En las zonas indígenas del estado de Guerrero, las niñas de entre 11 y 12 años de edad se casan o viven en unión libre, por lo que al quedar embarazadas corren mayor riesgo de sufrir una muerte materna (MM), advirtió la dirigente de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas,
Martha Sánchez Néstor.
En entrevista, explicó que esa situación influye en los altos niveles de MM que colocan a la entidad en el primer lugar de incidencia a escala nacional, sobre todo de mujeres indígenas de 10 a 12 años de edad.
De acuerdo con el secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, en 2011 se registraron 72 casos de MM y desde enero de este año hasta la fecha se tiene una estadística de 36 decesos.
El funcionario reconoció que “son muchos” casos de muerte materna registrados en la entidad por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, pero confió en terminar 2012 con menos decesos a fin de que Guerrero baje al cuarto lugar nacional en casos de MM.
Martha Sánchez Néstor abundó que otro factor que influye en la alta mortalidad materna es el machismo que impera en la entidad, sobre todo en las regiones de la Costa Chica y la Montaña.
Explicó que muchos hombres salen a trabajar a otras ciudades y dejan a su pareja adolescente en la casa de la suegra, con la orden de no salir del hogar sino para lo indispensable, de tal modo que si hay alguna complicación en su embarazo no se les autoriza a los médicos de los centros de salud trasladarlas a clínicas u hospitales con el equipo adecuado para atender alguna emergencia obstétrica.
A lo anterior, la líder de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas añadió que no hay médicos y enfermeras suficientes para atender a las jóvenes embarazadas las 24 horas del día, los 365 días del año, en los centros de salud de las comunidades.
Además persisten las malas condiciones de los caminos rurales, lo que dificulta el traslado de las pacientes a un hospital equipado para atender emergencias.
FALLAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Sánchez Néstor insistió en que la alta MM entre las adolescentes y jóvenes indígenas de Guerrero tiene que ver con la falta de difusión efectiva sobre los métodos anticonceptivos y su deficiente abasto en los centros de salud comunitarios.
Ello deriva en que las mujeres que se embarazan sin haberlo planeado pretendan interrumpir la gestación con “recetas” tradicionales a base de hierbas que ponen en riesgo su salud.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), la interrupción inducida del embarazo representa la tercera causa de defunción materna.
Las condiciones de pobreza y vulnerabilidad entre las mujeres indígenas generan que la práctica de abortos inseguros las ponga en riesgo de perder la vida.
Según el programa federal Arranque Parejo en la Vida (APV), en Guerrero muere una mujer cada cinco días por complicaciones del embarazo, parto o puerperio, lo que representa el doble de la media nacional.
Y es que 54.1 por ciento de las embarazadas en esta entidad es atendido por personal no calificado, mientras que la media nacional es de 15 por ciento, por lo que es indispensable capacitar a las parteras que atienden a las mujeres durante el alumbramiento en las zonas indígenas, demandó Martha Sánchez.
PURAS PROMESAS
El programa APV indica que las causas de muerte materna son una deficiente calidad de la atención durante todo el proceso; bajos niveles de cobertura de los programas de planificación familiar, y redes de atención débiles y desarticuladas.
Otros factores de riesgo son que no hay control prenatal adecuado; no hay cobertura hospitalaria suficiente; muchas de las madres son adolescentes y otras mayores de 45 años; hay una baja escolaridad –menor a nueve años–, sobre todo en las regiones Costa Chica y Montaña, y en los cinturones de miseria de las ciudades, lo que dificulta concientizar a la población sobre las ventajas de la anticoncepción.
La activista indígena explicó que para abatir los altos índices de MM, la Secretaría de Salud estatal se ha comprometido a crear en la región de la Montaña una escuela de parteras, que sería la primera en la entidad y la segunda de su tipo en el país para que se atienda a las mujeres en sus propias comunidades y en su lengua, lo que podría reducir los decesos por esa causa.
No obstante, acusó Sánchez Néstor, hasta el momento todo ha sido mero discurso del gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que “sin presupuesto, no hay nada”.
