Es de vital importancia la atención que se les brinde a las mujeres víctimas de violencia, pues además de asegurar su bienestar e integridad, procura un adecuado acceso a la justicia, paso indispensable para detener la impunidad y prevenir más agresiones.
En el Distrito Federal el modelo de atención a la violencia ha quedado rebasado, toda vez que los pocos cambios realizados no se basaron en una adecuada evaluación que permitiera identificar y eliminar sus deficiencias.
Para Irma Saucedo González, profesora-investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México (Colmex), la existencia de un modelo único representa en sí un obstáculo.
Las consecuencias de los tipos y modalidades de violencia de género difieren entre sí, por lo que no se puede establecer que todas las víctimas deben ser atendidas de la misma manera.
Dijo además que lo planteado por el “modelo único” no contempla la especialización y profesionalización de las y los servidores públicos, quienes brindan la atención a las víctimas, así como tampoco un monitoreo que permita evaluar su desempeño.
Lo que deriva en que la mayoría de las y los funcionarios desconozcan la problemática que padecen las mujeres, así como los instrumentos nacionales e internacionales (que incluyen los tratados signados por el Estado mexicano para combatir la violencia y discriminación contra las mujeres), que deben ser tomados en cuenta en la atención y el acceso a la justicia.
Con ello coincidió la también investigadora del Colmex, Lucía Melgar Palacios, quien advirtió que ante la falta de profesionalización de los servidores públicos, muchos de ellos no saben cómo identificar a una mujer víctima de violencia, no están al corriente de cómo levantar una denuncia de manera adecuada y sobre todo darle seguimiento a los casos.
Melgar Palacios consideró que la situación de violencia de género para las capitalinas está empeorando, pues si bien no es un fenómeno nuevo, en los últimos meses las tendencias en el número de casos de feminicidio son mayores, y hay más desapariciones forzadas de mujeres jóvenes.
“Anteriormente era algo raro escuchar la manera en la que una mujer era brutalmente asesinada, pero ahora se está convirtiendo en algo más generalizado dentro del lenguaje”, abundó.
La académica no descartó que esta situación se deba a la conciencia cada vez mayor de las mujeres y la población en general por denunciar los hechos de violencia, pero destacó que si el modelo de atención fuera 100 por ciento funcional las agresiones podían haber disminuido.
13/AZM/RMB
julio 2013
El gobierno capitalino lleva 20 años con un mismo modelo de atención contra la violencia de género, mientras surgen nuevas formas de agresión contra las mujeres.
En 1996 la Asamblea Legislativa del DF aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal, la primera en todo el país en definir y sancionar los actos de poder y maltratos que se manifestaban de manera física, verbal, psicoemocional o sexual dentro de la familia.
Durante esa década no había estadísticas sobre violencia de género y sólo la Secretaría de Salud federal estimaba que la “violencia doméstica” se daba en el 30 y 60 por ciento de los hogares, afectando en su mayoría a las mujeres, por lo que la ley abrió la puerta para atender este flagelo.
Se creó entonces el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el DF, integrado por dependencias locales, legisladores y representantes de la sociedad civil, y que –hasta la fecha– tiene como fin “participar en la elaboración del Programa General para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar”.
También nacieron entre 1997 y 2001 las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (Uavif), dependientes de cada delegación, para brindar asistencia jurídica y psicoterapéutica a las víctimas y ayudar a los “procedimientos de conciliación y amigable composición”, según uno de los servicios aún vigentes de la institución.
En los años 90, el discurso oficial contra la delincuencia procuraba el bienestar y la “unión familiar” como una forma de reducir los índices de criminalidad, según asientan estudios como el de “Políticas públicas, violencia de género y feminismo en México”, publicado por la socióloga Miriam Lang en 2003.
En esa lógica, la PGJDF creó los centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI), y de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) en 1990 y 1991, respectivamente, los cuales se sumaron a las acciones mandatadas por ley.
DATOS NUEVOS, VIEJO MODELO
En 2003 se obtuvieron los primeros datos oficiales de violencia de género a través de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (Envim). Se develó que 66.8 por ciento de las capitalinas vivía violencia por parte de algún miembro de su familia, y que el 26.6 por ciento la sufría por parte del novio, esposo o compañero.
