El Banco Central Europeo (BCE) pretende duplicar en un periodo de seis años la presencia de mujeres en cargos directivos en diferentes niveles, informó el miembro del comité ejecutivo de la institución, Jörg Asmussen.
“Hasta fines de 2019 queremos aumentar a un 35 por ciento el número de mujeres en cargos medios y a un 28 por ciento en cargos superiores”, aseguró el funcionario en entrevista publicada por el diario Süddeutsche Zeitung.
El porcentaje actual de directivas en el ente bancario es de 17 y 14 por ciento, respectivamente. A su juicio, tal propósito puede alcanzarse en ese periodo, pues en la entidad “hay suficientes mujeres muy cualificadas”.
La puesta en marcha del objetivo buscado, subrayó Asmussen, requiere un cambio en el modo de pensar por parte de las instancias directivas del banco.
Por otra parte, a partir del otoño de 2014 el BCE ampliará sus funciones al asumir la supervisión bancaria de los 17 países miembros de la Eurozona, para lo cual ofrecerá nuevos cargos de dirección.
Actualmente el máximo órgano de la entidad bancaria, el Consejo de Gobierno, está integrado por 23 hombres, sin presencia femenina; en tanto desde su fundación en 1998 sólo dos mujeres han formado parte del comité ejecutivo del BCE.
13/LPN/RMB
agosto 2013
Capacita OPS a personal médico en defensa de DH. UNICEF urge resolver protestas por reforma educativa. Ruta Pacífica de las Mujeres apoya a las campesinas de Colombia.
Capacita OPS a personal médico en defensa de DH
Washington.- La Organización Panamericana de Salud (OPS) refirió que el personal médico que recibe formación en Derechos Humanos se siente “más motivado y preparado”, para promover las garantías fundamentales de sus pacientes y las suyas propias como proveedores de servicios.
Estas conclusiones derivaron de dos estudios piloto realizados en Nicaragua y El Salvador con la iniciativa “Educación en Derechos Humanos en Salud Reproductiva”, en la que participaron 40 estudiantes de enfermería y 18 médicos recién graduados.
UNICEF urge resolver protestas por reforma educativa
México.- La Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) urgió a las partes implicadas en la reforma educativa a llegar a un acuerdo que permita la reanudación de clases.
En un comunicado subrayó que la educación es un derecho de todas las niñas y niños, tal como lo estipula la Constitución mexicana y la Convención de los Derechos del Niño.
El presente ciclo escolar comenzó el pasado 19 de agosto, sin embargo, por las protestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación millones de estudiantes están sin clases, agregó la agencia de la ONU.
Ruta Pacífica de las Mujeres apoya a las campesinas de Colombia
Colombia.- Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento femenino contra la violencia, expresó su apoyo a las y los campesinos colombianos que protestan en distintas partes del país sudamericano por exigir condiciones laborales dignas.
La Ruta demandó una participación social y política que reconozca a las mujeres como personas de derecho y de participación política.
13/JCUF/RMB
Acciones reales contra la violencia, demandan mujeres indígenas
Los Estados deben implementar políticas públicas que garanticen a las indígenas una vida libre de violencia, las cuales deben ser elaboradas con la participación activa de estas mujeres, exigieron líderes de diversas comunidades originarias de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Esta y otras exigencias resultaron del diálogo que sostuvieron esta semana dirigentes indígenas, activistas, académicas y expertas en Asunción, Paraguay, durante el Encuentro Regional de Mujeres Indígenas.
La declaración final del encuentro llamado “Voces de Dignidad: Espacio intercultural sobre la violencia hacia las mujeres indígenas” recopila las exigencias de estas mujeres, como la creación de mecanismos, programas y políticas públicas que vayan encaminados a detener los diversos tipos de violencia que sufren las indígenas en todas las etapas de su vida.
En el documento se denuncia que las indígenas son comúnmente agredidas, pues son objeto de múltiples agresiones que van desde “la violencia física, psicológica, sexual, económica y espiritual a las que se suma la violencia estructural e institucional, impidiéndonos el acceso a la justicia y la inclusión en las políticas públicas, agravada por el despojo continuo y la invasión de nuestros territorios”.
