Alejado de la definición estipulada en el Código Penal Federal y de las demandas ciudadanas, el Congreso del estado de Baja California Sur (BCS) aprobó ayer la tipificación del delito de feminicidio y lo definió como un “homicidio agravado”.
En sesión plenaria, las y los diputados locales votaron a favor del dictamen presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que no dotó de autonomía al tipo penal en contraste con la exigencia de especialistas contra la violencia de género.
Con lo aprobado se agregó al Código Penal estatal el artículo 265 Bis, que define que “cuando el homicidio sea ejecutado sobre una mujer por razón de su género se impondrá de 25 a 50 años de prisión”, y una sanción de 300 a 900 salarios mínimos.
El dictamen sometido a votación establecía en un primer momento una pena de 20 a 35 años de prisión, pero fue durante la discusión que se aumentó la condena de cárcel.
Como razones de género se definió la presencia en la víctima de signos de violencia sexual de cualquier tipo, se hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores al fallecimiento, y la existencia de datos sobre amenazas, acoso o violencia.
Igualmente, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, o que la mujer haya sido incomunicada previamente a la privación de la vida.
Con ello, el Congreso local no acató las recomendaciones de la sociedad civil para establecer un tipo penal autónomo y no considerar al delito de feminicidio como un homicidio.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que articula a organizaciones de todo el país que registran, denuncian y litigan casos de feminicidio– ha señalado en múltiples ocasiones que se deben homologar los tipos penales locales con la definición federal.
El artículo 325 –incluido en el Capítulo Cinco “Feminicidio”– del Código Penal Federal establece que comete el delito “quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Y es que a decir del OCNF el feminicidio presenta características distintas que a las de un homicidio, toda vez que es la expresión más exacerbada de todos los tipos de violencia de género, en los que se puede incluir la muerte a causa de negligencia médica, muerte materna o incluso el suicidio.
Ayer, tras la tipificación del delito, la diputada panista Jisela Paes Martínez negó ante la prensa local que en BCS se registren casos de feminicidio, como lo han señalado organizaciones estatales, toda vez que los asesinatos de mujeres documentados hasta ahora corresponden únicamente a homicidios, explicó.
De acuerdo con la asociación civil Equidad y Desarrollo, de marzo de 2011 a la fecha se han registrado en la entidad 25 muertes de mujeres por razones de género.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) indica que en BCS suman 13 casos de mujeres asesinadas en lo que va del año: cinco en La Paz (la capital estatal), seis en Los Cabos, y dos en Mulegé.
13/AZM/RMB
noviembre 2013
A un año del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, Amnistía Internacional (AI) afirmó que la trágica situación humanitaria en México ha dado pocas señales de mejorar, porque aunque se han lanzando múltiples iniciativas en diferentes ámbitos, los Derechos Humanos (DH) están ausentes de la agenda.
En un comunicado, la organización internacional dijo que avances positivos, como la publicación de la Ley General de Víctimas; la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Procuraduría General de la República, y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos Humanos, no han tenido impacto real en la situación en el país.
Recordó que uno de los compromisos de Peña Nieto hace un año fue poner fin a la violencia y abusos contra los DH, que caracterizó a la gestión de Felipe Calderón, sin embargo para AI crímenes como el feminicidio, la desaparición forzada, y los abusos contra migrantes, defensores y periodistas continúan.
A decir de la organización, las violaciones a las garantías fundamentales vienen amparadas por la impunidad, y además las manifestaciones populares se han caracterizado por la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias que van en aumento.
Por ello consideró que durante 2013 no se han dado pasos ciertos para poner fin a este tipo de abusos, y la estrategia de seguridad que generó numerosas violaciones a DH se mantiene en líneas generales.
“Poner fin a los graves abusos a los Derechos Humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones coordinadas, recursos adecuados y un diálogo efectivo con la sociedad civil. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda política”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
Destacó también que a pesar de los anuncios públicos desde el inicio del actual gobierno, AI considera que la actual administración ha fallado en demostrar que este tema sea su prioridad, pues parece que es más un compromiso que no se va a traducir en acciones efectivas.
En este contexto, en octubre pasado integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron al gobierno mexicano una serie de recomendaciones que, de cumplirse cabalmente, contribuirían a mitigar la grave crisis humanitaria.