Para 2006 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) incluyó por primera vez en su investigación al DF, y divulgó que la violencia de pareja afectaba al 43.5 por ciento de las habitantes.
Aunque ya se contaba con estos datos, durante 12 años (de 1996 a 2008) las unidades de atención continuaron el mismo esquema de conciliación entre las partes, y sin tomar en cuenta otras formas de violencia de género.
En 2008, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el DF definió como violencia a las acciones y omisiones basadas en razones de género que “resultaran en daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres tanto en el ámbito público como privado”.
Con ello se creó el Modelo Único de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, que plantea la coordinación de distintas dependencias para dar seguimiento a los casos desde que la víctima denuncia hasta el final del procedimiento.
Sin embargo no se crearon nuevas instancias y únicamente se definió que los módulos ya existentes (Uavif) serían coordinados por la Dirección de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social local.
Sólo se añadió el rubro de prevención y se conformó una Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, que ahora son denominadas UAPVIF.
En ellas se sigue brindando atención jurídica, psicológica y de trabajo social, pero la nueva ley no eliminó el concepto de “conciliación amigable”.
El único matiz es que el artículo 38 del reglamento de la Ley de Acceso establece que la conciliación sólo podrá realizarse cuando se garantice que la víctima está en igualdad de condiciones que el agresor.
También se crearon refugios para brindar protección máximo durante tres meses a mujeres y a sus hijas e hijos, que estén en grave riesgo de violencia.
Las ex integrantes de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM Lucía Melgar e Irma Saucedo, advierten que el modelo de atención quedó rebasado.
Coinciden en que la situación de violencia contra las capitalinas empeoró, lo que se refleja en más casos de feminicidio, desapariciones forzadas y trata con fines de explotación sexual, así como en el número de mujeres agredidas en sus relaciones de pareja.
Según la Endireh 2011, el porcentaje de capitalinas víctimas de agresiones en su relación de pareja ascendió a 51.9 por ciento, un aumento de más de ocho puntos porcentuales con respecto a 2006.
13/AZM/RMB/LGL
El Senado analiza una serie de reformas para incluir en las políticas públicas y programas sociales a la población lésbico-gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI), generar información estadística sobre estos grupos y paliar los crímenes por odio.
En mayo pasado la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género.
A propósito de esta iniciativa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta afirmó que aunque hay evidencia de que muchas personas de la comunidad LGBTTTI sufren discriminación por su orientación sexual o identidad de género, no existen estadísticas oficiales ni una metodología para obtener esta información.
Los datos más recientes son de un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que reportó que entre enero de 1998 y diciembre de 2008 recibió 696 quejas por discriminación o agresiones vinculadas a la identidad sexual, mismo periodo en que se investigaron 162 homicidios por homofobia.
Por otra parte, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia reportó que para 2008 se cometieron 628 asesinatos de este tipo, sin embargo no hay cifras precisas ni desagregadas para saber si las víctimas eran personas homosexuales, lesbianas o tenían una identidad de género específica.
Al respecto, Mercedes Fernández, integrante del Movimiento LGBTTTI Chihuahuense, sostuvo que hay pocas organizaciones que documenten los crímenes por odio y señaló que durante los últimos nueve años en esa entidad se registraron siete asesinatos de mujeres lesbianas, sin que ninguno haya sido esclarecido.
Es por ello que la perredista propuso que en la nueva ley se ordene al gobierno federal integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Personas Motivadas por la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Víctimas.
La misma ley obligaría a los gobiernos de las 32 entidades a crear un registro público sistemático de los delitos en la materia, así como proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de bases de datos.
De la Peña consideró que se requiere conocer el número de agresiones, el tipo de agresión, el sitio donde ocurren y su ubicación geográfica, para orientar las políticas públicas, recursos financieros y humanos, y las acciones que finquen responsabilidades a los agresores.
La senadora señaló que es necesario colocar el problema en estos términos porque así “le otorga visibilidad y constituye un instrumento potencialmente útil para tratar de luchar contra este fenómeno y sus devastadoras consecuencias”.