Exigieron particularmente a los ministerios de la Mujeres y otros mecanismos creados a nivel nacional para detener la violencia, que implementen acciones reales con un enfoque en Derechos Humanos (DH) y con adecuación cultural (basadas en las características de cada pueblo indígena), para así superar las “diversas formas de discriminación y los diversos tipos de violencias”.
Mediante la resolución recordaron todos los acuerdos y tratados internacionales que han sido ratificados por sus países y que sirven de marco normativo y legal, para garantizar a la población femenina indígena una vida sin violencia.
Por lo que demandaron que los sistemas de justicia implementen los mecanismos adecuados, eficientes y eficaces para las denuncias realizadas por mujeres indígenas.
Finalmente llamaron a los Estados a que en el marco de las discusiones de la Agenda Post 2015 se reconozca que un “componente fundamental del desarrollo sustentable” es la garantía de los DH de las indígenas.
El encuentro fue organizado por el Grupo Sunu de Acción Intercultural y el Programa Regional “Combatir la Violencia Contra la Mujer en Latinoamérica”, y estuvieron presentes grupos civiles como la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIM).
13/AZM/RMB
Un grupo de académicas y activistas presentaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sus preocupaciones sobre el acceso a la justicia de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la salud en el embarazo, y la violencia del narcomenudeo en la Ciudad de México.
Durante el Primer Parlamento de Mujeres de la actual Legislatura de la ALDF, 40 ciudadanas de las 16 delegaciones del Distrito Federal se convirtieron en parlamentarias y tuvieron la oportunidad de subir a la tribuna del recinto legislativo para exponer sus demandas.
Cabe recordar que estos encuentros fueron una propuesta de la Comisión de Equidad de Género, que en enero pasado pidió que cada año se celebre este espacio y que cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se presenten las conclusiones.
En esta ocasión en la ALDF estuvieron la asambleísta Rocío Sánchez, la senadora Angélica de la Peña y la diputada Martha Lucía Micher –todas del PRD–, quienes señalaron que esta es una oportunidad para que las capitalinas se expresen sin censura ni intermediarios.
Las participantes expusieron sus ideas sobre cinco ejes temáticos: seguridad y justicia, empoderamiento económico, Derechos Humanos de las mujeres, liderazgo y participación, y violencia de género.
Al respecto, la diputada local Rocío Sánchez aseguró que todavía la violencia contra las mujeres no ha disminuido, “sólo se ha sofisticado”. Explicó que en el ámbito laboral padecen acoso sexual o siguen sin acceder a las oportunidades de empleo.
En este contexto, las mujeres expresaron que es necesario el compromiso de las legisladoras para que se promuevan reformas legislativas a favor de las mujeres, o bien, que trabajen en conjunto con otras instituciones para ayudar a que la igualdad de género sea una realidad y no sólo un discurso.
Por ejemplo, Cynthia Galicia señaló que hay legislaciones que pueden llegar a ser obsoletas o inaplicables porque a pesar de que existan leyes como la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la mayor parte de los casos no se aplican, es decir, “no sirven”.
En este tema, Rosario Montes dijo que es necesario que se tipifique el delito de discriminación porque la violencia laboral es un fenómeno constante que no se castiga, toda vez que se persigue con procesos administrativos, pero en realidad no existe un delito penal que castigar.
Otra mujer, Graciela Ramírez, explicó que en los barrios y colonias del DF las mujeres conviven en contextos de violencia; por ejemplo, en sus casas se distribuye droga o ellas incurren en adicciones, por tanto, dijo que el gobierno capitalino debe atender este problema.
En tanto, Carmen Jiménez mencionó que la ALDF debe ayudar a que se prohíba que en los programas de radio y televisión y los anuncios publicitarios en la capital se sigan reproduciendo estereotipos, porque esto también genera violencia de género.
