La tasa de embarazo en adolescentes en Jamaica es la cuarta más alta de la región caribeña pese a los avances en la reducción de la tasa de fecundidad, según el informe “Estado mundial de la Población 2013”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Con una tasa de natalidad de 72 por cada mil mujeres adolescentes, Jamaica se queda sólo por detrás de Belice, Guyana y República Dominicana.
De acuerdo con el estudio “La maternidad en la infancia: Afrontar el reto del embarazo en adolescentes”, un total de 20 mil niñas menores de 18 años dan a luz cada día en Jamaica y otros países en desarrollo.
El documento refiere que América Latina y el Caribe son la única región en la que los nacimientos de madres menores de 15 años se incrementaron este año.
Señaló que las pobres y las nacidas en zonas rurales tienen más probabilidades de presentar embarazos, que las de mayores recursos económicos, educadas y de sitios urbanos.
Durante la lectura del reporte en un centro de maternidad de la comunidad de Saint Andres, Siti Oussein, director adjunto de la Oficina Subregional del UNFPA, destacó la importancia de que las niñas puedan hacer una vida normal.
“Cada embarazo trae grandes riesgos para una niña, pues se pone en peligro su salud. Muy a menudo se les obliga a abandonar la escuela, y una joven sin educación carece de las habilidades para encontrar trabajo y construir un futuro para ella y su familia, y contribuir al desarrollo de su país”, detalló el funcionario.
En ese sentido instó a las instituciones del país caribeño a dar un nuevo enfoque de las circunstancias, condiciones, normas, valores y las fuerzas estructurales que perpetúan las gestaciones tempranas. Llamó también a no aislar ni marginar a las niñas embarazadas.
Como una de las medidas para evitar que esa situación se agudice, instituciones han advertido sobre la importancia de divulgar el efectivo uso de los servicios de anticoncepción en esta nación, donde la edad de iniciación sexual de los varones es de 13 años y en las niñas de 15.
El pasado 29 de octubre, Rachel Ustanny, directora ejecutiva de la Asociación de Planificación Familiar de Jamaica, criticó que en este país existe un conflicto entre el derecho y la política en lo que respecta al acceso de la población adolescente a los servicios de anticoncepción.
Comentó que si no hay la capacidad para ese grupo poblacional de acceder a tales servicios, la pobreza continuará aumentando en esta nación caribeña.
13/RED/RMB
octubre 2013
La defensa legal de Clara Tapia Herrera –acusada por el supuesto delito de corrupción de menores– rechazó la solicitud del juez del caso para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realice un tercer peritaje psicológico, a fin de determinar la inocencia o culpabilidad de la mujer presa desde hace dos años en el penal de Tepepan.
En la audiencia del pasado 23 de octubre, el juez 64 Penal del DF, Carlos Morales García, –sin dar mayores argumentos– pidió que la Sedena realice un peritaje psicológico para definir si Tapia Herrera es cómplice de las vejaciones cometidas contra sus tres hijos por Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”.
Morales García determinó que es necesario contar con la opinión de un tercer experto, debido a que hay una contradicción entre los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) –instancia acusadora– y la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), que lleva la defensa legal de Clara Tapia, coincidió en la necesidad de un tercer peritaje psicológico, pero rechazó que sea la Sedena quien lo realice al considerar que hay instituciones con mayor formación en perspectiva de género.
Por ello, la ANAD solicitó al juez reconsidere su decisión y pida el apoyo de algún especialista que no emita conclusiones basadas en “estereotipos”.
La defensa de Clara propuso como mejores opciones al Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la UNAM; la Unidad de Género del Instituto Nacional de Psiquiatría, o al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
EN BUSCA DE JUSTICIA
Clara Tapia Herrera está presa en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan desde septiembre de 2011, luego de que con engaños del personal judicial acudió a la PGJDF a reconocer a Iniestra Salas, a quien había denunciado porque secuestró y violó durante siete y cuatro años (respectivamente) a sus dos hijas, Gabriela y Rebeca.
