En esta entidad las mujeres demuestran que tras vivir un proceso migratorio llegan a mejorar sus condiciones de vida luego de obtener una oportunidad laboral, lo que las impulsa a formar redes para hacer valer los Derechos Humanos (DH) de las comunidades donde se asientan.
Así lo demuestra Amalia Lópes, quien llegó en 1959 a los campos agrícolas de Sinaloa cuando tenía apenas 11 años y ahora preside la agrupación civil Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, con logros significativos a favor de las jornaleras, quienes son un porcentaje representativo de la mano de obra en el sector rural.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres constituyen entre 40 y 70 por ciento de la mano de la obra agrícola en los países en desarrollo, pero afrontan severas condiciones de desigualdad.
Lópes, quien provenía de Cosalá, municipio a 160 kilómetros de Culiacán, capital del estado, relató que al llegar con su madre a estos campos comenzaron a trabajar como jornaleras y durante 20 años desempeñó esta actividad, pero ahora a través de su organización hace valer los DH de esta comunidad conformada principalmente por inmigrantes.
Según el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM), la población inmigrante proviene de ocho municipios o 490 localidades de la entidad, descritas como “expulsoras” debido a la cantidad de personas que abandonan este lugar para buscar fuentes de empleo, pero además llegan de entidades como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y lo hacen durante todo el año aunque en octubre y abril aumenta la solicitud de mano de obra.
Amalia pertenece al grupo de mujeres identificadas por el ISM como migración interna del estado, por lo que su titular, Elizabeth Ávila, dijo a Cimacnoticias que a su llegada ellas enfrentan hacinamiento y las niñas son víctimas del trabajo infantil, lo cual es “muy difícil de erradicar”, aseveró.
Lópes explicó que debido a las condiciones en las que los dueños de los campos las hacían trabajar, algunas de ellas comenzaron a enfermar de leucemia por el contacto con agroquímicos que estaban prohibidos para seres humanos, lo que derivó en una intoxicación masiva, situación que la llevó a emprender una lucha para erradicar esa situación, lo que finalmente logró.
Amalia recordó que las avionetas fumigadoras pasaban por encima de ellas al momento de estar trabajando la tierra, lo que contribuyó a que la gente enfermera y perdiera la vida.
Y aunque fue víctima de algunas agresiones, ella continuó con su labor que comenzó a ser reconocida no sólo por la comunidad de Villa Juárez, sino también por funcionarios e instancias de gobierno.
Lópes comentó que aunque no pensaba quedarse en Villa Juárez, ella y su familia comenzaron a trabajar como jornaleras y ante la serie de abusos que enfrentaron organizaron una huelga luego de que los empleadores les exigieron que trabajaran más surcos por el mismo salario.
Amalia relató que Villa Juárez creció sin control, ya que pasó de ser un corredor habitacional compuesto por dos ejidos y tres campos agrícolas, a tener 56 colonias conformadas principalmente por indígenas de otros estados.
Esta población acude a la Comisión de Derechos Humanos que ella preside para recibir asesoría a través de intérpretes ante casos de violencia laboral, intrafamiliar o de pareja.
Amalia advirtió que las mujeres de esta zona siguen siendo víctimas de violencia y de falta de oportunidades, pese a que con su trabajo obtienen lo que en sus comunidades de origen no encontraron. Lo que no se ha transformado es que alguna de ellas sea dueña de su propia tierra, criticó.
En octubre pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que sólo el 5 por ciento de las trabajadoras del campo son dueñas de sus tierras, aunque ellas sean quienes producen más de la mitad de los alimentos en México.
Ejemplo de ello es Margarita, jornalera oaxaqueña de 57 años y quien ya logró construir dos casas: una en Villa Juárez –donde laboró casi toda su vida–, y otra recientemente en Hermosillo, lugar a donde emigró hace no más de dos años para continuar trabajando como jornalera, ya que por su edad ya no se lo permitieron en Sinaloa.
O Francisca, otra mujer jornalera quien a pesar de una historia de violencia, huir de un matrimonio forzado en el que la habían intercambiado por ganado y 3 mil pesos, logró trabajar en los campos de Villa Juárez, decidir sobre su vida y otorgarle a sus cuatro hijos vivienda y alimentación, y a ella preparación académica, al concluir recientemente su secundaria.
