Mujeres que emigran de Nicaragua hacia Costa Rica para buscar mejores condiciones de vida reconocen que la mejor forma de ser respetadas es a través de la organización.
A esta conclusión llega el libro “La dignidad vale mucho: Mujeres nicaragüenses forjan derechos en Costa Rica”, investigación que recoge experiencias de migrantes que se han topado con diversos obstáculos para superar sus condiciones adversas.
La psicóloga Mónica Brenes, una de las autoras, explicó que el objetivo de la publicación es evidenciar el esfuerzo de mujeres migrantes para hacer valer sus derechos, aún en contextos de gran discriminación. Además de su nacionalidad, ellas sufren acceso desigual a oportunidades debido a su condición de género.
La investigadora mencionó que en el libro se muestra que las mujeres migrantes nicaragüenses son muy diversas. Están quienes salieron de su país por el proceso de la guerra o bien contextos de violencia intrafamiliar.
“Son experiencias muy diversas, por sus historias o cómo se insertan, y la lucha y dignidad humana que han forjado pese a todas las dificultades”, describió.
Agregó que las nicaragüenses sufren distintos tipos de violencia, como la sexual y laboral, y que el objetivo es visibilizarlas, no sólo como población, sino por los aportes a la sociedad costarricense.
El libro también aborda el tema del acceso a servicios e instituciones públicas, educación, vivienda, salud y justicia, y cómo existen barreras dentro de esas mismas instancias, a causa de prejuicios.
Este libro surgió como resultado del proyecto “Avanzando en los derechos de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe”, que se llevó a cabo entre 2008 y 2011.
Su objetivo era analizar y comparar las características de la migración intrarregional en América Latina. Además del fenómeno migratorio entre Nicaragua y Costa Rica, se estudiaron los procesos Guatemala-México, Haití-República Dominicana, Bolivia-Argentina y Perú-Chile.
La vicepresidenta de la Red de Mujeres Migrantes en Costa Rica, Olinda Bravo, comentó durante la presentación del libro en la Universidad de Costa Rica, que la publicación la transportó 12 años atrás, cuando llegó a este país esperanzada en mejorar sus condiciones.
Bravo, quien fue trabajadora doméstica y hoy labora como educadora, manifestó que la organización de las migrantes les fue dando poder, y así fueron capaces de conocer y hacer valer sus derechos.
“La organización da poder y conocimiento, si se conoce se puede exigir… son luchas que tenemos que ir posicionando en ese país para que lleguemos a la famosa igualdad; la balanza está bien baja para nosotras las mujeres”, aseguró.
Resaltó que esta investigación derriba muchos mitos sobre las mujeres nicaragüenses, como que colapsan el sistema de seguridad social, pues también aportan a la economía costarricense.
Agregó que es muy distinto ser hombre migrante que mujer migrante. Si el primero sale de su país es “un héroe”, si es una mujer, es “mala madre” y se le critica por “abandonar todo”.
La dirigente concluyó que como sujetas de derecho deben sentir esa valentía y coraje para reclamar condiciones dignas.
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diciembre 2012
En México la angustia, depresión, y trastornos alimenticios como la anorexia y bulimia, afectan más a las mujeres que a los hombres, y la causa podría ser que ellas viven en relaciones de violencia, indica la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP).
La ENEP, realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sitúa en ocho por ciento el número de casos de depresión entre la población femenina, informó la UNAM en un comunicado.
Teresa Ordorika Sacristán, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la máxima casa de estudios, señaló que las mujeres presentan ese padecimiento más que los hombres porque “vivimos en un sistema patriarcal que asegura formas de opresión, violencia y dominación de las mujeres, que enferman, y una de esas consecuencias es la depresión”.
Además experimentan violencia de distintos tipos: económica, psicológica, física, o todas, en relaciones de pareja y de otro tipo
Si se habla, por ejemplo, del abuso infantil –un tema poco tratado a fondo– son más niñas, y ello puede producir padecimientos mentales importantes, explicó.
La investigadora señaló que las personas que padecen más depresión, ansiedad, trastornos alimenticios –además de violencia en el hogar o en pareja, y hasta feminicidio– son las mujeres.
“El nuestro es un sistema patriarcal, una sociedad machista. Han habido avances importantes en algunos sectores, pero se viven relaciones que causan problemas mentales, como depresión, que tiende a crecer, afectando la calidad de vida de ellas”, abundó.