Rocío Corral advirtió que cuando el Legislativo local aprobó el divorcio exprés se dejó en indefensión a las mujeres porque se priorizó el estado civil de los cónyuges, sin importar que por lo general el problema principal siempre es la pensión alimenticia.
En el caso del acceso a la justicia, Olga Velázquez señaló que en materia penal las académicas han encontrado que en las causas penales contra las mujeres es evidente la debilidad de la parte probatoria, la misoginia y los estereotipos de género en los juicios y las sentencias, un tema que debe atenderse.
Otras propuestas fueron que la ALDF promueva campañas de autoestima y prevención de la violencia, la creación de más centros para las mujeres, inversión en transporte seguro, acciones para fomentar el embarazo saludable, y erradicar la trata de personas, entre otras.
Legisladoras locales destacaron que encuentros como éste cambian la manera de hacer política en esta ciudad, es decir, las mujeres colocan los temas y los asuntos públicos que surgen su experiencia social, y que tradicionalmente han estado marginados de la agenda pública.
13/AGM/RMB
La violación sexual –utilizada como instrumento de tortura por parte de fuerzas del Estado– es uno de los crímenes de lesa humanidad que más denigran y degradan el tejido social, pues deja secuelas no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y seres queridos, dijeron defensoras de los Derechos Humanos (DH).
En medio de los conflictos armados y en las dictaduras que se han vivido en países de América Latina, la violación sexual a mujeres y niñas es una de las formas utilizadas para intimidar o torturar a la población, las cuales deben ser investigadas y correctamente sancionadas, resaltaron.
En ello coincidieron Yassmín Barrios, jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala, quien enjuició y sentenció al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt; Daiana Fusca, colaboradora del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina (CELS), y Florencia Ruiz, investigadora de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Entrevistadas durante el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las expertas apuntaron que en México, Argentina y Guatemala se cometieron violaciones sexuales en forma sistemática con el objetivo de aniquilar y degradar la subjetividad de las personas, por lo que corresponden a crímenes de lesa humanidad.
Esa característica los “vuelve imprescriptibles”, es decir, no existe un límite de tiempo para que los delitos sean investigados y sancionados.
Cabe recordar que las tres naciones, además de ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, han ratificado el Estatuto de Roma –perteneciente a la Corte Penal Internacional–, que en su artículo 7 enlista los crímenes de lesa humanidad entre los que se encuentran la “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
Yassmín Barrios, quien dictó el pasado 10 de mayo la sentencia histórica de 80 años de prisión contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, dio a conocer que una de las pruebas materiales con las que se contó dentro del juicio fue la declaración de las indígenas ixiles sobrevivientes de violaciones sexuales.
“Estas mujeres en un acto de valentía acudieron a dar su testimonio”, y además de escuchar sus crueles historias –dijo– se presentaron peritajes que dieron cuenta tanto de las agresiones como del “estrés postraumático de tipo generacional que hasta ahora padecen estas mujeres, y las repercusiones para su salud mental”.
Por su parte, Daiana Fusca resaltó que uno de los desafíos que se vive en Argentina dentro del proceso de reconciliación, verdad y justicia (por el cual se ha logrado condenar a 405 personas) es el esclarecimiento de los casos de violación sexual que se cometieron durante las dictaduras militares y los periodos de represión.
Dio a conocer que dentro de la “Causa ESMA” –serie de juicios por delitos de lesa humanidad, entre los que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Escuela Mecánica de la Armada–, uno de los procesos orales en curso se refiere a las violaciones sexuales contra mujeres durante las detenciones arbitrarias.
Florencia Ruiz afirmó que en México también se cometieron este tipo de agresiones como forma de tortura durante la década de los 70 y 80, y que se han dado a conocer, pues “tenemos casos perfectamente documentados en el informe que elaboró la Femospp”.
Explicó que en ese informe, divulgado de manera parcial en 2007 por el gobierno federal, están las declaraciones de mujeres que fueron agredidas sexualmente, pues con “cualquier excusa, durante el periodo analizado, soldados asignados en zonas rurales, tomaron a mujeres como detenidas o como rehenes, y abusaron de ellas mientras los hombres de la casa eran torturados o mantenidos bajo vigilancia de otros”, de acuerdo con el documento.