La propuesta de ley de 53 artículos ubica los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Por ejemplo, reconoce su derecho a tener personalidad jurídica y la libertad de formar una familia.
La iniciativa también enuncia la discriminación así como las formas y modalidades de violencia por orientación sexual e identidad de género, y llama a las autoridades locales a promover reformas legislativas para agravar los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra la comunidad LGBTTTI.
Angélica de la Peña apuntó que su propuesta incluye las responsabilidades específicas de cada una de las autoridades de los tres niveles de gobierno y los poderes legislativos estatales, sin olvidar los recursos financieros y plazos para implementarla.
“El gran reto en el que se requiere la participación social es que durante el próximo periodo ordinario de sesiones quede aprobada la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género”, apuntó.
A fin de analizar las reformas planteadas por el PRD, ayer se realizó en el Senado el foro “La diversidad sexual por sus Derechos Humanos”, en el que legisladores, activistas y funcionarios abonaron al debate de la iniciativa que se discutirá en las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
13/AGM/RMB
El “Perfil Migratorio de Nicaragua 2012”, elaborado por la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) y disponible en internet, sugiere la creación de programas de educación financiera para incentivar el ahorro y la inversión en iniciativas emprendedoras para las mujeres receptoras de remesas en el país centroamericano.
El documento, primero en su tipo en Centroamérica, tiene como propósito fortalecer la base de información sobre la migración en Nicaragua y promover la creación de políticas públicas migratorias.
Según el estudio, la migración de nicaragüenses representa el 10 por ciento de la población (unas 800 mil mujeres y hombres migrantes), aunque la cantidad podría ser mayor porque no se toma en cuenta la migración irregular.
La principal causa de la migración sigue siendo la económica. Mujeres y hombres salen del país en busca de mejores empleos y salarios, si se toma en cuenta que la mitad de la población activa en Nicaragua está subempleada, según datos de 2010 del Banco Central.
El “Perfil Migratorio” documenta que en los años 80, Costa Rica y Estados Unidos eran los principales destinos y a partir del año 2000 se acentúa la migración intrarregional hacia El Salvador y Panamá.
Posteriormente aumentó la migración a España, país europeo a donde las mujeres suelen viajar por la demanda de mano de obra femenina en el sector servicios.
El análisis recomienda facilitar mecanismos para la gestión de la migración laboral ordenada y priorizar en los programas sociales y de inversión del Estado nicaragüense a grupos vulnerables, como las víctimas de trata de personas y la población migrante retornada.
EN EL OLVIDO, MUJERES QUE EMIGRAN A ESPAÑA
Mercedes Etnia, de 42 años y originaria de León (a hora y media de distancia al occidente de Managua), viajó en enero de 2007 a España, cuando tenía 36 años, en busca de empleo y un mejor salario.
Mercedes, al igual que varias de sus paisanas, considera que la atención del Estado nicaragüense a las migrantes es casi nula en España, ya que si requieren renovar de manera inmediata el pasaporte en la embajada en Madrid, el trámite tarda hasta seis meses.
Agrega que hasta ahora ella no ve ninguna mejoría económica para regresar a Nicaragua, además de que no hay programas de gobierno que tomen en cuenta a las migrantes que retornan.
La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones dijo que el “Perfil Migratorio de Nicaragua 2012” es una herramienta valiosa que le sirve al Estado y a la sociedad para fijar la mirada en las y los migrantes y en las personas que retornan.
Jorge Estrada, coordinador de la Red, advirtió que se requieren programas y proyectos para que las y los nicaragüenses no sigan emigrando, que se mejoren los salarios y se atiendan a las mujeres y a las y los jóvenes en edad productiva con programas de inserción laboral e incentivos emprendedores, pero además fortalecer los consulados para una mejor atención y protección a las y los migrantes.
13/NR/RMB
El estado de Jalisco no cuenta con los recursos económicos necesarios para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia.
En entrevista con Cimacnoticias, Celia Magaña García, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que la falta de presupuesto con perspectiva de género impide que las acciones gubernamentales tengan un impacto real en el combate a la violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio.
Recientemente, y a raíz de la presión social por la escalada en el número de casos de feminicidio en la entidad, el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y la Fiscalía General del Estado impartieron el curso “Reformas legales en materia de feminicidio”.
