH, dice la solicitud.
Y en respuesta a dicha petición, el martes 4 de septiembre, la CIDH –organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, DC– solicitó al Gobierno de México medidas urgentes a favor de los indígenas me´phaa, para que adopte las acciones necesarias para garantizar la vida y la integridad física» de Fortunato Prisciliano, su esposa e hijos.
También para que informe sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares.
Asimismo la CIDH demandó al Estado mexicano que informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas, en un plazo no mayor a 15 días y que actualice los datos de manera periódica.
El Estado Mexicano debe garantizar la seguridad, integridad física y la vida de Fortunato y su familia; más aún cuando el hostigamiento está relacionado con la lucha por acceder a la justicia, para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares no permanezcan en la impunidad, dice la CIDH.
IMPUNIDAD
La CIDH admitió en octubre de 2006 el caso de la violación contra la esposa de Fortunato, así como el de otra indígena me´phaa de Barranca de Guadalupe, municipio de Ayutla de Los Libres, «debido a que las autoridades mexicanas nunca mostraron disposición para castigar a los responsables».
Por lo tanto, la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan exigen al Gobierno Mexicano que cumplan cabalmente con la solicitud de la CIDH y de inmediato disponga las medidas de protección para Fortunato Prisciliano y su familia, pues preocupa que a la fecha las amenazas a éste continúen.
No obstante que Fortunato y su esposahan acudido a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, con residencia en Ayutla de los Libres, hasta hoy no han obtenido respuesta de las autoridades, pues no se han establecido las medidas de seguridad y auxilio en beneficio de las víctimas del delito, y tampoco se ha evacuado una investigación a fondo de los hechos denunciados, dice el comunicado.
De ahí que es urgente que el gobierno de Guerrero y la Federación garanticen la seguridad de todos y todas las indígenas que pugnan por que se haga justicia en sus casos, sobre todo de aquellos que luchan contra la impunidad de los militares que siguen actuando bajo el cobijo del gobierno y que han sido quienes más impunidad han gozado en nuestro país.
En ambos casos no sólo no se ha sancionado a los militares responsables, sino que también ha existido una estrategia de encubrimiento a los agresores, pues durante todos estos años, no han sido investigados; ante esa situación las afectadas se han visto obligadas a solicitar justicia ante organismos internacionales, independientes e imparciales.
La mejor medida de seguridad que debe tomar el gobierno mexicano es la investigación a fondo de los hechos sufridos por la esposa de Fortunato y sancionar a los responsables de los mismos, pues históricamente en Guerrero ha sido la impunidad el factor que permite que las violaciones a los derechos humanos se perpetúen y reproduzcan, concluye el comunicado de Tlachinollan.
07/GG