Agregó que otro estudio de la OMS, con datos de 15 países, analiza la influencia de los roles de género en la salud mental.
“Ahí se muestra que en sociedades donde los roles femeninos son menos tradicionales decrece la brecha entre los sexos, en la categoría de depresión mayor en las generaciones jóvenes. Todo indica que, en efecto, si tienen más oportunidades de equidad social su salud se fortalece”.
Ordorika Sacristán apuntó que estos padecimientos mentales aparecen en momentos históricos precisos y en sociedades específicas: por lo cual no pueden ser explicadas únicamente por las características individuales, psicológicas o biológicas de quienes las presentan, sino con relación a contextos sociales.
“Es en la articulación de lo social y lo individual donde aparece el padecimiento; no sólo en lo individual. Hay grupos, como las mujeres, que presentan prevalencia a cierto tipo de problemas mentales como angustia, depresión y trastornos alimenticios; este fenómeno se observa más en ellas que en varones”, afirmó.
La socióloga cuestionó las terapias como método para mantener a las mujeres en situaciones que causan los cuadros depresivos: “Para ellas esto es terrible, porque las adaptan a lidiar con las condiciones que enferman”.
Indicó que es necesario que las mujeres tengan acceso a servicios de salud con una visión de género más acorde, que no pretenda adaptar a las y los sujetos a las circunstancias. La medida debe ir acompañada de políticas públicas y de la búsqueda de la equidad en todos los terrenos. De no ser así, las terapias son “paliativos”.
“Además, se requieren políticas públicas que contribuyan a generar equidad. Eso no va a acabar con las dolencias mentales, pero podría reducirlas de manera considerable”, concluyó Ordorika.
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“Esta es la primera vez que salgo de Honduras y me fui de ahí por mis hijos, pues no tengo el apoyo de mi pareja. Ahora a causa de las violaciones que sufrí estoy embarazada y no sé qué hacer”, señala Rocío, migrante hondureña víctima de violencia en su tránsito por México.
Las mujeres representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito a través de México. En 2010 representaron 14.2 por ciento de las detenidas en estaciones migratorias, la mayoría de ellas proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor grado de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba, según información del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
El relato de Rocío forma parte del “Cuaderno sobre secuestro de migrantes. Dimensión, contexto y testimonios de la experiencia de la migración en tránsito por México”, que reúne 33 testimonios de centroamericanas y centroamericanos secuestrados por el crimen organizado en México entre 2008 y 2010.
En mi camino hacia Estados Unidos, “cuando veníamos en el tren mis compañeros y yo cerca de Monterrey, los Zetas nos bajaron. Todos empezamos a correr, pero a mí me alcanzó uno y empezó a agredirme, a golpearme, porque me quería escapar”, narra la mujer.
“Desperté hasta el otro día, golpeada y llena de sangre en mi cara; como pude me escapé y alcancé a llegar a un pueblo que estaba cerca, en donde encontré a una pareja que me ayudó, me llevaron a la Cruz Roja y de ahí me trasladaron a la Casa del Migrante de Saltillo”, detalla.
La madre de dos niños agrega que no es la primera vez que sufre violencia en México: “Ya nos habían secuestrado antes en Medias Aguas (localidad de Veracruz), donde nos tuvieron todo el día y la noche. Ahí nos habían bajado del tren unas personas con machetes y pistolas; nos llevaron al monte y ellos se aprovecharon de nosotras, abusaron de nosotras y luego nos dejaron botadas”.
Rocío recuerda que fue en ese lugar donde uno de los migrantes hombres que también habían secuestrado se escapó y logró llamar al grupo Beta: “Ellos llegaron y nos ayudaron, nos llevaron a la estación de policía a declarar lo que nos había pasado, luego a unos nos llevaron a una casa del migrante y a otros a la Estación Migratoria”.
Ante la dilación de las autoridades para tratar sus casos, Rocío decidió junto con otras y otros migrantes continuar su viaje hacia EU. “Como las autoridades no nos daban respuesta, nos desesperamos y al pasar de los días decidimos seguir nuestro camino”.
En el cuaderno de testimonios, que forma parte de los informes anuales de la Casa del Migrante de Saltillo, y coeditados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se indica que hasta la fecha, las Casas del Migrante y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han documentado 20 mil secuestros por año cometidos contra personas migrantes en tránsito por México, la gran mayoría de ellas de origen centroamericano.