13/AZM/RMB
“Si me vas a pegar, si me vas a matar, mátame, pero yo no tengo que hablar nada y yo no sé nada”, fueron las palabras que dijo Rosa María Medina Moreno cuando fue detenida y golpeada por cuatro sujetos identificados como policías judiciales del Estado de México, la mañana de este miércoles 28 de agosto.
Rosa fue detenida cerca de las nueve de la mañana mientras hacía ejercicio en el parque ejidal de Atenco; en pocas horas fue llevada a una oficina de la Procuraduría de Justicia local y después trasladada al penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, de donde salió la tarde de este jueves 29 de agosto.
La detención violenta de Rosa, quien es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, generó una alerta en el pueblo atenquense quien se movilizó para exigir la libertad de su compañera acusada de robo, delito que se supone cometió hace siete años, en mayo de 2006.
Minutos después de ser liberada Rosa relató a Cimacnoticias lo sucedido la mañana del 28 de agosto. “Se baja la persona esa, me dice, 'soy un judicial'. Yo me echo para atrás. Me echo a correr y él me corretea, pero al momento me avienta. Me jala y me avienta al carro”.
Antonio Lara Duque, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado de Rosa, precisó que ella fue acusada de robar un vehículo automotor con violencia; y además se le adjudicó la autoría intelectual de liderar a cinco personas más que la ayudaron en el acto delictivo.
Sin embargo el abogado precisa que en realidad Rosa y un grupo de ejidatarios usaron una ambulancia propiedad del ayuntamiento para trasladar a los heridos que resultaron de los operativos policiacos del 3 de mayo de 2006 en esa localidad del Estado de México.
Rosa relató que después que los policías la sometieron por la fuerza, la llevaron a la Procuraduría local, ahí le dieron permiso de hablar desde su teléfono celular, fue cuando llamó a su hija y sus compañeros del FPDT se enteraron de lo sucedido.
Ya en el penal, una custodia se burló de ella, le preguntó que si iba a llorar o si la gente de Atenco la iba a rescatar. En ese lugar pasó la noche hasta que sus abogados la liberaron. “La licenciada que me dio la libertad, me dijo: 'mira te vas a ir porque ya está tu libertad, la vas a firmar, porque no hay parte acusadora'”, dice Rosa al rememorar el acontecimiento.
Sobre esta acusación que se reactivó siete años después ella dice “yo la tomo (como una represalia) por querer salvar a los compañeros que estaban heridos” porque usó la ambulancia para trasladar a los heridos pero no la robó, pues ni siquiera sabe manejar y al final las fuerzas del orden les quitaron el vehículo.
Una vez pasado el episodio del Molino de Flores agrega, “sólo queda ir al médico para que me chequen porque los golpes que me dieron me están afectando en la parte de la cabeza”. Rosa ahora enfrenta el proceso en libertad y fue citada este sábado para presentarse a su segunda audiencia y esclarecer el presunto robo.
13/AGM/LGL
Aguarda Rosalinda justicia para su hija agredida por militares
La tarde del pasado 10 de julio una camioneta se paró frente a la casa de Rosalinda, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Del vehículo bajó su hija de 15 años de edad.
La joven estaba descalza, iba con la blusa rota, el cabello alborotado, y el rostro devastado por un asfixiante sol y abrumada por el calor del desierto.
La adolescente se acercó a Rosalinda, la abrazó y soltó el llanto. Todavía con la impresión de verla, la mujer alcanzó a preguntar “¿Qué tienes, qué te pasó, por qué vienes descalza?”. Las preguntas continuaron en su mente “¿Qué le hicieron a mi niña, qué le pasó?”.
La respuesta fue un susurro al oído: “Me violaron”. Rosalinda no escuchó esas palabras, repitió la pregunta, y la respuesta fue la misma. Pasmada por la impresión, le limpió la cara con la mano, la miró y le pidió que no siguiera llorando. “¿Quién te violó?”. De nuevo una respuesta simple: “Los soldados”.
