En medio del recrudecimiento de la violencia contra las defensoras de Derechos Humanos (DH), y a sólo un día de que concluya la administración de Felipe Calderón –la más sangrienta contra las mujeres, a decir de activistas–, organizaciones civiles denunciaron que en la región mesoamericana han sido asesinadas al menos 24 defensoras humanitarias en los últimos tres años.
La denuncia ocurre a unas horas de que en el estado de Guerrero fueron asesinados la ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo, en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán.
Como parte del Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora desde 2005 cada 29 de noviembre, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que advirtió que el aumento acelerado de ataques contra defensoras se explica en el contexto de inseguridad, militarización y descomposición del Estado y el tejido social en la región mesoamericana.
“Se agudiza la violencia contra las mujeres. La violencia patriarcal es un poderoso instrumento del Estado y los poderes fácticos para controlar a la población y atemorizarla”, advirtió la Iniciativa Mesoamericana.
“Las mujeres que defienden los DH están en la primera línea de los movimientos que denuncian esta situación. Son las que buscan a las víctimas de desaparición forzada, las que sacan a la luz los casos de violencia cometida por militares, las que se movilizan por la defensa del territorio de los pueblos originarios, las que defienden a las mujeres encarceladas por abortar y defienden los derechos sexuales y reproductivos…”, agregó la organización.
De los 24 asesinatos de defensoras de DH en la región mesoamericana, 14 ocurrieron en México, 7 en Honduras y 3 en Guatemala. A los crímenes ocurridos en nuestro país se agregaría el cometido ayer contra Juventina Villa.
En México, la mayoría de las defensoras asesinadas proviene de Chihuahua y Guerrero, estados que concentran también el mayor número de ataques contra defensoras y defensores de DH, precisó la agrupación.
Para 2011, de los 68 ataques individuales cometidos contra hombres y mujeres, 41 por ciento correspondió a mujeres defensoras. México ocupa el segundo lugar en la lista de los países de América en que más amenazas, incluidas de muerte, reciben defensoras y defensores.
El 76 por ciento de las activistas reconoce especificidades de género en el tipo de violencia que vive: 40 por ciento se refiere a la violencia sexual como la principal forma de violencia específica, y 12 por ciento señala las amenazas contra su familia, hijas e hijos como la principal forma de violencia.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos –integrada por decenas de organizaciones civiles de la región– exigió a los Estados que protejan a las defensoras, se les reconozca su lucha, y se les apoye en sus estrategias de auto cuidado.
CASO JUVENTINA
En tanto, agrupaciones humanitarias como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entre otras, condenaron el “artero asesinato” de la ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo de 17 años.
Dijeron que el asesinato de Juventina se suma a los más de 15 homicidios que han sucedido en Coyuca de Catalán de 2011 a la fecha.
La dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fue emboscada y agredida a balazos por desconocidos cuando se desplazaba en una cuatrimoto a las orillas de la comunidad de La Laguna.
Villa Mojica pretendía encabezar a unas 45 familias de esa localidad que se desplazarían a la comunidad Puerto de las Ollas, ante el acoso que han sufrido por parte de talamontes y paramilitares.
“La inacción de las autoridades y la impunidad que impera en la región son causa de esta violencia imparable donde los grupos de la delincuencia organizada han impuesto su ley con el terror de las armas”, acusaron las organizaciones defensoras de DH.
Exigieron al gobierno estatal y federal que detenga el patrón de aniquilamiento contra las y los defensores del bosque, garanticen la seguridad de las familias amenazadas, investiguen todos los crímenes que se han cometido en la región y detengan y castiguen de manera ejemplar a los responsables.
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noviembre 2012
Ni justicia ni atención en salud a indígenas víctimas de violación
La violencia institucional representa una traba más para que las indígenas sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a la justicia y al cuidado de su salud sexual y reproductiva luego de la agresión.
Lo anterior lo señaló Libni Dircio, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Guerrero, quien indicó que estas mujeres “son doblemente víctimas, primero por el agresor y luego por las instituciones (de salud y justicia)”.