Señala que los secuestros son realizados por integrantes del crimen organizado, siempre en colusión (abierta o no) de agentes estatales de los tres niveles de gobierno, entre los que destacan los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y policías municipales.
Los secuestros van acompañados de delitos como la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, la tortura, el homicidio, la trata de personas, el abuso sexual y la extorsión.
Para Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa de Mujeres en Migración del Imumi, el hecho de que las mujeres en tránsito sufran altos grados de violencia puede tener un impacto importante en la salud mental, afectando su capacidad de desarrollar sus vidas laborales y sociales llegando al país de destino.
Esta situación es de particular importancia considerando el papel de las mujeres en el proceso migratorio, toda vez que ellas migran para buscar trabajo, para mantenerse a sí mismas y a sus familias.
Afirma que desde hace casi una década, la ONU ha documentado casos de violencia contra las mujeres migrantes que transitan por México, refiriendo que la violencia sexual en particular es utilizada por agentes estatales así como por civiles a cambio de la no deportación.
Cabe señalar que Naciones Unidas anunció a mediados de este mes que a partir del próximo 10 de enero implementará en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, un programa de seguridad para migrantes, el cual constará de capacitación para los actores involucrados en la gestión migratoria, en la detección de trata de personas y víctimas de abuso, así como el fortalecimiento de servicios a migrantes.
La ONU invertirá 3 millones 100 mil dólares (cerca de 40 millones de pesos mexicanos) en la implementación de este programa y se espera que a lo largo de dos años beneficie a 300 mil personas migrantes.
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En 2010, según el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), 992 mujeres murieron en México en el ejercicio de su maternidad, es decir, en torno a su embarazo, parto, puerperio o aborto, una de cada 5 era adolescente, 14 por ciento era hablante de una lengua indígena, y 9 de cada 10 recibieron asistencia médica, es decir, no murieron en manos de una partera.
Las condiciones de pobreza y las oportunidades de vida limitadas están estrechamente relacionadas con tener un embarazo a temprana edad, perpetúan la inequidad de género y la desventaja social para las mujeres.
Para el caso de Puebla, el OMM reportó 58 muertes maternas en 2010, de las cuales 9 eran adolescentes y otras 9 hablantes de una lengua indígena, reflejo de la violación al principio de la no discriminación, la universalidad y la equidad, porque afecta a quienes sufren pobreza, no tienen acceso a escolaridad ni a servicios de seguridad social, y viven en zonas rurales, marginadas y aisladas.
Puebla ocupa el quinto lugar entre las entidades federativas con mayor población (5 millones 779 mil 829 habitantes, de las cuales 52 por ciento son mujeres), y con mayor índice de analfabetismo, donde una de cada 10 personas de 15 años en adelante no sabe leer ni escribir (Inegi, 2010).
En 2009, 40 de cada 100 adolescentes poblanas usó algún método anticonceptivo, 3.8 por ciento inició su vida sexual antes de cumplir 15 años. En este mismo año se registraron 122 mil 200 nacimientos, de los cuales 73 por ciento fueron de madres adolescentes (Campaña Por una Maternidad Libre y Voluntaria, CIMAC, México, 2010).
La salud constituye un campo aceptado para la participación pública de las mujeres, ha permitido una tradición de conocimiento y la aparición de oficios vinculados a estos saberes: parteras y sobadoras, como actividades de especialización.
La partería constituye uno de los nichos de reconocimiento para las mujeres al interior de sus familias y comunidades, acompañan a la embarazada durante el proceso, incorporan prácticas locales de salud, comparten una misma cosmovisión, y crean un ambiente de confianza y seguridad para la gestante.
Las traductoras, por su parte, garantizan que las mujeres puedan ser atendidas en su lengua y cuenten con alguien que les ayude a comprender el sentido que ciertos eventos y procesos tienen para las mujeres.
Cuetzalan presenta un trabajo importante en la organización de mujeres: agrupaciones de parteras, médicas, promotoras de salud y/o defensoras de Derechos Humanos de otras mujeres.
Las mujeres organizadas enfrentan las múltiples formas de explotación y opresión. Las indígenas de Cuetzalan empoderadas, promueven su auto-sustentabilidad, la formación de promotoras de salud, la profesionalización de las parteras, y la atención integral a las mujeres en su vida sexual y reproductiva.
La Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud 2001-2006 señala que México cuenta con mil 121 hospitales públicos, 628 de éstos atienden a la población no asegurada, esto significa 1.1 hospitales por cada 100 mil habitantes para la población sin seguridad social.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre entidades federativas: el Distrito Federal cuenta con tres médicos por cada mil habitantes, mientras que Puebla, Chiapas y Estado de México, con menos de uno, y Cuetzalan con uno para la atención de toda la población, 47 mil 433 habitantes.
La especificidad lingüística representa para las indígenas una barrera frente a las instituciones. En Puebla conviven cuatro lenguas indígenas, principalmente náhuatl, con 76.3 por ciento; el resto entre totonaca, popoloca y mazateco, de las cuales al menos 14 por ciento no habla español.
La salud sexual y la salud reproductiva fueron adoptadas como prioridad en la atención de la salud con la creación del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva 1995-2000, hoy Programa de Acción: Salud Reproductiva en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, en el que se reconoce el derecho al disfrute de una vida sexual, reproductiva y post-reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos.
El Estado mexicano firmó y ratificó instrumentos internacionales que otorgan legitimidad a los derechos sexuales y reproductivos, como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994); la Declaración de Valencia (1997); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979); las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México 1975, Copenhage 1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem Do Pará (1990).
Todos esos tratados marcan la normatividad de los Derechos Humanos de las mujeres como sujetas de reconocimiento, goce, ejercicio, protección y respeto de su vida, su integridad física, psíquica y moral, su libertad, salud y sexualidad, reconocido también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006).
Pese a los altos índices de embarazo en adolescentes y de muerte materna, de la vasta legislación nacional y las recomendaciones internacionales, el 12 de marzo de 2009 el Congreso poblano aprobó la reforma al artículo 26 de la Constitución estatal para proteger la vida desde la concepción, criminalizando así a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo aunque a nivel federal la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, obliga a promover la salud sexual y reproductiva, y a ofrecer la interrupción legal del embarazo y efectuarla si la mujer así lo decide de manera informada.
A pesar de su importancia en la realización integral de las mujeres, persisten indicadores de retroceso en la materia, como la ausencia de sensibilización, prestación de servicios y la misma legislación que garantice la decisión y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con pertinencia cultural para las indígenas.
*Investigadora de la Coordinación de Redes de Periodistas de CIMAC.
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México debe reforzar sus acciones para disminuir la obesidad en adolescentes y el número de embarazos en esta población, ya que la gestación en las menores de edad con sobrepeso coloca en riesgo su salud y su vida.
Y es que en el país esta problemática representa una “bomba de tiempo”, ya que las tasas de obesidad y de embarazo en adolescentes son “preocupantes”, advirtió Juan Carlos Bello, coordinador de la Maestría en Medicina materno-fetal en la Universidad Autónoma de Barcelona, durante su participación en el Tercer Congreso Nacional de Medicina Perinatal “Embarazo en adolescentes, vidas en riesgo”.
En el encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Perinatología (INPer), el especialista refirió que una de cada 3 adolescentes en México tiene obesidad y la tendencia apunta a que en breve sean 2 de cada 3.
Mientras que la tasa de embarazo es de 225 nacimientos por cada mil mujeres de 18 a 19 años, edad a la que 60 por ciento de las jóvenes tiene sobrepeso.
Ser una adolescente embarazada con obesidad detona con mayor frecuencia y gravedad padecimientos causantes de enfermedad y muerte ligadas al embarazo, parto y puerperio, como la hemorragia pos parto y la preclampsia-eclampsia (alteraciones en la presión arterial).
Juan Carlos Bello indicó que la prevalencia de la hemorragia pos parto en menores de 17 años con peso normal es de 3 por ciento, el doble de lo que se esperaría en las adultas, pero si las adolescentes son obesas la proporción se eleva a 7 por ciento, y si la obesidad es severa a 13.5 por ciento, es decir 10 veces más de lo que se esperaría en la población general.
En tanto, la preclampsia es 4 veces más frecuente en adolescentes obesas, y casi 7 veces más alta en las menores de edad con obesidad severa.
En las adolescentes con sobrepeso también se duplica el riesgo de que sufran diabetes gestacional, y se triplican las posibilidades de que el producto nazca por cesárea de emergencia.