Hoy, esta joven jornalera comenta que ya exige sus derechos en caso de presentarse algún tipo de abuso tanto a ella como a alguna de sus compañeras, porque dijo que ya no se puede quedar callada, aprendió a mirar de frente a las personas, independizarse y expresarse libremente.
13/LOA/RMB
diciembre 2013
Decenas de soldados se resguardaban en una pequeña casa ubicada en un poblado de Afganistán. En un rincón de la diminuta vivienda una joven de 16 años dio a luz.
La mujer que la ayudó con el parto le preguntó: “¿Quién es el padre de tu hijo?”. Asustada, la joven volteó a ver a los soldados y respondió: “Todos ellos son el padre de mi hijo”.
Este es uno de los relatos que forman parte del informe “Como un pájaro con alas rotas”, publicado por ONU-Mujeres y que busca dar voz a las mujeres afganas víctimas de múltiples formas de violencia, que se han incrementado con los conflictos armados en el país centroasiático.
En el documento actualmente disponible en formato digital y en inglés se hace un recuento de 30 años (1978-2008) de conflictos bélicos en Afganistán, y que han afectado severamente la vida de las mujeres, niñas y jóvenes que han visto violentados todos sus Derechos Humanos (DH).
Resultado de 730 entrevistas realizadas y recolectadas en siete provincias afganas, entre diciembre de 2007 y junio de 2008, el informe recupera la historia de las mujeres desde abril de 1978 cuando Afganistán fue ocupado por la Unión Soviética, pasando por el régimen talibán hasta el actual mandato de Hamid Karzai.
De acuerdo con ONU-Mujeres, más que nunca el país vive en una cultura de impunidad que permite que las mujeres víctimas de alguna agresión no accedan a la justicia, lo que se ejemplifica con los muchos individuos acusados de crímenes de guerra que ocupan puestos de mando a nivel nacional.
El documento que la instancia define como “un método de resignificación para la población a la que le ha sido negado un lugar en la construcción de la historia”, reitera que la violencia sexual, algunas prácticas culturales, como los matrimonios forzados, y la falta de acceso a la educación, son las agresiones más constantes contra las afganas.
Además la violación u otras formas de violencia sexual han sido largamente vistas “como una desafortunada, pero inevitable parte de los botines de guerra”, por lo que estas prácticas se llegan a “normalizar”.
Y es que cerca del 29 por ciento de los testimonios relatan conflictos relacionados con la violencia sexual. Cuatro narran cómo las mujeres eran destinadas a ser esclavas sexuales en algunos campos militares, donde sufrían violaciones sexuales por parte de todos o casi todos los militares, lo que les dejó a estas mujeres graves consecuencias físicas y emocionales.
Otra constante en los relatos es el sometimiento a matrimonios forzados de las jóvenes, ya sea por cuestiones económicas o porque los padres eran obligados por la milicia a entregar a sus hijas a cambio de seguridad o tranquilidad.
De acuerdo con el documento, en casi 29 por ciento de los casos de matrimonio forzado las familias fueron impotentes para negar los requerimientos de los intrusos armados o comandantes que solicitaban casarse con sus hijas, ante la violencia y amenazas.
Aproximadamente el 52 por ciento de las víctimas de esta práctica estaban entre los 10 y 14 años de edad cuando fueron obligadas a casarse con alguien mucho mayor que ellas, y la pobreza fue el principal factor para que las familias casaran a sus hijas.
Dentro de este punto ONU-Mujeres recordó que las niñas forzadas a casarse a edades tempranas son altamente vulnerables a ser heridas o lastimadas, “pues no se encuentran completamente desarrolladas física y emocionalmente para las demandas que la vida marital exige”.
Advirtió que Afganistán tiene la segunda tasa de muerte materna más alta en el mundo, ya que al año 24 mil mujeres mueren en el parto; además existen testimonios sobre el conocimiento de mujeres que se suicidaron tras un matrimonio forzado.