Sin embargo, AI criticó que las autoridades mexicanas anunciaran que será hasta marzo próximo cuando se dará a conocer cuáles de estas recomendaciones serán tomadas en cuenta, lo que demuestra que el tema “no es prioritario”.
“La actual administración ha dejado pasar numerosas oportunidades para demostrar su compromiso. La sociedad mexicana, y en especial las víctimas, no esperarán por siempre; si la actual administración aspira a restablecer la confianza en que cumplirá sus compromisos, debe tomar medidas inmediatamente”, concluyó Perseo Quiroz.
13/AGM/RMB
En muchas ocasiones las mujeres –en especial las madres solteras, jefas de hogar, cuidadoras y trabajadoras domésticas– se ven obligadas a emplearse en trabajos informales o a incursionar en actividades que fomentan la corrupción y se debaten entre lo legal y lo ilegal.
Expertos en políticas públicas sostuvieron que en todos los países existen “zonas grises de la economía”, es decir actividades que pueden ser o no conductas criminales, que producen dinero, que no aportan a la riqueza de un país, pero que son fuente de empleo para las personas que por diversas razones no tienen un trabajo formal.
El economista y académico de la Universidad de Jawaharlal Nehru en la India, Arun Kumar; la socióloga y egresada de la Universidad Hull de Reino Unido, Nelly Uresty, y la presidenta de la organización Por lo Derecho, Sylvia Pérez, coincidieron en que por sus condiciones de desventaja las mujeres son parte de esta economía informal.
Los especialistas participaron en el foro “Las zonas grises de la economía: una delgada línea entre lo legal y lo ilegal”, organizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
El hindú Arun Kumar explicó que en el ámbito económico existen actividades fuera de la ley y actividades formales, pero también hay otras que están en el “limbo” porque a pesar de que no son conductas ilícitas producen dinero a través de una cadena de corrupción; es decir, “zonas grises de la economía”.
El experto señaló que esas actividades generan empleo en el sector informal y se pueden encontrar en distintos campos, que van desde la agricultura, la industria, la manufactura, las finanzas, el sector servicios, y en la industria del entretenimiento, pero son labores que “no se ven a primera vista”.
Sobre este tema, la socióloga Nelly Uresty hizo una investigación sobre el tráfico de personas, en el que el 90 por ciento de las víctimas son mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual comercial.
Al respecto, Uresty dijo que esto constituye una acción criminal que en muchas ocasiones se esconde bajo la bandera de “trabajo sexual”.
Incluso destacó que en Europa hay un movimiento de mujeres que lucha porque el trabajo de la prostitución se dignifique y se legalice, con el argumento de que sólo el 10 por ciento de las mujeres (cifra no comprobada) que está en la prostitución son violentadas y víctimas de coerción, mientras que el resto trabaja de manera “voluntaria”.
La experta advirtió que las “zonas grises” de la economía significan un doble enfoque que al final legitima “una acción que está mal”, no obstante reconoció que este es un tema complejo porque muchos de los proxenetas en Tlaxcala vieron una forma de obtener dinero fácil ante la falta de empleos en una zona rural.
A estas observaciones, la activista Silvia Pérez destacó que después de un análisis exhaustivo al final las “zonas grises” terminan por ser “zonas oscuras” porque las actividades informales violentan la ley al romper las reglas, o bien, corromper las instituciones.
La experta en cultura de la legalidad mencionó que una mujer que consiga empleo formal puede poner un puesto de jugos en la calle, pero no pasará mucho tiempo antes de que sea extorsionada por policías o funcionarios que le pedirán condiciones para no denunciarla o quitarle el puesto que acaba de poner.
Por ello consideró que las personas que realizan actividades informales terminan por entrar, quieran o no, en una red de corrupción, y eso significa que generan dinero, llevan sustento a sus hogares, pero a la vez nutren los problemas sociales que el Estado no atiende de manera eficaz.
Los especialistas coincidieron en que es necesario estudiar este fenómeno que roza la economía, la sociología y la legalidad, para que el Estado arreste a las personas, tipifique delitos o implemente apoyos económicos para un problema que en último término es de seguridad nacional.