Así es como Rosalinda, madre de la joven de 15 años ultrajada por elementos del Ejército, narra a Cimacnoticias lo que sucedió ese 10 de julio. Su intención –dice– es que alguien se atreva a alzar la voz por ellas y se castigue a los soldados que vejaron a su hija.
Ahora Rosalinda y su familia se encuentran sin mayor apoyo. No tienen abogado ni una red que los ayude a continuar con la denuncia que iniciaron ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con la rabia de saber que su hija fue violada sexualmente por efectivos militares –cuenta Rosalinda– le pidió a su hija que fueran a denunciar. “Quiero ir al cuartel para hablar con el General para demostrarle la clase de criminales que tienen y que portan placa”, dijo en ese momento, pero la joven se negó.
LOS HECHOS
Ese día la joven se encontraba con su novio en un hotel de Nuevo Laredo. Poco antes del mediodía él salió de la habitación. Luego la adolescente escuchó que tocaron la puerta. Ella abrió pensando que se trataba del sujeto, pero al instante un grupo de soldados uniformados, armados y con pasamontañas entró al cuarto. Eran varios.
La presencia de los militares en Nuevo Laredo es común, por lo que la joven pensó que quizás se trataba de un operativo. No fue así. Un soldado le quitó el celular, otro le revisó la bolsa. Uno más le ordenó que se quitara el pantalón.
Lo que siguió fue breve interrogatorio y un cúmulo de golpes en el vientre. Como un mecanismo de defensa para que no le siguieran pegando ella dijo que estaba embarazada. No sirvió de nada y fue violada sexualmente.
Después de varios minutos, los soldados la dejaron y se fueron. Ella salió del hotel, caminó a la calle, encontró a una persona y le pidió prestado su teléfono celular. Llamó a su madre y serena le pidió que fuera a recogerla a la gasolinería cercana a su casa.
En casa, Rosalinda tenía que atender el negocio familiar, una tienda de abarrotes, así que su papá fue por ella. Cuando llegó a la gasolinería ella no estaba. Preguntó a un señor por una joven alta y de cabello largo. El sujeto le respondió que se la acababan de llevar los soldados; eran los mismos que la agredieron en el hotel.
De lo siguiente que pasó, sólo la joven sabe. Los militares la subieron a un vehículo y la llevaron a un paraje lejano, ahí le quitaron los zapatos y la abandonaron. Ella caminó hasta que encontró una casa donde le prestaron auxilio y la llevaron en una camioneta con su madre.
ACOSO
Cuando la adolescente llegó a casa, lo último que quería hacer era denunciar. Sus padres la apoyaron. “Se hará lo que tú quieras, pero para mí esto es como quedarse callados ante tanta injusticia, pero está bien, te voy a respetar”, le dijo Rosalinda.
Sin saber que hacer cuando ocurre una violación sexual, la familia creyó que habría que olvidar lo sucedido; sin embargo la vida nunca volvió a ser la misma. La joven ya no salía de casa, comía poco y tenía trastornos de sueño. Así pasaron los días.
El hecho que hizo reaccionar a la familia fue el hostigamiento militar. Camionetas del Ejército comenzaron a pasar de manera frecuente frente a la tienda de abarrotes. Cada vez que circulaban por ahí, los vehículos bajaban la velocidad sin detenerse.
Rosalinda no dijo nada pese a que su hija estaba encargada de atender la tienda. En ocasiones un par de camionetas militares se paraban frente al lugar; dos, tres o cinco soldados iban a comprar, veían a la joven, a veces susurraban entre ellos, otras tantas se reían.
“Yo dije, bueno, estos personajes ya saben –o ella les dijo donde vivíamos– y es una manera que están utilizando de hostigarla, darle miedo, burlarse de ella. Es una forma de decirle ‘o te callas o les va a ir mal’”, narra Rosalinda.
