El narcotráfico es el nuevo pretexto mediante el cual las autoridades y los medios de comunicación pretenden desdibujar el feminicidio en Ciudad Juárez, con lo que envían el mensaje, político y mediático, de que las mujeres son culpables de que las maten por involucrarse con los delincuentes.
Así lo señalaron en entrevista activistas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos de las mujeres que, desde 1993, han denunciado el asesinato de mujeres en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.
En entrevista Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Justicia para Nuestras Hijas; Imelda Marrufo, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Marisela Ortíz Rivera, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, coincidieron en afirmar que el feminicidio es un problema social vigente, no sólo en Ciudad Juárez sino en el resto del país.
En su opinión, «la impunidad continúa y los asesinatos contra las mujeres no van a terminar, en tanto no haya un reconocimiento por parte de las autoridades de que la violencia de género existe y que continuará mientras no se apliquen las leyes».
Para la aplicación de justicia en Ciudad Juárez, las ONG destacaron la relevancia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del caso «Campo Algodonero» que obliga al Estado mexicano a reconocer la violencia contra las mujeres, no sólo en la entidad sino en todo el país.
En la sentencia se condena al Estado mexicano por violar los Derechos Humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas (la Corte utiliza los términos de maltratadas o vejadas) y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar derechos humanos de sus madres y familiares.
Los cuerpos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette fueron encontrados, junto con cinco más, el 6 y 7 de noviembre de 2001, en un campo algodonero de Ciudad Juárez, de estos crímenes, hasta hoy, no existe ninguna persona responsable ni se ha realizado la reparación del daño.
Denuncias de organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer advierten que el caso se volvió emblemático «por los altos grados de implicación criminal de agentes del Estado y por la cadena de hechos que hacen evidente la responsabilidad del Estado en la impunidad de éstos».
Aunque fueron 8 los cadáveres hallados en el predio, no todos los casos se presentaron ante el Sistema Interamericano, del total tres resultaron no corresponder a las identidades adjudicadas por las autoridades, según un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado de estudiar los cuerpos.
Por ello, solamente se analizaron los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Berenice Ramírez, admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo de 2006 y en diciembre de 2007 por la CoIDH.
LAS JOVENES
Esmeralda Herrera tenía 14 años al momento de desaparecer, dos meses antes había llegado a Ciudad Juárez, con su madre, hermanos y sobrinos. No tenía amistades y trabajaba como empleada del hogar. Cada mañana salía de su casa y se trasladaba en transporte público. Pronto su familia le iba a celebrar sus 15 años.
A los 17 años, Laura Berenice Ramos, desapareció. Estudiaba en la preparatoria Allende, en donde ya habían desaparecido y asesinado a otras jóvenes. Trabajaba en el Restaurante «Fogueiras». Sus familiares la describen como alguien que quería prepararse para tener mejores oportunidades de vida.
Claudia Ivette González tenía 20 años. Llevaba tres años trabajando en una maquiladora. Su familia reporta que salía poco y, en su tiempo libre, ayudaba a sus familiares a cuidar a hijos e hijas. El día de su desaparición llegó dos minutos tarde a su turno y el guardia de la empresa no la dejó entrar.
El caso es actual, agrega, «marcado por la impunidad en el ámbito nacional y por un largo proceso, de siete años, ante el sistema interamericano», es una sentencia histórica que «define acciones de reparación del daño para las personas ofendidas directamente en el caso, así como medidas de no repetición», opina Andrea Medina, integrante de CLADEM.
De ahí que se deben hacer «reformas en las instituciones y con autoridades, programas de prevención y de atención, e incluso políticas públicas para la población en general, con el fin de realizar los cambios sociales –y en el Estado– para que los derechos humanos sean una realidad en Ciudad Juárez».
Y resalta, «los argumentos utilizados en torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el análisis realizado con una perspectiva de género, así como las medidas de reparación definidas en la sentencia, tienen un impacto directo en Ciudad Juárez, y potencial en México, la región interamericana y en el mundo».
No obstante, la sentencia no es el punto final de este proceso judicial.
«Inicia una etapa crítica para garantizar efectivamente la reparación de los daños. La evaluación de su cumplimiento la realizará la propia Corte en los siguientes tres años, requiere de la documentación y análisis de todas esas acciones a la luz de los criterios establecidos en ella, un trabajo que definitivamente requiere de una amplia participación social», alerta.
FAMILIARES TAMBIÉN VÍCTIMAS
La demanda de justicia ha implicado también a las familias de las tres jóvenes.
«Han sido objeto de difamación y acoso por parte de los principales medios de comunicación locales que desde el inicio –y hasta ahora– realizan una campaña en la que aseguran que las madres y las organizaciones civiles de derechos humanos de las mujeres lucran con esta situación, y en la que se afirma que el feminicidio es un mito creado y alimentado por ellas mismas», señala Medina.
Irma Monreal, madre de Esmeralda, trabaja en la maquila y como empleada del hogar. El hostigamiento de parte de autoridades y otras personas hizo que varios de sus hijos salieran del país.
Benita Monárrez, madre de Laura Berenice, a partir de exigir justicia creó la organización civil Integración de Madres por Juárez. Dio seguimiento a las acciones de las autoridades en los casos de violencia contra las mujeres. Al peligrar su vida y la de su familia solicitó asilo político en EU, que se otorgó en 2009.
Josefina González, madre de Claudia Ivette, es trabajadora. A ella le entregaron, como restos de su hija, una bolsa llena de huesos. No desistió y siguió buscando pistas para que se aplicara justicia e investigara el caso.
En los criterios de la Corte se presume que los familiares de las víctimas también lo son, por el sufrimiento de los hechos, apunta Medina.
«Las madres y sus familias han sido objeto directo de violaciones por parte del Estado mexicano al incumplir éste los deberes de investigación y de no discriminación, lo cual provocó el no garantizar su derecho de acceso a la justicia y protección judicial, así como al violar su derecho a la integridad personal a través del hostigamiento sufrido».
IMPUNIDAD
Para Karla Michel Salas y David Peña, abogados en el caso de Esmeralda, durante la audiencia del pasado 28 de abril, en Chile, los jueces de la Corte reconocieron graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
En la sentencia, la CoIDH acusó al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio y lo responsabilizó de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, documentadas desde 1993.
Y lo condenó por no sancionar a los funcionarios responsables de recibir las denuncias y no tener la capacidad y sensibilidad de entender la gravedad del fenómeno de violencia contra las mujeres y actuar de inmediato.
Han pasado ocho años de los hechos, dijo la CoIDH, y la investigación no ha pasado de su fase preliminar.
La ineficacia judicial en casos individuales de violencia contra las mujeres, sostuvo, propicia un ambiente de impunidad «que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir».
Para David Peña, integrante de la ANAD, la violencia de género (feminicidios en estos tres casos), la impunidad y la permisibilidad social en Ciudad Juárez han fomentado la escalada de violencia en contra de las mujeres, tan sólo en 2009, informó, van 22 mujeres desaparecidas todas ellas menores de edad (entre 12 y 17 años de edad), lo que significa una desaparición al mes.
El Estado mexicano fue acusado por «una deficiente actuación de sus autoridades para buscar a las víctimas, mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causa de muerte, retraso en la entrega de los cadáveres, ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a familiares durante todo el proceso de búsqueda de la verdad», concluye.
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