La Red Balance que trabaja con diversas organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad de Género, IPAS, entre otras, realizó su sexto evento de recaudación de fondos para su iniciativa “Fondo de aborto para la Justicia social María”, la cual brinda apoyo a mujeres de escasos recursos que decidan interrumpir un embarazo de manera legal.
En un ambiente de feria con juegos de globos, dardos, malabares, magos y otras actividades, se realizó la noche de ayer la recaudación de fondos para la iniciativa “Fondo de aborto para la Justicia social María”, en el Centro Cultural Donceles, de la Ciudad de México, la cual atrajo a decenas de personas que entusiastas, acudieron a divertirse y apoyar.
Así mientras un grupo de huapango amenizaba la velada, una mujer caracterizada como la mujer barbuda y una voluntaria que portaba el logo del Fondo María, invitaban a las personas a tomarse una fotografía con ellas mostrando letreros con los mensajes “Ni una muerta más por abortos clandestinos”, “aborto si, aborto no, eso lo decido yo”, entre otros.
Eugenia López Uribe, coordinadora general de la Red Balance, indicó en entrevista con Cimacnoticias, que la actividad que se realiza cada año es para obtener recursos que servirán para apoyar a las mujeres de otras entidades del país que desean practicarse una interrupción legal del embarazo, la cual está permitida en el Distrito Federal desde 2007, hasta las 12 semanas de gestación.
Cabe recordar que 17 estados han modificado sus constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la “concepción-fecundación”, con lo que se ha dado una persecución a las mujeres que interrumpen un embarazo en los hospitales estatales o bien, tienen abortos espontáneos, por lo que quienes deciden abortar de manera voluntaria, tienen que trasladarse a la Ciudad de México, donde el procedimiento es seguro, gratuito y legal.
López Uribe dijo que el apoyo es económico para ayudarlas en su traslado de su lugar de origen a la capital y cubre el hospedaje y medicamentos, también les ofrecen apoyo psicológico y una voluntaria del Fondo María acompaña a las mujeres en todo el proceso, desde la consejería hasta la realización del procedimiento, si es que así lo deciden.
La activista dijo que desde el inicio del proyecto (en 2009) han apoyado a mil 420 mujeres provenientes de casi todos los estados de la república, siendo los de mayor demanda el Estado de México, Puebla, Jalisco y Querétaro.
El Fondo María funciona a través de donaciones que pueden ser desde 20 pesos hasta miles o millones. Actualmente tiene 25 donadores.
Para mayor información visitar la página www.redbalance.org/maria
12/GMV/LGL
noviembre 2012
China: Comités de barrio aplacan a golpeadores de mujeres
Las autoridades chinas unieron sus fuerzas en la provincia de Shenyang con los comités de residentes de las barriadas para frenar la violencia doméstica, un proyecto que al dar resultados positivos será extendido a otras regiones del país.
Según se informó el pasado lunes, la práctica ha tenido efectividad por la intervención de las y los vecinos, pues en la mayoría de las ocasiones las mujeres no reportan la violencia en su contra por depender económicamente del esposo, sentirse avergonzada o pensar que el hecho no volverá a repetirse.
En un país donde este delito no aparece registrado en las legislaciones, la intervención de la policía es vital, pero sólo puede acudir cuando es llamada por la víctima.
Un largo reporte del diario China Daily que entrevista a víctimas, voluntarios, policías y otros especialistas indica que en Liaoning, capital de Shenyang, se estableció de conjunto con el comité de residentes un centro de intervención que desde agosto atendió medio centenar de casos.
Su exitosa participación extendió a 124 vecindades el programa, explicó Yang Xiaodan, presidenta de la Federación de Mujeres de China en el distrito de Shenhe, en ocasión de la celebración el pasado 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Voceros de la policía dijeron que en años recientes el 20 por ciento de las llamadas de emergencia fueron de ataques contra mujeres, y en el pasado los agresores continuaron golpeando a las mujeres una vez que la policía se retiraba por considerarlo un problema familiar.
Pero con el establecimiento de estos centros, el panorama ha cambiado, pues los esposos firman una declaración en la que se comprometen a no volver a atacar a sus esposas, y la policía acude regularmente para confirmar que ese es el caso.