La activista denunció que persiste la discriminación en contra de las originarias de comunidades indígenas. Puso como ejemplo que en la mayoría de las comisarías de Guerrero no hay traductores que atiendan a estas mujeres.
Además de la falta de traductores, el personal no está capacitado, ni sensibilizado, por lo que “cuestionan la palabra de las mujeres” cuando acuden a denunciar que sufrieron violencia sexual, dijo a Cimacnoticias la ex titular de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas.
El maltrato por parte de las autoridades merma la posibilidad de que las mujeres continúen el proceso judicial contra su agresor. Por ello, dijo, “es importante que cuando se animen a denunciar tengan una respuesta favorable”.
Otro aspecto que desalienta la denuncia es la corrupción de las autoridades, para quienes “es común” aceptar un “pago” a cambio de la libertad del agresor.
La violencia institucional consiste en los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sofía Román, coordinadora de Ddeser en el DF y Tlaxcala, indicó a Cimacnoticias que las mujeres indígenas sobrevivientes de una agresión sexual también padecen violencia institucional en los servicios de salud, donde son discriminadas por pertenecer a algún grupo étnico y no hablar español.
Este tipo de violencia también se refleja en las barreras que afrontan las mujeres de estas comunidades para acceder a la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) o a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando sufren violación sexual.
Ante este panorama, desde hace cinco años Ddeser apoya económicamente a decenas de mujeres provenientes de estados como Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, para que accedan a un aborto en condiciones seguras en el DF.
Román indicó que la mayoría de estas mujeres son rurales e indígenas, y muchas de ellas fueron víctimas de violación: “La mitad de las originarias de Guerrero sufrieron este delito y no tuvieron acceso al aborto en el estado”.
Lo anterior a pesar de que la interrupción del embarazo es legal cuando las mujeres son víctimas de violación en todo el país, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres”.
La activista concluyó que pese a los avances en leyes y normas para tipificar y sancionar la violencia, todavía falta mucho para que las mujeres la identifiquen y conozcan los mecanismos para obtener justicia y reparar el daño.
Para abatir esta problemática es preciso que las autoridades difundan los tipos de violencia, “que sepan que es un delito y que se sanciona penalmente”. Al mismo tiempo, dijo, es necesario capacitar y sensibilizar a los servidores públicos para que garanticen un “trato digno” a las mujeres.
12/GCJ/RMB
Mujeres de todo el país y el extranjero mostrarán este 1 de diciembre en esta capital miles de pañuelos bordados con los nombres de personas asesinadas, desaparecidas y amenazadas, como símbolo de la violencia durante el sexenio de Felipe Calderón.
El Movimiento de Colectivos “Bordamos por la Paz en México” anunció que se manifestará el próximo sábado para despedir al panista que “deja al país sumido en una guerra arbitraria, siniestra y con serias fallas de estrategia y operación contra el narcotráfico, teniendo como su consecuencia más dolorosa la reiterada desprotección a las víctimas”.
En un comunicado, las activistas afirmaron que cerca de 80 mil personas perdieron la vida durante la gestión que culmina, 30 mil han sido desaparecidas y cerca de 130 mil se han visto obligadas a desplazarse por la violencia que ahoga la vida en sus ciudades, así como por amenazas del crimen organizado o de las autoridades.
Al responsabilizar a Felipe Calderón por las muertes violentas del sexenio, las bordadoras del país dijeron que se congregarán el 1 de diciembre en el Zócalo y la Alameda Central de la Ciudad de México de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para “despedir” al panista con una exposición de pañuelos bordados en memoria de las víctimas.
“Frágiles trozos de tela bordados nombran y acompañan a los muertos y a los desaparecidos. Son el principio del verdadero memorial a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado realizado por ciudadanos con las familias de las víctimas”, explicaron.
El Movimiento de Colectivos “Bordamos por la Paz en México” exigió que se dé seguimiento al juicio contra Calderón ante La Haya por su presunta responsabilidad penal en violaciones a los Derechos Humanos (DH).
