Mireya Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, en Honduras, fue asesinada el pasado 24 de julio por dos hombres que le dispararon mientras conducía su auto; el crimen ha causado indignación internacional.
En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó el asesinato de la jueza, quien además era secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) en el país centroamericano.
A decir de esta agrupación, el asesinato de la jueza no ha sido el único contra operadores de justicia en Honduras. En 2010 fue asesinada la jueza Olga Mariné Laguna y el 27 de mayo de 2011 fue asesinado Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador en Honduras de la Fiscalía en Puerto Cortés.
En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hace mención de la preocupación por los 22 jueces hondureños amenazados de muerte, por conocer casos relacionados con el crimen organizado o pandillas.
Entre los operadores de justicia amenazados estaba Mireya Mendoza Peña, quien llevó casos de crimen organizado y pandillas.
Cejil señaló que resulta preocupante el contexto de impunidad que prevalece en Honduras. Según el ex fiscal general Luis Rubí, el 80 por ciento de los homicidios quedan en la impunidad por la falta de capacidad de los órganos de investigación.
Para Cejil, Honduras tiene el deber jurídico de investigar las afectaciones al derecho a la vida e iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios disponibles, y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos.
Consideró que el asesinato de la jueza Mendoza es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia, por lo que si no se investiga y sanciona, el Estado dará señal de tolerar estos actos.
Cejil llamó a las autoridades hondureñas a que asignen todos los recursos necesarios para investigar el asesinato de la jueza Mireya Mendoza y sancionar a los responsables, así como ofrecer seguridad a operadores de justicia amenazados o en riesgo.
Por otra parte, organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer Honduras, Feministas Universitarias, el Foro de Mujeres por la Vida, y el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, condenaron el crimen.
Asimismo denunciaron el incremento de la impunidad como resultado de la incapacidad del Estado de garantizar el acceso a la justicia a la población, y la colusión de muchos de sus funcionarios con los delincuentes, imposibilitando la investigación, sanción a los culpables y la reparación a las víctimas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Honduras también repudió el hecho y el atropello contra activistas que son hostigadas por defender los bienes comunes y promover la justicia.
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julio 2013
Cuando Gabriela Sánchez López acudió en marzo de 2010 a la Agencia 08 Especializada en Delitos Sexuales del estado de Jalisco a denunciar las agresiones sexuales que su ex pareja sentimental cometió contra su hija Rosa Isela, sabía que acceder a la justicia sería un proceso largo y complicado.
Gabriela –quien se trasladó a la ciudad de Guadalajara en busca de mejores ingresos económicos– decidió no tomar en cuenta los señalamientos de las personas cercanas, e invirtió su tiempo y recursos para darle seguimiento al juicio.
A la vez que acudía a las diligencias, careos, ratificaciones, declaraciones y que llevaba a su hija –de entonces 13 años de edad– a pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas, Gabriela comenzó a ser víctima de amenazas, agresiones y hostigamiento constantes.
El agresor de su hija, Ricardo Alejandro Meneses Cervantes, en un principio fue acusado de violación sexual, pero el personal judicial encargado del proceso no incluyó todas las pruebas, y el delito fue clasificado como estupro, lo que le permitió salir bajo fianza tan sólo dos semanas después de haber sido detenido.
Luego de que Alejandro logró su libertad condicional, su amigo Evaristo Chamorro Escobar comenzó a amenazar a Gabriela, quien conoció al sujeto en unos grupos de música a donde llevaba a su hija invidente y con retraso mental a fin de incrementar sus habilidades motoras.
A diario, Chamorro la buscaba y perseguía para decirle “que la iba a matar” y que volvería “a violar a su hija”.
Según consta en la averiguación previa C/R/B/3093/2011, el 6 de marzo de 2011 Evaristo Chamorro golpeó a Gabriela para después subirla a su camioneta y retenerla durante algunas horas.
El 8 de marzo de ese año Gabriela lo denunció. Evaristo, al ser detenido y acusado del delito de lesiones graves, reconoció “a medias” la agresión con el argumento de que Gabriela “se lo había buscado y que lo hizo enojar”. No obstante, el agresor salió bajo fianza.
El 23 de marzo de 2011 cuatro sujetos golpearon a Gabriela, quienes le dijeron que “ya le parara porque la tercera es la vencida”. Aunque la mujer no logró identificar a los agresores, ella afirma que están ligados a su ex pareja sentimental.
Nuevamente Gabriela denunció los hechos y ante el temor de que las agresiones se agudizaran decidió abandonar Guadalajara el 24 de marzo y regresar al Estado de México, de donde son originarias tanto ella como su hija.
Intentó continuar la denuncia desde el Edomex, pero no fue posible pues las agresiones fueron cometidas en Jalisco y como no acudió a ratificar la denuncia el caso se desvaneció.
DESPROTEGIDA
Por algunos meses Gabriela vivió tranquila y sin amenazas, pero a fines de 2011 comenzó a recibir llamadas telefónicas intimidatorias. Desconocidos le decían “que ya sabían dónde estaba”, que “la habían encontrado” y que “las iba a pagar”.
Intentó denunciar ante a un MP mexiquense, pero en la entidad “las amenazas no proceden”, ya que no están tipificadas como delito.
Para enero de 2012 Gabriela se incorporó al programa de la federal Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), a través del cual hasta la fecha se le brinda atención psicológica a su hija y sus abogados dan seguimiento al caso.
El 23 de abril de ese año, cuando ella y Rosa Isela regresaban de una de las terapias en la Ciudad de México, un sujeto las aventó y ambas cayeron por las escaleras del Metro.
Aunque solicitó ayuda y denunció que su vida estaba en riesgo por las constantes amenazas, Províctima le reviró que no “se podía hacer nada” porque no había pruebas de que los casos estuvieran relacionados.
Durante ese periodo Gabriela se incorporó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia, donde la capacitaron para detectar y evitar posibles agresiones.
Gabriela comenzó a retomar su proyecto de varios años atrás de crear una asociación civil para atender a madres solteras, en especial a quienes tienen hijas e hijos con discapacidad mental.
Gabriela cuenta que en octubre de 2012 a escasos metros de su vivienda un sujeto la encañonó en la frente y cortó cartucho para después retirarse.
En esa ocasión decidió no ir al MP porque nuevamente “le iban a decir que no había delito que perseguir”, así que una vez más relató lo sucedido a Províctima para que le brindaran protección especial.
TEME POR SU VIDA
Según relata Gabriela, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, impidió que en su caso se activara el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues le dijo que además de que los hechos ocurrieron en Jalisco, ella “no era defensora”.
Desde el Movimiento por la Paz se logró que las autoridades mexiquenses le otorgaran medidas de protección y se le asignara una patrulla para vigilarla. La medida sólo opera en la entidad y para salir del estado Gabriela debe avisar con varios días de anticipación.