Con dos días de duración, el curso tuvo como objetivo sensibilizar al personal de la Fiscalía en perspectiva de género, así como dar a conocer el protocolo de investigación en feminicidio –vigente desde noviembre de 2012– para lograr su adecuada aplicación.
A decir de la también doctora en Ciencias Sociales Contemporáneas por la Sorbona de París, para que el protocolo de feminicidio se aplique y los casos de feminicidio sean considerados como tales y no sólo como asesinatos de mujeres, es necesario que se asignen recursos que lo hagan operable.
“Es sumamente importante que se conozca cómo opera el protocolo, pues actualmente no se utiliza, pero de nada sirve tener a servidores públicos capacitados si no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación correspondiente”, sostuvo.
Cabe recordar que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) documentó de 2010 a 2012, 345 asesinatos en la entidad. De los 147 registrados en 2012, las autoridades sólo reconocieron cuatro como feminicidio.
El Presupuesto de Egresos 2013 de Jalisco –que asciende a más de 77 mil 600 millones y medio de pesos– no contempla una partida específica para el combate a la violencia de género o el adelanto de las mujeres.
Sumado a ello, ninguno de los programas de gobierno para el ejercicio fiscal de este año contempla como tema prioritario a las mujeres.
Celia Magaña demandó que haya presupuesto para que las mujeres accedan a la justicia, pues de ello depende en gran medida la prevención de la violencia de género.
El presupuesto asignado al IJM –mecanismo encargado de promover, elaborar y ejecutar las políticas estatales a favor de las mujeres– está etiquetado dentro del gasto de la Secretaría de Gobierno y asciende a 20 millones 283 mil pesos.
13/AZM/RMB
Advierten “carencias” en Ley General de Violencia. Cerca de 5 mil quejas por violaciones a Derechos Humanos. A 6 años de su creación, la AVG es inoperante. Protestan contra exclusión de españolas de políticas de salud.
Advierten “carencias” en Ley General de Violencia
México.- Erika Rodríguez, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, dijo que hay “carencias” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Adelantó que la norma será revisada, ya que faltan instrumentos para erradicar y abatir las agresiones contra las mexicanas.
La funcionaria y sus pares de los institutos estatales de las Mujeres analizarán la ley, a fin de promover la seguridad de la población femenina y garantizar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género, instrumento que señala los “focos rojos” de violencia contra las mujeres.
Cerca de 5 mil quejas por violaciones a Derechos Humanos
México.- De enero a junio de 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 4 mil 803 quejas; entre ellas, por mala atención de un servicio público, faltar a la legalidad, detención arbitraria y negligencia médica, entre otras.
La CNDH emitió 26 recomendaciones a 33 autoridades, como la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social y a las secretarías de Defensa Nacional y de Marina.
También dirigió observaciones a los gobiernos de los estados de México, Chiapas, Morelos y San Luis Potosí.
A 6 años de su creación, la AVG es inoperante
México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que de 2011 a 2012 se registraron en el Estado de México 563 casos de mujeres asesinadas por razón de género.
El OCNF detalló que de ese total sólo 115 víctimas fueron catalogadas como feminicidio por las autoridades, evitando así enfrentar el problema.
La organización advirtió que desde su creación, hace seis años, la Alerta de Violencia de Género (AVG) no ha sido activada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Protestan contra exclusión de españolas de políticas de salud
España.- Cientos de personas protestaron el pasado 22 de julio frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, contra la propuesta de la titular Ana Mato de excluir a las mujeres lesbianas y solteras de los tratamientos de reproducción asistida.
La iniciativa también limita la subvención de esos tratamientos, y da prioridad a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad, parejas formadas por mujeres menores de 40 y hombres que no superen los 55 años de edad.
13/JCUF/RMB
Aún sin cerrarse, brecha educativa entre mujeres y hombres
En México, la brecha educativa entre mujeres y hombres se ha reducido de forma significativa, pero aún persisten barreras para garantizar la educación femenina porque mientras los varones asisten a la escuela un promedio de 8.4 años, las mujeres estudian cerca de 7.9 años.