A ésta última, el “Monstruo de Iztapalapa” la asesinó en 2009 junto con su hija pequeña, producto de la violación.
Aunque fue Clara quien acusó maltrato y violencia contra sus hijas y su hijo Ricardo, fue detenida por las autoridades capitalinas y acusada de corrupción de menores. Durante la investigación, la parte acusadora realizó un peritaje psicológico para comprobar que la mujer no cumplió con su rol de madre y señalar que debería ser castigada por permitir la violencia contra su familia.
La defensa también hizo sus peritajes psicológicos para demostrar que la mujer también fue víctima de violencia intrafamiliar, y que no cometió el delito que se le imputa.
PERITAJES
En la audiencia del pasado 23 de octubre, la perito Virginia Cruz Morales, de la PGJDF, sostuvo que encontró en la acusada características de “inestabilidad emocional y dependencia psicoemocional hacia su pareja”, las cuales pusieron en riesgo a sus tres hijos.
La perito argumentó que hay mujeres que establecen vínculos de pareja y llegan a permitir violencia sexual contra sus hijos o bien hay quienes reaccionan y los defienden. En este caso, señaló, Clara podía tomar decisiones y hacer algo para evitar el maltrato y la violencia sexual que padecían sus hijas, pero no hizo nada.
En tanto, las peritos de la Defensoría de Oficio, María de los Ángeles Judith García Osorio y Liliana Muñoz Martínez afirmaron que en este caso se tiene que considerar la historia de violencia de Clara, y explicaron que la actitud sumisa de la acusada fue un síntoma del maltrato que padecía, situación similar al Síndrome de Estocolmo.
Las expertas dijeron que la violencia de género no sólo se manifiesta a través de golpes, pues también se observa en la violencia psicológica y la forma en que se controla y manipula a las mujeres.
Mencionaron también que en este caso Clara era manipulada y por ello su ex pareja pudo enamorarla y amenazarla para mantener el control.
Como ejemplo de esa manipulación, Iniestra Salas obligó a los tres niños a dejar de llamarle mamá a Clara, rompió todas las fotos familiares, a ella la obligó a darle todo el salario que ganaba y a comer de la basura, la amenazó con matar a sus hijas, e inventó un sistema de control para que Clara se portara bien y juntara cierta cantidad de puntos para poder ver a su descendencia.
CLAMOR SOCIAL
En su columna semanal para Cimacnoticias, la psicoterapeuta humanista existencial y especialista en Estudios de Género, Alejandra Buggs Lomelí, ha señalado que en el caso de Clara se presenta una condición psicológica conocida como “Síndrome de Indefensión Aprendida o Desesperanza Inducida”, en el que la víctima de violencia “aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil”.
“Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima permanece pasiva frente a una situación dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias”, escribió Bugss Lomelí (Cimacnoticias, 11 de junio de 2013).
En tanto, organizaciones civiles, como la Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, y expertas feministas se han pronunciado en diversas ocasiones por la libertad de Clara Tapia.
En agosto pasado, en una carta abierta, llamaron a las autoridades judiciales del DF a tomar en cuenta que Clara Tapia es una víctima sobreviviente de violencia y no cómplice de su agresor.
13/AGM/RMB
Impugnan mujeres asamblea que las excluye de cargos públicos
Ciudadanas del municipio oaxaqueño de San Bartolo Coyotepec interpusieron un recurso de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para invalidar la asamblea comunitaria en la que se negó su derecho a ocupar cargos de representación popular.
Abigaíl Vasconcelos, quien forma parte del grupo de mujeres que presentó la impugnación, denunció que fue amenazada de muerte por encabezar esta lucha por el derecho político de las mujeres a ser electas. “Me dijeron: ‘Llevas ese documento y te vamos a romper toda tu…’”, acusó.
La ciudadana indicó también que en más de una ocasión ha recibido llamadas telefónicas intimidatorias.