13/AGM/RMB
Chiapas: las jóvenes indígenas luchan por su derecho a decidir
Ellas nacieron hace más o menos 20 años, crecieron en distintas comunidades de Chiapas, un estado caracterizado por la discriminación, marginación y supremacía masculina.
Según cifras del Inegi, en esta entidad habitan un millón 400 mil jóvenes de entre 15 y 29 años, de los cuales el 30 por ciento habla alguna de las lenguas originarias de la entidad: chol, tojolabal, tzotzil, tzeltal y zoque.
A cuentagotas y con bastantes dificultades, las indígenas se construyen otros horizontes al involucrarse en actividades culturales o políticas que las llevan a posponer el destino de la mayoría de ellas: ser madres jóvenes.
Ahora su prioridad se ha vuelto estudiar, aprender y regresar a sus comunidades para emprender colectivamente mejores condiciones de vida.
DESPLAZADAS
De fondo las montañas de Polhó. Sentadas en la explanada, arriba del camposanto donde yacen las 45 personas –en su mayoría mujeres tzotziles– que fueron asesinadas por paramilitares en diciembre de 1997, Herminia y Mari revelan que es la tercera vez que sus familias tienen que dejar su comunidad, el ejido de Puebla en el municipio de Chenalhó, debido a las amenazas de muerte.
Por tanta amenaza, Herminia ni pudo ir a la escuela, pero de rato en rato en el campamento aprende a tocar la guitarra. La joven no conoce de métodos anticonceptivos ni de infecciones de transmisión sexual (ITS). Es posible que su vida sexual no haya comenzado, pues al llegar el tema se avergüenza tanto que es demasiado incómodo continuar.
En su comunidad es normal que las mujeres tengan de seis a ocho hijos, pues hay que trabajar la tierra y enfrentar “la guerra de exterminio”. Desde niñas cargan en la espalda al hermanito con rebozo enlazado a la cintura. Hay varones que también lo hacen, aunque son los menos.
La reproducción comienza antes de los 20 años de edad y es común ver señoras de más de 40 aún amamantando al más pequeño.
Para la profesora Julieta Hernández Gómez, de la Colectiva Brigada Feminista por la Autonomía, hay algo de positivo en la migración de las indígenas: “Las jóvenes están saliendo de comunidades donde estaban subordinadas a tradiciones patriarcales, pero también traen prácticas comunitarias”.
Por otro lado, ellas deberán incorporarse a una cultura del individualismo y competitividad, “al liberalismo mestizo que además es profundamente racista y clasista”, explica Hernández Gómez.
En este entorno lucharán en medio de dos mundos y se debatirán entre sus deseos personales y el compromiso con su comunidad, que muchas veces no las toma en cuenta.
En este dilema se encuentra Clara Ruiz de los Santos, 23 años, bilingüe, chatina de San Miguel Panixtlahuaca. Durante el año que estuvo en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci-Las Casas), aprendió computación, serigrafía y se capacitó en la defensa de los Derechos Humanos.
Clara sabe de todos los métodos anticonceptivos. En Oaxaca fue a la prepa y ahí le dieron talleres. Acá comparte el techo con el colectivo de jóvenes, casi todos de comunidades; le queda la disciplina del Cideci: levantarse y acostarse temprano, cuidar su salud, su cuerpo. Dice que “cuando llegue el momento” quizá tenga dos, “a lo mucho” tres hijos.
“Chely”, una joven de 20 años, recién llegada a San Cristóbal de una comunidad de la selva fronteriza, no tiene algún papel que avale que ella sabe leer y escribir, pero aprendió a ser promotora de salud a través de médicos solidarios que acudían a su lejana localidad, a ocho horas de la cabecera del municipio de Las Margaritas.
Por eso es que ella conoce los métodos de planificación familiar. Al principio su padre no estuvo de acuerdo en que saliera: “No me apoyó con dinero, también porque no contamos con los recursos… pero tomé decisión”, expresa con voz quedita.
Su familia al ver “que no falló” (que presentara un embarazo), no pudo oponerse para que se estableciera en San Cristóbal, donde se emplea en un hotel que le ofrece techo y un tiempo para estudiar la primaria abierta.