Así pasaron unas dos semanas hasta que un día Rosalinda no pudo más, rompió en llanto y decidió que no podía seguir callando. Convencida de que quería justicia y de que no permitiría que volvieran a vejar a su hija, sintió que tenía que hacer algo.
Con el temor de enfrentarse al Ejército y de que la puedan matar, la mujer dice a esta agencia: “El miedo me impulsa a defender lo que yo más amo en esta vida que es mi hija”. El primer paso fue dejar constancia del caso, así que a fines de julio convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.
Rosalinda contó su historia y el 29 de julio acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para presentar una queja por el hostigamiento del que era víctima. Así comenzó su lucha por lograr justicia para su hija.
La estrategia de la familia de informar a los medios dio frutos y el pasado 5 de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el comunicado 223/13, para informar que iniciaría una investigación de oficio a fin de recabar evidencias y pronunciarse al respecto.
DENUNCIA
Rosalinda no sabe nada de averiguaciones previas ni expedientes judiciales, pero está segura de que alguien tiene que investigar y sancionar a los soldados.
También el 29 de julio la mujer acudió a la PGR a denunciar los hechos; allí le tomaron la denuncia. El 3 de agosto fue con su hija a la guarnición del Ejército en Nuevo Laredo y las recibió un General, quien –destaca– las atendió amablemente.
El mando militar, cuyo nombre no recuerda, escuchó todo el relato y se comprometió a investigar los hechos, además le pidió que al día siguiente, 4 de agosto, fuera al cuartel a reconocer a los agresores.
Así lo hizo Rosalinda: fue y llevó un video del hotel que consiguió donde se ve a los soldados entrar y salir del lugar. Además llevó la blusa rota de su hija. Entregó todas las pruebas a los soldados en espera de que sirvan para que se acredite la violación sexual.
En el cuartel la adolescente identificó a por lo menos cuatro de sus agresores; firme y sin titubeos dio detalles significativos para ella. Por ejemplo, que le pidieron la contraseña del celular, que le robaron la bolsa, que la obligaron a fumar mariguana, le rompieron la blusa y que la golpearon con sus armas.
“A cada uno de ellos les estuvo diciendo, delante de todos los demás, lo que le hicieron”, relata Rosalinda, quien además acota que ellos, los generales, le prometieron justicia, por lo que confía en la palabra del Ejército.
“Ojalá que la Sedena se dé cuenta de la clase delincuentes que tiene adentro de sus filas. Yo creo que los altos mandos no se dan cuenta de lo que andan haciendo esos delincuentes, porque si se dieran cuenta no hubiera delincuentes como ellos aquí”, apunta Rosalinda.
Al final, ella reconoce que esta denuncia le ha traído a su hija estigma, críticas y una férrea acusación de que ella “tuvo la culpa”, porque se encontraba en un hotel, lo cual –asegura la mamá– no justifica que dos o más soldados cometan una violación sexual.
13/RED
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuaron con opiniones divididas para decidir si se pronuncian a favor o en contra, de que los jueces estén obligados a acatar los Derechos Humanos (DH) contenidos en los tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano.
El pleno de la SCJN continúo hoy la discusión que inició el pasado lunes sobre la contradicción de tesis 293/2011 con el fin de analizar qué norma tiene supremacía: la Constitución o los tratados internacionales. No obstante, hasta ahora no han llegado a una decisión unánime por lo que el debate seguirá la próxima semana.
El ministro Fernando Franco recordó que cuando se analizaron los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974, se tomó una posición sobre los tratados internacionales.
En aquella ocasión, Franco votó con la mayoría para decidir que las sentencias de condena de la CoIDH contra el Estado mexicano son de carácter obligatorio, pero acotó que así sería siempre y cuando ello no fuera en contra de la Constitución mexicana.
“Mi visión como juez constitucional, respetando todas las demás que hay en este Pleno, es que el piso y el techo en el cual me debo manejar, para resolver los problemas, es precisamente la Constitución mexicana”, dijo el ministro.