También demandó que se publique y se reglamente la Ley Nacional de Víctimas propuesta por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y que a las autoridades y demás responsables correspondientes se les investigue, y se sigan los protocolos internacionales en cada desaparición y secuestro para que se presente con vida a las personas plagiadas.
En su página web, las activistas señalaron que desde junio pasado un grupo de mujeres se organizó en Coyoacán para bordar cada domingo pañuelos con los nombres de las víctimas de la estrategia de Calderón contra el crimen.
Después se comenzó a bordar los nombres de las y los desaparecidos por sugerencia de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Actualmente se han instalado grupos de bordado en las plazas públicas de otros estados.
Las manifestaciones del próximo sábado, cuando asume la Presidencia el priista Enrique Peña Nieto, se replicarán en lugares públicos de España, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, Japón, Guatemala, Argentina, Chile, Perú, Brasil y Costa Rica, dijeron las organizadoras.
“Nos lleva tres horas bordar un pañuelo. En México cada 40 minutos ocurre un crimen violento”, apuntaron en su comunicado.
12/GTR/RMB
Foro ambulante por los derechos de las infancias en Hidalgo. Imparten taller sobre participación política a indígenas oaxaqueñas. Activistas se manifiestan contra la marca Zara en el DF. Amenazan de muerte a defensora de DH colombiana.
Foro ambulante por los derechos de las infancias en Hidalgo
México.- Con el fin de analizar y recabar información sobre la situación de niñas, niños y adolescentes hidalguenses, la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (Redosc) Hidalgo 84 y Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) realizan en varios municipios del estado el “Foro ambulante por los derechos de las infancias”.
El foro se presentará mañana en Zacualtipan, a las 10:00 horas en el salón María Isabel; en Jacala, el próximo viernes a las 15:00 horas en el Auditorio Chico, de la presidencia municipal, y el 19 de diciembre en la plaza principal de Ixmiquilpan a las 10:00 horas.
Toda la información recabada será compilada en el libro “Los derechos de niños, niñas y adolescentes en Hidalgo”, a publicarse en febrero de 2013.
Imparten taller sobre participación política a indígenas oaxaqueñas
México.- Para fortalecer la participación política de mujeres indígenas de la sierra sur de Oaxaca en sus comunidades,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el Grupo Interdiscliplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, imparten desde el pasado lunes un taller a directoras de instancias municipales de la mujer.
Tras el curso se elegirán a 15 mujeres, a quienes se les ayudará a fortalecer su capacidad de oratoria, gestoría y elaboración de proyectos. El taller que finaliza mañana es parte del proyecto del PNUD “Incidencia y construcción de agendas propias: fortalecimiento de liderazgos y ejercicios de ciudadanía femenina indígena en Oaxaca”.
Activistas se manifiestan contra la marca Zara en el DF
México.- Bajo la consigna “¡Ya no queremos ser más víctimas de la moda!”, 20 integrantes de la organización internacional Greenpeace, vestidas de maniquíes, protestaron en las afueras de la sucursal Madero de la marca de ropa española Zara, en la Ciudad de México, para exigir que eliminen de sus prendas y cadenas de producción todos los químicos peligrosos.
Las activistas, quienes indicaron que lo tóxico ya no está “in”, pidieron a Zara sumarse a la campaña Detox, la cual exhorta a la empresa que asuma su responsabilidad sobre la contaminación que causan sus prendas cuando se manufacturan y se lavan, y se vierten las sustancias tóxicas a los ríos. Para unirse a la iniciativa ir al sitio www.greenpeace.org/mexico/es.
Amenazan de muerte a defensora de DH colombiana
Dublín.- La colombiana defensora de los Derechos Humanos (DH) y directora de la Asociación de Madres Unidas por un Solo Dolor (AFUSODO), Martha Díaz, fue amenazada de muerte por un sujeto desconocido en las afueras de su casa, en Barranquilla, informó el portal Front Line Defenders.