El pasado 23 abril Evaristo fue condenado a tres meses de prisión por el delito de lesiones, y el pasado 21 de junio Ricardo Alejandro Meneses Cervantes –el agresor de su hija– fue condenado a tres años y un mes de prisión, pues aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 30/2010 para que fueran admitidas todas las pruebas del caso, el sujeto fue condenado sólo por el delito de estupro.
Los abogados interpusieron un amparo para ambas sentencias, al considerar que “no existió una valoración real de las pruebas”.
Ahora Gabriela teme por su vida, pero no permite que esos miedos la derrumben y mejor toma “fuerzas de ellos para seguir adelante y algún día alcanzar la justicia”.
Convencida de que su experiencia puede evitar que “más mujeres, niñas y niños se vean envueltas en el sufrimiento”, buscó recursos económicos en todas partes y hoy dirige la organización Madres Afortunadas.
A través de ella se brinda terapia ocupacional y de desarrollo a menores de edad, principalmente con discapacidad mental o motora, y también se brinda atención y orientación a las madres solteras de estas niñas y niños. “Ya logré que me apoye un optometrista, un dentista y una psicóloga; voy poco a poco pero voy por más”, destacó.
13/RED
El Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual del DF cuestionó la actuación del Gobierno del Distrito Federal en el combate a este delito, al señalar que disminuyeron las consignaciones por este crimen en 400 por ciento, así como las acciones para rescatar a las víctimas.
Según el “Tercer Informe Respeto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual y violencia feminicida en el Distrito Federal”, las consignaciones en la Ciudad de México pasaron de 49 a 12, en contraste con las averiguaciones previas que aumentaron de 11 en 2011 a 16 en 2012.
En cuanto a los operativos en contra del lenocinio, pasaron de cero en 2010 a 26 en 2012, año en el que sólo se rescató a nueve víctimas, a diferencia de 2010 cuando se liberaron a 118, derivadas de las averiguaciones previas, lo que quiere decir que en 2012 se rescató menos del 10 por ciento de víctimas en comparación con 2010.
Asimismo, durante los operativos en la Ciudad de México para rescatar a víctimas de trata en 2012, sólo se pudieron liberar a 65 víctimas, lo que también contrasta con las 164 personas rescatadas en 2011.
En materia de corrupción de menores se informó que el número de rescatados por este delito aún es bajo, ya que durante 2012 hubo sólo 13 personas. Y en cuanto a turismo sexual se indicó que no hubo ninguna acción legal contra este delito.
Sin embargo, se estableció que aquellas mujeres que pudieron ser liberadas de las redes de tratantes no pueden regresar a su lugar de origen, debido a la estigmatización que viven en sus comunidades o colonias.
El Observatorio, además de señalar la disminución en acciones concretas legales para consignar el delito de trata, entrevistó a mujeres víctimas y en su tercer informe indicó rasgos distintivos entre ellas, como historias de carencias afectivas, que viven formas de violencia, desigualdad y subordinación desde niñas, no cuentan con una figura masculina, están solas, cuidan de hermanos y han trabajado a muy temprana edad.
A este perfil también agregaron que algunas mujeres que son “enganchadas” con fines de explotación sexual provienen de entornos marginales, comunidades indígenas o zonas de alta vulnerabilidad de estados como Veracruz, Tabasco, Puebla y San Luis Potosí, y que asumen el rol materno desde la infancia.
Por lo que, dijo el Observatorio, una vez que estas mujeres son introducidas al sistema de explotación sexual su vulnerabilidad aumenta, ya que se encuentran ante nuevos escenarios de inequidad en los que aceptan la violencia en todas sus formas, y no se reconocen como víctimas.
Es en ese momento que la violencia feminicida se presenta porque ellas son consideradas “mujeres desecho” para estas redes.
La Dirección de Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) detalló que en la Ciudad de México, de diciembre de 2010 a noviembre de 2011, se iniciaron 17 juicios por feminicidio, y en 2012 fueron 17 las sentencias contra este delito, las cuales fueron condenatorias. No obstante, la Procuraduría de Justicia capitalina había registrado 44 casos de feminicidio en 2012.
María Antonieta Chávez, coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas –otra organización dedicada a denunciar este delito– indicó que en esta investigación se dio cuenta de la estrecha relación entre el delito de trata, los secuestros y las desapariciones de mujeres.
José Bonilla, director de la Fundación de la Mano con la Justicia, calificó la información oficial como “ridícula” por la magnitud del problema, y aseguró que el Ministerio Público no está persiguiendo e investigando los delitos.
También cuestionó la idea de que en el DF no exista delincuencia organizada, luego de conocerse testimonios de víctimas rescatadas de las redes de traficantes de personas.
13/LOA/RMB
Ante incapacidad oficial, mujeres afrontan violencia intrafamiliar
Un grupo de mujeres –militantes sociales en su mayoría– y algunas políticas trabajan activamente en la ciudad uruguaya de Barros Blancos desde el 2004 sobre diversas temáticas de género.
El disparador para concentrarse específicamente en la violencia intrafamiliar fue haber vivido de cerca esa situación con lo que le ocurría a una compañera del mismo grupo.
“Acá no se cumplía con que la persona que va a denunciar tenga su espacio para poder hacerlo: lo hacía en el mostrador junto con el que iba a sacarse la cédula, etcétera. Logramos que se tomara la denuncia en un cuarto aparte –como dice la ley– y también logramos tener policías comunitarios”, cuenta Stella Novarese.
Otra dificultad importante se da cuando hay que hacer la denuncia en la noche: “La policía no puede ir a retirar al agresor, tiene que esperar hasta el otro día y la víctima no tiene donde ir”, explica.
De ahí surgió la necesidad de formar redes para albergar a las víctimas. Asumiendo todos los riesgos que eso implica, les ha funcionado. Desde entonces piden un centro de atención para las víctimas de violencia intrafamiliar en Barros Blancos, la instalación de una Comisaría de la Mujer y un mayor involucramiento de todos los actores sociales y políticos de la zona.
“Nosotras siempre seguimos con el trabajo de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas, porque el hecho de que existan instituciones del Estado no quiere decir que funcionen o que se pueda acceder a ellas fácilmente. Acá existe el Mides (Ministerio de Desarrollo Social), que tiene una unidad de violencia intrafamiliar. Pero atiende una vez por semana dos horas”, explica.
Dentro del grupo tienen mujeres que han vivido situaciones de violencia en el hogar y las han superado. Sus testimonios son positivos en el trabajo con las actuales víctimas, porque dan un mensaje de que se puede salir.
“Te dicen ‘yo no me reconozco’ (en como actué) porque se han curado. Tenemos que entender que esto es un tema de salud, que estamos en una sociedad enferma de violencia intrafamiliar”, analiza Novarese.