El también ginecólogo en el Hospital Qiron calificó el panorama como “aterrador”, y exhortó al país a actuar “de manera contundente” para controlar la obesidad en las adolescentes y encaminar acciones de prevención de embarazos en las menores de 17 años, ya que sólo de este modo será posible incidir “de manera viable en la morbimortalidad materna y perinatal”.
Bello criticó que hasta ahora la obesidad se considera un problema de salud pública en pocos países de la región, México es uno de ellos, ya que recién comenzó a preocuparse por esta situación.
Lo anterior a pesar de que la obesidad va en aumento en América Latina, sobre todo en la población que padece mayor desnutrición.
El experto mencionó que en la última década la obesidad, condición física que predispone el desarrollo enfermedades, cambió su prevalencia de forma “dramática”, al pasar de 10 a 25 por ciento, esta proporción es todavía más elevada en países como México (30 por ciento).
Bello Muñoz indicó que el sobrepeso está ligado a la ingesta de comida “chatarra”, pero también a la predisposición física, ya que los padres de las adolescentes padecen obesidad, por lo que “son una generación programada para ser obesa”.
Por ello concluyó que México y el resto de los gobiernos de la región tienen mucho por hacer para abatir el problema: “Hay que hacer trabajo mucho antes de que se embaracen y de que tengan problemas de obesidad”.
12/GCJ/RMB
Pese a que desde 2007 Chiapas cuenta con una Cartilla de Salud del Migrante, como una forma de llevar un control sanitario de las y los migrantes que transitan por el estado, las mujeres migrantes pocas veces acuden a este servicio por temor a ser denunciadas y detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), advirtió Ana Elena Barrios, de la organización Enlace, Capacitación y Comunicación.
“No existe una política de atención a la salud de las mujeres migrantes, las acciones o esfuerzos dependen más de la voluntad de algunas y algunos funcionarios y no de las instancias gubernamentales como tal”, señaló por su parte Miguel Ángel Paz, de la organización Voces Mesoamericanas.
“En ninguna Unidad de Salud se cuentan con servicios de traducción para la atención a mujeres migrantes indígenas lo que impide, en muchas ocasiones, brindar una atención adecuada en Chiapas, uno de los principales estados fronterizos de la zona sur de México”, abundó.
Asimismo las mujeres migrantes tienen problemas de acceso a la identidad para sus hijas e hijos nacidos en México, situación que limita la posibilidad de que accedan a derechos fundamentales como salud y educación, abundó.
En tanto, el nuevo secretario estatal de Salud, Carlos Ruiz Hernández, presumió las supuestas virtudes de la Cartilla de Salud del Migrante.
Dijo que en Chiapas la comunidad migrante tiene acceso a los servicios médicos que ofrece la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria VII de Tapachula, que incluye detección de enfermedades, control prenatal, consulta médica y control de enfermedades crónicas no transmisibles, así como la aplicación de vacunas.
El funcionario estatal señaló que las mujeres migrantes pueden recibir atención hospitalaria, atención del parto y del recién nacido; mientras que en los centros de salud y en el módulo de atención al migrante ubicado en Casa Roja Talismán pueden acceder a talleres para prevención de enfermedades, tales como VIH-Sida, diabetes, hipertensión, paludismo, dengue, tuberculosis, entre otras patologías.
Ruiz Hernández dijo que la Jurisdicción Sanitaria VII, a través del departamento de Promoción de la Salud, entrega Cartillas de Salud del Migrante, documento que sólo se expide en Chiapas y por medio del cual las personas que ingresan a México por territorio chiapaneco pueden acercarse a las unidades médicas de la región para llevar un mejor control del registro de los servicios de salud que reciben en nuestro país.
12/PCH/RMB
La migración femenina se ha convertido en un botín para “coyotes”, redes de trata, policías y agentes migratorios, ante la inacción de las autoridades.
La pobreza y la violencia son dos ingredientes que hacen una bomba de tiempo para las mujeres que deciden salir de su país en busca de mejores condiciones de vida.
A esos ingredientes se suma la carencia de estudios básicos que impide a las migrantes reclamar mejores condiciones laborales al momento de emplearse, denuncian defensoras y defensores de los Derechos Humanos (DH).
Y es que las mujeres centroamericanas se enfrentan en sus trayectos hacia Estados Unidos a redes de trata, y han tenido que utilizar su cuerpo como moneda de cambio con tal de no sufrir violaciones sexuales o seguir con vida.