“Chely” siempre se visualiza de regreso a su origen, su compromiso es “dar servicio” como dentista. Sin criticar a las jóvenes que se quedaron a tener familia, ella tiene muy claro lo que quiere. Clara le pregunta a “Chely”: “¿Qué harías si salieras embarazada?”. “No dejaría mi objetivo”, contesta sin titubear.
PELEAR POR LA AUTONOMÍA
Hasta hace pocos años en Chiapas la última palabra la tenían los varones. Esta situación cambió poco a poco. Ya hay una generación de jóvenes que creció escuchando sobre derechos “como mujeres, como indígenas”, y ellas se involucraron en su ejercicio y difusión.
Como ejemplo, Paulina Díaz Gómez tiene la difícil tarea de traducir en vivo todos los discursos urbanos sobre derechos femeninos a su lengua materna, el tzeltal. Desde hace tres años es monitora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, fundado por la antropóloga feminista Mercedes Olivera Bustamante.
Paulina se sabe transgresora: “Para ellos no soy una mujer normal”. Ya lleva más de cinco años en la organización. Viaja mucho, se capacita, se involucra activamente, aprende “derecho indígena” y ahora coordina un colectivo en La Grandeza, municipio de Amatenango del Valle.
“Piensan que por salir a la ciudad sólo ando buscando hombre” y al no tener marido a su edad (23 años) es blanco de críticas.
Paulina se ve soltera y libre: quisiera seguir acompañando a otras indígenas que no saben hablar, que no saben defenderse. “Si las mujeres quieren tener hijos, también es su derecho, es su decisión; ahora ya saben cómo, cuándo y con quién tenerlos”, asegura la joven tzeltal.
13/IYD/RMB
Peligros de ruta migrante no detienen flujo de salvadoreñas a EU
Ni los cementerios clandestinos y fosas comunes –donde yacen tantos cuerpos anónimos que nunca fueron hallados por sus seres queridos–, disuaden a miles de mujeres y hombres migrantes salvadoreños que año con año salen de su país para intentar mejorar sus vidas en Estados Unidos.
Los datos de la Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador muestran cómo en 2011 fueron repatriadas desde EU y México 8 mil 947 personas migrantes; en 2012, la cifra subió a 12 mil 131, y hasta el 21 de noviembre de este 2013 ya se superan las 13 mil personas retornadas.
Y sin embargo miles de personas siguen “agarrando camino” sin importar los peligros que les aguardan en la llamada ruta del migrante.
Es por eso que el próximo 2 de diciembre arranca la Novena Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus Migrantes Desaparecidos, en la que mujeres de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México harán un recorrido por este último país, acudiendo a aquellos lugares donde estiman que podrían hallar con vida a sus familiares.
Viajarán con un listado de personas desaparecidas y tratarán de hallarlas en los albergues donde son acogidas, los hospitales donde se les atiende o las prisiones donde son detenidas.
Uno de los objetivos de la caravana –organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM)– es generar un mecanismo de comunicación entre las organizaciones de búsqueda de migrantes de cada país centroamericano y los albergues, además de tratar de hallar el modo de obtener más información de las cárceles.
El fin es la búsqueda, pero también la exigencia de que los gobiernos actúen y las instituciones funcionen, porque los mecanismos que deberían velar por los Derechos Humanos de las personas migrantes no son efectivos.
COMPLICIDAD DE AUTORIDADES
En muchos casos las propias autoridades son cómplices o ejecutoras de estas violaciones a los derechos de la población migrante, denuncia Anita Zelaya, secretaria de búsqueda del salvadoreño Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide).
“Nosotras no alcanzamos a cubrir la información que se debería de dar de cómo están unidas las autoridades con el crimen organizado, las autoridades tanto de México como de Estados Unidos. Todas estas autoridades están unidas y están tomando parte en todo lo que está sucediendo ahora”, explica.
“Si hablo del Estado salvadoreño, aquí hay una expulsión obligada, el sistema no cambia, empleos muy mal pagados, nuestros jóvenes necesitan oportunidades para desarrollarse. Es difícil para una madre soltera dar estudio a sus hijos y llenar todas sus necesidades; los jóvenes tienen sueños e ideales. Hablamos del sistema acá y es responsable en nuestro país de darle una respuesta”.