Con la reciente instalación, por parte del Ministerio del Interior, de una unidad especializada en Pando, donde también funciona el único juzgado especializado en violencia de género existente en el interior del país, la situación en Barros Blancos “se complicó aún más, porque la comisaría de acá dejó de tomar las denuncias. Se instaló un contenedor detrás de la Comisaría de Pando donde se reciben las denuncias de Toledo, Sauce, Suárez, Pando, Empalme Olmos y Barros Blancos”, relata Novarese.
Los traslados para hacer las denuncias no son fáciles de concretar. Lo que han conseguido, dialogando con el comisario de Barros Blancos es que cuando una mujer se presenta a denunciar una situación de violencia “existe el compromiso de trasladarla a Pando”.
“Tiene que haber personas especializadas en cada lugar, donde la gente tenga acceso rápido, porque es difícil para una mujer tomar la decisión de denunciar y encima tener que trasladarse a otra ciudad para poder hacerlo en el estado de vulnerabilidad que se encuentra”, evalúa la activista.
REFUGIO
Con el apoyo del alcalde local y de numerosas empresas de la zona, la comisión de mujeres está trabajando en un proyecto de creación de un centro de atención a las víctimas de violencia para Barros Blancos.
En el municipio “tenemos comprometido tanto al oficialismo como a la oposición, así que de acá el proyecto sale sí o sí”, asegura Novarese, quien considera que antes de agosto ese primer paso va a estar dado.
Luego debe pasar por la Junta del departamento de Canelones y “la última palabra la tiene el intendente (gobernador) Marcos Carámbula”.
“Es un proyecto ambicioso y único. Queremos que sea un hogar de transición donde la mujer pueda no sólo pasar la noche cuando hace la denuncia, sino que dé oportunidad de trabajar con ella para visualizar otras salidas.
“Queremos hacer talleres de capacitación para lograr una inserción laboral de esas mujeres, que funcione una guardería para las niñas y niños, mientras ellas van a trabajar y comprometer a las empresas no sólo en la construcción del centro sino después, para dar trabajo a esas mujeres”, explica.
Lo van a tramitar mediante la obtención de una figura jurídica,
pero lo que más desvela a Novarese es “hacer que este proyecto sea sustentable a futuro”. Su esperanza es convocar a la participación y lograr el involucramiento de mucha gente.
PREOCUPARSE Y OCUPARSE
“Escuchamos todo el tiempo decir ‘¡qué preocupante el tema de la violencia doméstica!’. Pero, ¿cuánto nos ocupamos del tema? ‘Muere una mujer cada nueve días por violencia intrafamiliar en Uruguay’… Y si yo dijera que están matando a un comerciante cada nueve días, ¿no sería alarma pública? La peor violencia la vive la mujer puertas adentro de su casa”, enfatiza la activista.
Las medidas de restricción son poco efectivas y las denuncias se acumulan, llegando muchas veces a los desenlaces trágicos que nos hemos habituado a ver en la crónica policial. “Van muy pocas personas presas por violencia doméstica en nuestro país. Para que alguien vaya preso tiene que haber desfigurado a la mujer, dejarla media muerta o haberla asesinado”, sostiene.
Los asesinatos por violencia en el hogar no son ajenos a la realidad
de Barros Blancos. Una de las últimas mujeres fue degollada “a
pocos metros de acá (el centro cívico)”.
La comisión de mujeres tiene estrecho contacto con las maestras comunitarias de las escuelas. “Ahí se han detectado muchos casos de abuso sexual y también han aparecido casos de violencia doméstica”, valora Novarese y agrega: “Es muy bueno trabajar en red”, aunque reconoce que no siempre se sabe cómo manejar estas situaciones.
Aun cuando todas las personas que trabajan en el proyecto son conscientes de la problemática, no es fácil comprender cómo funciona el círculo de la violencia doméstica y lo complicado que es salir.
“Discutíamos las reglas que íbamos a tener en el centro.
Entonces alguien dijo que si venían y luego retiraban la denuncia al agresor, ya no tenían derecho a volver, lo cual es un disparate porque así no las estamos ayudando”, pone de ejemplo.
MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS
Novarese da talleres sobre género en el centro cívico o en comisiones de barrio, y se da cuenta que no hay percepción sobre todos los tipos de violencia que existen y se ejercen cotidianamente de un modo “natural”.
“Si el novio controla quiénes son los amigos de la novia en la red social, si no permite que vaya a tal o cual lado, eso ya es violencia”, asegura Novarese.
Por ser madre de adolescentes, está en estrecho contacto con las formas de relacionarse entre ellos y le preocupa cómo naturalizan conductas de control o descalificadoras, que las jóvenes explican diciendo “me cela porque me quiere”, cuando el mensaje subliminal de esos “celos” es “tú no eres confiable”.
En todos estos años de trabajo, la activista se ha preguntado muchas veces por qué hay tantos casos de violencia doméstica en Barros Blancos y tiene una teoría: “Yo tengo una estadística de situación de vida de cada persona y hay un denominador común en el perfil de los agresores: en su mayoría son trabajadores sometidos a jerarquías, militares y policías y si miras las cifras de los tres lugares que encabezan esta estadística (Toledo, Barros
Blancos y Paso Carrasco), la principal ocupación son cuarteles.
Creo que ahí hay un patrón común que habría que estudiarse detenidamente”, afirma.
“Muchas veces vienen y te dicen ‘yo aguanto por mis hijos’ y nosotras, de una manera un poco dura, les hacemos ver que lo que les están enseñando es: al hijo a ser golpeador y a la hija a ser golpeada”, relata dando cuenta de lo difícil y desgastante que es trabajar en el tema. “Yo siento que si una en 20 casos pudo salir, ya valió la pena el esfuerzo”, concluye.
*Retomado del suplemento semanal uruguayo La República de las Mujeres.
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Isis Bello dice tener una fórmula infalible para medir las resistencias que aún persisten a la hora de promover acciones positivas para el avance de las mujeres en zonas rurales.
“Lo primero que dicen los directivos cuando se habla de brechas de género es que ‘aquí no hay eso’, lo que da la medida de que el problema sigue oculto, no se reconoce”, relata la integrante de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) en Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba.
Luego aparecen otras expresiones como “ese trabajo es muy difícil”, “las mujeres no asumen cargos porque no quieren” o “este no es el mejor momento”, añade Bello, para quien a veces “hay demasiadas justificaciones” y una gran necesidad de trabajar más coordinadamente entre quienes actúan a nivel local, a partir de sus realidades y necesidades.
Las alianzas con las universidades y sus investigaciones son un camino favorable en ese empeño común, dijo Bello al término de la capacitación “Desarrollo rural. Una mirada desde la equidad de género”, realizada del 16 al 18 de julio en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, a unos 860 kilómetros de La Habana.