Además de las redes de trata de personas, las migrantes padecen las extorsiones y abusos de policías, agentes migratorios y vigilantes de los vagones del tren de carga que las traslada desde Arriaga, Chiapas, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana campus Puebla y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, las mujeres centroamericanas que transitan de manera irregular por México están en total indefensión ante la omisión de las autoridades.
La investigación “Mujeres transmigrantes”, coordinada por Oscar Castro, asienta: “Este acecho es una de las condiciones y premisas del secuestro masivo de migrantes. Todos los testimonios revelan la complicidad de las autoridades con las bandas de secuestradores… desde la planeación, realización y durante el cautiverio de las víctimas”.
También menciona que las mujeres migrantes son codiciadas y acosadas por todos los hombres con quienes se encuentren: “Compañeros de viaje, ‘polleros’, policías, funcionarios, autoridades, secuestradores, asaltantes y extorsionadores para servirles de amantes”.
NUEVAS RUTAS, MAYORES PELIGROS
Con tal de evadir ese campo minado, las migrantes han tenido que buscar nuevas rutas que garanticen su seguridad, además de pagar por protección a los “coyotes” (traficantes de personas).
Carol Girón, de la Oficina Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, explica que las mujeres pagan más que los hombres “porque buscan protección para evitar que sean violadas o, en el peor de los casos, víctimas de trata de personas y, a cambio, los traficantes de personas les cobran más”.
Detalla que en algunas comunidades guatemaltecas los hombres pagan más de 5 mil 600 dólares (poco más de 74 mil pesos mexicanos), pero las mujeres pagan un costo más alto de 6 mil 250 dólares (unos 83 mil pesos mexicanos).
Aunque ése no es el costo total, ya que al llegar a EU las mujeres deben pagar una cuota adicional en dólares y ésta por lo general la hacen las familias de las migrantes, misma que oscila entre 500 y 2 mil 500 dólares (6 mil 620 pesos y 33 mil 100 pesos mexicanos, respectivamente).
OTROS RIESGOS
También las mexicanas que tienen como objetivo llegar a EU o laborar en los campos agrícolas del norte del país, se enfrentan a deportaciones y malos tratos por parte de las corporaciones policiacas.
Quienes migran de estados del sur, como Oaxaca y Guerrero, se trasladan en transportes de mala calidad que muchas veces carecen de seguro de viajero, y en caso de sufrir algún accidente quedan en total indefensión.
Así le pasó a Claudia, originaria de la comunidad de El Gachupín, en el municipio oaxaqueño de Santiago Tlazoyaltepec. Ella salió de su pueblo con ocho meses de embarazo, acompañada de su esposo, rumbo a Tijuana donde trabajarían como jornaleros.
Sin embargo el autobús en el que viajaban se impactó contra un tráiler en el kilómetro 454 de la autopista Morelia-Guadalajara, ahí murió su esposo y ella perdió al producto de la gestación y también su pierna derecha.
Después del accidente la empresa camionera Costa de Oro y la aseguradora Quálitas ofrecieron a los padres del hombre fallecido 160 mil pesos y 27 mil pesos a Claudia, monto insuficiente para la prótesis que ella necesita para volver a caminar, ya que su costo asciende a por lo menos 50 mil pesos.
Ante ello, el padre de Claudia, Martín Pacheco, calificó la oferta de la empresa y aseguradora como “una burla”. Ahora Claudia tiene que empezar una nueva vida en su pueblo, pero con mayores obstáculos de los que tenía cuando decidió irse hacia el norte.
Para combatir estos y otros dilemas que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes migrantes han surgido organizaciones nacionales e internacionales que llaman a las autoridades a poner un alto a las redes de trata, a combatir la corrupción en las corporaciones policiacas, y que se respeten los DH de las personas que por múltiples razones optan por salir de sus comunidades para buscar una vida mejor.
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“Aún estando en libertad la lucha sigue”, dijo anoche Rita Neri Moctezuma al salir libre del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, tras 27 días en prisión luego de que fue detenida de manera arbitraria durante los disturbios por la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, el pasado 1 de diciembre.
Rita Neri, de 22 años, estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), se encontraba ese día con sus compañeros Ana Lilia Yepez y Obed Palagot, en el Centro Histórico, cuando presenciaron los abusos policiacos en la calle de Filomeno Mata.