Vasconcelos señaló que a pesar de las amenazas continuará el trámite legal hasta las últimas instancias “porque no estoy cometiendo ningún delito, estoy a favor de que las mujeres tengan sus derecho en San Bartolo”, sostuvo.
Ante las intimidaciones, algunas mujeres desistieron de su lucha por hacer valer su derecho constitucional. Quienes continúan son responsabilizadas por la presunta “ingobernabilidad” en el municipio. Ellas advirtieron que, en represalia, los varones de la comunidad podrían cancelar sus servicios básicos.
El pasado 20 de octubre, pocos días después de que en todo el país se conmemoraron los 60 años de la conquista del derecho al voto femenino, en asamblea comunitaria los hombres de Coyotepec prohibieron la participación de las mujeres como candidatas a las regidurías, sindicatura y alcaldía, “por respeto a los usos y costumbres de la comunidad”.
Ante la violación de sus derechos políticos, las mujeres de la localidad de Coyotepec –ubicada a sólo 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, capital del estado–, se declararon en desobediencia civil y advirtieron que no participarán como integrantes en los comités de educación, salud y ecología en el próximo trienio.
ACCIÓN LEGAL
El recurso de inconformidad fue dirigido a la directora de Sistemas Normativos Internos del IEEPCO, Gloria Zafra, con el respaldo de más de 40 firmas de ciudadanas de San Bartolo Coyotepec.
En el documento entregado al órgano electoral local se argumenta la violación al Catálogo Municipal de Usos y Costumbres de Coyotepec, que en el apartado III establece que las mujeres de la comunidad tienen la obligación de prestar servicios y pueden desempeñar cargos comunitarios o municipales.
El apartado dice: “Pudiendo ocupar los cargos de concejales al ayuntamiento tanto hombres como mujeres”.
De la misma manera, las inconformes invocaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su título II, artículo 15, establece como violencia comunitaria todos los actos individuales y colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propicien su denigración, discriminación o exclusión del ámbito público.
Otra base del recurso de inconformidad es la Convención de Belém do Pará, que en su artículo cuarto establece: “Toda mujer tiene el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los Derechos Humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre Derechos Humanos”.
El inciso J de la misma convención estipula el derecho de las mujeres a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país, y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
13/CL/RMB/LGL
Senadora pide castigo por casos de negligencia médica. Premian 40 años de trayectoria de la fotógrafa Paulina Lavista. Copred presenta reglamento antidiscriminación. Primero la población damnificada, después la inversión turística.
Senadora pide castigo por casos de negligencia médica
México.- Ante los recientes casos de negligencia médica y discriminación hacia personas indígenas y de escasos recursos en hospitales públicos, la senadora por el Partido de la Revolución Democrática Angélica de la Peña propuso ante el Pleno que se llame a comparecer a la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López.
De la Peña dijo que “esos hechos reflejan que en nuestro país las personas que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena, siguen sin tener garantizados sus Derechos Humanos”.
Convocó a que se sancione a las autoridades que nieguen, dilaten u obstaculicen los servicios médicos, y pongan en riesgo la vida de las personas o su integridad personal.
Premian 40 años de trayectoria de la fotógrafa Paulina Lavista
México.- Durante el 14 Encuentro Nacional de Fototecas, a efectuarse el próximo 7 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, se entregará a la fotógrafa mexicana Paulina Lavista la Medalla al Mérito Fotográfico, que otorga el Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Lavista, de 70 años de edad, se ha dedicado durante 40 años a la fotografía, en los cuales ha sido retratista de varios personajes de la cultura. Fue una de las primeras artistas jóvenes en exponer en el Palacio de Bellas Artes (1970), y es fundadora del Salón de la Plástica Mexicana.
Copred presenta reglamento antidiscriminación
México.- Jacqueline L´Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), presentó un reglamento interior de trabajo con el fin de impulsar políticas laborales con equidad de género, incluir a grupos vulnerables y prohibir toda forma de discriminación.