12/RGO/RMB
agosto 2012
El segundo evento oficial de presentación del “Memorial de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” no fue un acto de “buena voluntad” del Estado mexicano, sino en mero cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), apuntó Cecilia Espinoza, abogada de la Red Mesa de Mujeres.
En entrevista telefónica, la defensora de Derechos Humanos (DH) advirtió que el acto de contrición llevado a cabo hoy por las autoridades federales y estatales respecto al feminicidio en la urbe fronteriza, sólo tendrá significado real hasta que los responsables sean detenidos y castigados.
En el evento oficial el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, leyó a nombre del Estado mexicano el reconocimiento de responsabilidad por el asesinato en 2001 de las jóvenes Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados ese mismo año en el predio conocido como Campo Algodonero.
A raíz de ese caso, que llegó hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CoIDH condenó en 2009 al Estado mexicano por la ola de violencia feminicida en Ciudad Juárez.
Por órdenes de la Corte, Poiré ofreció hoy una disculpa pública a las madres, así como a todas las familias de las víctimas de feminicidio, quienes durante años han sufrido la vulneración de sus derechos y las consecuencias de la impunidad.
El funcionario también inauguró un memorial en honor a todas las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en la urbe fronteriza desde 1993, el cual contempló una escultura, un conjunto de placas que expliquen qué es el feminicidio, y los nombres de todas las víctimas.
El 6 de noviembre de 2011 ya se había presentado el memorial, pero fue rechazado por las familias y las organizaciones civiles, ya que el monumento estaba inconcluso.
NUEVA INCONFORMIDAD
Cecilia Espinoza recalcó que esta segunda presentación incumplió el resolutivo de la sentencia de la CoIDH referente al memorial, toda vez que éste tiene que ser un espacio “dignificante y dignificador” de la vida de las mujeres que fueron desaparecidas y asesinadas.
Subrayó que mientras no haya castigo a los responsables el memorial sólo refleja la impunidad que continúa en Ciudad Juárez, toda vez que las familias y las organizaciones civiles siguen reclamando y visibilizando el feminicidio que no cesa.
Para la Red Mesa de Mujeres –indicó la abogada– los resolutivos de la Corte no están cumplidos, ni lo estarán, hasta que las instituciones de gobierno den a conocer lo que realmente pasó y sigue pasando en la ciudad.
“Decidimos participar en el evento por que el memorial no es un hecho de buena voluntad del Estado, sino una respuesta a la sentencia”, aclaró.
“No es un regalo, no es una acción salida del gobierno de México, sino una acción emanada de una sentencia en la cual el Estado mexicano está siendo cuestionado por omisiones cometidas tanto en los hechos de Campo Algodonero, como los hechos que continúan en la actualidad, que son las desapariciones y el feminicidio”, recalcó.
Espinoza dijo que la Red Mesa de Mujeres mantiene la exigencia de que el Estado genere acciones efectivas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en Juárez.
Durante el evento oficial, Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda Herrera Monreal, una de las víctimas del Campo Algodonero, expresó: “Ha sido muy difícil llegar aquí el día de hoy, pero por fin podemos encontrarnos y escuchar una disculpa del gobierno por todo lo que hemos pasado durante estos años”.
La mamá de Esmeralda agregó: “No sólo se trata de nuestras hijas, pues muchas otras niñas y mujeres aquí en Ciudad Juárez han sido víctimas del feminicidio, pero sobre todo víctimas de la impunidad, pues la mayoría de los casos están sin resolverse, por eso es muy importante que en este memorial se vayan inscribiendo los nombres de todas y cada una de ellas, para recordarlas siempre y para exigir justicia y sanción a los responsables”.
En paralelo al acto gubernamental, algunas madres y familiares de mujeres desaparecidas exigieron al gobernador del estado, César Duarte, resultados en las investigaciones de los secuestros.
12/GTR/RMB
México, DF, 30 ago 12 (CIMAC).- Hoy en el Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones concretas y que muestren una verdadera voluntad para erradicar la desaparición en el país, la cual se ha incrementado a raíz de la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
En un comunicado, AI urgió a que todos los casos de desaparición sean debidamente investigados.