Convocado por la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Ministerio de la Agricultura, el encuentro reunió a una treintena de representantes de esas y otras organizaciones no gubernamentales del sector agrario, de los gobiernos provinciales y locales, las universidades y la dirección de medio ambiente de Santiago de Cuba y Guantánamo.
Se les unieron, además, una docena de docentes y alumnos de diferentes especialidades de la educación superior que asistieron a este intercambio, considerado un curso precongreso del V Coloquio Internacional del Grupo Equidad de la Universidad de Oriente.
Con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la iniciativa es parte de un proceso continuo de formación que busca incrementar las capacidades locales y preparar agentes de igualdad en ambos territorios, donde esa agencia de cooperación emprende el proyecto Desarrollo Rural del Oriente cubano, con un eje de equidad de género.
Junto al interés de incentivar un desarrollo rural con énfasis en lo territorial, que incorpore a diversos actores sociales en el impulso de las potencialidades locales, el proyecto pretende empoderar a las mujeres rurales como actoras de su propio desarrollo, a la vez que frenar las brechas de género en los procesos de crecimiento económico local.
El curso, que continuará en septiembre y noviembre próximos con otros encuentros, es impartido por docentes e investigadores del Equipo de Estudios Rurales de la Universidad de La Habana.
Con una presencia del 17 por ciento en las actividades de agricultura, pesca y silvicultura, las cubanas se concentran, fundamentalmente, como parceleras y cooperativistas en el café, el tabaco y los cultivos varios (frijoles, maíz, hortalizas), en detrimento de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y las empresas estatales, precisa la profesora Niurka Pérez Rojas.
La coordinadora del Equipo de Estudios Rurales señala que existe un patrón reproductivo que ubica a las mujeres, mayoritariamente, en ocupaciones que son una extensión del trabajo doméstico, “lo cual se acepta acríticamente”.
“Esta situación genera pocos ingresos y representa para ellas espacios menores de poder. Además, el tiempo libre para la mujer es escaso”, añade.
Entre los obstáculos que priman a la hora de que ellas se incorporen o no a las cooperativas, Pérez Rojas menciona el peso de su papel tradicional como “cuidadoras”, el papel pasivo ante decisiones productivas de los hombres (cónyuge, padre, hijo, hermano) y la invisibilización de su aporte a la unidad productiva.
Aunque los estudios citados por la profesora Rojas reconocen un leve incremento en empleos no tradicionales como macheteras, conductoras de “combinadas” y camiones, así como alguna influencia en decisiones productivas a nivel de base, las mujeres no llegan a la dirección, agrega.
Además, “las amas de casa rurales carecen de reconocimiento social y de compensación económica; se les clasifica como población inactiva que no busca ni tiene empleo, a pesar de sostener y reproducir las fuerzas y energías de la sociedad”, resume.
A juicio de Esperanza González, de la FMC en Guantánamo, queda mucho por hacer frente a la cultura machista arraigada en las áreas rurales, “donde el mayor poder lo tiene el hombre, no sólo en la familia, sino también en la comunidad”, comenta a SEMlac.
González identifica a la familia como un escenario donde hay que trabajar y seguir promoviendo cambios de mentalidad. “Trabajar con enfoque de género significa también desarrollo, calidad de vida y promover para hombres y mujeres las mismas oportunidades. Ésa es una batalla que se gana en la comunidad”, reflexiona.
Además de promover que las mujeres se asocien a las cooperativas y disfruten de sus beneficios, explicó que en Guantánamo, a 900 kilómetros de La Habana, se trabaja para visibilizar el trabajo remunerado o no que ellas hacen y no siempre se tiene en cuenta, así como en velar por la calidad del trabajo que se les oferta.
Un espacio ganado y que permite sinergias entre diferentes organizaciones y actores son los Comités de Género, que funcionan en cada provincia, precisó.
“Aunque son pocos los proyectos de cooperación, han contribuido a que el avance de las mujeres no se quede en leyes y pretensiones, sino que forme parte de su vida cotidiana”, asegura la también guantanamera Isis Bello.
Partidaria de que se haga más sociología rural, se den los resultados de las investigaciones a los actores locales y se luche contra estilos machistas de dirección, aboga también por acciones afirmativas a favor de las mujeres.
A ella le queda claro que la inequidad de género en el sector rural hay que enfocarla desde el desarrollo rural sostenible. “La sostenibilidad no es sólo económica y medioambiental; es lo socialmente justo”, dice a SEMlac.
13/SM/RMB
Preeti Rathi tenía 25 años cuando murió en un hospital de la ciudad india de Mumbai, exactamente un mes después de que un hombre le lanzara ácido en el andén de una estación de tren.
Rathi, quien falleció el pasado 2 de junio, había ido de Nueva Delhi a Mumbai para trabajar como enfermera en un hospital naval al sur de la ciudad.
El agresor no ha sido capturado a pesar de que el sistema de televisión de circuito cerrado lo habría identificado y de las protestas de su familia y activistas que se unieron a la causa.
No se trata de un caso aislado. De hecho, en los últimos años, cientos de mujeres y adolescentes de distintas ciudades de India han soportado terribles experiencias similares.
Aquellas que sucumben a las heridas sufren una muerte dolorosa. El ácido les come la piel dejando heridas que se infectan rápidamente y causan septicemia, entre otros problemas muy graves.
Las que sobreviven quedan marcadas de por vida con terribles cicatrices. La mayoría viven ocultando sus rostros y cuerpos “deformados” –palabra que usaron muchas de las fuentes con que habló IPS/Cimacnoticias– de las miradas horrorizadas.
LECCIONES DE BANGLADESH
Las activistas suelen mencionar el ejemplo del vecino Bangladesh, donde los ataques con ácido, que sumaron 2 mil 500 entre 1999 y 2009, se redujeron drásticamente tras regular la venta.
Según un informe de 2011 del Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia, estas agresiones cayeron casi 20 por ciento al año desde que se promulgó la Ley para el Control de Ácido y la Ley para la Prevención de Delitos con Ácido en 2002, las que restringieron la importación y venta libre de estas sustancias.
Las medidas preventivas incluyen el cierre de comercios y la suspensión de licencias para la venta de ácido al público. El culpable de infringir estas normas deberá pagar una multa de mil 200 dólares (15 mil 300 pesos mexicanos) o, en los casos más graves, enfrenta la pena de muerte.
Pero incluso en Bangladesh, las medidas de control no son eficientes. “Las condenas no llegan a 10 por ciento de los casos, pues los responsables suelen ser más poderosos que las víctimas o sobrevivientes”, advirtió Sultana Kamal, directora de la organización de Derechos Humanos (DH) bangladesí Ain o Salish Kendra.
Faltan datos oficiales, pero estudios realizados por investigadores independientes y organizaciones de DH muestran que los ataques con ácido son un crimen de género, que tiene a las mujeres jóvenes como principal objetivo.