En 15 años, de 1990 a 2005, se ha incrementado la matrícula femenina en los niveles educativos de nivel medio superior y superior, lo cual se traduce en una reducción de la persistente brecha que existía entre los sexos en estos niveles.
Incluso hay más mujeres que hombres en las universidades, según el “Informe de ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 1994-2015”, elaborado por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
En este reporte que da respuesta a la evaluación de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 2009, conocida como Cairo+15, dice que para 2008 las mujeres trabajadoras tenían en promedio 9.31 años de escolaridad, mientras que los hombres alcanzaban 8.72 años.
Es decir, en 15 años se logró que las mujeres tuvieran más oportunidades de asistir a la escuela y llegar a las universidades; sin embargo el mismo informe reconoce que persisten obstáculos para las indígenas y las mujeres de comunidades rurales, en especial en la educación básica.
En el documento se explica que aumentó el grado de instrucción escolar porque en 1990 los hombres tenían en promedio 6.6 años de escolaridad y para 2005 aumentó a 8.4, en tanto que para las mujeres pasó de 6 a 7.9 años, es decir un nivel cercano al segundo año terminado de secundaria.
Por ello el informe del Estado mexicano dice que el aumento de casi dos años de escolaridad en el transcurso de 15 años resulta aún insuficiente, y destaca que preocupa de manera particular que la distancia de escolaridad entre mujeres y hombres permanezca casi igual.
Otro dato relevante del informe es que para 2005 la población indígena de 15 a 29 años registraba una tasa de analfabetismo (no saber leer ni escribir) de 13.5, es decir casi cuatro veces superior con respecto a la tasa nacional que para ese año era de 2.8.
Para las indígenas el escenario era más preocupante porque ellas registraban una tasa de analfabetismo de 16.1, lo que significa que era casi seis veces mayor al promedio nacional.
Por otra parte, un avance fue que aumentó la proporción de mujeres que estudian carreras consideradas como propias del ámbito masculino, por ejemplo aquellas relacionadas con las ciencias agropecuarias o ingenierías, al pasar de 14 y 23 por ciento, respectivamente, en 1990, a 34 y 30 por ciento en 2006.
Sin embargo, el reporte México dice que aunque hay más mujeres que acceden a la educación universitaria, aún prevalece la segregación educacional en el nivel superior porque se sigue registrando una mayor proporción de mujeres que estudian ciencias de la educación y humanidades.
En este escenario, el informe menciona que la educación es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas en la medida en que potencia sus capacidades, y les permite el acceso a información y la formación de habilidades que amplían sus horizontes de futuro y diversifican sus trayectorias personales.
Además dice que es necesario promover una educación libre de prejuicios y discriminaciones que en sus contenidos, textos, materiales y métodos pedagógicos transmita y refuerce valores, actitudes e imágenes no sexistas, para lograr erradicar los obstáculos que impiden la educación para las mujeres.
13/AGM/RMB
La jueza Carole Brown, de la Corte de Justicia de Ontario, Canadá, emitió un fallo para que se juzgue en ese país a la empresa HudBay Minerals por crímenes cometidos en Guatemala por una de sus subsidiarias, entre ellos, la violación sexual a 11 mujeres, el asesinato de un líder comunitario y las lesiones a un joven que quedó parapléjico.
Luz Méndez, representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), que proporciona acompañamiento a estas mujeres indígenas q’eqchi’es, calificó el dictamen como trascendental, ya que es un precedente a fin de romper la impunidad con que actúan empresas extranjeras que llegan a Guatemala a extraer recursos minerales y cometen ilícitos.
Por primera vez un tribunal canadiense determinó el pasado 22 de julio que es válido iniciar un juicio contra una corporación matriz, ya que su personal está involucrado en violaciones a Derechos Humanos.
Guardias de seguridad privada de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de HudBay Minerals, y elementos de las fuerzas de seguridad de Guatemala violaron sexualmente durante un desalojo en 2007 a mujeres de varias comunidades, 11 denunciaron el hecho.
Dos años después reprimieron una manifestación en la que comunidades q’eqchi’ protestaban contra los desalojos que venía haciendo esa empresa, causando la muerte de Adolfo Ich y las heridas a Germán Chub.