Víctimas consultadas dijeron que desde esa intervención no han recibido más maltratos porque los maridos están temerosos de las autoridades, quienes les advirtieron que los expedientes no serán usados de inmediato, pero pueden utilizarse si se presenta una demanda de divorcio por la mujer abusada.
12/IR/RMB
Durante el sexenio que termina, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas el riesgo para las mujeres de morir asesinadas se incrementó más del 400 por ciento, a pesar de que todas estas entidades cuentan con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con el “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres”, presentado ayer por la Conavim, el aumento se debe a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado implementada por Felipe Calderón, a lo que se suma que pese a la existencia de mecanismos de protección contra la violencia de género, este flagelo lejos de disminuir fue al alza.
La investigación realizada por especialistas de la UNAM y patrocinada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señala que de 1985 a 2009 el número de defunciones femeninas con presunción de homicidio ascendió a 3 mil 874 en esas seis entidades, lo que equivale a 11.3 por ciento de las muertes de mujeres del país, es decir 155 defunciones por año.
“Es innegable el vínculo entre la violencia que genera el narcotráfico y la violencia de género; no obstante no se cuenta con elementos para establecer el tipo y naturaleza de dicha relación”, advierten las y los expertos.
Sin embargo –aclaran– “sí se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico muestra que los hombres son los que poseen y usan en forma apabullante los medios de violencia contra otros hombres, atravesando otros espacios ambientes y rutinas en un ambiente de impunidad que anima a la comisión de delitos y especialmente a ejercer violencia contra las mujeres”.
EFECTOS DE LA MILITARIZACIÓN
Según el análisis en esos seis estados, las y los investigadores explican que –con excepción de Coahuila y Zacatecas– desde 2006 se implementaron operativos militares que derivaron en el incremento de los asesinatos de mujeres.
En el caso de Chihuahua, del total de asesinatos cometidos antes de los operativos militares (2007), 11.3 por ciento fueron contra las mujeres; con operativo (2008), 27.4 por ciento, y tras las acciones militares (2009), se disparó a 33.6 por ciento de homicidios contra la población femenina.
En Nuevo León, antes del operativo, en 5.6 por ciento de los asesinatos las víctimas fueron contra mujeres; con operativo, 6.1 por ciento, y después del operativo, 11.4 por ciento.
En Tamaulipas, antes del operativo, 8.1 por ciento; con operativo, 13.6 por ciento, y después del operativo, 19.7 por ciento;
Entre 2007 y 2009, se dispararon también las tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres: en Durango la tasa ascendió 483.1 por ciento; en Chihuahua, 325.1 por ciento; en Tamaulipas, 169.3 por ciento, y en Nuevo León, 103.4 por ciento. La tasa nacional fue de 68.2.
Las y los autores del estudio indican que en esos estados la violencia social derivada de la delincuencia “no tiene precedentes, impactando de manera negativa a las mujeres y la cual es más grave en Chihuahua”, donde se ubica Ciudad Juárez, urbe emblemática por la violencia social que padece y la persistencia del feminicidio.
En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, entre 2006 y 2010 del total de ejecuciones 6 por ciento fueron de mujeres.
En el análisis de lo que ocurre en esas entidades, las y los expertos destacan que la falta de acceso a la justicia es un indicador de la debilidad del Estado de su ausencia e incompetencia, la cual quiere cubrir con leyes inoperantes por falta de instituciones creíbles.
Por ello llamaron a compromisos claros y firmes en los tres niveles de gobierno y a que se armonice la normatividad local con respecto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas promulgaron su Ley de Acceso en 2007; Coahuila en 2008, y Zacatecas en 2009.
12/GTR/RMB
Un estudio del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señala que 8 de cada 10 trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes no usaron condón en su última relación sexual, por tener “confianza en la fidelidad de su pareja”.
Datos del estudio “Diagnóstico de salud sexual y reproductiva en trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes” realizado en fincas de la región chiapaneca del Soconusco, en el municipio fronterizo de Tapachula, reportan que 53 por ciento de un total de 115 personas encuestadas había tenido relaciones sexuales en el último año sólo con una pareja, y 25 por ciento con dos parejas.
Del total de las personas migrantes encuestadas en dos fincas, el 72 por ciento mencionó que la última relación sexual fue con su pareja habitual, es decir, que vive con ella, y el 37 por ciento indicó que fue con una pareja casual.