Rita, Ana Lilia y Obed exigieron a los agentes que dejaran en libertad a las y los detenidos, pero en respuesta fueron aprehendidos.
Rita relató que fue perseguida y arrestada en la calle 5 de mayo. Los granaderos que la detuvieron la sometieron, la jalaron del cabello y la subieron a un camión después de recibir la orden de uno de los policías: “Llévala para allá para darle en su madre”. En tanto, su amigo Obed era agredido por otros 10 policías.
En una de las represiones más brutales por parte de policías locales y federales desde los hechos violentos de San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006 –en los que decenas de mujeres sufrieron abuso y violaciones sexuales–, también las jóvenes padecieron transgresiones a sus Derechos Humanos (DH).
Tras los disturbios del pasado 1 de diciembre fueron detenidas en las afueras de la Cámara de Diputados y el Centro Histórico 102 personas, 21 de ellas mujeres, la mayoría estudiantes universitarias.
Las y los detenidos fueron trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público local, donde, según testimonios, pasaron frío, hambre, sed, y padecieron agresiones físicas, psicológicas y verbales.
Las y los jóvenes narraron en su momento que fueron detenidos injustamente, y que sufrieron golpes, vejaciones y humillaciones por parte de las fuerzas de seguridad.
Por falta de pruebas en su contra por el delito de “ataques a la paz pública”, la mayoría de las y los arrestados salieron libres en los primeros días, pero Rita Neri y otros 13 presos llevaron un proceso penal de casi un mes hasta que ayer lograron su liberación tras el pago de una fianza.
El encarcelamiento de la joven generó una fuerte movilización social de grupos como el YoSoy132 y agrupaciones defensoras de los DH para exigir su libertad inmediata.
Otras mujeres que padecieron abusos policiales el 1 de diciembre son Judith Contreras, quien fue aprehendida por supuestos actos vandálicos en un hotel; Mariana Muñiz, quien sólo leía poesía durante la manifestación, y Jessica Reyna, quien tomaba fotografías cerca de Paseo de la Reforma, donde ni siquiera hubo disturbios.
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Nicaragüenses se arriesgan a entrar a CR por “puntos ciegos”
Ante los diversos peligros que se enfrentan, Fátima y Vanesa son dos jóvenes que han optado por buscar nuevas rutas para migrar hacia las fincas cafetaleras de Costa Rica (CR).
Ellas prefieren irse como migrantes irregulares porque “el papeleo” les cuesta a cada una la mitad de lo que ganarían durante un mes recolectando café, 100 dólares (mil 300 pesos mexicanos).
Fátima, de 21 años de edad, y Vanesa, de 23, sólo esperan pasar las fiestas de fin de año en su comunidad de Nandaime, Granada, en el sur nicaragüense, para luego viajar a la vecina CR.
Les espera una larga ruta por veredas de al menos cinco horas a pie, acompañadas de su padre y otros migrantes de distintos puntos de Nicaragua, que deciden en estas fechas cruzar la frontera hacia CR por “puntos ciegos”.
Aunque vayan acompañadas de su padre, Carlos Solórzano, ambas aseguran tener miedo, no sólo porque la policía de migración costarricense las pueda detener y deportar, sino también por algunos delincuentes que puedan encontrarse en el camino.
En esta época hasta los transportistas aumentan el pasaje de forma ilegal aprovechando que crece la demanda de usuarios.
Para llegar más rápido al punto de encuentro acordado con un familiar residente en CR, las dos jóvenes junto a su papá le pagan a un “coyote” (traficante de personas) nicaragüense unos 500 córdobas cada una, equivalente a unos 20 dólares (260 pesos mexicanos) para que les indique la ruta más cercana y menos riesgosa.
El dinero que esperan ganar en CR, unos 500 dólares cada una (6 mil 500 pesos mexicanos) durante los tres meses que planean trabajar, lo invertirán en el negocio que el papá de ambas tiene y que consiste en vender ropa de casa en casa a crédito en distintos barrios rurales de Granada.
“Es muy poco tiempo de trabajo, para invertir en papeleo”, dice Fátima y comenta que no tienen intención de una mayor estadía en CR porque “se sienten discriminadas”.
La discriminación comienza desde la forma de hablar. “Cuando te detectan que no hablas como ellos, hasta se ríen de vos”, cuenta Fátima.