Pese a que organizaciones como Cofamide y algunos medios de comunicación han difundido los peligros a los que se enfrentan quienes tratan de llegar a EU o Canadá por tierra, en los últimos años ha aumentado el número de personas de origen salvadoreño que se lanzan al camino pese al riesgo de desapariciones, secuestros por parte del crimen organizado, o de caer en las redes de trata de personas.
En la caravana participarán 10 personas de El Salvador: siete mujeres y tres hombres, “porque van algunas señoras mayores y necesitamos ayuda”, explica Telma Acevedo, secretaria general de Cofamide.
Irán también una decena de personas por país (Honduras, Nicaragua y Guatemala). “En los trayectos que hagamos a pie (en México) se nos va a unir otra gente”, añade.
La Novena Caravana llevará el nombre de Emeteria Martínez, iniciadora y figura emblemática de las caravanas, quien falleció este año. Partirá de El Ceibo, Guatemala, para luego trasladarse a Tenosique, Tabasco, donde las madres pasarán la noche en la casa del migrante “La 72”.
Esta vez la caravana no llegará a los estados fronterizos del norte de México, sino que arribará hasta Guadalajara, en el inicio de la llamada “Ruta Pacífico”, por donde se está desviando el flujo migratorio de la denominada “Ruta del Diablo” (desde el DF hasta Mexicali), a fin de eludir la violencia de la ruta del Golfo, por donde corre el tren de carga conocido como “La Bestia” y se han denunciado secuestros, violaciones y asesinatos.
13/BBO/RMB
Violencia contra las mujeres se agrava si son pobres e indígenas
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó que de junio de 2012 a la fecha hubo 353 casos de violación a las garantías humanitarias de mujeres indígenas de esta zona del estado de Guerrero.
Hubo 119 agresiones por violencia física, 96 por violencia económica, 83 por violencia psicoemocional, 11 casos de violación sexual y dos muertes maternas, detallaron mujeres indígenas y mestizas de la zona de La Montaña reunidas en el “Encuentro de mujeres: Desde lo más hondo de nuestro corazón, no más violencia”.
En un pronunciamiento, las participantes dijeron que en todos esos hechos de violencia de género se detectó como factor común la discriminación que padecen las mujeres al momento de acudir ante las dependencias de gobierno para denunciar o solicitar apoyo psicológico o médico.
En el encuentro, realizado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las asistentes repudiaron la violencia que enfrentan en diversas formas y espacios, la cual se agrava por ser pobres e indígenas, y que a su vez atrae discriminación, exclusión y marginación.
Por ello se pronunciaron por una vida plena, justa y libre de violencia, así como el derecho a decidir sobre sus vidas, además de acceso a una justicia comunitaria sensible y respetuosa.
Además las indígenas exigieron la libertad de las mujeres presas por luchar por sus derechos y los de sus pueblos, como la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, Néstora Salgado García.
De igual manera pidieron justicia para la familia de Juana Espinoza Apolinar, mujer indígena que murió por el incumplimiento del Estado mexicano de garantizar su derecho a la salud.
Por último demandaron a los tres niveles de gobierno la implementación inmediata de medidas de protección desde el momento en que una mujer denuncia un acto de violencia, y que los ministerios públicos actúen con la debida diligencia en los asuntos sobre violencia de género o en los que estén involucradas mujeres indígenas.
13/JCUF/RMB
Ante la escasa difusión de información que refleje las problemáticas y necesidades que vive la población femenina, un grupo de académicas, periodistas y comunicadoras presentó 13 puntos para que se expida una ley que garantice que los medios de comunicación no difundan contenidos discriminatorios, y garanticen el derecho de las mujeres a comunicar.
De cara a la próxima discusión legislativa para expedir una Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, las mujeres integradas en la “Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y a la Información” elaboraron una propuesta legislativa con perspectiva de género, para que sea considerada en las discusiones parlamentarias.
La académica Aimée Vega, la ex legisladora Martha Tagle y las periodistas Lurdes Barbosa, María Eugenia Chávez y Lucía Lagunes explicaron que entre estas 13 propuestas se pide que los medios tengan medidas de autorregulación, para evitar contenidos que fomenten la violencia de género y estrategias que promuevan la participación femenina en la plantilla laboral.
Durante un seminario que organizó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, las expertas dijeron que es necesario que la sociedad civil y la academia se involucren en el debate sobre la regulación en radio y TV para cambiar el papel de las mujeres en los medios.