El organismo de Naciones Unidas llamó al gobierno de Afganistán a terminar con el clima de impunidad al que se enfrentan las mujeres, y recomendó crear las leyes adecuadas para sancionar las agresiones cometidas contra ellas en estos contextos.
13/AZM/RMB
La falta de atención a las condiciones de pobreza, discriminación y desigualdad en que viven muchas comunidades indígenas de nuestro país, agrava la probabilidad de que una mujer o joven indígena sea víctima de trata de personas, así como de que enfrente severas carencias si llega a estar en prisión.
En sendos comunicados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación ante estos dos flagelos que se ven enmarcados por la carencia de servicios para la atención de esta población.
La CNDH recordó que en México hay 15.7 millones de personas indígenas, de las cuales 8.1 millones son mujeres que constantemente enfrentan la carencia de servicios y programas para ellas.
Ante el delito de trata de niñas y mujeres indígenas, el organismo autónomo llamó a las autoridades federales, estatales y municipales para que incrementen y coordinen las acciones destinadas a erradicar, combatir y sancionar este ilícito.
Pues considera que “el abandono y la pobreza” en la que viven las indígenas abona al riesgo de que sufran explotación sexual, trabajos forzados y esclavitud. A esto se suma que grupos criminales ven una circunstancia favorecedora para “engañar o amenazar a niñas y mujeres y obligarlas a dejar sus lugares de origen”.
Asimismo la CNDH convocó a respetar las garantías mínimas de las 8 mil 486 personas indígenas recluidas en centros penitenciarios y de las cuales 290 son mujeres.
El organismo manifestó su preocupación por la carencia de información en DH, servicios y garantías para las y los indígenas en prisión.
Ellas y ellos –advirtió la CNDH– enfrentan problemas de discriminación, deficiente atención médica, carencia de recursos y escaso contacto familiar, debido a la lejanía que suele haber entre las cárceles y sus comunidades.
Además de que por lo general desconocen los beneficios de la libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, y carecen del auxilio de intérpretes y de una defensa legal con conocimiento de su lengua y cultura.
La CNDH informó que en 2013 realizó 612 trámites a favor de las y los indígenas privados de su libertad, a fin de que se analicen los expedientes y se determine la procedencia del beneficio de libertad anticipada.
Igualmente, como parte del Programa Contra la Trata de Personas, la comisión elabora y distribuye materiales escritos con los que promueve los derechos de las mujeres indígenas, capacita a servidores públicos e integrantes de la sociedad civil, quienes tienen el deber de reproducir lo aprendido en comunidades autóctonas.
13/AZM/RMB
Mercedes Olivera Bustamante es antropóloga, pensadora feminista y precursora del trabajo de base con mujeres indígenas.
Desde la trinchera del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas ha impulsado la formación de indígenas en Derechos Humanos (DH), vital herramienta para fortalecer sus luchas.
El escenario es el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra). Mercedes comparte su palabra humilde y certera, como una abuela sabia a quien no nos cansamos de escuchar.
En esta primera entrega de la entrevista con Cimacnoticias nos relata sus experiencias sobre las dificultades y avances que han tenido las mujeres indígenas en sus luchas, y el feminismo de cosmovisión indígena, sobre todo su concepción del cuerpo.
EL CUERPO PROHIBIDO
–Cimacnoticias (CN): En su experiencia de trabajo con las comunidades indígenas ¿cómo se aborda lo que nosotras conocemos como derechos sexuales y reproductivos?
–Mercedes Olivera (MO): Para las mujeres indígenas es un tema muy difícil, nos ha costado mucho. Recuerdo que hicimos un taller sobre el cuerpo con las mujeres refugiadas guatemaltecas y sucedió que los folletos con los que trabajamos los vieron los hombres y entonces obligaron a quemarlos.
“Otra experiencia: en Chilón, con mujeres tzeltales, empezamos hablando de las diferencias entre mujeres y hombres cuando nace un bebé. Era muy difícil para ellas pronunciar en su lengua los nombres que se le dan a los órganos sexuales.
“Esto está ligado a cuestiones introducidas desde hace mucho tiempo junto con la religión católica, la forma de prohibir, de ver y sentir el cuerpo. Ha sido un tema al que llegamos después de mucho tiempo, después de sensibilizar a las mujeres de otros derechos, como el derecho a la tierra o derecho a una vida digna, como dicen las zapatistas.
