¿Cuántas niñas y niños se encuentran en la incertidumbre por estar en algún albergue o institución de asistencia derivado de la irresponsabilidad de sus ascendientes y que tampoco importan mucho a las autoridades? ¿Cuántas niñas y niños su situación legal es irregular porque están abandonados o en medio de una disputa familiar? ¿Cuántos lugares similares a Casitas del Sur de la Ciudad de México operan en otras partes del país?
¿Qué hace el Estado como garante de los derechos fundamentales de estas niñas y niños? ¿En dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones locales sobre derechos humanos?
A excepción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las comisiones o procuradurías en los estados están más imbuidas en «otros asuntos», que en atender los derechos humanos de las personas menores de edad ante los cuales deberían actuar en función del Interés Superior de la Infancia.
Hemos constatado que se «pierden» o «desaparecen» niñas y niños hace meses o años y las autoridades ni se enteran y solo a partir de que se hace público algún caso como el de Ilse Michel empieza de nuevo a surgir a la luz pública tanta irregularidad e impunidad como una clara violación de los derechos humanos de estas niñas y niños.
Esta desatención y exclusión tiene como origen la discriminación por su condición de edad y de género, al no considerarles como personas sujetas de derechos, sino como «menores» de los grupos vulnerables a los que hay que mandar a algún lado como si fueran cosa, objeto incómodo que no se sabe dónde poner.
Para colmo, no terminamos de sorprendernos con el caso de esta secta que ha encontrado como un negocio rentable, «albergar» a niños y niñas en situaciones vulnerables, que su alto jerarca anda en otro país y que solo reciben una multa como respuesta de la Secretaría de Gobernación, todo esto en proceso cuando pasamos a otro asombro aterrador con el caso oprobioso de extrema tortura criminal ejercida contra una niña y un niño por parte de sus familiares también en la delegación de Tlalpan en el DF.
Las fotos espeluznantes que evidencian estas escenas son características de un holocausto y no de una democracia republicana fundada en garantías constitucionales que protegen los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación de ningún tipo como base esencial del estado de derecho nacional e internacional.
Y siempre en la coyuntura preguntamos ¿Cuando lograremos instituir el Ombudsman de la Niñez? Sería importante, que antes de que termine esta legislatura, se desempolvara la iniciativa de reforma a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dejó pendiente el dictamen hace tres años y que constituye la institución especializada en esta materia para hacer plausible la Ley.
En mientras, no hay pretexto para que las autoridades de todas las entidades verifiquen cómo operan las asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada sin excepción, se certifique que su funcionamiento cumpla con las elementales reglas que aseguren el respeto a la dignidad humana de cientos de niñas y niños.
Es necesario que la opinión pública conozca, en un ejercicio de transparencia, los méritos por los que las autoridades les otorgan permisos para su instalación y facilitan apoyos económicos tanto privados como públicos, igualmente conocer los mecanismos de vigilancia y revisión periódica sobre su funcionamiento y cómo se encuentra física y jurídicamente cada niña y niño en estos lugares.
La inercia de la sociedad ha sido que la protección de la niñez sea responsabilidad única e invariable de sus padres o madres, o en ausencia de estas personas, por abuelas y abuelos. Las leyes deben considerar ampliar el concepto de familia original para que estas pequeñas personas tengan como último recurso y por menor tiempo posible, estar en un albergue, casa hogar, o similar; o en su defecto ir a un hogar sustituto.
Las instituciones tanto oficiales como de la iniciativa privada participan cuando algún niño o niña se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad establecida en los códigos civiles, familiares o en las leyes de asistencia social o enfrentan alguna situación irregular e interviene el Ministerio Público; sin embargo, no gozan de igual protección de la ley que el resto del mundo infantil que está bajo la protección de sus familias, tiene techo, salud, educación, protección y amor, atención en todos los aspectos y en general se respetan sus derechos.
No se puede aducir justificaciones de métodos de educación, de escritos religiosos o cualquier otra para arremeter castigos corporales y otras formas crueles, inhumanas o degradantes porque están reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física de niñas y niños
Escuchamos invocar al Interés Superior de la Infancia por parte de autoridades a lo largo y ancho del país, lo cual es demagogia frente a tanta ineptitud, simulación e impunidad. El ISI se basa en las propias características de la niñez, su situación de dependencia desde que nacen y durante todo su desarrollo, así como su fragilidad por esa dependencia física, psíquica y social con el mundo adulto; su extraordinario potencial humano exige una mayor e integral protección jurídica contra todas las formas de discriminación y de violencia que puedan padecer durante su vida tanto en el ámbito privado, como en el público y afecte al libre desarrollo de su personalidad.
Estos maltratos crueles y degradantes nos llaman la atención sobre la urgente necesidad de recomponer el tejido social, nos alerta sobre la descomposición social de algunas personas que son capaces de torturar y flagelar a un niño y andar por la vida como si nada.
Y esta descomposición tiene como origen la falta de educación y reeducación en el respeto de los derechos humanos y en los valores de la democracia, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la paz, así como la vigilancia por parte del Estado para que todas las personas y partes de la comunidad se apeguen al respeto de la ley.
Y hay que tener cuidado, porque si las autoridades son omisas en la vigilancia de cómo se trata a la niñez que por sus desventajas tiene que ser separada de sus familias o se encuentran en situación de abandono o vulnerabilidad, el mensaje que se manda a la sociedad es que en cada lugar o familia se puede hacer con niñas y niños lo que sea, incluso matarlos y no pasa nada.
Solo para alertarnos que debemos aprender de la historia reciente, recordemos que así comenzó la cadena del feminicidio en Ciudad Juárez y en otros lugares del país. A los asesinatos de mujeres y niñas se ha respondido con menosprecio, corrupción, injusticia e impunidad.
Pienso en Ilse Michel, esta niñita que hoy por su edad, podría ser legisladora infantil en el parlamento de niñas y niños a celebrase en el Congreso de la Unión. Ella, al igual que los otros niños, deben tener atención especializada para que puedan sobrevivir a sus penurias y traumas. Tener derecho a su proyecto de vida. Es lo menos para la reparación del daño. Claro, si es que de veras se aplican las autoridades locales y federales y aparecen y se castiga como se debe, a quienes la deben. Al tiempo…
* Académica feminista y ex legisladora. Creadora, junto con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
09/AP/GG