En el mismo estudio también se documentó que eventualmente los varones migrantes demandan comercio sexual, pero tienen una nula disponibilidad de condones, por lo que sus relaciones sexuales frecuentemente se dan en contextos de riesgo ante el Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Otro estudio del INSP revela que las mujeres migrantes e indígenas están cuatro veces más expuestas al VIH/Sida debido a que son vistas por “polleros” (traficantes de personas), bandas delictivas, policías y por otros migrantes como cuerpos disponibles, lo que las expone no sólo a violencia sexual sino también a infecciones, embarazos, lesiones e incluso la muerte.
En el camino a Estados Unidos algunas migrantes se quedan en las ciudades fronterizas, donde son explotadas sexualmente y están expuestas a adicciones, violencia sexual y por supuesto a ITS y VIH/Sida.
Por su parte, Alejandro Rivera, director del Colectivo para la Atención de la Salud Integral de la Familia (Cifam), sostuvo que no existen registros sobre el número de personas con VIH/Sida, ya que al estar estigmatizada la infección y quienes la portan, es difícil llevar un registro fiel, además de que hay desabasto de reactivos para la detección y el personal de salud muchas veces no está capacitado en reportes epidemiológicos, por lo que se complica la obtención de datos fidedignos sobre el número de personas seropositivas en esta frontera.
En el marco del Día Mundial de Respuesta ante el VIH-Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la coordinadora del programa VIH-Sida e ITS de la Secretaría de Salud del estado, Doris Edelmann López, informó que Chiapas ocupa el lugar número 10 en el país con casos de la enfermedad.
De acuerdo con cifras oficiales de la Coordinación Estatal del VIH, en Chiapas 27 por ciento de los casos diagnosticados con la enfermedad corresponden a mujeres.
Alejandro Rivera indicó que el aumento de casos femeninos en los registros de VIH/Sida se debe a la situación vulnerable a la que se enfrentan las mujeres en su cotidianidad por su condición de género, especialmente aquellas con menos acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Además explicó que la violencia intrafamiliar incide en el incremento de los casos, y cada vez aumenta más el riesgo para las mujeres migrantes y las mujeres en condición de explotación sexual comercial.
“En Cifam hemos observado, en el caso de las mujeres viviendo con VIH, que ellas tienen antecedentes de violencia intrafamiliar –incluso violencia sexual– y que además han vivido arraigadas a los roles tradicionales de género, con el sometimiento hacia la pareja masculina, así como la escasa o nula posibilidad de decidir sobre su vida e incluso sobre su cuerpo”, puntualizó Rivera.
12/PCH/RMB
En un nuevo episodio del proceso que se le sigue al pederasta Jean Succar Kuri, ahora se presenta el riesgo de que el empresario de origen libanés pueda conseguir un amparo que rebaje su sentencia de 112 años de cárcel.
En conferencia de prensa, Fernando Lechuga Colín, abogado defensor de Succar Kuri informó que el pederasta confeso promoverá en diciembre un amparo contra la sentencia fijada por un Tribunal Unitario, que lo condena por el delito de pornografia infantil y tráfico de menores.
El litigante explicó que el amparo directo, a promoverse en los primeros 15 días de diciembre ante un Tribunal Colegiado de Circuito radicado en Cancún, busca combatir la contradicción de sentencias dictadas en contra de su cliente, correspondientes a un mismo delito.
Originalmente –detalló Lechuga Colín– el juez Segundo de Distrito, Gabriel García Lanz, dictó en marzo de 2011 una sentencia en contra de Succar Kuri por 13 años, un mes y 15 días de prisión por el delito de pornografia infantil.
No obstante, los abogados de las víctimas del empresario interpusieron un recurso de revisión de esa sentencia, y el Tribunal Unitario del 27 Circuito rectificó el fallo y en agosto de 2011 aumentó la pena a 112 años y seis meses de cárcel.
Por ello, el defensor de Succar Kuri confió en ganar el amparo contra la condena ante la contradicción en el volumen de expedientes y en los años de condena.
“Llevamos nueve años y lo único que hay es una sentencia que no es firme”, aseguró Fernando Lechuga, quien afirmó que a su cliente se le han fabricado pruebas inculpatorias que no han sido demostradas o “carecen de validez legal”.