En el documento se establece el permiso de paternidad por 30 días por el nacimiento de una hija o hijo, la jornada reducida en dos horas para las madres y padres de menores de cinco años de edad o para quienes cuiden de una persona con discapacidad o adulta mayor.
Asimismo se prohíbe realizar exámenes de VIH y de gravidez, o requerir información sobre la preferencia sexual de las personas.
Primero la población damnificada, después la inversión turística
México.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió al gobierno de Guerrero dar prioridad a la población indígena afectada por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, antes que a la inversión turística anunciada en medios de comunicación.
En un comunicado, las defensoras señalaron que a casi dos meses de los fenómenos meteorológicos aún falta atención para las comunidades de la región de La Montaña, donde hay poblaciones desplazadas e incomunicadas.
13/GMV/RMB
Ante la situación de violencia que enfrentan las indígenas en sus comunidades, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena (Cami) demandó financiamiento público en 2014 a fin de que sus 22 organizaciones en todo el país sigan su labor de hacer valer los Derechos Humanos de esta población.
Margarita Amalia Cruz, presidenta de la Cami en San Quintín, Baja California (BC), donde se atiende a indígenas migrantes jornaleras, advirtió que los recursos otorgados para 2013 por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tardaron seis meses en llegar.
Por lo que llamó a que para 2014 el presupuesto llegue de forma oportuna para que no se afecte su plan anual de actividades, y así puedan atender la violencia económica, física y sexual que viven mujeres indígenas de las lenguas náhuatl, triqui, zapoteco y mixteco, en BC.
Cruz dijo que para este año la Cami de BC recibió un presupuesto de un millón de pesos.
En tanto, Rubicelia Cayetano, integrante de la Cami en el municipio de Matías Romero, en Oaxaca, señaló que hace un mes hubo una reunión con la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados para plantear la importancia de destinar recursos a este proyecto que ha tenido resultados en las comunidades indígenas.
Las Cami iniciaron en 2003 en cuatro entidades, como un proyecto de atención comunitaria para brindar servicios de salud y procuración de justicia con un enfoque de interculturalidad. En 2012, ONU-Mujeres les dio un reconocimiento como “buena práctica”.
Actualmente la Red de Cami opera en BC, Hidalgo, Sonora, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Chiapas y Puebla.
En 2012 se atendieron 600 casos de violencia y se brindó asesoría y acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, siempre con una traductora en lengua indígena.
13/LOA/RMB
Mujeres indígenas del municipio de Copalillo, en el estado de Guerrero, están en alto riesgo de adquirir VIH/Sida, debido a la falta preservativos en su comunidad y ante la migración de sus parejas sentimentales.
Guadalupe Yamel Guerrero, integrante de la organización civil Mujeres Indígenas en Lucha, explicó a Cimacnoticias que los hombres de esa comunidad guerrerense –dedicados a elaborar hamacas– viajan a zonas costeras para comercializar sus productos, y suelen contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), las cuales luego transmiten a sus parejas.
La activista señaló que los varones también emigran a las ciudades de México y Cuernavaca o a Estados Unidos en busca de empleo y también en esos trayectos adquieren alguna ITS. Yamel Guerrero advirtió que las mujeres indígenas carecen de atención médica para hacer frente a alguna infección.
Según cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), en México hay más de 28 mil mujeres con el padecimiento.
Guadalupe Yamel Guerrero detalló que ante la situación precaria que enfrentan las mujeres en los municipios de Copalillo, Atenango del Río y Huitzuco, todos en la zona norte de Guerrero, su organización brinda talleres sobre género, derechos sexuales y reproductivos, soberanía alimentaria, agricultura sostenible y educación ambiental.
Abundó que estas indígenas de la etnia náhuatl se han visto limitadas en su derecho a decidir sobre el número de hijas e hijos que deseaban procrear, y que además han padecido violencia sexual por parte de sus parejas.