“Para entrar al ámbito de lo personal empezamos hablando de los sentimientos, de las tristezas, llegar a la conciencia del cuerpo, hasta los derechos para decidir cuántos hijos tener, con quién y cómo.
“En el pensamiento indígena algunas personas lo llaman pensamiento circular; yo le llamo pensamiento colectivo. El ‘Yo’ para las mujeres implica un camino muy distante, hay que cruzar por la comunidad, por la familia, por los hijos, por el marido, hasta llegar a su identidad femenina.
“Esto realmente nos ha llevado a la construcción de un feminismo muy diferente. Se puede empezar el trabajo por los derechos sexuales, los derechos reproductivos, al aborto, el derecho a la opción sexual, pero nosotras tenemos un trabajo totalmente al revés: partimos de la violencia sistémica, de la violencia económica y poco a poco nos vamos acercando a la individualidad”.
–CN: ¿Ha podido conocer la cosmovisión de las mujeres indígenas sobre la sexualidad en temas como el placer, por ejemplo?
–MO: He trabajado poco la ideología del cuerpo; las mujeres dicen “siento bonito, siento agradable”, pero el concepto nuestro de placer yo no lo identifico en su ideología ni en su lengua.
“Hasta hace poco, en algunas comunidades el matrimonio era arreglado por los padres, hay un intercambio de regalos, estos regalos se vuelven mercancía y con el tiempo se vuelve el precio de la novia.
“Ahora con la influencia de la cultura occidental aparece la figura del noviazgo, hay más contacto físico. Antes besarse en público era extrañísimo ahora se ven en la ciudad a parejas de indígenas tomados de la mano, abrazados y besándose.
“Identifico que muchas mujeres viven el cuerpo, la sexualidad, todavía con una gran represión, con toda la concepción de que el sexo es pecado y es para tener hijos, para cumplirle al marido, pero no como una satisfacción personal física. Esto hay que tomarlo con reservas porque es probable que haya cambiado recientemente”.
AUTODETERMINACIÓN COLECTIVA
–CN: ¿Cómo le llama a este feminismo (el que trabaja con las mujeres indígenas)?
–MO: Feminismo campesino, popular, feminismo indígena. Teóricamente no está totalmente claro qué es el feminismo indígena. Me ha tocado estar en reuniones con indígenas que se dicen feministas y es interesante cómo repiten el discurso occidental en su lengua, para mí eso no es feminismo indígena.
“Es muy interesante la discusión sobre lo que llamo la ‘individuación’. Los conceptos occidentales parten del individuo y sobre todo nuestro feminismo occidental positivista que parte del individuo, un individuo excluyente, que ha excluido históricamente a las mujeres.
“En el planteamiento de las compañeras indígenas se trata de derechos colectivos. Hemos discutido con Celia Amorós, quien plantea que los colectivos son contrarios a la autodeterminación feminista. Pero nosotras hacemos análisis de la realidad para hacer esta interpretación de lo colectivo. No es lo mismo el individualismo característico de la sociedad occidental a lo que yo llamo ‘individuación’.
“No se trata de anular el individuo, sino que se reconozca que el colectivo está hecho de diferentes personas. La ‘individuación’ implica este reconocimiento colectivo de la existencia de lo individual No se pueden hacer colectivos si no hay este reconocimiento y respeto a las autodeterminaciones. También se trata de llegar a la autodeterminación, pero que se genere en colectivo.
“El feminismo indígena tiene que ser un proyecto de construcción partiendo de estas concepciones del mundo indígena, de las identidades colectivas, identidades que sí hay que transformar puesto que algunas son muy excluyentes, sexistas y discriminadoras con las mujeres. Pero también hay cosas dentro de las colectividades indígenas que occidente debe aprenderse, como la solidaridad y las redes familiares de apoyo”.
–CN: ¿Qué hay con estas jóvenes de las nuevas generaciones que salen de la comunidad y vienen a la ciudad? De alguna forma en las comunidades se les sigue viendo como transgresoras…
–MO: Siento que hay un cambio de valores pero también una plataforma para los abusos hacia las jóvenes indígenas. Hay casos de feminicidio de jóvenes indígenas que han sido asesinadas aquí en San Cristóbal por pretendientes de la comunidad.