Mencionó que en otras ocasiones ha señalado que las restricciones o límites constitucionales deben respetarse, sin embargo consideró que los jueces deben hacer caso a la interpretación más favorable a la persona, sin importar si la norma venga de la Carta suprema o de los tratados internacionales.
En este tema, el ministro Armando Valls dijo que a su parecer “no estamos ante un problema de jerarquía normativa”. Explicó que para decidir sobre la aplicación de una norma cuando están en juego los DH, es necesario acudir a la interpretación conforme al principio “pro persona” (aquel que protege en mayor medida las garantías fundamentales).
“Tratándose en exclusiva de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, el problema no es de jerarquía normativa, sino de aplicación”, consideró. En su opinión, habría que ver cada caso en particular para ver si se aplica la norma establecida en la Constitución o en el acuerdo internacional.
Al respecto, coincidió el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que nadie está discutiendo que la Constitución tiene una posición jerárquicamente superior al resto de las normas de nuestro orden jurídico, y explicó que sólo adquieren rango constitucional los tratados sobre DH y no los comerciales o mercantiles.
“No se nos puede escapar que hay un constitucionalismo, que se plasma en las constituciones para efectos de poner en una posición central a los seres humanos, a diferencia de lo que ha pasado en otras épocas históricas”, sostuvo el ministro.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se mostró de acuerdo con el proyecto presentado por su par Arturo Zaldívar, y mencionó que debe de existir “una ponderación de derechos”, no una expulsión jerárquica de normas.
Es decir, señaló que los juzgadores están en la necesidad de sacrificar un derecho en beneficio de otro, partiendo de una interpretación “pro persona”, por tanto apuntó que se deben tomar por igual los tratados y la Carta Magna.
En este sentido se mostró la ministra Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que si se jerarquizaran los tratados de DH esto implicaría nulificar algunos derechos.
Debido a que las posiciones encontradas continuaron, la discusión de la Corte se programó para la próxima semana.
13/AGM/RMB
El Estado mexicano cuenta con todas las herramientas jurídicas necesarias para juzgar, esclarecer y garantizar la reparación del daño a las víctimas de delitos del pasado, tales como crímenes de lesa humanidad y genocidio, que indudablemente se han cometido en el país, advirtieron juristas y académicas.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos como Guatemala y Argentina –donde se llevan a cabo juicios, procesos de reconciliación y búsqueda de la verdad por crímenes del pasado–, en México “hace falta voluntad política” para que a las víctimas se les procure el acceso a la justicia, consideraron.
Lo anterior lo señalaron hoy Yassmín Barrios, jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala, quien enjuició e incluso sentenció al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, y Daiana Fusca, colaboradora del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina (CELS) –organización que litiga e investiga los crímenes cometidos durante la dictadura militar–, durante el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ahí expusieron las experiencias favorables que se han vivido en sus respectivos países para dar con los responsables de matanzas, desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra y genocidio cometidos en las dictaduras militares y conflictos armados.
Ambas recalcaron que estos delitos son imprescriptibles, es decir, pueden ser juzgados en cualquier momento. Además coincidieron en que el juzgamiento y esclarecimiento de los delitos del pasado es primordial para conquistar la paz y la democracia en un país, pues al procurar el acceso a la justicia se asegura que la impunidad no impere, con lo que se garantiza también la no repetición de los hechos.
En Guatemala desde hace cuatro años operan los Tribunales de Mayor Riesgo en los que –explicó Barrios– se juzgan el narcotráfico, el feminicidio y los crímenes del pasado.
Fue en ellos que se decidió y desarrolló el histórico juicio contra Ríos Montt, acusado de la matanza de mil 771 indígenas ixiles, de las cuales se le encontró responsable, pero la sentencia de 80 años de prisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad al ordenar la reanudación del juicio.
Mientras que en Argentina desde hace varios años se lleva un proceso de memoria y lucha contra la impunidad que derivó, entre otras cosas, en que se determinara la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto final” y “Obediencia de vida”, con las que se pretendió cerrar los casos y que los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura no fueran castigados.