La mayoría de las veces, los agresores son hombres cuyas relaciones amorosas no terminaron como ellos esperaban.
En India, una sociedad todavía muy patriarcal y en transición entre el conservadurismo y la modernidad, las aspiraciones de las jóvenes y las mujeres de educarse y trabajar cuentan con el apoyo de políticas de Estado.
Pero cientos de hombres se sienten despreciados por esta nueva independencia femenina. Sin recursos para tolerar lo que perciben como un insulto a su masculinidad, muchos de ellos buscan venganza lastimando físicamente a las mujeres, en un intento desesperado de recuperar la autoridad perdida.
Hasta ahora, los ataques con ácido caían simplemente entre los crímenes contra las mujeres, que ascendieron a 244 mil 270 en 2012, e incluyen prácticas tan atroces como violación, muerte por dote (cuando la familia política de una mujer la mata o la empuja al suicidio como forma de chantaje para obtener una dote mayor), y trata con fines de explotación sexual, según la Oficina Nacional de Registro de Delitos.
El oriental estado de Bengala Occidental concentra 12.7 por ciento de los casos, mientras su capital, Kolkata, es la tercera ciudad de India más peligrosa para las mujeres, después de Nueva Delhi y Bangalore.
Subhas Chakraborty, de la Fundación de Sobrevivientes de Ácido de India, con sede en Kolkata, dijo a IPS/Cimacnoticias que la organización solicitó al gobierno de Bengala Occidental aplique el derecho a la información para obtener cifras reales de ataques contra las mujeres en ese estado.
“Entre 2006 y 2011 sólo se registraron 56 casos y 77 víctimas”, observó Chakraborty. Probablemente la cantidad real de incidentes sea mucho mayor, estimó.
El Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia, de la estadounidense Facultad de Derecho de Cornell, registró 153 ataques con ácido denunciados en la prensa, entre enero de 2002 y octubre de 2010.
La Campaña y Lucha contra los Ataques con Ácido a las Mujeres recopiló una lista de 65 incidentes en el sureño estado de Karnataka entre 1999 y 2008.
La organización intervino en el sonado caso de Hasina Hussain, a quien ayudó a recurrir a la justicia en 1999, cuando fue quemada con ácido por su ex empleador, Joseph Rodrigues, quien, despechado porque la joven, entonces de 19 años, rechazó su propuesta de matrimonio, le arrojó dos litros de ácido.
Aun con la ayuda de esta organización no gubernamental, la Corte Superior de Kolkata demoró siete años en condenar a Rodrigues a cadena perpetua.
ACTIVISTAS RECLAMAN MEDIDAS
C J Pragya, de la sureña ciudad de Bangalore, ya no se estremece cuando piensa en mostrar su rostro, otrora bello y ahora cubierto de cicatrices. Lejos de esconderse, creó la organización stopacidattacks.org y lanza campañas contra estos ataques.
Pero muchos, si bien reconocen el valor de estos esfuerzos individuales, sostienen que sin medidas a escala nacional las agresiones con ácido no se detendrán. Desde hace años, las activistas reclaman leyes más duras y la atención debida de las instituciones del Estado.
Hace siete años, la Corte Suprema de Justicia recomendó al gobierno que promoviera una ley “completa e integral” para dar respuesta a esta amenaza, según Chakraborty.
Pero se necesitó la brutal violación de una estudiante de medicina en un autobús en Nueva Delhi, el 16 de diciembre de 2012, y de la consiguiente movilización popular de protesta, para que el gobierno acelerara la aprobación de la Ley de Reforma del Código Penal, en abril pasado.
La reforma introdujo cambios legales sustantivos para proteger a las mujeres de la violencia y estableció duras sanciones contra quienes violen sus derechos.
Ahora, la pena para una agresión con ácido puede ir de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, además de una multa que puede ascender a 16 mil 600 dólares (212 mil pesos mexicanos), según el texto enmendado hace un par de meses.
El monto de esa multa se destinará a costear las complejas intervenciones quirúrgicas necesarias para la reconstrucción facial.
Sonali Mukherjee, una joven del estado de Dhanbad, por ejemplo, debió someterse a 22 operaciones tras un ataque en 2003, relató Chakraborty.
Pero el dinero no basta para reparar a las familias ni a la víctima de un ataque con ácido. La rehabilitación sigue siendo uno de los grandes problemas para las sobrevivientes. Muchos hogares pobres carecen de los recursos que requiere un tratamiento complejo, que incluye atención psicológica.
La Corte Superior de Punyab instruyó hace poco al gobierno estatal para que diseñe una política que asegure tratamiento gratuito, incluyendo atención psicológica.
ÁCIDO DE FÁCIL ACCESO
Las activistas aplauden los cambios legales, pero cuestionan la falta de restricciones a la venta del arma agresora: el ácido. Una botella de ácido sulfúrico, clorhídrico o nítrico se puede adquirir por sólo 30 rupias (50 centavos de dólar/6 pesos mexicanos) casi en cualquier esquina.
El abogado mayor ante la Corte Suprema, Kamlesh Jain, dijo a IPS/Cimacnoticias que la reforma penal no arrojará cambios mientras no se enfrente este problema esencial.
La abogada de DH Aparna Bhat presentó en 2006 un litigio de interés público en un tribunal federal reclamando la prohibición de la venta de ácidos en mostrador. Entonces Bhat representaba a Laxmi, quien quedó marcada de por vida cuando un novio despechado le lanzó ácido al rostro.
La abogada alegó que la falta de mecanismos normativos permite que la sustancia corrosiva sea de fácil acceso para el agresor, con lo que coinciden activistas que denuncian que el arma está al alcance de la mano.
El pasado 9 de julio, la Corte Suprema advirtió que prohibirá la venta de ácido si los gobiernos central y estatales no la regulan de inmediato.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional IPS.
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El gobierno federal, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y los gobiernos de los estados se comportan como los peores patrones.
No hay autoridad laboral que vigile a las autoridades gubernamentales de sus abusos. Inspectores laborales, algunos contratados por honorarios, ni por equivocación se atreven a vigilar esas áreas de trabajo; es tierra de nadie, salvo la del patrón gobierno.
Los trabajadores no sindicalizados, temporales, de confianza y de honorarios tienen que ingeniárselas para sortear los abusos que enfrentan día a día en su trabajo ordinario.
Saben que su empleo no es seguro y por ello sufren arbitrariedades constantes de funcionarios gubernamentales que operan como patrón. No hay instancia legal que los proteja. Son decenas de miles de trabajadores que laboran en esas indignas condiciones.
El caso más grave lo tienen los trabajadores de honorarios. Ellos están contratados de manera fraudulenta bajo la apariencia de una contratación de civil para evitar que la dependencia gubernamental tenga obligaciones laborales de cualquier tipo.