“Que una mujer venga a la ciudad es cuestionado; les dicen que lo único que quieren es buscar hombre, que son ‘putas’. Empiezan hostigándolas y acaban asesinándolas no sin antes violarlas de forma múltiple por jóvenes drogados y alcoholizados.
“Esta violencia tiene en el fondo una dosis de racismo hacia las indígenas. Esto lo hemos vivido en la Universidad y me causa mucha rabia. Las jóvenes vienen y descubren un mundo y no tienen las formas de medir el peligro.
“Otro problema en la Universidad con las jóvenes es una fuerte discriminación, incluso maestros que las reprueban porque son indígenas; dicen que no tienen capacidad para entender. En el fondo tiene algo de realidad, no es para justificar la discriminación pero la lógica y lenguaje del pensamiento indígena es muy diferente al nuestro, hay mucho problema para entender los conceptos abstractos de nuestras ciencias.
“Me ha tocado dar clase y tengo que tener el diccionario al lado, me doy cuenta que lo están entendiendo de manera diferente de acuerdo a su cosmovisión. Esto también es discriminación, esto implica que no ha habido una interculturalidad porque no se ha trabajado con ellos los códigos de nuestra cultura para que puedan acceder a ellos”.
13/IRD/RMB
La autoridad municipal de San Francisco Ozolotepec, encabezada por Baltasar Martínez, encarceló y multó a cinco mujeres, e inició represalias contra quienes votaron por la indígena zapoteca Jacinta Aragón, durante la reposición de los comicios el pasado 4 de diciembre.
El ayuntamiento asentado en la Sierra Sur de Oaxaca se vio obligado a realizar nuevas elecciones tras las impugnaciones por parte de las agencias municipales, para lograr el respeto a su derecho a votar y ser votados y para respetar el derecho de las mujeres a ser electas como autoridades.
Sin embargo, durante el proceso de reposición mandatado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el edil Baltasar Martínez y sus allegados intimidaron y amenazaron a la población de la cabecera municipal para postular a un candidato único y garantizarle todos los votos.
De esta manera se aseguraron 470 votos de la cabecera para el candidato Filiberto Gallardo y cinco para Jacinta Aragón. Mientras que en las agencias San Juan Guivini y San José Ozolotepec, hubo 428 votos a favor de la indígena. En suma una ventaja de 37 sufragios para Gallardo.
A través de diversas fuentes, Jacinta Aragón detectó irregularidades cometidas por el alcalde para mantener el control del municipio. Por ejemplo, dijo, Martínez mandó a credencializar a personas ajenas a Ozolotepec y les permitió votar con la ficha de trámite. De igual manera logró votantes con credenciales vencidas.
Las irregularidades están siendo documentadas por Jacinta Aragón para darlas a conocer a la opinión pública.
Luego de los comicios, la autoridad municipal inició represalias contra quienes impulsaron la candidatura de Jacinta y votaron por ella.
Baltasar Martínez indagó quiénes fueron las cinco personas que votaron por Jacinta para encarcelarlas durante una noche y multarlas con más de mil pesos. Las mujeres encarceladas evitaron denunciar los hechos por el temor a represalias.
“Persiste también una discriminación a las personas de las agencias. Cualquier apoyo que van a pedir a la cabecera municipal les dicen: vayan con Jacinta, ustedes votaron por ella, ella les tiene que solucionar sus problemas”, relató Aragón.
La mujer mostró su preocupación por la marginación que pudiera ejercer la autoridad municipal en contra de las mujeres y los adultos mayores de las agencias municipales, que tienen que ir a la cabecera para recibir su apoyo del programa Oportunidades.
Cabe recordar que el alcalde de San Francisco Ozolotepec rechazó la participación de Jacinta como candidata a la presidencia municipal por el simple hecho de ser mujer.
“Aquí ninguna vieja me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Yo aquí soy el presidente, soy la autoridad”, respondió el edil cuando Jacinta, licenciada en administración municipal, reclamó sus derechos políticos.