Yamel destacó que Mujeres Indígenas en Lucha realiza activismo para el reconocimiento de las parteras como parte de los servicios de salud en la región, ya que no hay clínicas o centros de salud que brinden atención de calidad.
Agregó que con los cursos de capacitación se forma a mujeres líderes que ya están decidiendo sobre sus cuerpos y sus vidas, por lo que –señaló– cada vez “se escucha menos que alguna mujer fue vendida o intercambiada” como parte de los usos y costumbres.
13/LOA/RMB
Hasta 50 por ciento de jóvenes presentan embarazos tempranos
A diario 20 mil niñas menores de 18 años dan a luz en países en desarrollo; en su mayoría son jóvenes que viven en áreas rurales empobrecidas y con una educación deficiente, que después del parto verán aún más limitadas sus posibilidades de desarrollo, dijo hoy el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En su informe “Estado mundial de la población 2013: Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes” –presentado en Colombia–, la instancia de la ONU subrayó que este grave problema de salud pública afecta a entre el 20 y 50 por ciento de las jóvenes en los países pobres.
En promedio el 19 por ciento de las jóvenes en esas naciones presentan embarazos antes de los 18 años, y de seguir la misma tendencia lejos de disminuir la incidencia podría aumentar, ya que actualmente hay 580 millones de niñas y adolescentes en el mundo y cuatro de cada cinco viven en países en desarrollo.
Las altas cifras son en gran medida consecuencia de la persistente práctica de los matrimonios forzosos entre las menores de edad y personas mayores, la violencia y coacción sexual, las políticas nacionales que restringen el acceso a anticonceptivos, y la falta de educación sexual.
Se debe considerar –advirtió el UNFPA– que la cifra de embarazos en jóvenes es mayor al número de partos registrados, pues no todos llegan a término.
No obstante se advierte que 2 millones de los 7.3 millones de partos en adolescentes corresponden a menores de 15 años, niñas que representan la población juvenil aún más vulnerable, con mayores riesgos de morir durante el parto y que generalmente son “invisibles” para los gobiernos.
En ese sentido, el UNFPA criticó que muchos países prevengan el embarazo en adolescentes con medidas orientadas a modificar el comportamiento de las niñas, responsabilizándolas de no prevenir la gestación, pues “una intervención, sea campaña publicitaria o programa de distribución de preservativos, es irrelevante para una niña que no tiene el poder de tomar ninguna decisión significativa”.
De acuerdo con los datos del informe, África occidental y central registran los porcentajes más altos de partos antes de los 15 años –el 50 por ciento de las menores de 18 años en países como Níger y Chad registran un parto–, mientras que Asia central presenta la cifra más baja en relación con los países en desarrollo.
América Latina (AL) y el Caribe se ubican en la tercera posición; países como Honduras, El Salvador y Guatemala registran que más del 20 por ciento de las jóvenes ya son madres.
Contrario a la disminución de casos en algunas regiones, en AL los partos en menores de 15 años aumentaron; aunque es imposible precisar en qué cantidad, pues las encuestas y estadísticas oficiales sólo reflejan los casos en mayores de esa edad.
México registra la tasa de natalidad más alta en adolescentes de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (64.2 de cada mil nacimientos).
UNFPA también advirtió que los embarazos prematuros traen consecuencias individuales, pero de igual forma derivan en altas tasas de muerte materna y en la práctica de abortos inseguros.
Se estima que 70 mil adolescentes murieron por complicaciones del embarazo y el parto, y se practican alrededor de 3.2 millones de abortos inseguros en esta población.
Por ello el Fondo urgió a los gobiernos a atender los problemas que derivan en gestaciones tempranas, como la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a servicios, y las opiniones negativas sobre las niñas y las mujeres.
Propuso crear herramientas de prevención en niñas entre 10 y 14 años, eliminar el matrimonio en menores de 18 años, prevenir la violencia y coacción sexual, y crear recursos globales que permitan mantener a las niñas saludables y seguras.
