La movilización de varios grupos de mujeres evitó que el nuevo Sistema de Justicia Penal de Chihuahua liberara a Leonardo Alfonso Luna Ochoa, quien hace un año intentó asesinar a la señora Dolores Tarín.
Gracias a la participación de Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, quien actúa como abogada coadyuvante en el proceso penal, la jueza Claudia Cristina Campos no aceptó el procedimiento abreviado que proponía el Ministerio Público y envió el caso a juicio oral, como exigía la víctima.
Este caso ha sido emblemático porque ha sacado a relucir las limitantes del nuevo Sistema de Justicia Penal y también el desinterés de algunas autoridades, en este caso el Ministerio Público, de hacer bien su trabajo en defensa de las víctimas, sobre todo cuando son mujeres.
La historia de Dolores es, a todas luces, desesperante, pero parece que a las autoridades no les interesa ayudarla, ni siquiera porque se trata de su sobrevivencia.
La señora se presentó el primero de agosto del 2007 en la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General deJusticia del Estado (antes Averiguaciones Previas) a denunciar a su ex pareja Héctor Gabriel RábagoAndrade. Lo acusó de violencia familiar y amenazas de muerte. Su caso,indebidamente, fue remitido al Centro de Justicia Alternativa, instancia conciliadora en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Francisco J. Urrutia, facilitador del Centro de Justicia Alternativa, celebró un convenio bajo elnúmero 8314-5846/ 07 en el cual el agresor se compromete a noagredir a Dolores de ese día en adelante, a no causar dificultades y a llevaruna relación de respeto y evitar agresión física o verbal.
Dolores fue remitida a la Unidad de Atención a Víctimas del Delitoel 2 de agosto del año pasado. La entrevistó la psicóloga Karla Muñoz, quien señala en el informe que emitió que Dolores le contó que el 23 de julio Héctor Gabriel fuea buscarla a su negocio y en compañía de unos individuos le quebraronlos vidrios. Ella llamó a la Policía Municipal y los agentes que acudieron sólo calmaron al hombre.
El informe de la psicóloga también indica que cuando se desarrollaba el proceso queculminó con el convenio en el Centro de Justicia Alternativa, Héctor Gabriel reiteró la amenaza de muerte contra Dolores.
Según el reporte psicológico, Dolores se presentó a laentrevista confuerte estado de angustia, llanto, estrés, nerviosismo y temor por suintegridad física y la de su familia.
Nadie hizo nada. El 6 de septiembre del 2007 dos hombres, quienes simularon buscar trabajo,llegaron a las oficinas de Dolores. Al confirmar que se encontrabasola, regresaron de inmediato con una solicitud de empleo que llenaroncon datos falsos. Alejandro Alfonso,menor de edad, se encargó de vigilar.
Cuando Dolores entrevistaba al menor de edad, elotro hombre, Leonardo Alfonso Luna Ochoa, le pidió permiso paraasomarse por la ventana, argumentando que había dejado su vehículo malestacionado, circunstancia que aprovechó para colocarse atrás dela mujer.
El hombre tomó a Dolores de los cabellos y le enterró un cuchillo en laespalda. Intentó sacarlo para continuar apuñalando a su víctima. Sinembargo, el mango del arma se quebró y no pudo accionarlo denuevo. Tomó del escritorio una figura decorativa y la estrelló enrepetidas ocasiones en la cara y cabeza de Dolores.
En esos momentos llegó al lugar el hermano de Dolores, acompañado de cuatroempleados, lo que alertó a los agresores, quienes salieron huyendo.
Como pudo, la mujer llegó a las escaleras y le pidió a su hermano que detuvieran a sus agresores.
En su primera declaración en elhospital, antes de entrar al quirófano, Dolores señaló que sus agresores fueronenviados por su ex pareja para cumplir la amenaza de muerte. Tambiénlos delincuentes, en su primera declaración ante la Policía Municipal, dijeron que fueron contratados para matar a Dolores.
El menor fue liberado por un error del nuevo Sistema de Justicia Penal, en virtud de que en el catálogo de delitos por los cuales losmenores de edad pueden estar en prisión preventiva no se contempla latentativa de homicidio, situación que ya fue subsanada con una reformalegislativa.
La defensa de Leonardo Alfonso Luna pretendía obtener la sujeción aproceso (auto de formal prisión) por eldelito de lesiones.
Jorge A. Aguilar, quien actúa como agente del Ministerio Público,elaboró sus alegatos para obtener la tentativa de homicidio calificado,basada en la alevosía, ventaja y remuneración.
PETICIONES A LA JUEZA
La coadyuvante Lucha Castro, representante legal de la víctima, hizo las siguientes peticiones a la jueza:
1) La incorporación de la perspectiva de género en la audiencia devinculación a proceso del imputado.
2) Que se calificara el delito como homicidio calificado en grado detentativa y agravado como lo establece el Artículo 126 del Código Penaldel estado de Chihuahua, por tratarse de una mujer.
3) Fundamentar legalmente la resolución de la audiencia en losconvenios y tratados Internacionales especialmente Cedaw y Belem Do Pará, en la Ley Estatal por el Derecho de las Mujeres a una Vida Librede Violencia y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una VidaLibre de Violencia.
4) Calificar la tentativa de homicidio como un delito de Género y unaviolación de Derechos Humanos.
5) Que se le dictara la prisión preventiva.
La jueza Claudia Cristina Campos reconoció los tratadosinternacionales invocados y concedió la vinculación a proceso delimputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa,con alevosía y agravado. Además determinó la prisión preventiva.
Lucha Castro dijo que esta es la primera vez que en el nuevo Sistema de Justicia Penal se invocanlos compromisos internacionalesdel Estado Mexicano.
Dolores fue hospitalizada, permaneció varios días en terapia intensivay fue sometida a una intervención quirúrgica. Cerró su empresa, liquidó a sus trabajadores ycambió su residencia a Ciudad Juárez. Pero el Ministerio Público que la representa no pidió reparación de daños, alegando que no tiene facturas para comprobar los gastos.
Recientemente se repitió la historia en la casa de su hermano Epifanio, donde vive, en Ciudad Juárez. Una pareja de desconocidosbaleó el lugar. La familiadenunció los hechos y pidió que se vinculara la investigación, pero la autoridad se negó.
Convocados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, varios grupos de mujeres se presentaron el viernes pasado en el juzgado donde se llevó a cabo la audiencia, donde el Ministerio Público pidió el proceso abreviado que le daría la libertad al agresor.
Con pancartas en mano, las mujeres exigieron castigo al responsable intelectual y los autores materiales, sanción a los funcionarios públicos negligentes, modificaciones legislativas y reparación del daño para Dolores Tarín.
08/DVM/VR/GG