13/CL/RMB
Durante su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto se limitó a responder a la violencia que enfrentan las mexicanas con discursos de buenas intenciones y más compromisos ante la comunidad internacional, pero aún están pendientes recomendaciones en la materia emitidas por mecanismos de Derechos Humanos (DH).
Durante 2013, para el gobierno federal la violencia de género estuvo presente sólo en los discursos de días conmemorativos y en los compromisos asumidos a nivel internacional.
Sin embargo, las constantes exigencias de organizaciones civiles para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en varias entidades demuestran la incapacidad del Estado mexicano para proteger a las mujeres.
Este año Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sumó nuevos compromisos a la larga lista de pendientes en materia de DH de las mexicanas.
Durante la clausura de la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW 57) –celebrada del 4 al 15 de marzo en la ONU–, la delegación del gobierno de México impulsó la inclusión en el documento final (que define los lineamientos que seguirán las naciones en la creación de políticas públicas) de la definición de feminicidio.
Ya en México, Cruz Sánchez al ser cuestionada por la prensa sostuvo que el nuevo compromiso internacional se traduciría en que el delito de feminicidio sería tipificado y homologado en todo el país, y se crearían los protocolos necesarios para la adecuada investigación de este crimen.
Al terminar el año, aún está pendiente la tipificación del feminicidio en los estados de Michoacán y Chihuahua.
No obstante, muchas entidades no cuentan con un tipo penal autónomo, es decir, se tipificó al feminicidio sólo como un agravante del delito de homicidio doloso, lo que implica que para acreditar este crimen primero se debe comprobar otro tipo penal.
La inacción y simulación del Estado para detener la violencia de género, especialmente el feminicidio, ha sido reiteradamente denunciada por grupos civiles.
En febrero pasado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que sustentó que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la violencia de género en México.
El documento hacía énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las autoridades mexicanas.
MÁS DE 1,300 RECOMENDACIONES
El pasado 23 de octubre en Ginebra, Suiza, México fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y como resultado se emitieron 180 recomendaciones en la materia.
Cabe aclarar que no son las únicas observaciones que ha recibido el gobierno mexicano. De 2000 a 2011, nuestro país mereció mil 361 recomendaciones referentes a los DH de las mujeres por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Lo anterior de acuerdo con el reporte “¿Cumple la Administración Pública Federal con las recomendaciones del Comité CEDAW? Seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW en México 2009-2012”, que informa que en 11 años México recibió más de mil 300 recomendaciones derivadas de los impedimentos y obstáculos que viven las mujeres para acceder a sus DH.
De acuerdo con la investigación, 314 de ellas están relacionadas con la violencia que padecen las mexicanas y 101 corresponden sólo a casos ocurridos en Ciudad Juárez.
Dentro de las recomendaciones del Comité CEDAW está retirar las barreras y obstáculos que han impedido la declaración de la AVG en los estados que la han solicitado.
Pese a la encomienda internacional, el gobierno negó las solicitudes de AVG para Hidalgo, Guanajuato y Estado de México.
Además, como exigencia ciudadana por medio de protestas y misivas enviadas a autoridades federales, se pidió declarar la AVG en los estados de Chiapas y Morelos, pero fueron ignoradas.
Para dar respuesta al reclamo social por la no aplicación de la AVG, el gobierno federal reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define el proceso para presentar las solicitudes de alerta.
El OCNF, que agrupa a diversas organizaciones civiles, denunció que el “nuevo” reglamento no elimina las barreras y por el contrario excluye a la ciudadanía del proceso.
Otra muestra del desdén oficial ante la violencia lacerante contra las mexicanas, es que apenas en octubre pasado el Inmujeres anunció que el 25 de noviembre se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mandatado en la ley desde 2007. Hasta ahora no ha sido así.
13/AZM/RMB
Inauguran centro de atención a mujeres en Caracas. Impartirán curso sobre “Género, violencia y literatura”. Convocan a premio para defensoras de DH 2014.
Inauguran centro de atención a mujeres en Caracas
Caracas.- Con el fin de ofrecer a las mujeres de la capital de Venezuela asistencia jurídica, psicológica y atención especializada en ginecología y en salud sexual y reproductiva, se inauguró en la Parroquia de San Bernardino (al noroeste de Caracas), el Centro de Atención y Formación Integral de las Mujeres.