En tanto, organizaciones civiles de mujeres denunciaron que no hay estadísticas oficiales sobre el número de desapariciones, ni tampoco un censo nacional o un programa federal que atienda a las y los familiares de las miles de mujeres desaparecidas durante el gobierno de Felipe Calderón.
Las y los familiares de las víctimas han acusado que sus casos no se investigan y que la respuesta de las autoridades judiciales siempre es la misma: “Seguro se fue con el novio, ya regresará”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha registrado que de enero de 2010 a junio de 2011 desaparecieron 3 mil 149 mujeres en los estados de Chihuahua, Coahuila, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
En la mayoría de los casos se desconoce si fueron rescatadas con vida o no.
La edad de las desaparecidas oscila entre 10 y 17 años en más de 60 por ciento de los casos, según información reportada por procuradurías de Justicia de varios estados a la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados.
El pasado 17 de julio, 113 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) denunciaron ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la ola imparable de desapariciones de mujeres en México y la falta de voluntad de las autoridades para erradicar el fenómeno.
Ante ello, el Comité de la CEDAW exhortó al Estado mexicano a poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres, y elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, incluyendo causas, consecuencias y fines.
Además el Estado mexicano debe combatir los posibles vínculos entre el delito de trata y las desapariciones de mujeres y niñas, y revisan los códigos penales locales a fin de tipificar la desaparición como un delito.
El Día Internacional de los Desaparecidos fue instituido en 2006 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), con el fin de denunciar la persistencia de ese flagelo, considerado crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.
La Fedefam, integrada por Abuelas de Plaza de Mayo, es una red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema en distintos países de América Latina y el Caribe. Fue fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José, Costa Rica.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) confió en que entre octubre y noviembre próximos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reciba en audiencia pública a mujeres víctimas de tortura sexual, durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
Cejil, una organización internacional que defiende a víctimas de violaciones graves a Derechos Humanos (DH), adelantó que pidió una audiencia ante la CIDH para el próximo periodo de sesiones que inicia el 29 de octubre y culmina el 16 de noviembre.
Durante ese lapso, el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ?con sede en Washington? podría recibir a algunas de las víctimas y a representantes de Cejil y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, agrupaciones que representan a 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual.
La audiencia tiene el propósito de que las y los comisionados de la CIDH analicen el caso, y reciban información precisa sobre los agravios a las víctimas a fin de tener elementos para elaborar un informe del caso, y determinar si el Estado mexicano incurrió en violaciones a los DH.
Posteriormente, podría haber recomendaciones a las autoridades, una eventual «solución amistosa», o que se remita el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que a su vez lo analice, y dicte una sentencia.
En mayo de 2006 durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, cerca de 2 mil 500 elementos de la Policía Federal Preventiva y mil de la Agencia de Seguridad Estatal realizaron un operativo con lujo de violencia en San Salvador Atenco.
Fueron detenidas 47 mujeres, de las cuales 26 sufrieron abuso sexual. A seis años de los hechos, 11 de ellas mantienen una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la falta de justicia ante las instancias nacionales.
En abril de 2008 las 11 víctimas y las organizaciones civiles presentaron el caso ante la CIDH, mismo que fue aceptado en noviembre de 2011, lo que abre la puerta para que eventualmente pase a la CoIDH.
«HUBO CLARAS VIOLACIONES A DH»
Alejandra Nuño, directora del Programa de Cejil para Centroamérica y México, afirmó en un encuentro con medios de comunicación que las violaciones a DH en el caso Atenco están claramente identificadas.
El pasado 17 de julio en Nueva York, durante la sesión del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), funcionarios mexiquense señalaron que se giraron tres órdenes de aprehensión contra mandos policiales, pero refirieron que sólo dos se pusieron a disposición de las autoridades debido a que la tercera ya murió.
En otro tema, Nuño confió también en que la nueva administración federal asuma compromisos en materia de DH, para promover los temas estructurales que garanticen que estas violaciones no vuelvan a ocurrir.