El litigante rechazó que Succar Kuri haya esperado a promover el amparo directo con el cambio del gobierno federal, para aprovechar el retorno al poder de personajes de la política, como Emilio Gamboa Patrón (actual senador), con los cuales se le ligó en el pasado como parte de la red de pornografia y explotación sexual infantil que operaba en Cancún.
Cabe recordar que la periodista Lydia Cacho en su libro “Los Demonios del Edén” fue la primera en develar la red de explotación sexual infantil encabezada por Succar Kuri, en complicidad con el empresario textilero Kamel Nacif.
Posteriormente Cacho fue acusada de difamación por Nacif, quien contó con el apoyo del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, para que las autoridades judiciales persiguieran, encarcelaran y torturaran a la periodista, delitos que hasta la fecha siguen impunes.
12/AF/RMB/LGL
Aunque en el país las nuevas infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y las muertes por Sida disminuyeron casi en una tercera parte de 2005 a 2011, la transmisión del mal entre las mujeres de 15 a 24 años va en aumento, sin que ellas sean atendidas.
Cecilia García, coordinadora de Proyectos de Género de la organización Espolea México, dijo a Cimacnoticias que no hay acciones encaminadas a la prevención del VIH, su detección oportuna y tampoco acceso al tratamiento para las jóvenes, porque “desafortunadamente” no son consideradas poblaciones clave.
Lo anterior a pesar de que las mujeres de 15 a 24 años representan cerca de la mitad de las nuevas infecciones por el virus, dijo la activista, quien refirió que ante la falta de datos sobre la epidemia en esta población, se estima que la tendencia en el país es semejante a la internacional, dijo García al concluir su participación en el “Taller para periodistas: Viendo al futuro en la respuesta al VIH en México”.
En el mundo, cada día se registran 7 mil nuevos casos de VIH, de los cuales 47 por ciento corresponden a mujeres, muchas de ellas jóvenes.
Muestra del avance de la epidemia entre las mexicanas es que en 1996 por cada 10 hombres con VIH había una mujer con el virus, en 2006 pasó a 4 hombres por una mujer, y en 2012, en algunos estados del país, por cada varón hay una mujer con el virus, explicaron activistas en el taller celebrado en el contexto del Día Mundial de Respuesta ante el VIH-Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, el cual cambio su nombre desde hace dos años (anteriormente se denominaba Día Mundial de la Lucha Contra el Sida).
Cecilia García indicó que las jóvenes son más vulnerables al virus porque están expuestas a situaciones de violencia, que reducen su capacidad de protegerse en una relación sexual, y ésta es una “gran barrera” para que ellas puedan prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
Para responder al virus en las mujeres de este grupo de edad, México debe asumir “grandes retos” para garantizarles la prevención, detección oportuna y acceso al tratamiento.
La atención, dijo, debe brindarse “desligando” la salud sexual de la salud reproductiva, de modo que las jóvenes “accedan a información, a métodos anticonceptivos para prevenir, y a una prueba de detección antes de estar embarazadas”.
Y es que hasta ahora la política sólo está dirigida a las gestantes para evitar la transmisión del virus de la mujer al producto, y no en las jóvenes ni en las mujeres en general.
Ante la falta de acciones dirigidas a las jóvenes, la coordinadora de Proyectos de Género en Espolea, organización premiada con el reconocimiento Cinta Roja por sus aportes en la respuesta a la enfermedad durante la Conferencia Internacional de VIH-Sida 2012, apuntó que “urge desarrollar estrategias focalizadas en esta población”.
La estrategia debe iniciar con campañas de sensibilización para que las jóvenes acudan a realizarse una prueba de detección, este mensaje también debe dirigirse al personal de salud con el propósito de que oferten la prueba a las usuarias de los servicios públicos.
Y es que hasta ahora el personal sólo promueve la detección entre las poblaciones clave en el país, que son los hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarias de drogas inyectables, así como “trabajadores y trabajadoras sexuales”.
Otro de los retos es el acceso y adherencia al tratamiento antirretroviral para las jóvenes con VIH, ya que “tener una prueba positiva al virus no garantiza su adherencia al tratamiento”, debido a que “no tienen dinero para trasladarse a los servicios, tampoco cuentan con acompañamiento psicológico, o temen al estigma y discriminación por parte de sus parejas o la comunidad”.
