Han pasado poco más de 30 días del asesinato de 18 personas, fundamentalmente niños y jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez y aún no tenemos noticias del curso de las investigaciones y de la aplicación de la justicia a los perpetradores de tan lamentable hecho. Un agravio más a la sociedad mexicana que se inscribe en la interminable lista de hechos de impunidad.
Varias decenas de funcionarios federales han estado visitando Ciudad Juárez desde entonces. Esta vez, provenientes de las áreas sociales del Gobierno Federal, que buscan diseñar e instrumentar intervenciones sociales que permitan reconstruir el dañado tejido social de una ciudad considerada actualmente como una de las más violentas del mundo.
Si bien las intenciones son buenas, existe un enorme riesgo de que su concreción resulte fallida, cancelando las pocas esperanzas que aún guardan algunos juarenses de revertir la catástrofe humana en la que están viviendo.
Esto es así por varias razones. En primer lugar porque la intervención social está siendo colocada como complementaria o subordinada a la estrategia de guerra que ha instrumentado el Gobierno Federal, mediante su política de seguridad pública. Uno se pregunta cómo en un estado de sitio, se piensan generar programas que hagan salir a la población de sus casas ante el riesgo de ser abatida entre el fuego de las bandas criminales confrontadas.
En segundo lugar, se observa que la oferta de programas sociales se encuentra dividida por sectores de la administración pública: educación, salud, desarrollo social, trabajo, desarrollo económico, etc. que no se integran ni en su concepción, ni en su aplicación en el territorio concreto.
Cada Secretaría llega con su propia carretilla de ladrillos y su colocación en el territorio no garantiza que siquiera se vayan a poner los cimientos para la construcción de un nuevo edificio, mucho menos para reconstruir la estructura social que actualmente se encuentra profundamente dañada.
La histórica competencia entre las distintas secretarías de estado y la ausencia de una instancia coordinadora de la política social en el país, muestra su mayor debilidad cuando se trata de diseñar y aplicar una estrategia de intervención social en un territorio concreto como es el de Ciudad Juárez.
Esto nos conduce al tercer riesgo, la falta de comprensión de la complejidad de la situación social que vive hoy Ciudad Juárez y que es resultado de abusos, omisiones, corrupción e impunidad de las élites que han gobernado a la ciudad y que la han controlado económicamente, incluyendo al crimen organizado.
Esta falta de comprensión de la complejidad social, se observa en los gobiernos de todos los colores que en todo el país, han venido transformando un tejido institucional, y de programas sociales desarrollados a lo largo de muchas décadas, no para actualizarlo y hacerlo más pertinente para la atención las problemáticas sociales actuales, sino para desarmarlo, destruirlo y privatizar parte de sus servicios.
Una política social basada en grandes ejes integradores, ha sido convertida en una oferta atomizada de programas focalizados de concepción simplista. Al nivel federal, ya comprende alrededor de 150 programas, más los que se agreguen de los gobiernos estatales y municipales.
El cuarto riesgo derivado del anterior, es que la oferta social consista en «más de lo mismo» y no responda a una estrategia diseñada a partir de las especificidades y complejidades sociales de Ciudad Juárez. Es decir, primero habría que conocer y conversar ampliamente con los juarenses el tipo de reconstrucción o nueva construcción social que requieren de acuerdo con su historia, realidad y entorno.
Diseñar con ellos digamos, los planos del edificio y entonces si llamar a los proveedores con sus carretillas de ladrillos, de tubería, de cableado eléctrico, de puertas y herrajes, etc. para ver en donde encaja su oferta y si ésta, es adecuada al tipo de edificio que se requiere construir o reconstruir.
Lo más seguro es que se van a encontrar requerimientos de intervención social que la oferta actual de programas gubernamentales no satisface.
Por ejemplo, una ingente necesidad de intervenciones en materia psicoemocional y cultural que permitan atender requerimiento afectivos, de identidad, de relacionamiento pacífico y solución de conflictos, de atención a la discriminación, la depresión, la violencia doméstica, la desesperanza, el miedo, el luto y al desarrollo de autoestima, de saberes para la vida, de resiliencia y de confianza, entre muchos otros aspectos tradicionalmente soslayados por las políticas gubernamentales.
Adicionalmente, la creciente desconfianza en la utilización de los programas sociales con fines electorales nos ha llevado a tal nivel de rigidez en la operación y asignación de sus beneficios que son las computadoras las que ahora deciden quienes recibirán las transferencias monetarias o los servicios derivados de esos programas. Esto no ayuda en la construcción de una estrategia que requiere de flexibilidad, de sentido de urgencia a la vez que de permanencia por períodos que trascienden los ejercicios anuales de recursos.
Pero el mayor riesgo que corre la posible intervención social en Ciudad Juárez es su coordinación y aplicación concreta en el territorio de la Ciudad. ¿Quién o quienes van a coordinar los distintos programas en su aplicación en la Ciudad?¿Quiénes los van a operar? Y más importante aún, quiénes van a garantizar su sostenimiento en el tiempo.
La delicada situación de Ciudad Juárez amerita el desarrollo de una estrategia social muy cuidadosa, muy bien pensada y articulada, que tenga además en cuenta las posibilidades de que sea atacada o aprovechada por las fuerzas que históricamente se han beneficiado del territorio, de las actividades económicas y de la subordinación de la población juarense y en particular, de sus jóvenes. No parece ser ese el camino que se está siguiendo.
* Incide Social A.C. y Consejera de la CDHDF
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