Aimée Vega, académica e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), dijo que con estas propuestas se busca la presencia de las mujeres en puestos claves en esta industria, ya que actualmente no figuran como propietarias de medios ni como socias en los consejos de administración.
Precisó que si las mexicanas no participan en estas áreas no pueden influir en los contenidos, en la edición, ni en la producción de los programas, donde hasta ahora abundan los contenidos sexistas y discriminatorios.
Los 13 puntos son parte de una propuesta más amplia que elaboró la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres a propósito de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que se discutió en 2008 en el Senado. Las activistas retomaron estos lineamientos, toda vez que en aquel entonces no fueron incluidos.
Al respecto, Vega lamentó que hasta ahora no haya acciones contundentes a favor de los derechos femeninos y que la sociedad civil involucrada en este tema no se interese por incluir la perspectiva de género, ya que esto deriva en tímidas recomendaciones que en la práctica tienen un efecto mínimo en los medios.
Destacó que los expertos en telecomunicaciones acusan a las feministas de atentar contra el derecho de la libertad de expresión porque piden que los contenidos se regulen, sin embargo lo que ellas demandan es que las industrias tengan códigos de ética, que se creen observatorios de medios, y se incluya a las mujeres en puestos de decisión.
Lurdes Barbosa, directora de Mujeres en Frecuencia, mencionó que hay que tomar acciones para que se deje de ver a la población femenina como consumidora y no como receptora de información, pues según la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión a las mexicanas se les presentan programas para que compren productos.
Es decir, las mujeres se convierten en un grupo de consumo al que le ofrecen programas de “chismes del espectáculo”, y esto aunado a que ellas no tienen acceso a la propiedad de medios y a la inversión económica, es muy difícil que puedan influir sobre el tipo de contenidos que se presentan a las audiencias.
Barbosa mencionó que si bien existen medios alternativos donde hay espacio para promover otra visión sobre la población femenina, en realidad estos espacios no alcanzan los mismos niveles de audiencia que los grandes medios, en especial las dos cadenas de televisión en México, que llegan a comunidades remotas.
Por ello destacó que es urgente retomar los tratados avalados por la comunidad internacional para que las leyes mexicanas integren principios internacionales, toda vez que si la sociedad cuenta con una norma clara puede tener un arma poderosa para exigir y demandar responsabilidad por parte de los medios de comunicación.
En su oportunidad, Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dijo que en este debate entre los políticos y los industriales de la radio y TV se debe involucrar la sociedad civil, porque de lo contrario se perderá una oportunidad histórica para fracturar los monopolios que hoy persisten.
En junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (Telecom), por lo que ahora el Congreso debe expedir una Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, pero a decir de la periodista es necesario cambiar la mirada cultural y no sólo la ley.
Lagunes mencionó que la sociedad debe ser más exigente, porque de lo contrario las mujeres seguirán siendo “invisibles” en este terreno donde, por ejemplo, por cada nueve columnistas hay dos mujeres porque se cree que ellas son más emocionales y hablan de la farándula, y no pueden analizar temas relevantes.
En el encuentro en el que también participaron Martha Tagle y la coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, María Eugenia Chávez, se anunció que esta tarde se presentaría la propuesta ante la Comisión de Radio y Televisión del Senado, a fin de que forme parte de las discusiones legislativas.
13/AGM/RMB
“Impresionantes”, las cifras de feminicidio en Centroamérica
En Centroamérica dos de cada tres asesinatos de mujeres constituyen casos de feminicidio, es decir, fueron ultimadas por razones de género, reportó ONU-Mujeres en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre.
La entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres calificó como alarmantes las cifras de violencia de género, pues tan sólo en 2013 el feminicidio ha cobrado la vida de al menos mil 800 mujeres en América Latina y el Caribe.
ONU-Mujeres advirtió que en países como Honduras, Guatemala y El Salvador las cifras de homicidios por razón de género son impresionantes.
En lo que va del año se contabilizan 656 casos de feminicidio en Guatemala y 203 en El Salvador, mientras que en Honduras una mujer es asesinada cada 15 horas.
