El 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981.
Es decir, hace exactamente 30 años se eligió ese día para recordar el violento asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana.
Las Asamblea General de Naciones Unidas le dio carácter oficial a esa fecha en 1999. Considera que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas.
Señala que al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato: ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien conocido.
Ese día también constituye el punto de partida de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Con ello, las instituciones y organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos de las mujeres realizan diversas actividades, cuyo propósito es hacer visible la persistencia del problema e insistir en la necesidad de mantener y ampliar los recursos que se destinan a su atención.
Un gran logro de las acciones del movimiento amplio de mujeres en el mundo es reconocer la existencia del problema y haberlo sacado de la esfera privada, para colocarlo como un problema de la humanidad que exige atención pública.
En primer lugar, es necesario lograr que las propias mujeres afectadas reconozcan que están siendo violentadas de alguna forma: física, sexual, económica, patrimonial o psicológicamente.
Que acepten que hay millones de mujeres que enfrentan situaciones similares a las de ellas ?eso le da el carácter de pandemia?, y por lo tanto que ellas no tienen de qué avergonzarse, que no es su culpa y que tienen derecho a una vida sin violencia.
Mantener el silencio de las mujeres y alentar su miedo a la denuncia sigue siendo uno de los peores lastres sociales y culturales en esta materia.
El establecimiento de servicios y mecanismos, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, a los cuales puedan acudir las mujeres sujetas de violencia cualquier día de la semana, durante las 24 horas del día, es la acción social más importante para brindarles seguridad y protegerlas.
La experiencia muestra que los eventos de violencia se agudizan los fines de semana. El desarrollo de refugios y albergues para que las mujeres puedan alejarse de los ámbitos violentos, junto con sus hijos, es otro servicio de primera importancia.
Una vez superado el temor para denunciar, las mujeres requieren de servicios de acceso a la justicia para evitar la repetición del daño, así como de apoyo psicoemocional para entender lo que les está ocurriendo y que no es natural y no tienen por qué tolerarlo.
Pero en la cadena para cambiar su situación de víctimas resulta fundamental apoyarlas para que puedan superar la dependencia económica de los perpetradores de violencia, pues son miles de mujeres que o bien no se liberan del yugo o vuelven a él porque no encuentran la forma de sobrevivir y sostener a sus hijos.
Por ello los programas que les proporcionan opciones de trabajo o de ingresos y apoyos para la vivienda y la alimentación, resultan un eslabón central en esa cadena de liberación. Es a partir de esos apoyos que las mujeres pueden empoderarse, sentirse más seguras y evitar caer nuevamente en relaciones violentas.
El establecimiento de servicios esenciales y directos hacia las mujeres víctimas de violencia en el seno de sus familias, han requerido del desarrollo de legislación ?125 países ya cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica?.
También demanda la formulación de programas integrales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia, de sistemas de información oportunos, así como de presupuestos suficientes y la capacitación permanente del personal de los servicios relacionados como son policías, jueces, defensores de oficio, médicos, enfermeras, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.
Pero lo más importante es lograr la voluntad política y la presión social para que los servicios directos, las leyes, los programas, los sistemas de información y los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres se mantengan en el tiempo, avancen de manera progresiva y se extiendan en el territorio.
En México, con luces y sombras, ésta parecería ser la tendencia general a partir de la existencia de coaliciones sociales y políticas que impulsan la eliminación de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, llevando la delantera, por mucho, el Distrito Federal en la instrumentación de medidas concretas para enfrentar el problema.
Al nivel federal, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reproducción al nivel de las legislaciones estatales, representa un logro central de un esfuerzo que en materia legislativa empezó desde finales del siglo pasado.
La red de refugios que se ha montado en el país en los últimos 10 años es otro valioso ejemplo, aunque lamentablemente ha enfrentado serios problemas de recursos para su sostenimiento.
En varias ciudades de México se han empezado a crear Centros de Justicia para las mujeres, promovidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Conavim, y ésta tiene actualmente una amplia campaña en medios de comunicación para sensibilizar sobre la violencia de género y ofrecer atención.
Sin embargo el escalamiento de la violencia de género, que va más allá de la doméstica, e incluye el feminicidio, la trata y la explotación sexual, la violencia en los ámbitos laborales y escolares, la violencia perpetrada por los cuerpos de seguridad, y la violencia en el noviazgo, se constituyen en áreas de enorme y creciente preocupación.
La violencia contra las mujeres se inicia en el ámbito doméstico y se va extendiendo y agudizando en el ámbito público. Los esfuerzos para enfrentarla deben ampliarse, sostenerse y seguir profundizándose.
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social AC.
11/CJ/RMB/LGL