Durante el taller, Georgina Gutiérrez, presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, criticó que la política de respuesta al virus carece de un enfoque de género y únicamente se centra en dichas poblaciones clave, “sin importar que la transmisión del virus esté creciendo en las mujeres de 15 a 24 años”.
Contrario a las “buenas noticias” dadas a conocer con motivo del Día Mundial de Respuesta ante el VIH-Sida acerca de la reducción de 27 por ciento de las muertes por Sida, y de 29 por ciento de las nuevas infecciones por el virus en el país, la activista aseveró que aún falta mucho para responder de manera oportuna a la enfermedad.
Muestra de ello es que el tratamiento no llega oportunamente a las personas con VIH afiliadas al Seguro Popular, al IMSS o al ISSSTE, ya que en todas las instituciones persisten deficiencias en el acceso a los medicamentos, que perjudican la salud de estas mujeres y hombres.
Durante el taller, Diego Palacios, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas para México, denunció que existen “dificultades de logística” por las cuales el tratamiento no llega de manera oportuna, aunque la compra de los medicamentos se realiza puntualmente. Por lo que llamó a “fortalecer las cadenas de distribución” de los antirretrovirales.
Cabe mencionar que organizaciones civiles y la senadora Mónica Arriola de Nueva Alianza solicitaron a la Secretaría de Salud (Ss) la sustitución de José Antonio Izazola como director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), por implementar una política restrictiva en el suministro de medicamentos en institutos de salud y programas estatales de respuesta a la epidemia.
Ayer, la senadora presentó un punto de acuerdo en el que pide a la Ss garantizar el abasto y disponibilidad de los antirretrovirales. De igual modo demandó a la dependencia el uso eficaz y transparente de los recursos destinados al programa de respuesta al virus y a otras ITS.
12/GCJ/RMB/LGL
Con cinco años de retraso y una inversión de 15 millones de pesos (mdp), la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un diagnóstico sobre la violencia de género en México, que confirma lo que otros estudios e informes ciudadanos ya han denunciado: la violencia desatada por la estrategia contra el crimen organizado disparó las agresiones y asesinatos de mujeres.
En un escueto documento de apenas 70 cuartillas –en el que se presenta una síntesis de los resultados de toda la investigación– se indica que a partir de 2008 “en el contexto de inseguridad y violencia que asola al país, las tasas de homicidios han repuntado de manera abrupta”, ya que el 40 por ciento de los asesinatos de mujeres durante la última década ocurrió en los últimos tres años.
Así, el “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres”, se limita a reafirmar el incremento de la violencia extrema contra las mexicanas durante la gestión saliente, y la cual ya han documentado de manera fehaciente diversas organizaciones civiles.
Cuestionada por Cimacnoticias sobre el retraso en la presentación del informe, la titular de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependencia que ordenó la investigación–, Dilcya García Espinoza de los Monteros, simplemente contestó: “Porque hasta ahora se terminó”.
A la presentación del informe no acudieron las organizaciones civiles especializadas en el combate a la violencia de género.
El diagnóstico fue elaborado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, y fue coordinado por la maestra en Sociología Florinda Riquer y el doctor en Sociología Médica Roberto Castro, quien durante la presentación del documento dijo que en “este contexto de violencia social, más allá de los números absolutos, hay patrones que demuestran que a las mujeres les está yendo peor”.
Entre los resultados del informe se indica que la tasa estandarizada de homicidios en 2010 fue de 4.37 por 100 mil mujeres, más del doble de la registrada en 2007 cuando fue de 2.03 por 100 mil mujeres.
Además se reporta que las muertes de mujeres por armas de fuego y explosivos se incrementaron en 2010, al pasar de 7.8 por ciento de casos en 2001 a 23.8 por ciento hace dos años.
Entre otros datos se señala que en el noreste del país una mujer de 24 años de edad tiene un riesgo 39 veces mayor de morir por homicidio, que una mujer de la misma edad que habite la zona centro de México.
Cabe resaltar que el estudio presentado como una herramienta que “servirá para la elaboración de políticas públicas” contra la violencia de género, basa sus análisis en encuestas, estadísticas e informes de otras dependencias federales que datan incluso de hace siete años.