Al referirse a Sudamérica, la instancia de la ONU precisó que en Argentina, de acuerdo con cifras de la organización Casa de Encuentro, en los últimos cinco años mil 432 mujeres fueron asesinadas, 63 por ciento de ellas a mano de su pareja o ex pareja.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –citado por ONU-Mujeres–, en Bolivia el 52 por ciento de las mujeres afirmó haber sufrido violencia física o sexual a manos de su pareja, cifra que lo coloca como el país con mayor porcentaje de mujeres en esta situación, seguido por Colombia, Perú y Ecuador, con 39 por ciento para los dos primeros países y 31 por ciento para el último.
En el mismo tenor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el maltrato y la violencia de género son los fenómenos sociales que más vidas femeninas cobran al año, sobre todo entre mujeres de 15 a 44 años de edad.
De acuerdo con la OMS, la tercera parte de las mujeres en el mundo se ven afectadas por algún tipo de violencia, lo que se traduce en que cada minuto cuatro mujeres son agredidas a nivel mundial.
Ante ese panorama, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU-Mujeres, llamó a los países miembros de Naciones unidas y a sus pobladores a alzar la voz y ser “parte activa en la creación de soluciones que pongan fin a estas violaciones a Derechos Humanos”, que representa la violencia contra las mujeres.
Enfatizó que se debe “proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y cuando se produzca la violencia, garantizar el acceso a servicios esenciales para todas las sobrevivientes”, lo que incluye servicios de salud, refugios, líneas de atención telefónica, policía, justicia y asistencia jurídica, así como “que los agresores rindan cuentas por sus delitos y sean llevados ante la justicia”.
13/AZM/RMB
Mujeres nicaragüenses inician viaje para buscar desaparecidos
La Caravana de Madres Nicaragüenses que se unirá a la Novena Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes Desaparecidos, salió hoy de esta norteña ciudad para iniciar un recorrido hasta México a partir del próximo 2 de diciembre.
En la caravana nicaragüense viajan ocho madres, una psicóloga y la coordinadora de un programa de la organización civil Servicio Jesuita para Migrantes.
De las madres, dos buscan a hijas y el resto a hijos, todas son mayores de 50 años y mantienen la esperanza de encontrar o al menos obtener información sobre el paradero de sus descendientes.
Julia Márquez, originaria de Chinandega, va en busca de su hija María Gisel González Márquez, quién salió de esta ciudad hace 13 años con destino hacia Estados Unidos en su ruta por México y le dejo al cuidado a su hijo, quien ahora es un adolescente que quiere saber el destino de su madre.
Julia narró que desde hace unos seis años perdió la comunicación con su hija. La última vez le dijo que se encontraba en México. Ahora lo único que desea es saber de ella, abrazarla y reanudar la comunicación para darle una respuesta a su nieto.
En esta caravana también viaja María Jesús Silva, quien tuvo que renunciar a su trabajo en Costa Rica y se regresó a Nicaragua para integrarse al viaje con la esperanza de encontrar a su hija, de quien no tiene información desde hace nueve años.
El Servicio Jesuita para Migrantes, en su oficina de Chinandega, ha documentado 191 casos de madres y padres de familia que llegan a solicitar apoyo para localizar a sus hijas e hijos en el extranjero, de las cuales 32 son mujeres migrantes, explicó Damaris Murillo, coordinadora del Proyecto Migrantes Chinandeganos Promoción y Defensa de sus Derechos Humanos.
La mayoría de esos casos son de migrantes nicaragüenses que salieron hacia EU en busca de mejores condiciones de vida, y de quienes se desconoce su paradero o se ha perdido comunicación en su ruta, ya sea en Guatemala o México, sostuvo Murillo.
La caravana tiene varios objetivos, entre estos, que las madres obtengan información de sus hijas e hijos, pero también sensibilizar a la sociedad y visibilizar ante los Estados la problemática de las y los migrantes nicaragüenses y centroamericanos.
Para Murillo, el Estado nicaragüense y las autoridades locales deberían cumplir el rol de proteger a las y los ciudadanos migrantes, e implementar una política de atención para las familias de la población migrante.
Una de las principales demandas al Estado nicaragüense es que se apruebe la Ley de Protección a los Migrantes, tanto los que salen como los que regresan, y que los distintos consulados en el exterior mejoren su atención a la ciudadanía nicaragüense que radica en el extranjero, explicó Murillo.