Además instó a los Estados a proteger todos los Derechos Humanos de esta población; lograr que las niñas asistan a la escuela y permitirles quedarse más tiempo en ella; involucrar en las estrategias a varones y niños; brindar la información en salud sexual y reproductiva adecuada a la edad, y ofrecer servicios de salud para adolescentes.
13/AZM/RMB
En el sexenio pasado se inició la privatización silenciosa de los centros de readaptación social, lo que afectó severamente los Derechos Humanos (DH) de las mujeres que purgan condenas por delitos federales, ya que se les trasladó a cárceles de máxima seguridad donde carecen del acceso a sus garantías mínimas.
Ejemplo de ello son las mujeres que viven en el penal federal Islas Marías, toda vez que habitan en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la salud, y sin la posibilidad de establecer contacto con sus familiares, entre otras violaciones a sus DH.
La situación que padecen las y los reclusos en las Islas Marías será denunciada este viernes por la doctora Elena Azaola Garrido y el investigador José Antonio López Ugalde, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 149 periodo de sesiones que concluye el próximo 8 de noviembre.
Ambos especialistas van en representación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, entre otras agrupaciones.
Durante la audiencia temática sobre las condiciones carcelarias en las Islas Marías, ambos académicos expondrán ante la CIDH las deficiencias en alimentación y calidad del agua, irregularidades en los servicios médicos, los traslados injustificados, excesos y arbitrariedades en el régimen disciplinario, malos tratos y otras violaciones a la integridad de la población penitenciaria.
De acuerdo con Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, durante el sexenio de Felipe Calderón se privatizaron las cárceles de máxima seguridad y para resarcir la deuda de las empresas inversionistas –que cobran a diario mil 670 pesos por interno–, el número de presas y presos federales se tuvo que incrementar.
En menos de seis años la población en cárceles federales pasó de 3 mil a 20 mil. La experta acusó que las mujeres que viven en Islas Marías fueron llevadas en contra de su voluntad o con engaños, y que a todas se les trata como “mercancías” para incrementar las ganancias de las empresas carcelarias.
Azaola relató que al entrevistar a estas mujeres pudo conocer que a muchas se les prometió que tendrían mejores condiciones y que podrían convivir con su familia, aunque en la realidad tienen cero posibilidades de tener contacto con sus seres queridos.
Aseveró que ellas fueron “expulsadas del territorio”, toda vez que cuentan sólo con cinco minutos cada 15 días para comunicarse con sus familias, es decir, viven aisladas.
Agregó que las mujeres que viven en reclusión generalmente son de estratos económicos sumamente bajos, por lo que sus familias carecen de los recursos necesarios para visitarlas, mandarles dinero o incluso recibir sus llamadas.
También denunció que enfrentan condiciones de vida indignas, pues las más de 8 mil personas presas en Islas Marías –al inicio del anterior sexenio solamente había 600– comparten una clínica de servicios médicos donde no hay un ginecólogo que atienda a las mujeres.
Elena Azaola destacó que hay una actitud de rechazo y maltrato constante a las internas por el personal encargado de vigilarlas. En resumen –expuso– las condiciones carcelarias violan las leyes y tratados internacionales en la materia.
13/AZM/RMB
Persecución de activistas por proteger sus comunidades: ONU
La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, denunció la persecución que sufren activistas que apoyan a las comunidades afectadas por megaproyectos como hidroeléctricas, minas y otros impulsados por la industria de extracción.
En su informe anual, presentado este martes ante la Asamblea General de la ONU, la relatora especial indicó que a menudo las y los defensores de las garantías fundamentales son vistos como personas que están en contra del gobierno o del desarrollo, e incluso como enemigos del Estado.
Sekaggya destacó que las y los activistas que muestran sus reservas respecto a la construcción de grandes hidroeléctricas, presas, carreteras o proyectos de minería, reciben amenazas de muerte y son perseguidos cuando hacen su trabajo.