La también representante legal de AFUSODO indicó que el pasado 14 de noviembre a las seis de la mañana, un hombre en motocicleta se acercó a su domicilio y le gritó “no se busque más problemas, no vale la pena, abandone el lugar”, y que si no lo hacía la visitarían en la noche, posteriormente arrancó y se fue del lugar.
Front Line Defenders pidió a las autoridades que protejan a la defensora y a los integrantes de AFUSODO.
12/GMV/RMB
Para eliminar los tratos discriminatorios e impositivos que viven las indígenas en trabajo de parto en los centros de salud comunitarios, autoridades municipales de Santa María Tlahuitoltepec y activistas por los derechos femeninos lanzaron un programa piloto para aplicar normas de respeto a las mujeres en trabajo de parto y a las parteras.
Coordinado por Martha Aída Castañeda Pérez, integrante del Centro para los Derechos de la Mujer Naxwin, el proyecto fue diseñado durante más de un año de trabajo a través de distintas reuniones entre las y los usuarios.
En Tlahuitoltepec, comunidad ubicada en el distrito Mixe en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, el nacimiento de una vida es muy importante así como la salud de la madre y del padre para ver crecer a sus hijos e hijas, sin embargo las mujeres enfrentan violencia al momento de ser atendidas en el parto.
Castañeda Pérez, quien se ha dedicado al monitoreo y evaluación de políticas de salud dirigidas a los pueblos indígenas, indicó que en general existe violencia médica e institucional hacia las mujeres indígenas, no obstante la existencia de leyes y reglamentos que establecen un trato digno.
Indicó que en algunas comunidades indígenas a las mujeres las mandan a bañar antes de atender su parto y las insultan cuando se quejan por los dolores de parto.
A partir de las preguntas ¿Cómo te tratan en los centros de salud? y ¿Cómo te gustaría que te trataran?, las mujeres fueron tejiendo un pequeño decálogo que a través de la autoridad municipal, y con algunas dificultades, se estableció como obligatorio en todas las clínicas establecidas en Santa María Tlahuitoltepec.
Parte de las normas de respeto a las mujeres de Tlahuitoltepec en trabajo de parto son: “El personal de salud atiende a las mujeres guardando la intimidad del trabajo de parto, cuidando su comodidad y seguridad. El personal de salud ayuda para que las mujeres tengan su parto en la posición más cómoda.
“El personal de salud permite, si la parturienta así lo desea, que su parto sea atendido por la partera de su confianza cuando no haya complicación. El personal de salud cuida y atiende a las mujeres para que no pase frío.
“El personal de salud respeta a las mujeres en el momento del parto, no les dice groserías, no enjuicia su vida sexual ni su embarazo, sino al contrario las apoya para que su parto se tenga en las mejores condiciones. El personal de salud esta en constante aprendizaje de la lengua mixe”.
Con la colaboración de un equipo interdisciplinario de varias organizaciones civiles y la autoridad municipal, también se elaboró el “Decálogo para el buen trato a las y los usuarios de la unidad médica”.
Así, a las personas que van a consulta se les atiende con los valores emanados de su cultura, considerando el respeto como principio de toda convivencia.
Uno de los puntos que establece el decálogo es: “El personal de la unidad escucha con atención a las y los usuarios, viéndolos a los ojos y haciendo una consulta amable y que brinde confianza”.
Otro punto establece que “para que las y los enfermos tengan confianza, el personal de salud no divulgará el motivo de la consulta ni en las prácticas de salud ni a otras personas”.
Así como “el personal de salud atiende con respeto, amabilidad calidad y escucha a todas las personas, sean de ranchería o de cabecera municipal, hablen lengua indígena o español, sean hombres o mujeres. No discrimina”.
12/CL/RMB
Guatemaltecas migrantes temen acudir a servicios de salud
Ante el temor de ser deportadas a su país de origen, guatemaltecas que se emplean como trabajadoras agrícolas en el municipio chiapaneco de Tapachula, no acuden a los servicios públicos de salud para atender sus embarazos o partos, y optan por recurrir a parteras tradicionales.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública advierte de las fallas de la estrategia “Cartilla de Salud del Migrante”, impulsada en el estado de Chiapas para facilitar el acercamiento de esta población a los servicios gubernamentales de salud.