Obligan a los trabajadores contratados a entregar un recibo de honorarios para evitar tengan derecho a un comprobante de salarios que haga constar sus prestaciones laborales. Se les niega hasta la entrega de una credencial para identificarse. La violación a sus Derechos Humanos empieza con el desconocimiento de su calidad de trabajadores.
No pueden ser considerados como trabajadores, ni de segunda, porque ni siquiera se les reconoce su calidad laboral. Son como personas sin derechos, como objetos a los que se les puede dar un trato denigrante, pero eso sí, por su condición inestable, se les obliga a realizar tareas más allá de los límites legales permitidos.
No se les inscribe ni en el IMSS ni en el ISSSTE y con ello no sólo carecen de derecho a la atención médica de ellos en lo personal sino también de sus familiares. Esta omisión les impide cotizar en las instituciones de seguridad social para poder jubilarse.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, acaba de declarar que los trabajadores que laboran al servicio del GDF deben tener “condiciones de jubilación dignas”, pero los trabajadores de honorarios a su servicio nunca podrán tener esas posibilidades.
Por más antigüedad que tengan las y los trabajadoras bajo el régimen de honorarios no tendrán derecho a alcanzar esa posibilidad porque simplemente no cotizan.
LAS MADRES SOLTERAS
Las madres solteras son quienes llevan la peor parte en la contratación de honorarios. Al carecer de seguridad social simplemente no pueden proteger a sus hijos y ni a ellas mismas.
Hay lugares como en Locatel, institución de apoyo a la ciudadanía para localización de personas y vehículos en el GDF, que a todo su personal operativo lo tienen contratado bajo el régimen de honorarios.
Cuando enferman las trabajadoras de esa dependencia se atreven a exigirles un comprobante de su incapacidad del ¡IMSS o el ISSSTE! cuando ni siquiera gozan de esas prestaciones. Es una burla y una falta de respeto el trato hacia ellas.
Su calidad de madres solteras las obliga a aceptar condiciones que rebasan las jornadas de trabajo ordinarias. Su jornada es de 10 horas con 45 minutos y una hora más para tomar sus alimentos y 15 minutos adicionales para ir al baño.
Las percepciones que reciben son de 6 mil 3 pesos mensuales sin pago de tiempo extraordinario, sin prestaciones sociales como aguinaldo, productividad, reconocimiento de antigüedad, vacaciones y prima de vacaciones.
Su permanencia e ingresos económicos están condicionados a la firma de un contrato de honorarios obligándolos a renunciar al pago de días laborados. Generalmente son contratos trimestrales y el periodo de labores viene reducido de manera arbitraria en días de pago.
Sin una explicación razonada, no se les cubren 25 días de salario al año a pesar de que los laboran. A las y los trabajadores de honorarios en todo el GDF no les pagaron cinco días en el mes de marzo pasado; seis días en el mes de junio de este año; en los meses de septiembre y diciembre ya se les avisó que no les cubrirán siete días en cada periodo.
¿A dónde va ese “ahorro” que hace el GDF en perjuicio de quienes laboran bajo el régimen de honorarios?
Es una cantidad que debe ser resarcida a las y los trabajadoras de honorarios. No hay una justificación de reducir sus percepciones a casi un mes de salarios en el año. Para quienes perciben un ingreso modesto como los trabajadores de honorarios esto es un verdadero robo.
CONDICIONES DE TRABAJO
En Locatel, por ejemplo, los espacios donde laboran las y los trabajadores de honorarios son reducidos y sin ventilación apropiada. Ello provoca que las y los operadores telefónicos ingieran líquidos de manera constante sin que les sea permitido acudir al baño cuando así lo requieran, salvo en el tiempo establecido a riesgo de ser castigados.
Hay una especie de gendarme cibernético en Locatel que controla la permanencia de los trabajadores a través de un sistema de control llamado Symposium, que vigila a los trabajadores que se ausenten de su área de trabajo para imponer una sanción. El problema no es la vigilancia, sino la ausencia de prestaciones para justificar la presión laboral.
El personal de supervisión llega al extremo de amonestar al personal hasta por estar mal sentado, a pesar de que la mayoría de las sillas no sirven o están ladeadas por falta de ruedas. Las trabajadoras deben permanecer en una posición recta durante toda su jornada de trabajo, lo que les genera fuertes dolores de espalda con afectaciones irreversibles.
La falta de presupuesto en esa dependencia genera que tengan medios de trabajo inadecuados. El personal tiene que usar las llamadas “diademas” para responder a las llamadas telefónicas ciudadanas y éstas en su mayoría se encuentran rotas.
El personal de cómputo tiene que adherirlas con pegamento común lo que obliga en muchas ocasiones a que los trabajadores tengan que sujetar ese equipo manualmente durante sus tiempos de labor.
El equipo de cómputo en su mayoría tiene más de 20 años de antigüedad; son equipos que dan pena y que impiden dar un servicio con rapidez y eficacia. Basta asomarse a las instalaciones de trabajo para cerciorarse de las miserables condiciones a las que están sujetas las personas que laboran en ese lugar.
SE REQUIEREN RESPUESTAS INMEDIATAS
Ante las omisiones de la autoridad laboral, las comisiones de Derechos Humanos en todo el país deben investigar estas irregularidades que se dan contra las y los trabajadores de honorarios para emitir una recomendación que las corrija lo más pronto posible. Hasta el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reprueba esta figura que propicia la informalidad laboral.
Me parece entendible que la falta de presupuesto pueda propiciar estas omisiones, pero no es justificable que los gobiernos sean promotores de estos abusos y no se hayan tomado medidas para corregirlas.
En mi opinión deben constituirse coaliciones de trabajadores de honorarios que tengan reconocimiento legal, y busquen conjuntamente con instancias gubernamentales y de Derechos Humanos las mejores alternativas para resolver de manera definitiva este grave problema acumulado por años.
El reconocimiento de las y los trabajadores de honorarios con derechos laborales plenos es un paso fundamental para respetar sus Derechos Humanos en toda su dimensión.
Es imperioso terminar con este problema que aqueja a las y los trabajadores de honorarios, y que no sea únicamente motivo de discursos y promesas de los funcionarios que con demagogia se burlan de sus derechos laborales. ¡Ya basta!
[email protected]
Twitter: @Manuel_FuentesM
*Doctor en Derecho, profesor de la UAM-A, miembro de la ANAD, Consejero en CIMAC, Casa de los Derechos de Periodistas y la CDHDF.
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Planificación familiar en el marco del Día Mundial de la Población
Desde 1989, el sistema de las Naciones Unidas recomendó que el 11 de julio se declarase el Día Mundial de la Población, y a partir de esa fecha se lleva a cabo un evento con una temática particular a fin de sensibilizar a instancias de gobierno y a la opinión pública en general.