La abogada hizo un balance de los rezagos en el cumplimiento de las cuatro sentencias de la CoIDH contra el Estado mexicano, por violaciones a derechos fundamentales cometidas por las fuerzas armadas.
Las cuatro sentencias se refieren a la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla, y la tortura de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
Nuño aseguró que la administración de Felipe Calderón cierra con una deuda importante en la materia, toda vez que siguen pendientes las reformas legislativas en materia de fuero militar y amparo, además de que las investigaciones de los cuatro casos están estancadas.
12/AGM/RMB
De 200 restos exhumados de migrantes, 20 por ciento son de mujeres
De 200 restos exhumados de migrantes asesinados en años recientes durante su tránsito por México hacia Estados Unidos, al menos 20 por ciento son mujeres, dijo Mercedes Doretti, cofundadora e investigadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Durante su participación en el panel «Mujeres en migración», convocado por la Fundación Ford, como parte de sus actividades por su 50 aniversario, la especialista consideró que la agresión contra las y los migrantes rebasa el abuso sexual, ya que cada día cobra la vida de cientos de ellos.
La antropóloga precisó que desde hace dos años investiga la identidad de grupos exhumados de migrantes que sufrieron muertes violentas en los estados fronterizos de Chiapas y Tamaulipas.
En su intervención, Telma Acevedo, salvadoreña cuyo esposo desapareció en México hace 11 años cuando salió rumbo a EU, advirtió que «es una tortura no saber de él y tener que afrontar a gobiernos insensibles».
La mujer, quien desde entonces se ha hecho cargo del cuidado y manutención de sus dos hijas, conformó la Red Regional Verdad y Justicia junto con otras familiares de personas desaparecidas, para exigir que las autoridades busquen y encuentren a las y los migrantes.
En tanto, Michelle Brané, directora del Programa de Detención y Asilo de la Comisión para Mujeres Refugiadas, dijo que detrás de las desapariciones y masacres de migrantes en México está el endurecimiento de la política migratoria de EU, ya que el cierre de sus fronteras obligó a esa población a buscar nuevos caminos donde son víctimas de las redes criminales.
Explicó que cuando las migrantes cruzan la frontera norte continúa la violencia en su contra: «Son detenidas en completa violación de sus Derechos Humanos; muestra de ello es que el 80 por ciento de ellas enfrenta los juicios sin un abogado».
Puso como ejemplo que algunas de mujeres son detenidas por la policía cuando acuden a poner una queja por violencia familiar. Entonces «las y los niños quedan en custodia del agresor y ellas ni siquiera pueden estar presentes en las audiencias».
Marcela Zamora, periodista y cineasta que ha documentado la violencia contra las migrantes de Centroamérica en México, dijo que las mujeres de esta región que son agredidas sexualmente en el país temen denunciar porque son deportadas.
«Conocí el caso de una hondureña que fue violada en Chiapas, ella estaba embarazada y perdió a su hijo; la convencí de denunciar, la acompañé y le informamos a su Consulado, pero cuando llegamos al Ministerio Público la sentaron frente a un grupo de hombres que la miraba de forma lasciva, y no pudo decir lo que le había pasado», relató.
Ana Güezmes, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, denunció que la política migratoria es «ciega» a las implicaciones de la migración femenina, al mantener la discriminación y violencia en su contra.
Por ello urgió a «ponerle igualdad de género al discurso y pasar a la acción» con recursos suficientes y una política adecuada que responda a las diversas necesidades de las migrantes.
12/GCJ/RMB
Reclaman feministas por «suicidio» de nicaragüense violentada
La Fundación Entre Mujeres (FEM) y el Movimiento Feminista de Nicaragua denunciaron que en su país las instancias encargadas de atender la violencia de género no lo hacen de manera pronta y expedita.
Dijeron que un ejemplo de lo anterior es el caso de Johana del Carmen Altamirano, de 29 años, originaria de San Juan del Río Coco, quien aparentemente se quitó la vida tras padecer violencia intrafamiliar.
En un comunicado, las organizaciones expresaron su profunda preocupación ante la ausencia de las instituciones del Estado encargadas de brindar protección especial a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.