Por ejemplo, recurre a datos de la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Salud, de 2006, y de la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo, elaborada en 2007 por el Instituto Nacional de la Juventud.
Además del documento de 70 cuartillas, la Conavim entregó un CD con cinco volúmenes de más de 300 cuartillas cada uno que contienen conceptos de violencia, el marco legal para combatir el flagelo, así como análisis de homicidios, mapas, gráficas, y un capítulo dedicado a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación.
ENVUELTO EN LA POLÉMICA
La presentación del estudio de Conavim generó amplias expectativas, luego de que desde 2008 la Segob asignó 40 mdp para elaborar un diagnóstico nacional previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007.
Sin embargo, en 2009 la Cámara de Diputados sólo aprobó 9 mdp a la Conavim para la elaboración de ese estudio, luego de que la Comisión de Equidad y Género detectó un subejercicio y falta de transparencia en el manejo de los 40 mdp.
Fue hasta 2011, cuando la anterior titular de la Conavim, Laura Carrera, informó por fin la UNAM realizaría el estudio.
Para colmo, lo presentado hoy por Conavim es información que legisladoras y activistas han dado a conocer con anterioridad.
Por ejemplo, el informe “Feminicidio en México. Aproximaciones, tendencias y cambios”, realizado en 2011 por la Cámara de Diputados, señala que la tasa de muertes violentas de mujeres con presunción de homicidio aumentó un 68 por ciento a nivel nacional entre 2007 y 2009.
También reveló que de 2001 a 2010,10 entidades se pueden catalogar como “focos rojos” por el creciente homicidio de mujeres: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, DF, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Durango y Sonora.
Asimismo, se contabilizaron 3 mil 139 casos de feminicidio en 13 entidades del país en los últimos cuatro años. De enero de 2010 a junio de 2011, en ocho entidades ocurrieron mil 235 asesinatos de mujeres: 320 en el Edomex; 168 en Sinaloa; 169 en Tamaulipas; 142 en Jalisco; 138 en Nuevo León; 125 en el DF; 102 en Oaxaca, y 71 en Sonora.
Según el primer informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), presentado en 2009, de agosto a diciembre de 2008 en 12 estados se registraron 246 asesinatos de mujeres, cifra que lejos de disminuir va en aumento sobre todo en las entidades del norte del país, donde son constantes los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas del crimen organizado.
12/GTR/RMB
Periodista mexicana entre los 100 personajes de revista “Foreign Policy”. ONG chiapanecas exigen a autoridades aplicar la NOM 046. Red de Periodistas de Matamoros inicia campaña contra la violencia de género. El Museo Nacional de San Carlos exhibe murale
Periodista mexicana entre los 100 personajes de revista “Foreign Policy”
México.- La revista estadounidense “Foreign Policy” incluyó entre su lista de los 100 destacados pensadores edición 2012, a Adela Navarro Bello, periodista mexicana y editora del semanario “Zeta”, de Baja California, al ubicarla en el lugar número 76, informó el portal de noticias sonoraahora.com.
La publicación mencionó que la inclusión de Navarro Bello -de 44 años de edad- en esta lista, fue por su excepcional trabajo de investigación sobre el narcotráfico en México. Entre los galardones que ha recibido la periodista se encuentran el de la Libertad de Prensa en 2007, el Ortega y Gasset en 2008, y el Premio al Valor Periodístico en 2011.
Otras mujeres que conforman la lista son la birmana Aung San Suu Kyi Thein Sein; la niña pakistaní Malala Yousafzai y la canciller alemana, Angela Merkel, entre otras.
ONG chiapanecas exigen a autoridades aplicar la NOM 046
México.- Colectivos de mujeres en Chiapas exigieron a las autoridades de salud del estado, capacitar a los prestadores de los servicios de salud sobre la Norma Oficial Mexicana 046-SSA Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046), que garantiza a las mujeres víctimas de violencia sexual acceder a abortos legales y a la anticoncepción de emergencia, entre otras cosas.
La NOM 046 fue publicada el 16 de abril de 2009, sin embargo fue hasta 2012 cuando el gobierno estatal instruyó a directores de áreas, jefes jurisdiccionales, directores de hospitales, clínicas y centros de salud aplicarla. (Con información de Patricia Chandomí).