El pasado 11 de julio el tema se centró en los embarazos en adolescentes, problema al que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se refirió como “una cuestión delicada que requiere la atención mundial”.
El embarazo en la adolescencia es un fenómeno complejo y que representa graves riesgos para la salud, y consecuencias adversas que impactan la vida de las futuras madres.
Algunos datos obtenidos por el Consejo Nacional de Población (Conapo), y por la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2009 arrojan lo siguiente:
• Alrededor del 16 por ciento de los nacimientos que ocurren en México corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años de edad, lo que equivale a 352 mil 435 nacimientos anuales en promedio.
• El temprano inicio de las relaciones sexuales y la falta de uso de métodos anticonceptivos son los factores más importantes en el incremento de los embarazos no planeados o no deseados en la adolescencia.
• La primera relación sexual ocurre en promedio a los 16.6 años, y hasta un año después se inicia el uso de la anticoncepción, asociado con la entrada a la unión.
• El 61.5 por ciento de las adolescentes no se protegió en su primera relación sexual.
• El 40.6 por ciento de las adolescentes embarazadas al momento del levantamiento de la encuesta dijo no haberlo planeado o deseado, a pesar de que el 97 por ciento de este grupo de mujeres refirió conocer al menos un método anticonceptivo.
• Las mujeres adolescentes unidas presentan un bajo uso de métodos anticonceptivos (44.7 por ciento), con un 24.6 por ciento de necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA), es decir, son mujeres que desean limitar o espaciar sus familias y no están usando algún anticonceptivo, de las cuales el 21 por ciento los necesitan para posponer los nacimientos y 3.4 por ciento para limitar su descendencia.
Los datos anteriores arrojan de manera contundente la prioridad que representa el que la población adolescente tenga acceso a la planificación familiar, o en otras palabras, a información objetiva y a métodos anticonceptivos modernos.
En este sentido, bien vale la pena exponer la perspectiva de derechos que conlleva el que la población que lo requiera, y en particular las y los adolescentes, accedan a la planificación familiar.
La planificación familiar está justificada desde diferentes frentes y enfoques:
• Se fundamenta en los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. Los Estados están obligados a garantizar el acceso a servicios de planificación familiar asequibles, adecuados y de calidad; libres de todo tipo de coerción, discriminación o violencia. En específico, este es un derecho sexual y reproductivo fundamental.
• Salva vidas y mejora la salud. La prevención de embarazos no planificados contribuye a salvar la vida de las mujeres, en tanto ayuda a reducir el número de abortos inseguros y partos practicados en condiciones de riesgo.
• Ayuda a prevenir el VIH. Mediante el uso de preservativos masculinos y femeninos evita la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida el VIH.
• Empodera a las mujeres en el hogar. Existe una fuerte correlación entre una mayor planificación familiar y la creciente participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito familiar. Garantizar el acceso a la planificación familiar voluntaria es un paso fundamental hacia una mayor igualdad de género en las comunidades, sociedades y Estados.
• Fomenta la participación de las mujeres en la escuela y en el mercado laboral. Las mujeres, sobre todo adolescentes y jóvenes, que usan anticonceptivos tienen más probabilidades de continuar sus estudios y de acceder al mercado laboral. Esto se debe en parte a que gracias a la planificación familiar las mujeres pueden decidir el número de hijas e hijos y el momento para tenerlos en función de su expectativa escolar, y situación laboral y familiar.
• Contribuye a disminuir la pobreza. Por lo general, las mujeres y las parejas que pueden decidir libremente si desean o no tener hijos, el número de éstos y el intervalo entre los nacimientos, están en mejores condiciones para ahorrar, aumentar sus ingresos familiares, invertir en los hijos que ya tienen y planificar mejor sus vidas.
La agenda pendiente deberá contemplar, entre otras, las siguientes recomendaciones:
• Hacer frente a la NIA como un objetivo en sí mismo y como un Derecho Humano fundamental.
• Garantizar el acceso a la información y orientación sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar para toda la población, y particularmente para los grupos con mayores rezagos en cuanto a necesidad insatisfecha de anticonceptivos: adolescentes y población indígena.
• Diseñar y ejecutar políticas públicas articuladas entre el sector salud y el sector educativo, que permitan ofrecer servicios de educación integral en sexualidad y servicios de salud para el cuidado de la salud sexual y reproductiva del adolescente, con una amplia perspectiva de prevención y autocuidado.
• Mantener campañas mediáticas con cobertura nacional sobre acciones de prevención del embarazo no planeado y de ITS dirigidas a la población adolescente.
*Gerente de relaciones interinstitucionales y “advocacy” de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM)
**MEXFAM es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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“Se necesitan estudios serios”, dijo Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, para “ver qué está sucediendo y trabajar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y promover el acceso a la justicia”. ¿Es en serio?, pregunto yo.
Está en el ojo del huracán la manera en que el actual gobierno federal enfrenta la violencia contra las mujeres. Y la tormenta se encuentra en el Estado de México.
Ahí, desde hace varios años organizaciones civiles han llamado la atención por el creciente número de asesinatos de mujeres.
En 2011 pidieron por primera vez a la titular del Consejo Estatal para el Desarrollo y Bienestar Social de esa entidad (instancia que sustituyó al Instituto de las Mujeres mexiquense), que activara la Alerta de Violencia de Género (AVG). Y no se activó porque en aquel entonces el gobernador quería ser Presidente del país, y ya sabe…
¿Y ahora? Pues el señor ya es Presidente, y la señora es la titular del Inmujeres. Y parece que han decidido continuar con la estrategia de A-quí-no-pa-sa-na-da.
Nomás por recordar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció al Estado mexicano en 2009 por ser omiso e impune en el homicidio de tres mujeres, cuyos restos fueron encontrados en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
Durante el proceso legal que derivó en esa sentencia, el Estado mexicano argumentó que el feminicidio en Ciudad Juárez era un mito, y que las madres lucraban con los casos de sus hijas (Cimacnoticias, 25 de julio).
Parece que va de nuevo. Distintas organizaciones civiles del Estado de México legalmente obligaron a convocar al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, integrado por titulares de los institutos estatales de Mujeres y de varias dependencias federales.
Le solicitaban, por segunda vez, que se emitiera la AVG; que no vaya usted a creer que es un foco rojo que emite un sonido chillón. Se trata de una estrategia que permite que los tres niveles de gobierno conjunten esfuerzos para atender la problemática.
¿Y qué cree? El pasado 19 de julio dijeron que no la pueden activar porque no todos los casos de 2005 a 2010 se pueden tipificar como feminicidio, ya que antes esa palabra no existía (¿no es un mero tecnicismo?).
También dijeron que no se puede hablar de violencia generalizada porque los asesinatos se han cometido sólo en 10 de los 125 municipios. (¡¿Sólo?!) Y que no se puede hablar de una violencia sistemática.