Exigieron a la Policía Nacional una exhaustiva investigación sobre la muerte de Johana, y al gobierno de Nicaragua que haga públicas las normativas, procedimientos y responsabilidades de las instituciones para atender situaciones como la de la joven.
FEM señaló que el pasado 5 de julio trabajadores de la gasolinera Petronic Sur dijeron haber encontrado a la joven en una caseta abandonada propiedad de la empresa, tras permanecer ahí ocho días.
Ante ello, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos acudieron en su apoyo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) acompañó a Johana hasta el albergue «Isis», ubicado en la ciudad de Estelí, y en el cual estuvo del 5 de julio al 1 de agosto.
«Nos preocupa la falta de respuesta del Ministerio de la Familia, quien no mostró ningún interés de colaborar con el albergue para asegurar la atención que de manera urgente requería esta joven», dijeron las agrupaciones.
El pasado 1 de agosto el albergue informó a la FEM que Johana quería abandonar el lugar. «El jueves 2 de agosto dos personas que laboran en el albergue se presentaron en las oficinas de la FEM en compañía de Johana, para la firma de un acta en la que se hizo constar que la joven tomó la decisión de abandonarlo».
La FEM tiene conocimiento de que en las horas posteriores a su salida del albergue, la joven estuvo acompañada de un hombre de nombre Ulises Arauz, quien afirmó ser su pareja y el que probablemente fue la última persona que la vio con vida.
«El domingo 5 de agosto recibimos una llamada al albergue comunicando la muerte de Johana, la cual ?según el informe policial? murió tras ingerir pastillas de curar granos en la terminal norte.
Las organizaciones abundaron que casos como el de Johana muestran el desdén de las autoridades encargadas de proteger la vida de las mujeres.
Datos de la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua señalan que en los últimos cinco años 568 mujeres fueron asesinadas en el país centroamericano.
12/GTR/RMB
Casi la tercera parte de los 61 mil 882 partos que realizó la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Ss-DF) en 2011 fueron en adolescentes, muchas de ellas originarias de zonas pobres de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, donde el inicio de la vida sexual se ha reducido a los 10 y 11 años de edad.
Lo anterior lo informó Ricardo García, subsecretario de la Ss-DF durante su participación en el Tercer Congreso Nacional de Medicina Perinatal "Embarazo en adolescentes, vidas en riesgo", que hoy concluyó en esta ciudad.
El funcionario alertó que de los más de 16 mil partos en menores de 20 años que en promedio cada año atiende la Ss local, el 30 por ciento tiene posibilidad de sufrir complicaciones que ponen en riesgo la salud del producto y de la mujer, ya que puede derivar en una muerte materna (MM).
En la capital la razón de muerte materna (RMM) es de 94 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, casi el doble de la RMM nacional que se sitúa en 51.5 fallecimientos. Del total de los casos de MM casi la mitad (40) se registraron en mujeres que provenían de otros estados del país, señaló el subsecretario.
Los decesos ligados al embarazo, parto o puerperio en las adolescentes capitalinas ocurren sobre todo en el grupo de edad de 16 a 19 años. Y entre los factores asociados a las complicaciones durante el embarazo y el parto están la desnutrición, la violencia y el hipotiroidismo.
Estos factores están relacionados con la situación de pobreza que afrontan estas adolescentes, quienes como las habitantes de zonas rurales del país también tienen dificultad para trasladarse a los centros de salud y hospitales debido a su precaria situación económica.
En lo que va de 2012 la Ss-DF registró 913 complicaciones durante el parto en adolescentes. Mientras que en 2011 se reportaron 6 mil complicaciones durante el embarazo, de las cuales el 27 por ciento terminó en aborto espontáneo sobre todo entre las semanas 16 y 19 de la gestación (al cuarto mes).
En tanto la afectación para el producto también puede ser grave cuando su madre es adolescente y no recibe los cuidados necesarios. Uno de los padecimientos más frecuentes es la restricción del crecimiento intrauterino que limita las habilidades cognitivas del niño y la niña, así como su capacidad de aprendizaje.