El diagnóstico de salud sexual y reproductiva en las y los trabajadores agrícolas migrantes en fincas de la región fronteriza del Soconusco, realizado por los investigadores Frida Quintino Pérez y René Leyva Flores, señala que a pesar de la existencia de ese programa a las trabajadoras migrantes se les condiciona la prestación del servicio médico, ya que se les exigen documentos de identidad.
Así, las mujeres migrantes optan por atenderse con parteras, hierberas y hueseras ante cualquier complicación de salud, por el temor de que el servicio médico les sea negado o se les delate ante las autoridades migratorias mexicanas.
De acuerdo con el estudio, las trabajadoras agrícolas migrantes con afectaciones en su salud sexual y reproductiva confían más en las parteras, además de que el costo de atención es más bajo (cerca de 800 pesos mexicanos) y evitan gastos de traslado a los servicios públicos de salud.
DERECHOS DE PAPEL
Frida Quintino y René Leyva indican en su investigación que con las reformas a la Ley General de Población las y los migrantes en tránsito por México tienen derecho a recibir atención médica de urgencia por parte de las instancias públicas de salud.
Sin embargo, explican, no hay claridad en la aplicación de esa normatividad para las trabajadoras agrícolas migrantes, toda vez que su estancia es temporal y por ello “no cumplen con el perfil contemplado en la Ley General de Población”.
De acuerdo con el estudio, el 95 por ciento de las y los trabajadores que se trasladaron a la frontera entre Chiapas y Guatemala en búsqueda de empleo, no tienen como propósito llegar a Estados Unidos y tampoco han sido deportados desde el vecino del norte.
En los últimos seis meses, las y los jornaleros se desplazaron hacia su comunidad de origen en promedio 3.7 ocasiones.
La Convención sobre los Derechos de los Migrantes compromete a los Estados Parte a promover acciones relacionadas con la protección social en materia de salud.
La Convención hace un reconocimiento puntual de los derechos laborales de las y los trabajadores agrícolas migrantes, entre ellos su inclusión en programas de bienestar social (artículo 27).
El tratado establece que esa población y sus familias deberán gozar del mismo trato que los nacionales en el acceso a la seguridad social.
El artículo 28 de la Convención reconoce el acceso a servicios de salud como un derecho de las y los trabajadores migrantes al señalar que “tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente (…), para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato”.
En México, la adopción de esta perspectiva de derechos, y en especial el acceso a servicios de salud, se cristaliza en el artículo cuarto de la Constitución que estipula: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Lo anterior significa que el Estado mexicano reconoce el derecho a la salud sin discriminar la nacionalidad de las personas.
12/PCH/RMB
En México la inserción de las mujeres al mercado laboral está condicionada sobre todo a su nivel escolar, muestra de ello es que la participación de quienes cuentan con educación superior es del doble de la alcanzada por quienes tienen nivel básico.
Lo anterior pone en evidencia que la educación es uno de los ámbitos que “más está contribuyendo a eliminar las inequidades de género” en el trabajo, sostiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su informe “Mujeres y Hombres en México 2011”.
El documento refiere que a mayor escolaridad la tasa de participación en el empleo remunerado es más alta, sobre todo entre las mexicanas.
Así, la inserción laboral de las mujeres con nivel de escolaridad básico es de 25.3 por ciento, mientras que entre quienes cuentan con educación superior es de 44.2 por ciento. Por su parte, los hombres apenas pasan de 61.2 a 73 por ciento.
Otros factores que limitan la participación de las mujeres están estrechamente ligados a la reproducción de los roles de género, asignados socialmente, tales como el cuidado de las hijas e hijos.
Lo anterior se traduce en que las mujeres casadas son las que menos participan en el mercado laboral, a diferencia de los hombres en la misma situación.
