La senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, exigió a las autoridades federales y al gobierno de Juan Sabines en Chiapas, así como al grupo de «civiles que operan bajo su cobijo», que cesen el hostigamiento a las comunidades zapatistas e indígenas y al conjunto de organizaciones sociales de la entidad, y que salga el Ejército Mexicano de dichas comunidades.
El Ejército, dice la Senadora, ha sido el actor principal de una serie de incursiones hostiles en estas comunidades, bajo argumentos como la búsqueda de plantíos de estupefacientes, pero sus acciones han sido acompañadas también por corporaciones federales y estatales como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Policía Federal Preventiva (PFP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Estatal Preventiva, agentes del Ministerio Público y civiles armados.
Estas acciones, recrudecidas en los últimos tres meses, señala Rosario Ibarra a nombre del Comité Eureka, no son casos aislados y podrían enmarcarse en una ofensiva sistemática contra poblaciones indígenas chiapanecas incómodas a los gobiernos federal y estatal.
Se trata de comunidades, dice Ibarra, cuya característica es que tienen organizaciones campesinas e indígenas que han reivindicado a lo largo de los años la lucha por sus derechos fundamentales.
Es el caso, señala Ibarra, de las bases de apoyo zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Otra Campaña, la Organización Campesina Emiliano Zapata y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Parte de esta ofensiva de los últimos meses son las incursiones en Cruztón, el 27 de abril y 18 de junio, y en San Jerónimo Tulijá, el 19 y 20 de mayo; el patrullaje de 11 comunidades de Venustiano Carranza, el 22 de mayo; la incursión en La Garrucha, el 4 de junio, y el desalojo de comunidades de Montes Azules, el 27 de mayo, con apoyo de la Profepa, por citar sólo algunos.
En el caso de La Garrucha, reportó Cimacnoticias (13 junio 08), de acuerdo con una denuncia del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC (CAPISE) los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en esa comunidad se intensificaron pretextando el combate al narcotráfico, con lo cual intenta justificar la militarización de la zona.
Los militares entraron a La Garrucha y se desplegaron en otros poblados comprendidos dentro la zona zapatista. CAPISE indicó que si se revisa el operativo militar realizado el pasado día 26 de mayo en el ejido Nuevo Chamizal, coordinado por 18º Batallón de Infantería, se encontrarán algunos patrones de operativos anteriores: «la búsqueda, ubicación y destrucción de marihuana y otros enervantes en presencia de la prensa para demostrar la destrucción de plantíos de marihuana, los cuales habrían sido sembrados por bases de apoyo zapatista».
Y si se analizan las intervenciones militares dentro de la Selva Lacandona, se podrá advertir un involucramiento mucho más hostil y activo en sitios como Palenque, es decir, dice CAPISE, estas «fuerzas castrenses empiezan a cerrar pinzas».
Así, señala Rosario Ibarra en su comunicado, la movilización de diversas unidades militares de todos los puntos de la región, la asistencia de las diversas corporaciones federales, así como la colaboración de la policía del estado y, sin contradicción aparente, de grupos civiles armados, todo ello configura una ofensiva táctica en contra de comunidades con una fuerte organización para la defensa de sus derechos.
08/GG/CV