La relatora puntualizó que las y los defensores de los territorios y de los Derechos Humanos (DH) no están en contra del desarrollo de los países, sino que desempeñan un papel muy importante en su promoción, pues vigilan que se cumpla según el marco legislativo local e internacional.
El informe recopila algunos casos de activistas que intentaron entrar en contacto con mecanismos de DH u organismos internacionales, para informar sobre cuestiones que afectan a las garantías fundamentales y que sufrieron amenazas y represalias.
La representante de la ONU recordó que esos proyectos a gran escala deben respetar los principios de igualdad y de no discriminación, así como la participación, la transparencia y la responsabilidad.
La experta dijo que es esencial para las comunidades afectadas por esos megaproyectos, participar en la toma de decisiones y emitir su opinión sobre el diseño de la obra y su ejecución.
Según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Guatemala es el país de la región que reporta el mayor índice de agresiones y amenazas contra defensoras de DH, al concentrar el 30 por ciento de los casos.
Según IM-Defensoras, 38 mujeres que defendían la vigencia de las garantías fundamentales fueron asesinadas entre 2010 y 2012 en Mesoamérica; el 38 por ciento de las víctimas defendían la tierra, el territorio y los recursos naturales.
13/RED/RMB
Las autoridades mexicanas desestimaron las peticiones que en enero de 2012 hizo la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel, integrada por Jody Williams (Nobel 1997) y Rigoberta Menchú (Nobel 1992), para que protejan a las defensoras de Derechos Humanos (DH).
Las organizaciones Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que a la fecha las dependencias del gobierno federal que se entrevistaron con las Premio Nobel no han dado una respuesta al respecto.
Al presentar su informe “De sobrevivientes a defensoras. Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”, en la Cámara baja, las agrupaciones civiles llamaron a las y los diputados a tomar acciones y llamar a las autoridades a comparecer para que expliquen qué han realizado para proteger a las defensoras de DH.
Marusia López, coordinadora de Jass; Daptnhe Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional de Tlachinollan, explicaron que desde 2012 la situación de violencia no ha cambiado.
Recordaron que en su paso por México, la estadounidense Jody Williams y la comitiva que la acompañó constataron que las mujeres construyen la paz, defienden los valores democráticos, reclaman justicia para las víctimas de feminicidio, buscan a los desaparecidos, y en general hacen un trabajo importante como luchadoras sociales.
López dijo que entre los temas de preocupación las Nobel destacaron la militarización del país, la discriminación y acoso de las mujeres por parte de los jueces y ministerios públicos, y el escaso número de sentencias y reparación del daño a víctimas de violaciones a DH.
Por ello la misión internacional se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
En ese momento la Iniciativa expuso a las autoridades que las mujeres ejercen la defensa de los DH sin contar con garantías. Una prueba de este contexto, dijo López, es que de 2009 a 2012 hubo 26 asesinatos de activistas; en 2012 se registraron 118 agresiones a defensoras, mientras que 46 mujeres cuentan con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de DH, y 20 a través de la Corte Interamericana de DH.
Además de ello en noviembre de 2012 en México se creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia a la fecha ha recibido 32 solicitudes de resguardo para mujeres.
Por su parte, Daptnhe Cuevas dijo que desde la visita de la misión internacional la situación no ha cambiado, lo que indica que el marco jurídico a favor de las defensoras no se ha cumplido, por lo que llamó al Poder Legislativo a que cite a comparecer a las y los funcionarios y les pida cuentas sobre las acciones que han emprendido y el ejercicio de los recursos.
Ante esta petición, la Comisión de Derechos Humanos no hizo un pronunciamiento y sólo la diputada Loretta Ortíz (Partido del Trabajo) mencionó que ante este reclamo de las organizaciones, la Legislatura debería crear un sistema de seguimiento de las recomendaciones de organismos internacionales en temas claves como defensoras, periodistas y las sentencias emitidas.
13/AGM/RMB