En vísperas de una reunión programada para mañana con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), integrantes de la Campaña Nacional «Sin maíz no hay país» demandaron al Gobierno federal nuevas condiciones para negociar una política agroalimentaria, ya que este asume sistemáticamente una posición autoritaria, antidemocrática y de simulación.
Así lo señalaron en un comunicado organizaciones campesinas agrupadas en la campaña «Sin maíz no hay país», quienes consideran que el actual esquema de negociación con el Gobierno lleva al fracaso el diálogo con las organizaciones campesinas.
Es por ello que la Campaña, lanza un llamado al movimiento campesino a rechazar la simulación gubernamental así como a la unidad, a la movilización y a la lucha por los objetivos del Manifiesto Campesino del 31 de enero del 2008 y del Pacto Campesino, Sindical y Ciudadano del 25 de febrero de 2008. Y a exigir un verdadero espacio de diálogo y negociación.
Sobre la reunión programada para mañana viernes, Alfonso Ramírez Cuellar, representante de El Barzón, consideró que sería «desventajosa» porque el Gobierno federal no ha respondido el «manifiesto campesino» del 31 de enero, en el que llamaron a un debate público sobre la renegociación del TLCAN y las políticas de desarrollo agropecuario.
Así lo subrayan las organizaciones en el comunicado que hasta el día de hoy el Gobierno federal no ha acreditado ninguna disposición genuina para dialogar y negociar con las organizaciones campesinas en torno al contenido y formato acordado y propuesto en el Manifiesto Campesino del 31 de enero de 2008.
«El Gobierno federal acredita lo contrario: ha pretendido burlar los principales compromisos, ya que desde la marcha del 31 de enero de 2007 hasta diciembre del mismo año evadió las demandas campesinas a través de múltiples como inútiles reuniones con los secretarios del Trabajo, Agricultura y Economía. Fue un año perdido».
Señalan también que con la agudización de la crisis alimentaria en el país, en enero de 2008 la lucha campesina se intensificó, concretándose en la marcha campesina-sindical del 31 de enero, la cual tuvo grandes alcances, reuniendo a todos los sectores de la sociedad para exigir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En este incremento de la protesta la voz de las mujeres también se hizo escuchar: organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, feministas y ciudadanas comprometidas con los derechos de las mujeres difundieron un posicionamiento con las principales problemáticas que enfrentan a causa del modelo económico y político vigente.
Ante esto, el Gobierno federal repitió el esquema del 2007: ofrecimiento de diálogo, para no resolver las demandas de fondo y de febrero a mayo, evadió el establecimiento de un diálogo genuino, además de rechazar el cumplimiento de las precondiciones del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, denuncian.
Agregan que entre junio y julio de este año, el Gobierno federal, a través del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, ha ofrecido la llamada «mesa de diálogo» en torno a temas absolutamente secundarios e inoportunos como las reglas de operación de los programas rurales.
Añaden que han pasado casi 18 meses y el gobierno de Felipe Calderón únicamente ha mostrado su disposición a administrar el conflicto campesino y a evadir el debate de fondo de la política agroalimentaria.
Se niega, dicen las organizaciones, a reconocer y encarar la crisis alimentaria así como a debatir y concertar con el movimiento campesino alternativas para enfrentarla. Pese a que el país enfrenta una profunda crisis agroalimentaria, el Gobierno federal se ha negado sistemáticamente a dialogar y concertar con las organizaciones de productores y el movimiento campesino.
Sólo ha consultado y concertado con las cúpulas empresariales, con el objeto de hacer anuncios mediáticos como ineficaces que únicamente han servido para mantener sin cambios la misma política anticampesina, de dependencia alimentaria, de elevación de precios de los alimentos y de privilegios a los monopolios agroalimentarios, enfatizan.
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