Para Ricardo García, el embarazo en adolescentes "se debe poner en la mesa para atenderlo como un problema de salud pública", y fortalecer la educación sexual en mujeres y hombres adolescentes para que el control de la fecundidad y la responsabilidad del embarazo no sólo recaiga en ellas.
El especialista dijo que éste sigue siendo un déficit importante, muestra de ello es que el 26 por ciento de las y los menores de 20 años "ni siquiera conocen el ciclo menstrual de la mujer, para identificar cuáles son los días en los que tienen más probabilidad de quedar embarazadas".
Además señaló que debe aumentar la inversión en salud en el DF para responder a las necesidades de las capitalinas, ya que actualmente la ciudad recibe la tercera parte de lo que se destina a otros estados.
Actualmente la Ss-DF cuenta con 220 centros de salud que brindan atención perinatal, 17 hospitales (generales y materno infantiles), y sólo 475 ginecobstetras, cantidad insuficiente para atender la demanda de estos servicios, ya que 43 por ciento de la atención que brindan es obstétrica.
Concluyó que hace falta más capital humano, infraestructura y capacitación continua del personal, para evitar que las usuarias embarazadas sean rechazadas por la saturación de los servicios y que puedan ser atendidas "con calidad y calidez".
12/GCJ/RMB
Hoy en el Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones concretas y que muestren una verdadera voluntad para erradicar la desaparición en el país, la cual se ha incrementado a raíz de la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
En un comunicado, AI urgió a que todos los casos de desaparición sean debidamente investigados.
En tanto, organizaciones civiles de mujeres denunciaron que no hay estadísticas oficiales sobre el número de desapariciones, ni tampoco un censo nacional o un programa federal que atienda a las y los familiares de las miles de mujeres desaparecidas durante el gobierno de Felipe Calderón.
Las y los familiares de las víctimas han acusado que sus casos no se investigan y que la respuesta de las autoridades judiciales siempre es la misma: “Seguro se fue con el novio, ya regresará”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha registrado que de enero de 2010 a junio de 2011 desaparecieron 3 mil 149 mujeres en los estados de Chihuahua, Coahuila, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
En la mayoría de los casos se desconoce si fueron rescatadas con vida o no.
La edad de las desaparecidas oscila entre 10 y 17 años en más de 60 por ciento de los casos, según información reportada por procuradurías de Justicia de varios estados a la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados.
El pasado 17 de julio, 113 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) denunciaron ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la ola imparable de desapariciones de mujeres en México y la falta de voluntad de las autoridades para erradicar el fenómeno.
Ante ello, el Comité de la CEDAW exhortó al Estado mexicano a poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres, y elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, incluyendo causas, consecuencias y fines.
Además el Estado mexicano debe combatir los posibles vínculos entre el delito de trata y las desapariciones de mujeres y niñas, y revisan los códigos penales locales a fin de tipificar la desaparición como un delito.
El Día Internacional de los Desaparecidos fue instituido en 2006 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), con el fin de denunciar la persistencia de ese flagelo, considerado crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.
La Fedefam, integrada por Abuelas de Plaza de Mayo, es una red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema en distintos países de América Latina y el Caribe. Fue fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José, Costa Rica.
12/GTR/RMB
Hoy en el Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones concretas y que muestren una verdadera voluntad para erradicar la desaparición en el país, la cual se ha incrementado a raíz de la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
En un comunicado, AI urgió a que todos los casos de desaparición sean debidamente investigados.
En tanto, organizaciones civiles de mujeres denunciaron que no hay estadísticas oficiales sobre el número de desapariciones, ni tampoco un censo nacional o un programa federal que atienda a las y los familiares de las miles de mujeres desaparecidas durante el gobierno de Felipe Calderón.
Las y los familiares de las víctimas han acusado que sus casos no se investigan y que la respuesta de las autoridades judiciales siempre es la misma: «Seguro se fue con el novio, ya regresará».