La ausencia de responsabilidades familiares para los hombres en sus hogares les permite insertarse en el empleo.
Además la participación de las mujeres en actividades económicas remuneradas está condicionada por el número de descendientes que tengan.
Y es que a medida que aumenta el número de hijas e hijos en las familias, las posibilidades de insertarse o mantenerse en el mercado laboral disminuyen, debido a la mayor carga de trabajo en el hogar.
Por ejemplo, mientras 4 de cada 10 mujeres con uno o dos hijos participa en el mundo del trabajo, únicamente participan dos de cada 10 mujeres con seis hijos o más.
Otra variable que determina el nivel de participación laboral de las mujeres es si son habitantes de una zona urbana o rural, debido a que la brecha de género sigue siendo más alta en el campo que en la ciudad.
El Inegi refiere que en las zonas rurales la participación en el trabajo remunerado es más alta en los hombres que en las mujeres. Mientras que en las urbes las mujeres tienen mayores posibilidades de participación en los espacios públicos y sobre todo en el mercado laboral.
El Inegi concluye que aunque el número de trabajadoras ha aumentado (42 por ciento), sigue siendo menor a la masculina que rebasa el 70 por ciento, sin contar que ellas se insertan en condiciones de desigualdad.
12/GCJ/RMB
Guatemala: reorganizan a ministerios para atender a mujeres
Guatemala instaló el lunes el Gabinete Específico de la Mujer para atender temas relacionados con la población femenina en este país centroamericano, que la ONU clasifica como el segundo con más casos de femicidio/feminicidio.
La vicepresidenta Roxana Baldetti solicitó a los ministerios e instituciones integrantes de ese órgano, reorganizar planes, programas y presupuestos destinados a la atención de las guatemaltecas.
La Secretaría Presidencial para la Mujer tendrá la responsabilidad de elaborar el plan de trabajo para colocar metas de acuerdo a los resultados de cada institución, señaló Baldetti, citada por la Agencia Guatemalteca de Noticias.
“Queremos un solo plan de género y que cada institución sepa cuál es el objetivo del financiamiento, además de contar con estadísticas para medirnos con resultados concretos”, estimó la vicemandataria al considerar que eso ayudará a evitar cifras elevadas en embarazos de niñas, violencia intrafamiliar y sexual, y trata de personas.
Guatemala tiene la segunda tasa más elevada de esos casos (92 por cada millón de habitantes) entre 44 países, donde ese fenómeno se registra de forma alarmante, aseguró la semana pasada la representante en Guatemala de ONU Mujeres, María Machicado.
Según datos oficiales, del 1 de enero al 25 de octubre del presente año, 526 mujeres perecieron por esa causa. La impunidad en ese tipo de crímenes contra las guatemaltecas alcanza casi el 97 por ciento, reveló una organización no gubernamental.
Durante el primer semestre de 2012 se denunciaron 14 mil 119 sucesos de esa índole y solo 449 (3.18 por ciento) concluyeron en sentencias, aseveró Brenda Cabrera, de la Coordinadora 25 de Noviembre.
A 834 ascendió en 2011 el número de muertes violentas contra mujeres, acorde con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina ha prometido disminuir en 100 ese dato durante 2012.
12/RED/RMB
Cerca de 150 mujeres políticas de Baja California Sur (BCS) se comprometieron a impulsar la protección de los derechos electorales de las mexicanas, y una reforma a la ley electoral estatal para garantizar su derecho a competir por cargos de elección popular.
Así concluyó el primer encuentro “Mujeres con poder de cambio en Baja California Sur”, que se realizó el 22 y 23 de noviembre y en el que un grupo de mujeres de distintas ideologías se reunieron para reflexionar cómo fortalecer la participación política femenina.
Las mujeres, militantes de partidos, funcionarias, diputadas, regidoras, juezas, magistradas y ciudadanas, coincidieron en que cada vez que ellas desean competir por un cargo de elección popular enfrentan múltiples problemas para cumplir su objetivo.