El centro brindará atención las 24 horas del día y ofrecerá también asesorías para elaborar proyectos productivos, y contará con el apoyo de un equipo de promotores comunitarios especializados en prevención contra la violencia de género. (Con información de agencias internacionales de noticias).
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Impartirán curso sobre “Género, violencia y literatura”
México.- El Museo Memoria y Tolerancia invita al curso “Género, violencia y literatura. Tres escritoras cubanas”, que impartirá en enero próximo Lucía Melgar, especialista en género, crítica cultural y profesora de literatura.
Habrá una lectura desde la perspectiva de género y los Derechos Humanos de las escritoras cubanas Mirta Yáñez, Aída Bahr y Ena Lucía Portela. El curso será de 12:00 a 14:00 horas, los martes 14, 21 y 28 de enero de 2014.
Para inscribirse se deberá llenar un formulario, el cual se encuentra en http://www.myt.org.mx/centroeducativo.
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Convocan a premio para defensoras de DH 2014
Dublín.- La organización internacional Front Line Defenders convocó a organizaciones y a particulares a enviar nominaciones para el Premio Front Line Defenders 2014 para defensoras y defensores de los Derechos Humanos (DH) en riesgo, a fin de galardonar su esfuerzo y labor en defensa de las garantías fundamentales.
La fecha de cierre para las nominaciones será el viernes 24 de enero de 2014 a la medianoche. Mayor información ir a
https://www.frontlinedefenders.org.
13/GMV/RMB
Las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en Guatemala de 5 mil 587 casos en 2003 a 36 mil 107 en 2012, para un incremento del 545.2 por ciento, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Del total reportado el año pasado, el 91.8 por ciento de los hechos se cometieron contra mujeres y el 8.2 por ciento contra hombres, mientras esa misma relación nueve años antes fue de 84.1 a 15.9, señala el informe del INE divulgado en esta capital.
Para elaborar el análisis, la institución consultó como fuentes al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de 2009.
A partir de las cifras más actualizadas, la instancia reporta una tasa de 42.9 mujeres víctimas de violencia por cada 10 mil habitantes, y 44.2 hombres agresores por cada 10 mil pobladores.
Según el estudio, de 16 mil 844 casadas o unidas de 15 a 49 años, el 42.2 por ciento sufrió al menos una vez violencia verbal de su esposo, el 24.5 recibieron golpes, y el 12.3 fue objeto de abuso sexual.
El 8.9 por ciento de las consultadas padeció esos tres tipos de violencia, apuntó el INE.
Con 7 mil 200 casos, el departamento de Guatemala –al cual pertenece esta capital– encabeza la lista de los territorios con más sucesos de esa índole, seguido de Alta Verapaz, con 3 mil 128, y San Marcos, con 2 mil 628.
Los lugares con menos violencia intrafamiliar son Chiquimula, con 403, Totonicapán, con 577, y Zacapa, con 660.
Consultada por Prensa Latina/Cimacnoticias, la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana, afirmó que en 2008, bajo la vigencia de la Ley contra el Femicidio, se emitió una sentencia que marcó un hito en la historia del país centroamericano porque fue la primera en Guatemala en la cual se aplicó una metodología de género al analizar un componente estructural, otro normativo y uno cultural.
“A partir de ahí hemos mejorado no sólo la aplicación de la metodología de género, sino el número de fallos. Este año estaremos aproximadamente por las mil condenas, el año pasado fueron 400, bastante si pensamos que antes de 2008 teníamos cero. No obstante, aún son pocas ante la magnitud de la violencia contra las mujeres”, manifestó Aldana.
13/RSM/RMB
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que no existe justificación para cometer actos violentos en el hogar entre miembros de la familia, principalmente contra mujeres, menores de edad o personas mayores.
En un comunicado, la CNDH convocó a la sociedad mexicana a “unir esfuerzos para erradicar” la violencia intrafamiliar que se estima afecta a uno de cada tres hogares en el país.