En una conferencia de prensa a la que asistieron algunas de las sobrevivientes de violación sexual, mujeres de entre 33 y 40 años de edad, una de sus representantes, Rosa Elvira Po Ix, dijo que es importante dar a conocer lo que ellas sufrieron durante el desalojo de sus tierras hace seis años.
Agregó que “para este gobierno en Guatemala nosotras no somos nada, parece que en Canadá sí y nos van a respetar nuestros derechos en un juicio”, tras denunciar que en sus comunidades reciben amenazas para que retiren su denuncia, “pero yo voy a seguir en la lucha”.
Estas mujeres además de exigir sean juzgados sus agresores, demandan la certeza jurídica de las tierras que ocupan. “Queremos nuestros títulos, no contratos con empresas que hoy tienen un nombre y mañana otro”, advirtieron.
Algunas de ellas expresaron sentirse contentas porque hay esperanza de que se juzgue a los agresores, y porque han recibido mucho apoyo de varias organizaciones.
A decir de Luz Méndez, hay que reconocer el valor de estas mujeres q’eqchi’es, y señaló que la CGN pretende fragmentar la organización comunitaria, lanzando amenazas y agrediendo a algunos líderes comunitarios, entre ellos, los esposos de las mujeres que presentaron la denuncia a fin de intimidarlas para que desistan de seguir el juicio en Canadá.
Tras expresar su satisfacción por el fallo de la jueza canadiense, la viuda del profesor Ix, Angélica Choc, afirmó que todas las agresiones contra las comunidades de El Estor, departamento de Izabal, ocurren porque defienden su territorio: “La tierra que nos alimenta, los terrenos que son de nosotros y que seguiremos defendiendo”.
Precisó que gracias al trabajo del Ministerio Público actualmente guarda prisión Mynor Padilla, quien era el jefe de seguridad de CGN cuando las mujeres fueron violadas y asesinaron a su esposo.
“Nuestra lucha es muy importante y muy valiosa, y si ahora han conseguido un avance es el resultado de su lucha como pueblos indígenas”, anotó Angélica Choc.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda.
13/REA/RMB
Contexto – Mal capacitado, personal que atiende violencia de género
Es de vital importancia la atención que se les brinde a las mujeres víctimas de violencia, pues además de asegurar su bienestar e integridad, procura un adecuado acceso a la justicia, paso indispensable para detener la impunidad y prevenir más agresiones.
En el Distrito Federal el modelo de atención a la violencia ha quedado rebasado, toda vez que los pocos cambios realizados no se basaron en una adecuada evaluación que permitiera identificar y eliminar sus deficiencias.
Para Irma Saucedo González, profesora-investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México (Colmex), la existencia de un modelo único representa en sí un obstáculo.
Las consecuencias de los tipos y modalidades de violencia de género difieren entre sí, por lo que no se puede establecer que todas las víctimas deben ser atendidas de la misma manera.
Dijo además que lo planteado por el “modelo único” no contempla la especialización y profesionalización de las y los servidores públicos, quienes brindan la atención a las víctimas, así como tampoco un monitoreo que permita evaluar su desempeño.
Lo que deriva en que la mayoría de las y los funcionarios desconozcan la problemática que padecen las mujeres, así como los instrumentos nacionales e internacionales (que incluyen los tratados signados por el Estado mexicano para combatir la violencia y discriminación contra las mujeres), que deben ser tomados en cuenta en la atención y el acceso a la justicia.
Con ello coincidió la también investigadora del Colmex, Lucía Melgar Palacios, quien advirtió que ante la falta de profesionalización de los servidores públicos, muchos de ellos no saben cómo identificar a una mujer víctima de violencia, no están al corriente de cómo levantar una denuncia de manera adecuada y sobre todo darle seguimiento a los casos.
Melgar Palacios consideró que la situación de violencia de género para las capitalinas está empeorando, pues si bien no es un fenómeno nuevo, en los últimos meses las tendencias en el número de casos de feminicidio son mayores, y hay más desapariciones forzadas de mujeres jóvenes.
“Anteriormente era algo raro escuchar la manera en la que una mujer era brutalmente asesinada, pero ahora se está convirtiendo en algo más generalizado dentro del lenguaje”, abundó.