En el encuentro, en el que se firmó una declaración al respecto, participaron la magistrada electoral Carmen Alanís, la senadora priista Diva Hadamira Gastélum, la especialista en política y género Cecilia Tapia, y la politóloga Blanca Olivia Peña, entre otras expertas en derecho electoral y estudios de género.
En el documento las mujeres se comprometieron a hacer cumplir las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que hace algunas semanas exhortó al Estado mexicano a fortalecer los derechos político-electorales de las ciudadanas.
Las mujeres señalaron que una de las obligaciones del Estado es asegurar que los partidos cumplan con marcos legales electorales federales y estatales, incluida la modificación o derogación de las disposiciones discriminatorias contra las mujeres.
Atendiendo esta recomendación –dijeron– se debe suprimir el segundo párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que permite que los institutos políticos se excusen en “procesos democráticos internos” para no cumplir la cuota de género 60-40.
Advirtieron que es necesario que la ley electoral prevea sanciones para los partidos que no postulen al porcentaje mínimo de mujeres para diputaciones locales, regidurías o alcaldías, toda vez que hay estados, como BCS, donde no se garantiza el ejercicio de los derechos políticos.
Según un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres, la cuota de género estipulada en la Ley Electoral de BCS es de 33 por ciento en candidaturas de mayoría relativa al Congreso local y para los cargos a los ayuntamientos.
12/AGM/RMB
Performance en Sonora contra la violencia de género. Otorgan medalla a astrónoma mexicana Silvia Torres. Anuncian protesta trabajadoras del IEMS. Reconocen labor de Rocío García Gaytán al frente de Inmujeres.
Performance en Sonora contra la violencia de género
México.- Para concientizar a la población sobre la violencia de género, la actriz y activista Eva Calderón de la Barca presenta el performance “Mujercitando” en distintos espacios educativos y culturales del estado de Sonora.
Su obra toma como herramientas canciones de distintas épocas y géneros musicales, principalmente el grupero, para hacer reflexionar sobre el contenido de sus mensajes al público asistente.
Recientemente “Mujercitando” se presentó en El Colegio de Sonora y en el foro “La invisibilidad de la violencia de género ante la violencia generalizada”, organizado por la Dirección General de Atención de la Mujer de Hermosillo. (Con información de Silvia Núñez Esquer).
Otorgan medalla a astrónoma mexicana Silvia Torres
México.- La astrónoma Silvia Torres Castilleja fue galardonada con la “Medalla Sociedad Astronómica de México” por sus importantes contribuciones científicas, informó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Torres Castilleja nació en la Ciudad de México en 1940, es integrante de la AMC y actualmente es presidenta de la Unión Astronómica Internacional ((IAU, por sus siglas en inglés), ha desarrollado sus investigaciones en el estudio de las nebulosas gaseosas. En 2011 ganó el Premio L’Oréal Unesco que otorga la Organización de las Naciones Unidas.
Anuncian protesta trabajadoras del IEMS
México.- Trabajadoras y trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF realizarán el próximo jueves a las 9:00 horas una movilización a las afueras del plantel Coyoacán del IEMS, para exigir condiciones de trabajo favorables.
María de Lourdes Martínez Romero, integrante del movimiento de profesores organizados del sistema semi-escolarizado, indicó que la protesta a la cual se sumará personal de intendencia, administrativos y médicos, es para exigir su reconocimiento como trabajadores de base con todas las prestaciones de ley, y para que se les brinde materiales y lugares adecuados para desempeñar su labor dentro de la institución.
Informó también que estudiantes de la modalidad semi- escolarizada se unirán a ellos para exigir acceso a laboratorios, préstamos bibliotecarios, salones de música, materiales y equipo, entre otros.
Reconocen labor de Rocío García Gaytán al frente de Inmujeres
México.- ONU Mujeres y la Iniciativa SUMA reconocerán mañana a las 19:00 horas en el Museo Memoria y Tolerancia la labor de Rocío García Gaytán, al frente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) durante este sexenio que concluye.
12/GMV/RMB