De acuerdo con el CELS, hasta hoy un total de 2 mil 71 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 fueron condenadas y 35 absueltas.
Estos avances fueron posibles por varios factores, entre los que se encuentra la ratificación de convenios y tratados internacionales que brindan un marco legislativo bastante amplio en materia de Derechos Humanos (DH), contexto que se repite en México, destacaron las ponentes.
Barrios consideró que México cuenta con todas las herramientas necesarias para que estos mismos procesos se lleven a cabo, pues se cuenta con un marco normativo internacional, con sentencias de la Corte Interamericana de DH y con recomendaciones de la Comisión Interamericana de DH, las cuales brindan un marco referencial para “sentenciar en nombre del pueblo”.
Recalcó que hay condiciones básicas de juzgamiento que se deben garantizar en un primer momento, como son la voluntad política y jurídica que se logra mediante una buena elección de jueces para garantizar que no se favorecerán intereses de algunos y otros. “No existe ningún conflicto jurídico para que esto se pueda realizar en México”, acotaron.
A decir de Florencia Ruiz, investigadora de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), existen pruebas de que en el país también se han perpetrado en distintos momentos históricos genocidio y delitos de lesa humanidad. No obstante, hasta ahora nadie ha sido enjuiciado, investigado o procesado por su relación o responsabilidad con estos delitos.
Destacó que a través del informe realizado por la FEMOSPP se pudieron constatar varios de eso crímenes, pero las autoridades responsables desestimaron e incluso desacreditaron el documento.
Cabe recordar que el Estado mexicano, al igual que Argentina y Guatemala, ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero al hacerlo determinó que sería aplicable para los delitos cometidos a partir de su ratificación, es decir los delitos de este tipo cometidos desde marzo de 2002.
13/AZM/RMB
El conflicto en Siria, desatado en 2011 con protestas pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Asad, ha dejado hasta ahora más de 200 mil víctimas mortales y millones de personas refugiadas en países vecinos.
De las víctimas, más de 40 mil son civiles, entre las que se encuentran mujeres, niñas y niños, además de personas ajenas al conflicto como activistas y periodistas que en el cumplimiento de su labor han perdido la vida o sufrido abusos a sus Derechos Humanos (DH).
El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Jumbe Omari Jumbe, indicó que muchas de las personas desplazadas son niñas, niños y mujeres solas.
Explicó que pese a trabajar en coordinación con otros organismos para asistir a las y los desplazados, las necesidades superan los recursos y miles aún carecen de refugio, bienes de primera necesidad y ayuda psicológica.
Hasta el momento, más de 7 mil niñas y niños han muerto en el conflicto en el país árabe y la cifra de menores de edad sirios refugiados en países vecinos ya supera un millón, informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Antonio Guterres, titular de ACNUR, alertó del peligro de que la infancia sea víctima de explotación sexual y laboral, y afirmó que se realiza lo posible para garantizar su seguridad y bienestar, sin embargo “es insuficiente”, lamentó.
PRINCIPALES VÍCTIMAS
Tras el reciente ataque con armas químicas en las afueras de Damasco, la presidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños, Kirsten Sandberg, repudió la muerte de decenas de menores de edad en la nación árabe.
Sandberg refirió que “esa atrocidad es una violación horrible de la Convención sobre los Derechos de los Niños”, y que los responsables de vulnerar sus derechos deben responder ante la justicia.
Con respecto a las y los activistas, la organización defensora de DH Human Rights Watch (HRW) reportó que en abril pasado 10 mujeres sirias que protestaban pacíficamente y prestaban atención médica a víctimas del conflicto, fueron torturadas y abusadas sexualmente por militares durante su detención.
El portavoz de HRW señaló que han sido documentados casos de tortura y violación a los DH en 27 centros de detención sirios.
Ante este panorama, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, llamó a todos los actores del conflicto a respetar las obligaciones que les marca la ley para evitar la muerte de inocentes, y que los civiles atrapados en los enfrentamientos puedan salir de esas zonas sin temor a la violencia.
13/JCUF/RMB