La académica no descartó que esta situación se deba a la conciencia cada vez mayor de las mujeres y la población en general por denunciar los hechos de violencia, pero destacó que si el modelo de atención fuera 100 por ciento funcional las agresiones podían haber disminuido.
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El gobierno capitalino lleva 20 años con un mismo modelo de atención contra la violencia de género, mientras surgen nuevas formas de agresión contra las mujeres.
En 1996 la Asamblea Legislativa del DF aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal, la primera en todo el país en definir y sancionar los actos de poder y maltratos que se manifestaban de manera física, verbal, psicoemocional o sexual dentro de la familia.
Durante esa década no había estadísticas sobre violencia de género y sólo la Secretaría de Salud federal estimaba que la “violencia doméstica” se daba en el 30 y 60 por ciento de los hogares, afectando en su mayoría a las mujeres, por lo que la ley abrió la puerta para atender este flagelo.
Se creó entonces el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el DF, integrado por dependencias locales, legisladores y representantes de la sociedad civil, y que –hasta la fecha– tiene como fin “participar en la elaboración del Programa General para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar”.
También nacieron entre 1997 y 2001 las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (Uavif), dependientes de cada delegación, para brindar asistencia jurídica y psicoterapéutica a las víctimas y ayudar a los “procedimientos de conciliación y amigable composición”, según uno de los servicios aún vigentes de la institución.
En los años 90, el discurso oficial contra la delincuencia procuraba el bienestar y la “unión familiar” como una forma de reducir los índices de criminalidad, según asientan estudios como el de “Políticas públicas, violencia de género y feminismo en México”, publicado por la socióloga Miriam Lang en 2003.
En esa lógica, la PGJDF creó los centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI), y de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) en 1990 y 1991, respectivamente, los cuales se sumaron a las acciones mandatadas por ley.
DATOS NUEVOS, VIEJO MODELO
En 2003 se obtuvieron los primeros datos oficiales de violencia de género a través de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (Envim). Se develó que 66.8 por ciento de las capitalinas vivía violencia por parte de algún miembro de su familia, y que el 26.6 por ciento la sufría por parte del novio, esposo o compañero.
Para 2006 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) incluyó por primera vez en su investigación al DF, y divulgó que la violencia de pareja afectaba al 43.5 por ciento de las habitantes.
Aunque ya se contaba con estos datos, durante 12 años (de 1996 a 2008) las unidades de atención continuaron el mismo esquema de conciliación entre las partes, y sin tomar en cuenta otras formas de violencia de género.
En 2008, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el DF definió como violencia a las acciones y omisiones basadas en razones de género que “resultaran en daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres tanto en el ámbito público como privado”.
Con ello se creó el Modelo Único de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, que plantea la coordinación de distintas dependencias para dar seguimiento a los casos desde que la víctima denuncia hasta el final del procedimiento.
Sin embargo no se crearon nuevas instancias y únicamente se definió que los módulos ya existentes (Uavif) serían coordinados por la Dirección de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social local.
Sólo se añadió el rubro de prevención y se conformó una Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, que ahora son denominadas UAPVIF.
En ellas se sigue brindando atención jurídica, psicológica y de trabajo social, pero la nueva ley no eliminó el concepto de “conciliación amigable”.
El único matiz es que el artículo 38 del reglamento de la Ley de Acceso establece que la conciliación sólo podrá realizarse cuando se garantice que la víctima está en igualdad de condiciones que el agresor.
También se crearon refugios para brindar protección máximo durante tres meses a mujeres y a sus hijas e hijos, que estén en grave riesgo de violencia.
Las ex integrantes de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM Lucía Melgar e Irma Saucedo, advierten que el modelo de atención quedó rebasado.
Coinciden en que la situación de violencia contra las capitalinas empeoró, lo que se refleja en más casos de feminicidio, desapariciones forzadas y trata con fines de explotación sexual, así como en el número de mujeres agredidas en sus relaciones de pareja.
Según la Endireh 2011, el porcentaje de capitalinas víctimas de agresiones en su relación de pareja ascendió a 51.9 por ciento, un aumento de más de ocho puntos porcentuales con respecto a 2006.
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