El organismo autónomo presidido por Raúl Plascencia Villanueva sostuvo que para lograr el objetivo de eliminar este tipo de agresiones es “necesario hacer visible la violencia intrafamiliar”.
Recuerda que el flagelo es considerado principalmente un fenómeno exclusivamente masculino en contra de las mujeres, toda vez que algunas estadísticas señalan que 4 de cada 10 mujeres que mantuvieron o mantienen una relación con alguna pareja han sido agredidas en algún momento de su vida.
Pero destaca que la violencia intrafamiliar también se comete contra niñas y niños, así como contra personas adultas mayores que llegan a ser maltratadas muchas veces de manera sexual, o “con acciones verbales y/o psicológicas que pueden ser cometidas por personas de ambos sexos”.
En ese contexto, la CNDH enfatizó que imparte talleres para impulsar la prevención de tal comportamiento en los que difunde el contenido de los Derechos Humanos, y orienta sobre la forma en que estos deben conducirse en familia.
Además –aseguró– se busca que las personas conozcan con certeza su situación jurídica, se fortalezcan emocionalmente y sean orientadas a las dependencias y organismos adecuados para denunciar esta problemática.
La CNDH puso a disposición del público los teléfonos 56 31 00 40 y 01 800 715 2000, para solicitar información y asesoría en la materia.
13/AZM/RMB
Autoridades chilenas descartaron que la muerte de la dirigente indígena pehuenche, Nicolasa Quintreman Calpán –cuyo cuerpo sin vida fue encontrado sobre el lago artificial Ralco el pasado martes– se trate de un asesinato.
Carlos Díaz, fiscal chileno, informó hoy a la prensa local que las pruebas periciales determinaron que la muerte de Quintreman se trató de un accidente debido a que a sus 74 años de edad la dirigente indígena tenía problemas de visión y cayó imprevistamente al lago.
El cuerpo de la dirigente pehuenche que encabezó el movimiento de resistencia indígena en contra de la construcción de la Central hidroeléctrica Ralco, ubicada en el Alto Biobío, fue encontrado la mañana del pasado martes flotando sobre las aguas del lago artificial que forma parte de la represa construida por la empresa española Endesa, y contra la que ella y su hermana Berta Quintreman lucharon.
Cabe destacar que el hallazgo ocurrió casi 24 horas después de que la ñaña (como se conoce a las mujeres ancestrales en la cultura pewenche) abandonara su casa en Ralco Lepoy, región de la Cordillera Andina, y a donde se vio obligada a vivir sus últimos años de vida luego de que con la construcción de la represa fueran inundadas sus tierras.
El cuerpo de la también representante del pueblo mapuche que asegurara durante su lucha “sólo muerta me sacaran de mis tierras”, será velado hoy con una ceremonia ancestral ante la presencia masiva de comuneros, dirigentes y demás representantes indígenas de todo el país.
Ante la información dada a conocer sobre las causas del deceso, el ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo Namuncura, señaló que espera que el fiscal agote todas las diligencias necesarias para aclarar la muerte de Nicolasa, para que así “la comunidad mapuche pueda estar tranquila”.
Por su parte, Richard Curinao, vocero de la comunidad mapuche en Santiago, condenó el actuar de Endesa, empresa constructora de la represa y que se enfrentó en múltiples ocasiones con la dirigente.
“Ellos despojaron de su territorio a nuestra gente y lamentablemente estas son las consecuencias que rechazamos categóricamente”, sentenció.
Cabe destacar que el río Biobío se encuentra al sur de Chile y desemboca en el Océano Pacífico; se estima que más de un millón de personas utilizan los recursos del Biobío como agua potable y de riego, recreación y pesca.
En la década de 1990 la corporación española Endesa comenzó a implementar su plan de construir seis hidroeléctricas a lo largo del Biobío.
Nicolasa Quintreman Calpán, junto con su hermana Berta y un sinnúmero de organizaciones y personas, logró paralizar la construcción del emblemático proyecto hidroeléctrico de Endesa un par de veces: en agosto de 1997 y septiembre de 1998.
Pese a los años de resistencia, en 2002 se consolidó la construcción de la represa en la zona de Ralco que derivó en que muchos indígenas abandonaran sus territorios.
13/AZM/RMB