De noviembre a enero se incrementa la migración temporal de nicaragüenses hacia CR. Largas filas de 40 a 70 personas se ubican a diario en las afueras del consulado costarricense en Managua, para solicitar la visa y viajar de forma regular a trabajar temporalmente en las cosechas de café, melón y cítricos.
Se estima que más de 100 mil nicaragüenses están en CR de forma irregular; las y los migrantes llegan con visa de un mes, pero luego no gestionan su renovación y se quedan trabajando en condición irregular.
La comunidad nicaragüense residente en CR representa el 75 por ciento de la población extranjera, equivalente a 287 mil registrados de forma regular, indica el censo nacional 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
Extraoficialmente se estima que hay medio millón de nicaragüenses viviendo en CR en diferentes condiciones migratorias.
La ruta principal de las y los migrantes nicaragüenses y centroamericanos hacia CR es por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde se estima que cruzan a diario en el mes de diciembre más de 5 mil personas.
Un viaje de una nicaragüense de forma regular por la frontera con Peñas Blancas, le cuesta cerca de 100 dólares, pero la visa que extiende el consulado costarricense sólo tiene un mes de vigencia.
Si la nicaragüense decide quedarse necesitará de al menos mil dólares (13 mil pesos mexicanos) para regularizar su situación, según estimaciones de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, por lo que la demanda de esta organización es que los trámites sean más accesibles.
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El sistema de justicia mexicano debe dejar atrás la visión de seguridad nacional que ocasionó múltiples violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en el sexenio pasado, y redoblar esfuerzos para operar desde un enfoque de género y de respeto a las garantías fundamentales.
Lo anterior lo señaló Jaqueline Sáenz, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien señaló que las autoridades deben trabajar para garantizar que esta visión esté en los códigos penales, los protocolos, la práctica judicial y la emisión de sentencias.
En entrevista, Sáenz indicó que es importante lograr que la impartición de justicia sea desde ésa mirada, para frenar las violaciones a los DH derivadas del enfoque de seguridad nacional en el que cualquier persona es considerada un potencial enemigo del Estado en un contexto de combate a la delincuencia organizada.
La investigadora apuntó que sólo cambiando la visión del sistema de justicia en todos los niveles, será posible “hacer frente de manera adecuada a esa problemática nacional” de transgresión a los DH y de violencia contra las mujeres.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), durante la pasada administración transcurrieron “los peores años para los DH de las mujeres”, ya que de diciembre de 2006 a junio de 2012 se registraron 4 mil 112 asesinatos dolosos de mujeres tan sólo en 13 estados.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de los DH, la población femenina fue “víctima colateral” de las acciones anticrimen del gobierno de Felipe Calderón.
La impartición de justicia desde un enfoque de género y de DH es uno de los pendientes que dejó el panista, el cual mostró su desinterés por hacer efectivos los DH y bajar los altos niveles de impunidad en el país, criticó Sáenz.
La investigadora puso como ejemplo el incumplimiento de las sentencias condenatorias que emitió la Corte Interamericana de DH en contra del Estado mexicano por la violación sexual perpetrada por militares en 2002 contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y por los casos de feminicidio en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En esos casos, dijo la integrante de Fundar, el factor común es la violación a los DH de las mujeres y la falta de acceso a la justicia, ya que las investigaciones están congeladas. Mencionó que en el país 98 por ciento de los casos de violaciones a los DH están en la impunidad.
Sáenz señaló que mediante la armonización de las leyes nacionales con los tratados internacionales firmados por México se favorecería el respeto a los DH en el país, al incluir el enfoque de género y de DH en los procesos judiciales.
Miguel Moguel, coordinador del área de DH y seguridad ciudadana de Fundar, refirió a Cimacnoticias que dicha armonización ampliaría los estándares que actualmente utilizan las autoridades en la impartición de justicia.
Recordó que luego de la reforma constitucional de DH, publicada en junio de 2011, los tratados internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación Contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se elevaron a rango constitucional por lo que las autoridades ya deberían estar haciendo uso de ellos. Sin embargo hasta ahora ha faltado voluntad para aplicarlos, criticó.
Moguel indicó que si las y los jueces basaran sus laudos en las disposiciones internacionales de DH, disminuiría la doble discriminación y violencia que sufren las mujeres frente al sistema de justicia.
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