Para Héctor Calero, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo miembro de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, esta caravana es “un aliento, una ventana de esperanza” no sólo para las madres que viajan sino también a otras familias que tienen a sus hijas e hijos migrantes sin localizar en la ruta hacia EU.
Calero dijo que lo primero que deberían hacer los consulados en los países donde pasará la caravana es tener un listado de las personas no localizadas y atender a estas madres, así como facilitarles algunos medios de información y documentación.
La Novena Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes Desaparecidos llevará el nombre de Emeteria Martínez, iniciadora y figura emblemática de las caravanas, quien falleció este año.
Partirá el próximo 2 de diciembre de El Ceibo, Guatemala, donde el Movimiento Migrante Mesoamericano –organizador de la caravana– recibirá a las madres procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y otras partes de Guatemala, para luego trasladarse a Tenosique, Tabasco, donde pasarán la noche en la casa del migrante “La 72”.
Esta vez la caravana no llegará a los estados fronterizos del norte de México, sino que arribará hasta Guadalajara, en el inicio de la llamada “Ruta Pacífico”, por donde se está desviando el flujo migratorio de la denominada “Ruta del Diablo” (desde el DF hasta Mexicali), a fin de eludir la violencia de la ruta del Golfo, por donde corre el tren de carga conocido como “La Bestia” y se han denunciado secuestros, violaciones y asesinatos.
13/NR/RMB
Una aparente presión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene aletargada en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado, la aprobación de una reforma al Código de Justicia Militar para evitar la impunidad en las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por efectivos castrenses.
Defensores de Derechos Humanos (DH) y representantes de organismos internacionales dijeron que es preocupante la dilación del Legislativo en la reforma al sistema de justicia militar, toda vez que ya hay elementos suficientes para adecuar el actual marco normativo y armonizarlo con otros estándares jurídicos de avanzada.
Al presentar la publicación “Jurisdicción militar y Derechos Humanos: elementos para las reformas pendientes”, un análisis editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, activistas exhortaron al Senado a acelerar el proceso para dictaminar y aprobar la reforma.
Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, advirtió “una presión de la Sedena” para evitar se apruebe una reforma al fuero de guerra, ya que abiertamente ha señalado que primero se necesita un marco regulatorio y ha insistido en que no juzga a la población civil.
Aunque la activista y abogada reconoció que no hay una certeza de que alguien esté trabando la discusión en el Senado, la posibilidad de que sea la Sedena surge porque en repetidas ocasiones cuando un legislador o incluso el Ejecutivo federal advierten avances de la eventual reforma, al final no pasa nada.
Desde julio pasado las comisiones dictaminadoras presentaron un predictamen para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, un proyecto en el que incluyeron ocho iniciativas previas que buscan que las violaciones a DH cometidas por militares sean juzgadas en tribunales civiles.
La necesidad de reformar el fuero militar es una demanda de personas defensoras de DH, luego de que en el sexenio pasado la Corte Interamericana de Derechos (CoIDH) condenó a México por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2002, la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1994, y la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999; todos estos abusos cometidos por soldados.
En el evento hoy, Javier Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que en septiembre las y los legisladores organizaron mesas de trabajo con organizaciones civiles y académicos para analizar cuáles serían las modificaciones al Código de Justicia Militar.
“El periodo de audiencias ha entrado en una etapa de pausa y por ello es importante que nosotros nos sumemos a esta presentación para seguir ese debate que parecía solamente de trámite, y que ahora podría dar indicaciones de que no es tan sencillo y que necesitamos renovar nuestras voces de manera pública”, subrayó.
Explicó que estas reuniones eran un simple trámite porque ya estaba listo un predictamen, sin embargo a la fecha no hay nada de la reforma, por lo que dijo que el retraso no se justifica y menos aún cuando el tema es objeto de escrutinio internacional y de recomendaciones de organismos internacionales.
Hernández dijo que durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realizó la ONU a México en octubre pasado, los países participantes expresaron su preocupación porque el fuero castrense todavía permite que los tribunales militares juzguen violaciones a DH cometidas por soldados, aun cuando no deberían investigar ni enjuiciar estos casos.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, dijo que la reforma al fuero militar es impostergable por lo que el Congreso está obligado a atender las recomendaciones de organismos internacionales y los preceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.
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