Red de Periodistas de Matamoros inicia campaña contra la violencia de género
México.- Como parte de la Campaña Mundial 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género, que inició el pasado 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre, integrantes de la Red de Mujeres Periodistas de Matamoros, empezaron la campaña “Mujeres Periodistas en Contra de la Violencia de Género”.
En un comunicado la Red indicó que a través de la iniciativa se busca concientizar a la sociedad sobre las consecuencias de la violencia contra las mujeres y crear entre la población femenina una cultura de denuncia.
Entre las asistentes estuvieron las periodistas Samara del Toro, Erandi Márquez, Rosy García y Lidia Martínez, coordinadora de la Red.
El Museo Nacional de San Carlos exhibe murales elaborados por niñas y adolescentes
México.- Hasta el próximo domingo se podrán apreciar cinco murales realizados por 100 niñas y adolescentes de entre 4 y 19 años de edad provenientes de cinco casas hogar del Distrito Federal, los cuales se exhiben en el Salón Rojo del Museo Nacional de San Carlos, ubicado en la colonia Tabacalera, de la Ciudad de México, refirió el portal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Los murales fueron producto del taller “Manos transformadoras. Creación de alas para la imaginación y la libertad” impartido en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Participación de las Mujeres en las Artes, implementado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y por el Conaculta, a sugerencia de la Asociación de Artistas Plásticos de México (ARTAC).
12/GMV/LGL
Delfina y Carolina esperan reforma migratoria para volver a México
Tras padecer el infierno de viajar de manera indocumentada hacia Estados Unidos, las guerrerenses Delfina López Gutiérrez y Carolina Arroyo Nava aguardan la esperanza de que con la reelección de Barack Obama se apruebe una reforma migratoria que regularice su estancia en el vecino del norte, y puedan regresar a México para reunirse con sus familias.
Hace 30 años que Delfina partió de esta capital estatal hacia EU y no ha vuelto porque carece de documentos que comprueben su nacionalidad estadounidense.
Ella relata a Cimacnoticias que en ese entonces se cansó de no encontrar trabajo en su tierra natal para mantener a su hijo –hoy de 32 años– y a sus padres.
Delfina contrató un “coyote” (traficante de personas) que la llevó desde Guerrero a Tecate, Baja California, con la promesa de llevarla hacia EU. Pero se quedó sin dinero y tuvo que trabajar durante un año sin recibir salario como pago al “pollero”. Se encargó de cuidar a cinco niños menores de 10 años de edad.
Después del año de trabajo, Delfina logró que le pagaran y esperó seis meses para reunir dinero y seguir su camino hacia el norte. Atravesó el desierto de Arizona. “Como en Guerrero no conocemos el desierto, se enfrenta una al miedo hacia un sol fuerte, hacia un terreno que sientes que te cocina por su alta temperatura”, platica.
Hoy Delfina vive en Nueva York, donde labora, pero todos los días teme ser detenida y deportada, narra en entrevista vía telefónica. La mujer dice que mantiene la esperanza de tener pronto tener sus documentos migratorios para venir a México y visitar a su hijo y a sus padres.
RECORRIDO MORTAL
Carolina Arroyo Nava partió hacia EU en febrero pasado. Al contrario de Delfina, ella tuvo la suerte de que un familiar pagara a su arribo “el rescate” por su traslado por parte del “coyote”.
Cuenta cómo fue su travesía también por el desierto de Arizona. Ella viajó desde Guerrero sólo con la ropa que llevaba puesta: pantalón de mezclilla, camiseta blanca, una camisa y un suéter. “Además una gorra para el calor y unos tenis para aguantar el viaje”, detalla.
Carolina iba sin dinero extra, sólo la cantidad que tendría que pagar por el traslado a Nogales, Sonora, y para comer. “No puedes llevar mucho porque finalmente te lo roban”, advierte.
Dice que desde las terminales camioneras los carteristas y extorsionadores hacen de las suyas: “Se hacen pasar por la migra, incluso llevan credenciales y otros de plano te sobornan en las salas de espera. Te amenazan y el miedo te hace creerles cuando te dicen que si no cooperas no sales en el siguiente viaje”.
“Lo peor es que son los mismos mexicanos, los mismos paisanos, los primeros que nos joden”, lamenta en charla telefónica.