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha registrado que de enero de 2010 a junio de 2011 desaparecieron 3 mil 149 mujeres en los estados de Chihuahua, Coahuila, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
En la mayoría de los casos se desconoce si fueron rescatadas con vida o no.
La edad de las desaparecidas oscila entre 10 y 17 años en más de 60 por ciento de los casos, según información reportada por procuradurías de Justicia de varios estados a la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados.
El pasado 17 de julio, 113 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) denunciaron ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la ola imparable de desapariciones de mujeres en México y la falta de voluntad de las autoridades para erradicar el fenómeno.
Ante ello, el Comité de la CEDAW exhortó al Estado mexicano a poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres, y elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, incluyendo causas, consecuencias y fines.
Además el Estado mexicano debe combatir los posibles vínculos entre el delito de trata y las desapariciones de mujeres y niñas, y revisan los códigos penales locales a fin de tipificar la desaparición como un delito.
El Día Internacional de los Desaparecidos fue instituido en 2006 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), con el fin de denunciar la persistencia de ese flagelo, considerado crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.
La Fedefam, integrada por Abuelas de Plaza de Mayo, es una red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema en distintos países de América Latina y el Caribe. Fue fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José, Costa Rica.
12/GTR/RMB
En México hasta el 20 por ciento de las adolescentes embarazadas sufren violencia, y las agresiones ?cometidas principalmente por sus parejas? aumentan de 4 a 5 veces cuando las gestaciones no fueron planeadas, reportó Gerardo García, médico supervisor en área normativa del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR).
Al participar en el Tercer Congreso Nacional de Medicina Perinatal «Embarazo en adolescentes, vidas en riesgo», el funcionario de la Secretaría de Salud (Ss) refirió que la violencia contra las menores de 20 años embarazadas «es un grave problema» que afecta sobre todo a las mujeres de 13 a 17 años de edad, quienes «están en alto riesgo».
García indicó que de 17 hasta el 20 por ciento de las adolescentes embarazadas padecen violencia, la cual puede presentarse desde antes de la gestación, durante el embarazo, e incluso en el puerperio (los 40 días posteriores al parto) aumentan las agresiones, apuntó.
La violencia, que puede ser psicológica, económica, física y sexual, aumenta de 4 a 5 veces más cuando el embarazo no fue planeado, ya que incrementa el estrés en los hombres, aunque ello no justifica las agresiones.
Gerardo García abundó que entre los factores que colocan a las adolescentes en vulnerabilidad ante la violencia están la falta de estabilidad económica, las adicciones, tener una historia familiar de abuso físico y los antecedentes de violencia sexual.
Las jóvenes en esas circunstancias tienen baja autoestima y carecen del empoderamiento necesario para salir de la situación de violencia, muchas de ellas naturalizan las agresiones porque «el padre las golpeaba porque decía que las quería, y ahora su pareja las agrede con el mismo argumento».
Las adolescentes víctimas de este delito viven su embarazo en «aislamiento, inseguridad y depresión», con frecuencia sin el apoyo familiar, ya que suelen ser rechazadas y juzgadas por su embarazo precoz».
La violencia genera miedo y culpa porque creen que ellas provocaron las agresiones y el enojo de sus parejas al no «cuidarse» para evitar la gestación no planeada.
Por el sentimiento de culpa, las adolescentes ocultan la agresión y su silencio favorece la repetición de los abusos, los cuales llegan a convertirse en violencia extrema: «Las aprietan, las amarran, las cuelgan, las patean, les avientan objetos o las privan de la comida».
En este panorama, es preciso que el personal de salud (médicos, de enfermería y de trabajo social) «tenga los elementos básicos para identificar los signos y síntomas de una mujer que sufre violencia, tales como depresión, ansiedad, problemas de salud constantes, dolores y lesiones al momento de explorarlas».
Si las pacientes presentan estos síntomas las y los prestadores de servicios deben preguntarles si padecen violencia y referirlas a alguno de los más de 280 centros especializados para la prevención y atención de la violencia, distribuidos en unidades médicas de la Ss en el país, dijo el funcionario a Cimacnoticias.
12/GCJ/RMB