¿De cuántas mujeres asesinadas estamos hablando? Con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Edomex, entre 2005 y 2010 fueron asesinadas 922.
En casi la mitad hubo actos de tortura, muchas fueron agredidas sexualmente y gran parte de los cadáveres fueron arrojados a sitios públicos. De marzo de 2011 a diciembre 2012 fueron asesinadas 563 mujeres.
¡¿Cuántas más se necesitan para que conjunten esfuerzos?! Ésa es una buena pregunta. Porque por lo pronto han decidido que lo primero primerísimo es hacer estudios serios. Y que conste que al menos hay tres estudios muy serios. Por eso pregunto: ¿Es en serio?
Porque si de tomar el asunto en serio se trata, hay que decir que el asesinato de una sola mujer es un asunto muy serio. La indolencia, es un asunto muy serio. La omisión, es un asunto muy serio. Y todo lo demás son excusas. Y eso sí que es muy, muy, serio.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
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Pese a que había anunciado mi periodo de vacaciones, me resulta imposible despedirme sin decir nada de lo que la ministra de Sanidad, Ana Mato, nos ha impuesto esta semana a las mujeres de manera directa o indirecta.
Comenzamos la semana con la discriminación de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de reproducción asistida. O sea que pretenden imponernos una familia convencional con padre y madre y ya está, a la vieja usanza.
Nada de maternidades deseadas sin un hombre al lado, que para algo la familia tradicional y de toda la vida ha de tener su “pater familias”. Los de faldas largas y negras proponen y Ana Mato dispone tan ricamente.
Continuamos el recorrido semanal y nos encontramos con que el Ministerio de Ana Mato, a través del Instituto de la Mujer, deja sin las subvenciones anuales a las asociaciones cuyos órganos estén conformados por mujeres.
¡¡¡Tócate las narices!!! ¿De qué tienen miedo para tomar esta medida? ¿Acaso temen que las mujeres nos volvamos más reivindicativas? Pues con estas medidas lo van a conseguir. He de recordar que lo hemos sido a lo largo de la historia y lo seguiremos siendo con o sin subvenciones.
Tampoco quiero olvidar que en este año los fondos para las políticas de igualdad se han recortado en 24 por ciento y en 2012 ya lo hicieron en 22 por ciento. Además hay que sumarle un 7 por ciento de recorte en las medidas y recursos para la lucha contra el terrorismo machista.
Y a estas cifras de recortes, además hemos de añadir las que se están recortando también en las Comunidades Autónomas en estas mismas materias.
También quiero recordar que llevamos más de año y medio sin ningún Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, tema al que obliga la propia Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Pero se están pasando por el arco del triunfo tanto esta ley orgánica como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
No entiendo mucho de leyes, pero creo que debe de haber alguna medida para el obligado cumplimiento tanto de estas leyes como de los acuerdos y convenios firmados internacionalmente, y que esta gentuza que nos impone sus criterios se está pasando por el forro.
Y para acabar la semana nos regalan con la aprobación de la reforma de las administraciones públicas que va a dejar en el paro a centenares de personas que en estos momentos están trabajando especialmente en las áreas de servicios sociales municipales, y que realizan sus trabajos dentro de programas, planes, etcétera, que dejarán de prestarse para ser puestos en manos de empresas privadas cuyo único fin es el lucro a cualquier precio.
De ese modo, personas de toda edad, sexo y con riesgos de especial vulnerabilidad, pasarán a dejar de recibir unos servicios públicos que hasta ahora recibían.
Pero poco importa eso si seguimos por la senda del desmantelamiento de los servicios públicos que permiten una igualdad social relativa y que permiten una cierta redistribución de la riqueza ente la población.
Y tampoco importa el ejemplo de solidaridad y esfuerzo que las empleadas y empleados públicos de Galicia nos han mostrado esta semana con el descarrilamiento del tren Alvia.
Profesionales de la sanidad, de los cuerpos y fuerzas del Estado, policías, bomberos, etcétera, han estado ayudando a las víctimas y trabajando sin descanso horas y horas a pesar de los recortes y de los despidos.
Al destruir servicios públicos relacionados con el cuidado de las personas, directamente se obliga a devolver a los hogares a quien tradicionalmente ha realizado estas tareas: las mujeres.
De ese modo vuelen a intentar someterlas al hacerlas, de nuevo, dependientes económicamente de los “pater familias”, que son, en algunos casos, los varones sustentadores de la familia que vuelve a ser tradicional.
Y en caso de separación nos imponen una custodia compartida de los hijos que pueda haber, a la fuerza. Y así cerramos el círculo del sometimiento. Si te quieres separar, te separas a medias, porque la sujeción emocional a través de los hijos te sigue sometiendo.
Como decía ayer mi amigo Quique: “Este es el ataque del nacional-catolicismo a todo lo que favorece la libertad de pensamiento y a la justicia social. No aceptan la igualdad de género y aunque lo nieguen en público, como hacen los racistas, les sale la vena a poco que se rasque”. Se puede decir más alto pero no más claro. No nos quieren libres.
Y mientras, los de faldas largas y negras poniéndose nerviosos porque el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón tarda en modificar la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Pero éste a su vez, esperando a que Mato siga recortando más y más derechos y prestaciones de las mujeres para que la reacción, quizás, sea menor.
Y los mezquinos impresentables de los de faldas largas y negras diciendo burradas como la que dijo no sé qué obispo sobre que los fetos no pertenecen a las madres. Pues nada, a lo mejor lo que pretende es que los fetos sean suyos antes de ser paridos para poder ser envilecidos por ellos mismos. ¡¡¡¡Hay que fastidiarse con las burradas que sueltan de vez en cuando!!!! Pero tiene sus adeptos que gobiernan y legislan según sus criterios.
Y un ejemplo es el ministro de Educación, José Ignacio Wert, con su modelo segregador de escuela y su ley de educación escrita al dictado de los intereses de los de faldas largas y negras que pretenden así, seguir imponiendo sus criterios en las aulas.
Así las cosas, supongo que necesitamos unas vacaciones para poder cargarnos de energías para la vuelta, que será dura. Y de todos modos este año no podremos desconectar del todo, porque entre Mato, Mariano Rajoy, Gallardón, Wert, y sus correligionarios autonómicos, seguramente aprovecharán nuestro descanso para sacar medidas de claro corte patriarcal, androcéntrico y misógino que sigan en la línea de intentar borrar medidas que conlleven lo que en título de la Ley Orgánica 3/2007 expresa: la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Y como decían ayer también Quique y Ofelia y tantas otras personas de bien: No vale con que se vayan. ¡HAY QUE ECHARLOS!
¡¡¡Feliz descanso a la buena gente!!!
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*Corresponsal en España. Periodista de Ontiyent.
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