Carolina relata que en su grupo de migrantes –de no más de 10 personas– viajaban una mujer con sus dos hijos, y puros hombres, no sólo de México, sino también de Belice y Guatemala, en su mayoría de no más de 30 años de edad. “Son los fuertes, los débiles no sirven para esto de migrar”, apunta.
En el desierto “los coyotes no llevan agua”, coincide Carolina con el relato de Delfina. “Te piden que orines y que tomes agua antes de salir, pues no hay tiempo para eso”, narra.
Son tres horas de camino bajo el sol incandescente, dice Delfina López, que como Carolina, no llevaba más alhajas que unos aretes de oro que “te sirven para negociar y no ser violada”.
Ambas mujeres refieren que el auto en el que las trasladan es un Lincon color negro. “Te dan menos de un minuto para que te metas, te tires al piso y te apiles unos sobre otros, como un taco, quedes donde quedes no te quejas, no gritas, a pesar de que la respiración se dificulta y de que vas oliendo a los otros y los otros a ti que no nos hemos bañado en días”.
Delfina y Carolina platican que en el negocio del “coyotaje” “hasta los carros son arreglados”. “Tienen suspensiones firmes para que la parte de atrás se levante y no se incline por el peso. Adelante van el chofer y un asistente”.
Carolina llegó hasta Michigan, donde vive actualmente. Ambas mujeres aguardan a obtener los documentos que las acrediten como “norteamericanas”, pues los papeles mexicanos no les dieron la oportunidad de una vida mejor y quieren visitar a su familia “aunque sea cuando mueran llevarlos al panteón”.
12/IO/RMB
“Epidemia” de muertes violentas de mujeres en El Salvador
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) presentó el lunes su Informe Nacional 2012 “Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador”.
El estudio reúne datos de enero de 2011 hasta junio de 2012, recolectados por instituciones gubernamentales que tratan esta problemática.
El Informe Nacional 2012 afirma que el país avanzó en el reconocimiento de la violencia, de la desigualdad y de la discriminación contra las mujeres, como principales formas de violación de sus Derechos Humanos (DH).
A pesar de esto, cinco departamentos registraron durante 2011 las tasas más altas de muertes violentas de mujeres, que sobrepasan la cifra nacional de homicidios femeninos (630).
Se trata de La Libertad (92, 14.6 por ciento); San Miguel (63, 10 por ciento); San Salvador (206, 32.7 por ciento); Santa Ana (72, 11.4 por ciento), y Sonsonate (58, 9.2 por ciento).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), números superiores a 21 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, sobrepasan –y mucho– lo que clasifican como epidemia.
Chalatenango y Morazán son, de acuerdo con el documento, los únicos departamentos que registran tasas de homicidios de mujeres menores que el considerado como epidemia, con 9 muertes por cada 100 mil mujeres.
“Estos datos son alarmantes, ya que revelan que en la totalidad del territorio nacional se registran muertes violentas de mujeres, siendo únicamente dos departamentos los que no presentan tasas de epidemia de muertes violentas de mujeres según los criterios de la OMS”, se alerta en el informe, y también se destaca que las principales víctimas de la violencia son mujeres jóvenes con edades de entre 10 y 29 años.
El Informe Nacional 2012 resalta que “la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la desigualdad social de género, y en otras desigualdades sociales (…) y afecta seriamente sus vidas”, y explica que la causa más frecuente para el asesinato de mujeres se denomina “apropiación masculina”.
“Los asesinos tienen la tendencia a considerar a las mujeres como un bien, asumiendo el derecho a decidir, controlar y dominar sus vidas, cuerpo, sexualidad y capacidad reproductiva”, se asienta.
Los principales tipos de violencia sufridos por las mujeres son delitos contra la libertad sexual, agresiones y abusos sexuales, estupros, amenazas, humillaciones y culpabilización, entre otros.
En el informe se afirma que para revertir esta situación alarmante contra la vida de las mujeres “es imperativo avanzar en el combate a la impunidad y a la violencia institucional, avanzar en el reconocimiento de las causas y los efectos de la desigualdad y la violencia”.
Además, en el documento se reclama al Estado el papel de transformar las instituciones y culturas necesarias para garantizar una vida “libre de violencia”.
*Texto retomado de la agencia de noticias ADITAL.
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